Seguridad, in-seguridad, relato mediático y respuesta política, por el Lic. Ignacio Fittipaldi

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) “Por el camino, el juez iba pensando que durante los últimos años era como si se hubiese derrumbado, transformado todo, incluso las formas externas de la sociedad. Él conocía y apreciaba a los miembros de su clase social, esa burguesía modesta pero elegante a la que veía como una gran familia; intuía en sus costumbres los grandes mitos de la familia, sus gustos eran los suyos propios, y él se sentía responsable del bienestar y la seguridad de la comunidad, tanto en el trabajo como en la vida privada.”
Sándor Márai, en Divorcio en Buda. p. 20

Introducción
Durante el transcurso de 2008 hubo hechos delictivos de conocida y trascendente repercusión a través del tratamiento que los medios masivos de comunicación dedicaron a dichos sucesos. La versión que los medios ofrecieron fue, más allá de la información disponible, que la participación violenta de menores en esos delitos era una verdad sobre la cual el poder judicial debía actuar con dureza y de manera ejemplar.

Durante varios meses las emisoras comunicaron el crecimiento inaudito de los índices delictivos, de los ilícitos cometidos a manos de menores y de la preocupante participación violenta de los menores en estos hechos. Luego con un poco mas de tiempo, avanzada la fase investigativa y con la noticia constituida se sabía que en verdad no era como se había dejado trascender; que quienes habían actuado en tal o cual crimen no eran menores, sino sujetos que eran mayores de edad -si es que esa era la discusión- para ser responsables de los delitos de los que ya eran culpables “mediática y socialmente” antes aún, mucho antes, de ser procesados judicialmente en una república en donde todavía prevalece el principio de inocencia.

Algo era cierto, algunos de los delitos presentaban características de una violencia singular, pero sobre ellos, la primera verdad revelada era que sus responsables eran menores de edad. Inimputables según el Código Penal vigente.

Entonces y a través de los medios masivos de comunicación se puso en discusión otra vez -como cada vez que grandes crímenes ganan las audiencias mediáticas- la propuesta de reformar dicho código y bajar -¿al fin?- la edad mínima de imputabilidad.

En dicho contexto se volvió a discutir acerca de la validez de las libertades condicionales y ahora se discutía, a partir de un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación(1), acerca de si los menores estarían más seguros en las instituciones judiciales –básicamente institutos de menores- o si era preferible declararlos inimputables. Dejarlos en la calle y al alcance posible de las manos brutas y bárbaras de las policías provinciales y federal.

La dinámica del proceso como la índole de la demanda no era ni novedosa ni original. Cuando en 2004 ocurrió el caso Blumberg, estas discusiones se instalaron en los medios masivos, antes incluso que en los espacios políticos creados y concebidos para el debate político.

Esas mismas demandas fueron redactadas en un breve y ambicioso documento público denominado “petitorio Blumberg” que el ingeniero se encargó de acercar al Congreso de la Nación manifestando que tales propuestas eran las medidas necesarias e indispensables para que en la Argentina de entonces reinara la paz, la justicia y el orden social. Sin otro aval más que su intocable e intransferible dolor, Blumberg se convirtió en el actor político que digitaba las reformas que debían incorporarse al Código Penal de la Republica Argentina, recibiendo el acompañamiento de la dirigencia política, más espasmódica que reflexiva.

La constitución de la práctica como objeto de discurso

Ahora bien, si toda práctica u objeto es susceptible de obtener un significado, o lo toma al ser apropiado por un sujeto, entonces la configuración social del fenómeno de la in-seguridad y de “los menores asesinos” es netamente discursiva en éste sentido.

Lo que nos interesa señalar es que esta mirada conlleva la idea de que no existe, tal cosa como, “prácticas discursivas” y “no-discursivas” sino que toda práctica se constituye como discurso político.

Digamos, el hecho de que un ingeniero residente en San Isidro, un gendarme de Fuerte Apache, Axel Blumberg o el florista de Susana hayan sido asesinados de manera brutal, es un dato de la realidad. Antes bien, su especificidad como objeto de discurso y la interpretación que de ello se haga, es discursiva en tanto que, diversos actores pueden realizar múltiples y diferenciadas lecturas sobre un mismo acontecimiento.

Hasta aquí hay un hecho acontecido -aunque pudiéramos hablar en plural- y dos apropiaciones sobre él: la apropiación directa de los familiares de las víctimas, el dolor más sincero digámoslo así, y una apropiación mediática del mismo objeto que luego se traduce en apropiación social del acontecimiento, vehiculizada por el pavor y una suerte de venganza de “clase”.

Sin embargo y a poco de andar vemos cómo esas apropiaciones se constituyen en una única y misma apropiación. Cada uno aportando a su propia causa o interés, satisfaciendo lógicas distintas pero no antagónicas.

En ese sentido la articulación de lo que fuera y es el “discurso Blumberg” (2) es ideológica y se constituye como representativa de una porción significativa de la ciudadanía. Muerto y olvidado Axel Blumberg, el “discurso Blumberg” recobra vigencia, se reencarna, cada vez que un suceso de este tipo aparece en la escena pública, dejando al desnudo las complejas situaciones socioeconómicas por las que amplios sectores de la sociedad atraviesan desde hace décadas.

Entonces es otro ciudadano quien asume el rol de vocero y comunicador de aquél paradigma. El esfuerzo de ese discurso que constituye un anudamiento de sentido entre “seguridad”, “in-seguridad” y “mano dura” es, como todo discurso, un intento por lograr, en términos de disputa política, un centro ideológico hegemónico.

No es tan solo el decir de una víctima afligida que reclama mano dura, pena de muerte, endurecimientos punitivos o la construcción de un muro que evite descifrar la miseria de los otros y el temor propio a la perdida. No es tan solo eso, hay una tensión ideológica en pugna que los pre-existe y excede y la repetirán hasta el hartazgo y hasta conseguir lo que se han propuesto: una Argentina para pocos.
En este sentido atender las demandas provenientes de los damnificados y/o el sobredimensionado relato mediático, implicará ceder la iniciativa política necesaria para poder diseñar estratégicamente un plan de seguridad pública integral, sostenible en el tiempo, horizontal a otros planes en las diversas áreas de gobierno. A la vez que, implicará ceder terreno ante los sectores políticos de derecha, a los que ya no les hace falta travestirse de demócratas, que capitalizan tales falencias para reivindicar paradigmas represivos que buscan palear antes el suceso delictivo -sin mayores miramientos- que las causas socioeconómicas que las ocasionan.

Notas
(1) Cabe aclarar que el fallo se pronunció sobre sesenta casos y no sobre la totalidad de menores judicializados. La polémica se desarrolla porque el contenido del mismo podría ser interpretado como un fallo, en sus fundamentos jurídicos y en relación a la valoración que existe acerca de los actuales miembros de la corte, funcional a los sectores que en general reclama por “mano dura”, la baja de la edad mínima de imputabilidad y aumentar los encarcelamientos preventivos como toda respuesta a ciertas problemáticas referidas a la seguridad pública. Sin embargo, en el fallo se reclama al Poder Ejecutivo Nacional, que arbitre los medios necesarios para paliar la situación que origina el marco en el cual esos sesenta menores desarrollaron actividades delictivas. La corte entiende que aún en un instituto de menores, el alcance que el Estado puede dar a esos ciudadanos, es menos nocivo y más deseable que el probable alcance que pudiera darle la Policía en la calle. Luego, quién sería responsable de la suerte que pudieran correr esos menores en situación de calle. Pero aún así el dilema sigue siendo este: ¿Es justo o deseable que para preservar a dichos ciudadanos del poder de policía se los encierre en instituciones judiciales, conociendo como se conoce, el funcionamiento y la hostilidad que en dichas instituciones prevalece?

(2) Por discurso Blumberg se entiende el bloque ideológico conformado por actores políticos –diputados, senadores, intendentes, funcionarios del nivel nacional y provincial-, actores sociales -familiares de víctimas, organizaciones sociales, periodistas, y medios de comunicación. Todos aquellos que apoyaron las reformas impulsadas por Blumberg orientadas a reformar el Código Penal en el sentido de bajar la edad mínima de imputabilidad de los menores, a endurecer las penas e interpretar la punibilidad de la pena como una pena en sí misma. (Agencia Paco Urondo)