Un debate para nada menor

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Por Enrique de la Calle

En los últimos meses, un tema ganó los titulares de los principales medios del país: los delitos cometidos por menores. Las cámaras se posaron, sobre todo, en los barrios pobres del Gran Buenos Aires. Comunicadores, dirigentes políticos, se montaron sobre el humor social para exigir “penas más duras”. Mientras tanto, las estadísticas muestran que los delitos graves cometidos por adolescentes menores de 16 años son excepcionales en Argentina y los especialistas alertan sobre un sistema penal que es represivo, estigmatizante y autoritario con los más chicos.

De acuerdo con relevamientos de la ONU, en Argentina son asesinados cada año alrededor de 2000 personas1. Del total, cerca de 200 tuvieron como victimarios a jóvenes menores de 18 años; de esos, sólo 50, poco más del 1% del total, fueron realizados por chicos de 15 o 14 años. De esta manera, las estadísticas del organismo internacional – señaladas por el Juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni como las más confiables – muestran la dimensión del fenómeno, que no se ajusta con la descripción que suele hacer el sensacionalismo mediático.

Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero, sobre un total de 1800 menores de 18 años privados de libertad, sólo el 17% son menores de 16. Y sobre ese universo de jóvenes detenidos el 15% está imputado de homicidio (se incluye tentativa de homicidio)2.

Estos últimos datos fueron difundidos por Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), en el marco de un artículo que expone su visión sobre la cuestión: “Por qué no bajar la punibilidad a los 14 años”3. En uno de los porqué, se señala: “Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo, estigmatizante; es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.”

En el texto, Cesaroni vincula las situación de los menores con las consecuencias de las políticas públicas implementadas en medio del éxtasis neoliberal: “porque van a meter presos a las principales víctimas del neoliberalismo que esta sociedad votó y aceptó durante una década: Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones de votantes reeligieron a Menem, y sus políticas, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes.”

Los derechos de los menores

El 18 de abril de 2008, en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, las diferentes provincias argentinas firmaron un acta compromiso para adecuar en conjunto con la Nación el sistema penal juvenil argentino a la Constitución Nacional y a la Convención sobre los Derechos del Niño. De esta manera, los jóvenes serían sometidos a juicio con las mismas garantías que un adulto, con fiscal, defensor y tribunal; tendría penas menores y debería alojarse a los encontrados culpables en lugares y con personal especializados. De esto se trata varios de los borradores que actualmente se discuten el Congreso Nacional. Otros, solamente ponen énfasis en la represión y la estigmatización.

En el marco de la discusión parlamentaria, la comisión de Legislación Penal de la cámara de diputados convocó a especialistas para discutir cambios normativos. El 27 de abril fue el turno para el Juez de la Corte Suprema Zaffaroni. En primer lugar, describió el estado de situación: “Hoy, un Juez decide qué pena le corresponde al joven bajo su tutela, aunque éste se declare inocente. Se tiene el hecho y un supuesto responsable. Como lo tutela, el Juez decide sin necesidad de un proceso”4. Además, marcó que con la actual legislación a un menor se lo puede “tener privado de la libertad hasta los 21 años y sin proceso penal”5. Concluyó que el actual sistema de tutela estatal, aplicable a los menores de 16 años, se ha convertido en un “régimen autoritario y arbitrario”.

En su magistral exposición, donde repasó los puntos centrales de su propuesta, sostuvo que existe una “confusión mediática” que pretende extender el actual sistema represivo a los jóvenes entre 14 y 16 años. Señaló que “agravaría el problema” y que generaría una nueva “inconstitucionalidad” al extender un esquema que desconoce los pactos y convenios internacionales ratificados por Argentina. Para Zaffaroni una nueva ley con esas características sería “de represabilización institucional del régimen penal para adolescentes”. Recordó además que “esto fue ensayado por la dictadura militar y tuvo que dar marcha atrás a los dos o tres años por sus efectos catastróficos"6.

En cambio, el especialista en derecho penal concluyó que su propuesta era "bajar la institucionalización de niños y adolescentes" para otorgarle a los menores las mismas garantías que hoy tienen los adultos. Y así evitar “que no se meta preso a un menor por el hecho de ser pobre”7. Es decir, evitar la criminalización de la pobreza.

En concordancia con lo proclamado por el Consejo Federal del Niño, la Adolescencia y Familia, describió el Juez de la Corte que las penas para los jóvenes deberán ser –en un nuevo sistema- menores que para los adultos al mismo tiempo que habría que ofrecer a los magistrados “un amplio abanico de posibilidades, en el cual la privación de la libertad sea la última instancia”.

Seguramente durante varios meses se extenderá la discusión parlamentaria que será complementada por un debate público más extendido. Este artículo no pretende agotar las múltiples aristas de una problemática compleja. La importancia del tema exige una reflexión que se aleje de agendas coyunturales y humores sociales que no pocas veces bordean la intolerancia y la discriminación hacia el otro, al mismo tiempo que se alejan de derechos garantizados por el ejercicio democrático. Los medios de comunicación, los relatos que se proponen, la chatura de muchos enfoques, deberán también ser objeto de reflexión.

La nota se publicó también en el informe mensual de Fundación Metropolitana

1 Ver “Bajar la edad de imputabilidad es una medida demagógica”, Página 12, 26/04/09, http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-123922-2009-04-26.html . Se trata de una entrevista al especialista en niñez Nils Kastberg. Con respecto a los datos que se desprenden de la nota, el Juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni señaló que las estadísticas de ONU eran las más confiables sobre seguridad.
2 Para ver el informe completo: http://www.unicef.org/argentina/spanish/Adolescentes_en_el_sistema_penal.pdf
3 El texto puede hallarse completo en, entre otros medios, Agencia Paco Urondo: http://apu001.blogspot.com/2009/04/por-que-no-bajar-la-edad-de-punibilidad.html
4 Presentación de Zaffaroni en la comisión parlamentaria.
5 “Bajar la procedibilidad”, Página 12, 29/04/09.
6 “Zaffaroni: bajar imputabilidad "sería agravar" el problema”, Diario Perfil, 28/04/09, cobertura de la presentación del Juez ante los disputados nacionales.
7 Ver ídem.

(Agencia Paco Urondo)