Capital Federal (Agencia Paco Urondo) (Click en las imagenes para agrandar)
El dia jueves 22 de Julio, en la Sociedad Italiana de Lujan, se realizo una Jornada titulada "Reflexion politica para el Desarrollo y Profundizacion del Modelo Nacional y Popular" organizada por el Frante Nacional y Popular Lujan. Con la disertacion de Juan Santiago Fraschina (Economista, integrante de GEENaP)
El dia Sabado 17 de Julio, en Barracas,Ciudad Autonoma de Buenos Aires, se realizo una charla tiutalda:l "Modelo Economico Actual", organizada por el Movimiento Evita. La disertacion estuvo a cargo de Juan Santiago Fraschina integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular.
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Buenos Aires Economico, 23/07/2010)
Uno de los temas en boga en los últimos años ha sido la inflación. Sin embargo, no es algo nuevo ni novedoso para la Argentina ni para el resto de los países de América latina. En efecto, en la posguerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial ha aparecido en forma continua este fenómeno acerca del cual, aun hasta nuestros días, los economista parecen no llegar a un acuerdo: cuáles son sus causas, sus consecuencias y qué políticas económicas se deberían tomar al respecto.
El proceso inflacionario que, con extraordinaria persistencia e intensidad, se desarrolla en los países de América latina ha dado origen a una controversia entre sus causas y sus posibles remedios. Así surgen dos corrientes de pensamiento diferentes, las cuales, si bien pueden tener la misma metodología para tratar los temas, tienen diferentes interpretaciones sobre sus causas y consecuencias. Estas dos corrientes frecuentemente se las denomina con el nombre de monetarismo y estructuralismo.
La doctrina monetaria tiene tres proposiciones. En primer lugar, las causas de la inflación son ocasionadas por un exceso de demanda de los productos y servicios, la cual a su vez se ve reflejada en una rápida expansión de la cantidad de dinero con respecto a las necesidades reales. Es un desajuste entre la oferta y la demanda monetaria.
Segundo, los monetaristas ven la inflación como perjudicial para el crecimiento y la estabilidad, y creen que la estabilidad del nivel de precios es la causa central de crecimiento económico. Por último, consideran que la política monetaria es el instrumento apto para alcanzar y mantener la estabilidad. Esto incluye el gasto público, la administración de la deuda pública, el ajuste del balance de pagos, etcétera.
Por otro lado, la doctrina estructuralista también tiene tres proposiciones. La primera atañe a que la causa verdadera de la inflación no se debe a los desequilibrios entre la oferta y la demanda, sino a desajustes sectoriales que se producen y que afectan a ciertos productos determinados. Esto se traduce en alzas individuales en el nivel de los precios que luego se trasladan al resto por su influencia en el costo de producción. Los factores esenciales de causación resultan de la rigidez de la estructura productiva y de la imperfección de los mercados.
La segunda proposición de los estructuralistas se basa en que el crecimiento y la estabilidad de precios son incompatibles entre sí: el crecimiento de la producción y del ingreso real trae consigo desajustes parciales más o menos extensos en diversos puntos del sistema económico. Estos desajustes ocasionan y originan alzas de precios directas e indirectas, que tienden a propagarse de una manera general. Este efecto es mayor cuanto menor es la plasticidad de la estructura productiva y la eficiencia de la organización del sistema económico.
Por último, para el estructuralismo la política monetaria es impotente como medio para la estabilización. Desde el punto de vista de los hechos, puede advertirse que la diferencia entre ellas radica en la dirección que atribuyen a las relaciones causales. Para los monetaristas, la expansión de la oferta monetaria es la causa determinante de las alzas generales de los precios.
Los estructuralistas aceptan que la inflación va acompañada de emisión monetaria, pero atribuyen que es consecuencia y no causa de la inflación. El aumento estructural de los precios se traduce en aumentos en el costo de producción de los bienes, que a su vez se reflejan por una mayor demanda de crédito bancario. En estas circunstancias el aumento de la cantidad de dinero emitido por el sistema bancario se limita a cubrir las necesidades adicionales de medios de pago creadas por el aumento de los precios y costos de producción.
Los monetaristas no niegan la existencia de rigideces en la estructura productiva y de embotellamiento de ofertas, pero consideran que tales fenómenos no tienen el papel independiente que les asignan los estructuralistas. Por el contrario, piensan que son el resultado de la inflación, al generar que los recursos de capital se orienten hacia colocaciones especulativas. Estas desviaciones de las inversiones impiden el crecimiento normal de la producción y dificultan la adaptación flexible de la oferta a los cambios de la demanda, lo que se agrava cuando el Estado limita el aumento de los precios de subsistencia.
Que el estructuralismo sea la antítesis del monetarismo hace que surja el problema de cómo identificar estas teorías contrastadas con los hechos. A esta dificultad se la denomina problema de identificación, por lo que tenemos que verlas no como dos teorías completas sobre la inflación sino como las teorías de dos tipos de inflaciones posibles en la práctica. De acuerdo con las circunstancias, puede desarrollarse uno u otro proceso dentro de una misma organización económica.
¿Cómo se identifica? ¿En qué circunstancias hubo una u otra teoría imperante en América latina? Y a saber, ¿qué políticas gubernamentales deberían implementarse para estabilizar la economía? Debemos considerar los registros históricos, por lo que frecuentemente el debate sobre la política macroeconómica se convierte en un debate sobre la historia de la macroeconomía.
Analicemos particularmente el caso argentino. Aquí la temática de la inflación comenzó fuertemente en 1945, donde estaba generalizado que el problema inflacionario tenía como origen un exceso de demanda; operando con una ocupación plena, la capacidad instalada no resultaba suficiente para abastecer la demanda.
Sin embargo, el reconocimiento de las transformaciones históricas del sistema mundial que habían propiciado la industrialización por sustitución de importaciones en los países periféricos fue un rasgo característico del estructuralismo latinoamericano desde sus comienzos.
Aldo Ferrer argumentaba la persistencia del estrangulamiento externo indicando las debilidades del crecimiento industrial impulsado por la sustitución de importaciones. La crisis crónica del balance de pagos se había convertido en la dinámica típica del ciclo argentino. El desequilibrio exterior originaba fluctuaciones profundas y frecuentes de la producción y el empleo y determinaba una subutilización permanente de la capacidad industrial instalada, que sólo podía funcionar en condiciones de ocupación plena con un nivel de importaciones que el país no se podía permitir. Lo que se había logrado no fue tanto disminuir la dependencia externa sino cambiar el tipo de dependencia de bienes, pasando de materias primas a maquinarias.
Para ser exitosa la industrialización sustitutiva tenía que lograrse una reducción progresiva del coeficiente global de importaciones. Esto resultaba fácil al principio, pero a medida que iba avanzando el proceso, la producción local de los bienes que quedaban por sustituir requería una mayor intensidad de las importaciones, compensando así la reducción obtenida inicialmente por la sustitución.
Para poder hacer frente a la crisis en el balance de pagos y poder importar la maquinaria necesaria, los gobiernos recurrían frecuentemente a devaluar. La devaluación mejoraba la balanza comercial, ya que su efecto estaba determinado en el cambio implicado en los precios relativos internos y externos. Pero esto se contrastaba con una contracción del producto interno.
La devaluación reducía los ingresos reales de los asalariados, que tenían una mayor propensión marginal al consumo, y determinaba en consecuencia una reducción de la demanda. Por lo tanto, cuando la elasticidad cruzada de la demanda de bienes domésticos respecto del precio de los bienes exportables y el diferencial entre la tasa de ahorro de los trabajadores y la de los capitales son suficientemente bajos, la devaluación es contractiva. Asimismo, esto generó un círculo vicioso en la economía, el ciclo de marchas y contramarchas o stop and go. Por último, toda devaluación genera inflación, la cual se traduce en los precios a través del pass-through (traslado de la depreciación cambiaria).
En 1961 el economista Raúl Prebisch sostenía: “La tesis corriente de que la inflación sólo se debe al desorden financiero y a la incontinencia monetaria de los países latinoamericanos era inaceptable. No porque se nieguen esas desviaciones sino porque en la realidad latinoamericana existen otros factores estructurales muy poderosos que llevan a la inflación y contra los cuales resulta impotente la política monetaria”.
El interrogante que surge en este contexto consiste en determinar si el nuevo proceso de reindustrialización que está atravesando la Argentina puede romper finalmente la dependencia económica y superar las barreras estructurales que ha tenido durante la industrialización por sustitución de importaciones en la segundad mitad del siglo XIX a partir de un cambio en el enfoque: del colonialista cultural a uno basado en la integración latinoamericana, que permita superar los “cuellos” de botella que provocan inflación.
(Agencia Paco Urondo) El autor es integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Buenos Aires Economico 16/07/2010)
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, acaba de firmar un proyecto de ley para reformar el Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Esta medida tiende a mejorar la calidad laboral de los peones rurales y combatir tanto el trabajo infantil como la informalidad en el sector, de manera de obtener las respuestas necesarias en materia de previsión y seguridad social. Se trata de una nueva política de estado para mantener la convicción de crear más y mejor trabajo.
Este proyecto no es algo nuevo en la vida política nacional. Tomás Jofré, integrante del cuerpo legislativo nacional, redactó un proyecto de ley propuesto por el hasta entonces secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón, denominado Estatuto del Peón Rural, sancionado en el Congreso el 8 de octubre de 1944. Esta ley no sólo fue uno de los más importantes logros de Perón a cargo de la cartera de trabajo, sino que además fue una medida revolucionaria para el sector agropecuario.
¿En que consistía el estatuto? En el reconocimiento de los derechos del trabajador agropecuario, dado que la actividad se encontraba regida por usos y costumbres “coloniales”, aplicándose el modelo de trabajo a una practica cuasi servil. Los trabajadores del campo eran sometidos a extensas jornadas laborales, con salarios de subsistencia, sin seguridad social ni cobertura sanitaria. Por lo tanto, en comparación con los avances de la seguridad social de la época y el preponderante papel de los sindicatos, quedaban ante una situación de atraso en cuanto a los logros conseguidos.
Esta legislación les permitió a los peones rurales –por primera vez en su historia– gozar de la protección social correspondiente a los trabajadores, mejorar sus condiciones de vida, en lo laboral, económico, social y habitacional. A través de esta norma, cada trabajador del sector comenzó a gozar de los derechos al descanso dominical, a una reducción de su jornada laboral, a la cobertura medica, a la mejora de las condiciones habitacionales, al derecho a obtener vacaciones pagas, a la mejora de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento en donde se desempeñaban y a una dignificación de su salario.
Veamos parte del articulado de dicho estatuto que tuvo como resultado el fuerte rechazo hacia la figura de Perón por parte de la Sociedad Rural Argentina. A partir del artículo 8º, se comienzan a reconocer derechos inherentes a su actividad por fuera de lo correspondiente al salario, descansos o pausas en las tareas para el desayuno, el almuerzo y la colación de la tarde. Se establecía también el descanso dominical para los peones de campo, y que sólo ante una urgente necesidad que implique un grave perjuicio, el trabajador rural deberá atender los intereses de su patrón.
Se establecieron normativas que atiendan la alimentación y alojamiento de los trabajadores rurales, costas a cargo del empleador. Éstas debían ser dadas en abundancia y en las condiciones de higiene adecuadas, dada la paupérrima situación habitacional y alimentaria en que se encontraban hasta ese momento los peones rurales.
Reglamentaba también el trabajo del peón, en el simple sentido del otorgamiento de ropa de trabajo, de abrigo y botas para el trabajo a la intemperie, de manera de protegerlo en el desempeño de sus funciones. Estableció también la obligatoriedad de otorgar asistencia médica y farmacéutica en caso que se lo requiera, con costas a cargo del patrón.
En resumen, incluyó en el sistema laboral a un sector de histórica importancia en el país, y le reconoció los derechos que ya todo el resto de la masa obrera había obtenido, con vacaciones pagas e indemnizaciones por despidos sin justa causa.
De esta manera, el Estatuto del Peón Rural otorgó a los trabajadores del campo argentino un sinfín de beneficios y reconocimientos, al punto tal que el día de la sanción de esta ley es recordado hasta la actualidad como el Día del Trabajador Rural, en conmemoración de esa histórica jornada de 1944.
Ahora bien, la Sociedad Rural Argentina había planteado una suerte de descontento con respecto a esta norma. ¿Por qué? Es una cuestión lógica, pues este sector económico estaba acostumbrado a tratar de forma paternalista y en una relación semiservil a sus peones rurales.
El estatuto indignó tanto a la SRA que llegó a expresar lo siguiente respecto: “Este estatuto no hará más que sembrar el germen del desorden social, al inculcar en la gente de limitada cultura aspiraciones irrealizables, y las que en muchos casos pretenden colocar al jornalero sobre el mismo patrón, en comodidades y remuneraciones… La vida rural ha sido y debe ser como la de un manantial tranquilo y sereno, equilibrado y de prosperidad inagotable”.
El estatuto, a pesar del fuerte rechazo del sector agropecuario, se mantuvo vigente durante 36 años. Sólo pudo ser derogado con la última dictadura militar, de la mano del ex ministro de Hacienda, Alfredo Martínez de Hoz, nieto del primer presidente de la Sociedad Rural Argentina, vinculado con exiguos intereses económicos en el sector agropecuario y poseedor de una amplia cantidad de hectáreas en la Pampa Húmeda.
Con la derogación firmada, se impulsó la ley 22.248, denominada Régimen Nacional de Trabajo Agrario, en el cual se eliminan per se los logros del Estatuto del Peón Rural, estableciéndose que el trabajo agropecuario se regirá por la presente ley, por la voluntad de las partes y por los usos y costumbres. Claramente, esta ley atiende a aquella proclama de la Sociedad Rural en 1944.
En el articulado del régimen, se excluye de ser reconocido el derecho de los trabajadores rurales para aquellos que realicen trabajos extraordinarios, al servicio doméstico rural y al personal administrativo de los establecimientos rurales. Dejarían a la vera de los usos y costumbres la extensión de la jornada laboral, de acuerdo con lo que cada patrón y lo que cada región considere necesario para la explotación que realizan. Respeta el descanso dominical, al igual que el derogado Estatuto del Peón Rural,?así como también las vacaciones pagas. Pero a la vez establece que dentro del período de los ’90 días en que el peón rural comience a realizar sus actividades, podrá ser despedido sin causa justa, sin que esta situación determine indemnización alguna.
Ante la situación legal de los trabajadores rurales, de los reclamos del gremio que representa a esta actividad, en pos de la mejora de la situación laboral de los peones de campo, el Gobierno vuelve a tomar cartas en el asunto. A pesar, también, de que desde la propia Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, conducida por Gerónimo Venegas, dirigente duhaldista, se dice que esta resolución del Gobierno, de dar pronto despacho a las necesidades de los trabajadores rurales, es contraria a los intereses del sector, según lo publicado por La Prensa el 01/07 2010.
En la misma nota, luego de decir que el proyecto no defiende los derechos de los trabajadores, adjudica a la UATRE, como forjadora de este proyecto a través del trabajo que realizaron durante mas de seis años. Por lo tanto, esta contradicción de Venegas es insalvable. También señala que el Poder Ejecutivo busca obtener un rédito político a partir de la promulgación de dicha legislación. Sólo se me ocurre una pregunta al respecto: si se es conductor de un sindicato y ante un reclamo legitimo del sector sindical, el Gobierno nacional responde a través de la acción parlamentaria para legislar sobre esta cuestión, ¿Gerónimo Venegas no debería estar al menos satisfecho?
La Presidenta de la Nación, al firmar el proyecto de ley que ingresó al Parlamento, consideró la norma como una legislación modernizada que se adapta a la realidad agropecuaria de la Argentina del Bicentenario, contemplando la tecnificación del campo. Cristina Fernández expresó en Marcos Paz tras realizar el anuncio: “Estamos absolutamente convencidos de que, cuanto más califiquemos y protejamos los recursos humanos, el productor mejor rendimiento va a tener”, instando a la tarea conjunta entre trabajadores, productores, técnicos y de toda la cadena productiva agropecuaria.
Esta ley, de ser aprobada, mejoraría la situación laboral, social y previsional de 1.300.000 trabajadores rurales, limitando las jornadas laborales a 8 horas diarias y 44 horas semanales, y estableciendo como piso salarial el Salario Mínimo Vital y Móvil, que actualmente rige ya para todos los demás sectores económicos. De esta manera, el Gobierno avanzaría en una reducción de la precariedad y la desprotección que actualmente detenta el sector, creando mayor empleo y de mejor calidad, profundizando el proyecto nacional.
El autor es integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico, 02/07/2010)
Existe un consenso implícito entre las aparentemente antagónicas lecturas de la izquierda –tanto “radical” como socialdemócrata– y la derecha –en su versión liberal o conservadora– sobre el rumbo que siguió China luego de iniciado el proceso de apertura (simbolizado en la llegada de Deng Xiaoping al poder, tras la muerte de Mao) a principios de los años ‘80.
Este consenso consistió en suponer que el proceso de desarrollo chino, en su camino “post-socialista”, hubo de implicar, a la par de la progresiva apertura del país al capital extranjero, un desarrollo institucional que, más tarde o más temprano, habrían de hacer del Gigante de Oriente otra variante más de las típicas democracias occidentales de posguerra.
Contrariamente a lo que se supuso, China no sólo demostró un camino completamente diferente del que le habían asignado desde los “think-tanks” norteamericanos, sino que también puso en evidencia que los mecanismos democráticos no siempre eran subsidiarios de, ni estaban hermanados con el desarrollo del capitalismo.
Lejos de eso, la férrea conducción de más de 50 años del Partido Comunista no sólo no se vio seriamente cuestionada (a excepción de los trágicos episodios de Tiananmen, que constituyeron una expresión particular y marginal), sino que, tras sucesivas “renovaciones doctrinarias” (ejemplificadas magistralmente –y con cierto cinismo– en el reciente llamado a “hacerse rico que es glorioso”), sumado a un creciente protagonismo internacional, y tras los efectos de aquella enorme vidriera internacional que fueron los juegos olímpicos de Beijing, el partido logró consolidar su "mandato celestial".
Desde un punto de vista histórico, la metrópoli occidental, particularmente el tándem Estados Unidos-Europa, concibió el proceso de desarrollo nacional como un creciente camino de “occidentalización”, forjado a su propia imagen y semejanza. En contraste, hoy por hoy más que asistir a la declinación del propio poderío “occidental”, lo que presenciamos es precisamente la decadencia de esta utópica –y algo ingenua– cosmovisión.
Lo que resulta curioso es que el enorme poderío chino se basa en una combinación sui generis de fuerte presencia y control estatal en sectores de la economía y de la sociedad definidos como estratégicos por el poder político y una masa salarial brutalmente depreciada, que vuelve al país “atractivo” para el establecimiento de inversiones intensivas de capital, ámbito en el cual la liberalización es muy profunda. Es por esto que, debido a tales características estructurales, resulta altamente improbable que China siga aquel curso de “occidentalización” (en su desenvolvimiento institucional y societal) por lo menos en el sentido que usualmente se le da a este término.
Lo realmente “sintomático” es que la mayor y sustancial diferencia con el occidente desarrollado radica precisamente en la inexistencia de un proceso político y decisorio liberal-democrático, rasgo que frecuentemente ha servido como excusa para la intervención militar uni o multilateral en manos de aquellos mismos países centrales.
Por el contrario, y debido específicamente a su ascendente poderío económico, no hay para el caso chino “reclamo” occidental por la instauración de instituciones democráticas, más allá de expresiones aisladas y meramente declamatorias, lo que demuestra la profunda dependencia del mundo desarrollado en general, y de los Estados Unidos en particular, del gigante en crecimiento.
A grandes rasgos la sociedad china pasó, luego de la revolución comunista de 1949, por una etapa de "acumulación primitiva socialista" donde se sentaron las bases del moderno Estado-Nación sobre una base civilizatoria de tradición milenaria, para luego vivir casi medio siglo de traumáticas transformaciones, que la llevaron de ser una sociedad primordialmente agrícola y tecnológicamente atrasada, a convertirse en el mayor país productor de manufacturas de origen industrial del mundo entero (literalmente el "workshop" o taller, como lo fue la Inglaterra del siglo XIX) .
En conjunción con este proceso de metamorfosis interna, el Estado Chino promovió la extensión de la influencia y del protagonismo internacional tanto a nivel diplomático como económico. Construyendo enormes fondos de inversión, fruto de años de cuenta corriente positiva y acumulación de reservas, China se ha armado de una base de inversión fuerte destinada a intentar territorializarse en un grupo de países extranjeros identificados como de interés estratégico para el Gigante Asiático (nuestro país está entre ese grupo).
Es de esperar un crecimiento en la influencia política de China a nivel mundial que acompañe este despegue económico; lo que resta todavía esperar es la difusión de la propia cultura china, atada lógicamente a la difusión de su lengua oficial, el mandarín, aún demasiado limitado al propio país (aunque sea ya el idioma más hablado del mundo, por lo menos en términos cuantitativos "brutos").
Esta situación abre perspectivas para nuestro país, ya que, en momentos en los cuales comienzan a resquebrajarse lentamente liderazgos internacionales y regionales, y a la vez surgen otros en reemplazo o preparándose para "tomar la posta", se vuelve necesario remarcar la importancia estratégica de no consolidar un nuevo esquema de dependencia de tipo neocolonial.
Es favorable trabar y diversificar nuestras relaciones con el Dragón de Asia, ya que en gran medida el sostenimiento del frente externo depende de la situación alimenticia de aquel país, pero también no debemos olvidar que precisamos encontrar nuestra propia senda de desarrollo, generando producción de alto valor agregado y fuerte contenido tecnológico, para no dejar todo en manos de otros, como ya ha sucedido durante la mayor parte de la historia nacional.
Por otro lado, es importante señalar frente a los innumerables "lobbies" devaluacionistas, que no resulta necesario contar con salarios de miseria para ganar competitividad frente a una economía como la china, puesto que con el desarrollo de tecnología de punta podemos generar exportaciones industriales atractivas y de alto valor agregado.
Si bien es cierto que durante los últimos años se ha producido un fuerte crecimiento de la clase media, como consecuencia de su política cambiaria fuertemente depreciativa uno de los puntos oscuros del camino chino ha sido la profundización de una estructura social desigualitaria, cuyo pilar es una gran masa de asalariados en situación de subsistencia.
Este hecho puede ser foco de futuros conflictos internos y muchos analistas ya señalan que de la mano del fuerte crecimiento económico, cabe esperar un resurgir de demandas sociales que pongan más o menos en cuestión la hegemonía del partido comunista.
Estos elementos de conflictividad interna contrastan -levemente al menos- con la imagen que el Gobierno chino da al mundo, a saber, de "poder responsable"; queriendo significar con esto un Estado que garantiza el orden y la estabilidad social ofreciendo óptimas condiciones para el asentamiento de inversiones extranjeras, al mismo tiempo que abre las puertas de su gigantesco mercado interno para el mundo entero.
Por todas estas razones, vale repetir que nuestro país debe continuar profundizando sus lazos con China aunque manteniendo y procurando siempre no consolidar nuevas formas de dependencia. Sin lugar a dudas, el caso Chino ha mostrado la infinita variabilidad y adaptación del capitalismo, definido por Marx como aquel sistema que "constantemente revoluciona sus propias bases".
El autor es integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)
Los presente(orden de foto) Luis Alfredo Ilarregi, secretario de Provincias Ministerio del InteriorOsvaldo Nemirovsci, Coordinador Nacional del sistema de television Digital,Alfredo Antonuccio, Diputado por la Provincia de Buenos Aires, Javier Mouriño, Secterario General de la Gobernacion de la Provincia de Buenos Aires y el Dr. Sergio Berni, Secretaría de Gestión y Articulacion Institucional, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, acompañando se encontraban, Claudia Prince, dip provincial, Mirta Cure (dip MC) y Manola Rico (dipMC), Sebastian Lorenzo PJDigital, en el marco del Foro Nacional y Popular de Apoyo a la Comunicacion Publica.
Luis Ilarregui se refirio al tratamiento mediatico de la ley, a la desicion politica de tener una ley que "Reivindique lo Cultural" un mensaje a la sociedad como habito comunicacional, termino refiriendo al proyecto ideologico, como reivindicatorio de un modelo.
Alfredo Antonuccio, por su parte, se refirio a la creacion del Foro Nacional y Popular de Apoyo a la Comunicacion Publica, dijo que lo central es acompañar el proceso de digitalizacion, con respecto a la constitucion del Foro de Comunicacion comento, "tiene que ver con constituir un lugar donde que las distintas Organizaciones de la Sociedad Civil y politica nos sumemos para que una vez mas esten representados todos los espacios para el debate y que nos permita democratizar la participacion popular", en otro parrafo, resalta Antonuccio que "el Foro esta conformado por Organizaciones Libres del Pueblo, Organizaciones de Base con real insercion territorial", terminando hace incapie en que "vamos a continuar llevando estas clarlas a todos los distritos de la provincia". En el Turno de Nemirovsci, la charla paso desde la Ley y su curso hasta los detalles de la TV Digital, comentaba qu el esdo nacional esta trabajando para que todos los argeninos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a la Television Digital Terrestre(TDT) abierta, libre y gratuita, decia que se trata de un cambio tecnologico, que en argentina nace como un proyecto cultural y social, por lo que se adopta la Norma ISDB-T. Relata sobre las primeras transmisiones, explica sobre las torres que tendremos distribuidas en el territorio nacional, los canales, y por ultimo pero no menos importante hablo su regulacion, regulacion que es la que hoy se vuelve a poner como central de la discusion en los distintos ambitos haciendo un paralelo con lo que se realizo respecto de las consultas populares con el Proyecto de con la Ley de Medios, la que debemos de recordar, dijo, fue votada por mayoria indiscutible en diputados 147 a favor y en el senado 44 a 24. Explica Nemerovsci que la transicion de la television analogica a la digital se implementara gradualmente debido a la envergadura del proyecto, ya que requiere desarrollo de obras de infraestructura, destaca con optimismo las fuentes de trabajo que seran creadas como un valor importantisimo para los argentinos, sigue en su explicacion diciendo que desde ahora a fin de año, todos los argentinos desde los pueblos mas alejados a los mas cercanos veran television de calidad, esto como mensaje de inclusion e igualdad, tambien se refirio a que no hay que cambiar la tv, sino solo adquirir un conversor, aclarando que a los sectores mas bulnerables de la poblacion le estan siendo entregados, entonces mas señales, mas calidad, mas inclusion. En el recinto de la Camara de Diputados se encontraban los miembros de la Comision directiva de las ONGs, que conforman el Foro, por San Fernando la Asociacion Social CodoACodo a cargo de Mirta Praino, integra el ForoNacional y Popular de Apoyo a la Comunicacion Publica.
Publicado por MIRTA PRAINO - San Fernando Mi Ciudad- (Agencia Paco Urondo)
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Buenos Aires Economico 25/06/2010)
Uno de los desafíos del Bicentenario es, sin dudas, el de abordar desde una reflexión profunda distintos procesos de nuestra historia. Desde esta perspectiva entendemos indispensable, a la hora de repensar el futuro derrotero de la Nación Argentina, el rescate de la Constitución Nacional sancionada en 1949, durante el gobierno justicialista de Juan Domingo Perón. Un acontecimiento político mutilado por la historia oficial, censurado en todos los ámbitos de la vida pública, desterrado de las universidades, considerado una “extravagancia jurídica” por los eternos custodios del derecho liberal.
No podía ser menos: la Constitución Nacional de 1949 significó la vocación del pueblo argentino de abandonar el Estado liberal como modelo de organización política, vigente desde 1853, para abrazar el Estado de la justicia social. Era la Nación Argentina la que asumía en el Preámbulo de aquella Constitución una voluntad común orientada hacia la justicia social, soberanía política e independencia económica, erigiéndose en protagonista exclusivo de un hecho político de una magnitud inédita, tributario directo del proceso histórico que a partir de 1943 transformó radicalmente la realidad política, social y económica del pueblo y del país. La Constitución de 1949 es el reflejo de esos cambios y la lógica consecuencia del surgimiento del pueblo organizado como factor real de poder.
Para el liberalismo criollo, para los sectores dominantes, para quienes detentaban el poder real hasta la aparición del peronismo, la Constitución de 1949 implicó, sin duda, un riesgo feroz: la pérdida definitiva de sus privilegios y de la posibilidad de conducir los destinos del país. Las revolucionarias conquistas sociales que inscribió la Constitución de 1949 en materia de derechos del trabajador, educación y cultura, la implementación de la protección integral de la familia, los niños y ancianos, entre otras instituciones fundamentales, constituyeron políticas dirigidas al diseño de una sociedad más justa.
Pero si bien estos nuevos objetivos estratégicos del Estado argentino resultaban el perfecto revés del proyecto liberal, es legítimo considerar que la razón central por la cual el golpe militar abrogó en 1956 la Constitución de 1949, más allá de la lógica reaccionaria de aquella dictadura frente a la cuestión social introducida por la reforma constitucional, fue la intolerable concepción de la propiedad privada que consagraba el nuevo texto.
En las palabras de Arturo Sampay, principal ideólogo del nuevo texto, se puede advertir la dimensión y gravedad del problema para el liberalismo: “la propiedad no es inviolable, ni siquiera intocable, sino respetable a condición de que sea útil no solamente al propietario sino a la comunidad”. Este nuevo sentido de la propiedad privada sostiene conceptualmente los tres artículos de la Constitución –38, 39 y 40– que, agrupados en un capítulo denominado “La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica” sintetizan el fin de una era, la conclusión de un proceso histórico en el que la política significaba un factor de perturbación de la economía libre. Un nuevo paradigma deja atrás el esquema liberal, y marca claros límites al capitalismo: el orden económico de la sociedad se configura a partir de criterios no económicos, criterios esencialmente políticos.
“Artículo 38. – La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común…”
Se reconoce en el nuevo texto constitucional la propiedad privada y la libre actividad individual como derechos naturales del hombre, pero sujetos al cumplimiento de su función social. La propiedad privada asume en este marco una doble tarea: una función personal, en cuanto derecho que garantiza la libertad y afirmación de la persona; y una función social, en tanto está subordinada al bienestar general. No representa un privilegio de unos pocos sino un derecho de todos: la función social de la propiedad legitima así la intervención del Estado en la generación de las condiciones económicas que permitan el efectivo ejercicio por parte de todos del derecho natural a ser propietario. Son los principios de justicia social los que demarcan los límites del ejercicio del derecho de propiedad.
“Artículo 39. – El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.”
Es claro que esta concepción del capital es contraria a la propugnada por el liberalismo económico, para el cual el capital tiene la función de reproducirse según la lógica misma del mercado, que asigna recursos naturalmente de manera eficiente y en la cual ni el desarrollo de la economía nacional ni el bienestar social aparecen siquiera como preocupaciones. Es en este sentido que el accionar del gobierno peronista en lo que confiere a inversión extranjera, por ejemplo, fue el de direccionarla hacia sectores clave del desarrollo del aparato productivo nacional por sobre el sector primario o la extranjerización de la economía.
“Artículo 40. – La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social[…] El Estado podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales[…] toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios…”
Se legitima así al Estado como el actor principal en la orientación y gestión de la economía y la justa distribución de la riqueza, teniendo en miras el desarrollo integral de la sociedad, la promoción del bienestar material y espiritual de los argentinos, y la expansión de los márgenes de autonomía nacional. Incluso puede monopolizar actividades cuando las circunstancias así lo requieran –como excepción y no como método recurrente–, y la nacionalización de activos estratégicos como las fuentes naturales de energía y los servicios públicos.
En estos tres artículos se condensa entonces la dimensión programática de la independencia económica proclamada en el Preámbulo: “función social” de la propiedad privada y sujeta a “las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común”; el capital al “servicio de la economía nacional y del bienestar social”; la riqueza y su explotación destinados al “bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme los principios de la justicia social”; intervención del Estado en la actividad económica; libre iniciativa privada, pero sin monopolios ni rentas extraordinarias; nacionalización de los recursos naturales y servicios públicos.
Bajo estos parámetros la Constitución de 1949 conceptualiza el proceso económico de la sociedad argentina como una construcción colectiva; se trata de un proyecto común de una alianza entre los sectores populares y sectores del capital nacional, y como tal sólo puede conducirlo, en tanto expresión política de esa alianza, el Estado.
De tal forma, se introduce una concepción de la economía nacional profundamente humanista para alcanzar la justicia social. Es entonces la intervención planificada del Estado en la estructuración económica de la sociedad, y no el libre juego de individualidades en el mercado, la herramienta institucional que brindó la Constitución de 1949 para alcanzar un modelo de desarrollo económico que persiguiera el bienestar general por encima de los intereses particulares.
La filosofía política de la Constitución de 1949 en tiempos del Bicentenario como nunca, ante los estragos globales que generan el capitalismo salvaje, el neoliberalismo y su paradigma especulativo, los planes de ajuste y el cercenamiento permanente de los derechos sociales. Frente a estos escenarios de exclusión social e incertidumbre que se ciernen sobre los países centrales, y la pretensión de trasladarlos nuevamente –como en los ’90– a nuestros países, los grandes principios de la Constitución de 1949 siguen marcando el rumbo de las luchas democráticas y populares. De hecho, la mayoría de las reformas constitucionales de los procesos transformadores que se están viviendo en América latina están basadas en esta Constitución.
Por ello, el gran desafío que nos plantea el proceso histórico iniciado a partir del 25 de mayo de 2003 es el de, amparados en esta perspectiva filosófico-política que nos brinda la Constitución de 1949, conceptualizar, organizar e institucionalizar las transformaciones acaecidas desde entonces, no sólo como necesidad histórica del campo popular para sostener esas transformaciones a lo largo del tiempo, sino con el convencimiento de que ésta es la única manera de poder profundizar el proceso en los aspectos que aún la correlación de fuerzas no nos ha sido favorable para transformar. Así como la Constitución de 1949 condensó el poder popular construido hasta ese entonces, hoy se torna inminente la necesidad de institucionalizar estas transformaciones, especialmente en materia económica y social, para desde ese factor de poder continuar la construcción de una patria para todos, justa, libre y soberana.
Los autores son sociologa del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar e integrante del Abogados por la Justicia Social respectivamente.
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Buenos Aires Economico 23/06/2010)
El modelo de convertibilidad iniciado en 1991 implicó la instauración de un diseño macroeconómico que generó que la mayor parte del excedente argentino se valorizará en forma financiera. En este sentido, el régimen convertible se tradujo en una preeminencia de la actividad especulativa por sobre la productiva, lo cual provocó un proceso de desindustrialización de la economía argentina con el consiguiente aumento de la desocupación, la pobreza y la concentración del ingreso.
Durante este modelo de valorización financiera se experimentó un inusitado crecimiento de la deuda externa. Como resultado de todo esto, la Argentina inició el siglo presente con el “estallido” de la convertibilidad unido a una profunda crisis económica y social y con la declaración del default.
A partir del 2003 y la instauración de un nuevo diseño macroeconómico, la mayor parte del excedente económico se valoriza productivamente, y en particular en el sector manufacturero generando un proceso de reindustrialización de la economía nacional. Este nuevo modelo de desarrollo se caracteriza por la inclusión social a partir de la reducción del desempleo, la pobreza y la mejora en la distribución del ingreso.
En forma conjunta, se encaró un proceso de reducción de la deuda marcado por dos fenómenos: el primer canje de deuda en el 2005 con una aceptación cercana al 80% y el pago al FMI en el 2006. La Argentina termina la primera década del nuevo siglo con crecimiento económico, con una mejora en la situación social y con un nuevo exitoso canje por encima de la expectativa oficial.
El autor es economista del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico 18/06/2010)
La cuestión de la inflación ha resonado en los últimos meses con manifiesta contundencia en la mayoría de los medios masivos de comunicación. Todo indicaría que el fantasma, que ha justificado destituciones y atrocidades en la Argentina, despertó del sueño al que fue “sometido” allá por los ’90. Su despertar adquiere, rápidamente, especial importancia para los formadores de “información” y opinión pública, a la vez que desvela posiciones históricas de carácter antagónico. Estas posiciones y oposiciones no hacen más que revelar de qué lado del alambrado se encuentra cada uno, si del nacional o del de la colonia –que actualizado, este último, resulta en corporativo apatria–.
Es difícil, e innecesario –y ya veremos por qué–, cuestionar el aumento de los precios de algunos productos. Coincidentemente, o no, se puede observar que los productos cuyos precios aumentan tienen una gran incidencia en el gasto total del salario de los trabajadores. Estos productos conforman la “canasta básica” familiar que es utilizada, también, por el INDEC para medir el IPC, la inflación. Cabe decir que estos productos son los que necesita una familia para vivir, necesarios, no productos lujosos.
La pregunta que seguramente todos nos habremos formulado, teniendo en cuenta que la Argentina crece, produce más y mejor, que la calidad de nuestros trabajos es mayor, y que nuestros salarios aumentan, es por qué la plata no alcanza.
La respuesta es: porque los precios aumentan. Pero, ¿nos satisface esa respuesta? No. Entonces, ¿por qué aumentan los precios?
Resulta fundamental, en esta instancia, aclarar qué es inflación. Según la definición de manual, la inflación consiste en el aumento sostenido del nivel general de precios. Sostenido significa persistente en el tiempo y elimina, de esta manera, cambios únicos y aislados en el tiempo o cambios estacionales.
Nivel general refiere a todos los bienes que conforman el sistema productivo, evitando contemplar cambios bruscos de un grupo reducido de productos.
Diversas teorías abordan la cuestión de la inflación, entre ellas la monetarista, que es la que resuena en los medios antinacionales. Dicha teoría responsabiliza plenamente la existencia de la misma a la emisión de dinero. Otras posturas teóricas, respecto de la inflación, son los enfoques estructuralistas donde se responsabiliza a la estructura productiva heterogénea de generar estrangulamientos e inflexibilidades en la oferta para adaptarse al crecimiento de la demanda, provocando, de esta manera, presiones inflacionarias. Y una tercera, no monetarista, basada en la puja distributiva del ingreso imputa a los actores y grupos sociales inmersos en una secuencia de acciones y reacciones –trabajadores en pos de mayor salario y empresarios buscando mayores márgenes de ganancia– el desate de espirales inflacionarios.
Resulta claro que asumir o no la existencia de inflación, o el simple aumento de los precios de los productos necesarios que consumimos a diario, no es el meollo de la cuestión. La mirada debería centrarse en la propia estructura productiva de los bienes que desatan aumentos desmedidos en los precios para responder por qué es así. Sostengo que es ahí donde se encuentra la génesis del problema. Si un producto es necesario, es decir, si una persona no puede prescindir de él, torna su demanda impostergable y lo hace susceptible de juegos especulativos sobre su precio. Estos productos básicos, o necesarios, son fundamentalmente alimentos y elementos de limpieza e higiene, y representan el mayor porcentaje de gasto de los salarios y/o ingresos de las familias de bajos ingresos, no así para las de altos ingresos.
Si la demanda de tal producto no existía y, por haber sido estimulada con gasto público, crecimiento económico y medidas redistributivas, ahora existe, debe ser satisfecha. Esta nueva demanda, cabe aclarar, es mejora en la alimentación, en la vestimenta, en la calidad de vida misma de la población anteriormente postergada.
Con esta nueva demanda revelada, si el que produce y ofrece los productos que ahora se demandan muestra rigideces o anuda su margen de ganancias al crecimiento aumentando los precios, no necesitará aumentar su producción, porque igual estará ganando.
Por otro lado, si los oferentes del mercado de estos productos son muchos y diversos productores, un aumento de la demanda se trasladará en un aumento de la oferta. Si ese mercado, en cambio, está concentrado, es decir manejado por unos pocos productores, éstos decidirán ponerse de acuerdo y aumentar sus precios, porque ganarán sin arriesgar.
En síntesis, si el mercado de los productos básicos y necesarios se encuentra concentrado, en manos de pocas empresas, es probable que ante aumentos del ingreso de las familias quieran, estas empresas, apoderarse de ellos aumentando sus márgenes de ganancia mediante aumentos significativos en los precios de sus productos, y no a través de un aumento de la cantidad de producción. El resultado es la pérdida de poder adquisitivo familiar. Los hogares más perjudicados son aquellos cuyos ingresos se agotan en la adquisición de productos necesarios. Para estos sectores significa, a veces, dejar de comer.
La realidad indica que la tesis anterior es aceptable y muy contrastable. Pueden, así, observarse grados alarmantes de concentración oligopólica en el mercado del arroz, las pastas secas, las harinas, los productos de aseo personal, la carne –por los frigoríficos–, los aceites. Basta recorrer los supermercados e investigar sobre las empresas que disponen varias marcas para un mismo producto. Tal concentración posibilita la fijación arbitraria de precios y perjudica gravemente la calidad de los productos, dificultando el desarrollo digno de los hogares de los trabajadores.
Por último, ¿hay inflación?
La respuesta es: hay concentración.
El autor es economista del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP-Cordoba) www.geenap.com.ar
Capital Federal (Agencia Paco Urondo) (Click en la imagen para agrandar)
Los invitamos el dia Viernes 18 de Junio a las 18:30 hs al Salon Auditorio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en Julio A. Roca 782 1º subsuelo, CABA. A la charla titulada "Malvinas: un debate de la Democracia", con la disertacion de Federico Lorenz (Historiador) y Carlos Raimundi (Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires)
El dia miercoles 16 de Junio, en la Facultad de Ciencias Economicas, Universidad de Buenos Aires, se realizo una Charla titulada "Concentracion Economica, formadores de precios y puja distributiva: la dimension de la politica de la inflacion" organizada por Juventud Carta Abierta y LA Quinquenal en la Campora, Con la participacion de Guillermo Wierzba (Economista, Director del Cedif-AR) y Juan Santiago Fraschina (Economista, integrante de GEENaP)
El dia Sabado 12 de Junio, en la Ciudad de la Plata, se realizo una charla sobre el modelo economico actual, organizada por JP Evita La Plata. La disertacion estuvo a cargo de Juan Santiago Fraschina y Ariadna Somoza Zanuy, integrantes del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular.
Homenaje a un Hombre, Un Idealista, Ernesto Che Guevara. Este Homenaje lo pense desde una foto, la que me impacto desde la primer vez que la vi, de muy pequeña, no sabia quien era hasta que mi padre me conto la historia de un argentino, el CHE Guevara. Cuando creci, leí sobre el y entendi quien era, interprete como pensaba y el porque de su Lucha por la Liberacion.
Su Mirada, la Comprensión de parte del "CHE GUEVARA" de una época, rescatando como un ejemplo la Etica y el Compromiso, con altos Valores e Ideales, el "CHE" creía que era posible cambiar el mundo. La historia del “CHE” la miré y la sigo mirando, como se ve a una historia de generaciones, las que lo sucedieron en la Latinoamérica. Lo que si debo destacar, a mi juicio, es que estas generaciónes de ninguna manera interponian sus intereses personales, o privados, para logro de sociedades justas y libres. El “Che Guevara” historia de voluntad y rebeldía, se transformó en un mito, con altos Ideales de Solidaridda, Compromiso, Etica y Compromiso. Algunos datos: foto tomada un 5 de marzo de 1960 (ese dia cumplo años) a los 31 años del Che. Estat foto fue tomada en un entierro. El fotografo, Alberto Díaz (Korda). La foto se hizo conocida 7 años después de muerto el Che en la selva en manos de soldados en Bolivia. En 1967 se edita el Diario del Che en Bolivia e imprimió la imagen en un gran póster. Para una imagen, esta foto del Che tal vez sea el más importante icono gráfico del mundo en el siglo XX.
El dia Jueves 10 de Junio, en la Facultad de Ciencias Economicas, Universidad de Buenos Aires, se realizo el segundo seminario del Foro de Economia Politica del Bicentenario, titulado "La Crisis Europea y Latinoamericana: el debate de una nueva arquitectura financiera". Con la participacion de Roberto Feletti (Vice Ministro de Economia de la Nacion), Pedro Paez (Presidente del la Comision Tecnica del Ecuador, para una nueva arquitectura financiera), Jorge Marchini (Profesor Titular Economia UBA, SEPLA, CEMOP), Fernando Zack (Director Ejecutivo SID Capitulo Bs As). Como moderador se desempeño Santiago Corgono (Docente UBA, Forje Causa Profesional)
El dia Viernes 04 de Junio en la Facultad de Ciencias Sociales,Universidad de Buenos Aires, sede Ramos Mejia, se realizó una charla-taller sobre " Inflcion, formacion de precios y oligopolios". Esta charla fue organizada por los compañeros del Movimiento Universitario Evita. La disertacion estubo a cargo de Alejandro Barrios (Presidente de la Secretaria de Comercio Exterior, docente de Economia de la Facultad de Ciencias Sociales), Jose Carcámo (docente de Economia de la Facultad de Ciencias Sociales), Juan Santiago Fraschina (Economista del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular GEENaP), (Agencia Paco Urondo), Fabian Ochoa (Secretario General de los Trabajadores Mercado de Hacienda), Marta Yane, (integrante del Movimiento Evita).
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico 11/06/2010)
Ahora que en los últimos meses los datos de la inflación muestran una desaceleración de su crecimiento y por lo tanto se terminó el bombardeo mediático y de las consultoras privadas sobre la suba de los precios podemos retomar el análisis sobre el tema.
En primer lugar, para debatir el tema de la inflación es necesario primero contextualizarlo. En este sentido, a partir de 2003 se inició un proceso de reindustrialización de la economía argentina a partir de la conformación de un nuevo diseño macroeconómico que permitió que el sector manufacturero vuelva a ser rentable. En efecto, la conjunción de un tipo de cambio competitivo, la política de subsidios que permite la reducción de los costos de los empresarios junto al fortalecimiento del mercado interno (en el cual venden la mayor parte de las mercancías el sector industrial argentino) junto a un conjunto importante de políticas sectoriales permitieron la reconstrucción del aparato industrial nacional.
A partir básicamente de la reindustrialización se verificó unincremento de la inclusión social. Mientras que la desocupación bajó del 20,4% al 8,3% entre el primer trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2010, la subocupación demandante disminuyó del 12,0% al 6,6% durante el mismo período. Por su parte, los asalariados sin descuentos jubilatorios se redujeron del 45,1% al 36,1% entre mayo de 2003 y cuarto trimestre de 2009. Por último, el plan de inclusión previsional permitió el acceso de 1.400.000 personas al sistema jubilatoria a pesar de no tener los aportes necesarios, lo cual generó que la cobertura del sistema previsional aumentó de 3.400.000 a 5.591.000 jubilados entre el 2003 y el 2010.
A esto se suma desde el 2003 una fuerte política de ingreso llevado a cabo por el gobierno nacional. En primer lugar, la reactivación de las convenciones colectivas de trabajo. En este sentido, la cantidad de personas que participan en las negociaciones colectivas aumentaron de 1.222.000 a 3.992.000 personas entre el 2004 y el 2008. Visto de otra manera, mientras que en el 2004 existieron 348 negociaciones de paritarias, en el 2008 se verificaron 1.231 negociaciones.
Esto generó un aumento del salario que se vio reflejado en el incremento del salario mínimo, vital y móvil que pasó de 200 pesos en mayo de 2003 a 1.500 pesos en enero de 2010, es decir, que experimentó un crecimiento de 650%.
En segundo lugar, una de las políticas de ingresos centrales llevada a cabo desde el 2003 fue el aumento constante de las jubilaciones. Es decir, no sólo que se aumentó la cobertura del sistema previsional sino que además se produjo un crecimiento permanente de las jubilaciones.
La jubilación minima pasó de 150 pesos en julio de 2003 a 945 pesos con el aumento del 2010. por lo tanto, la jubilación minima experimentó un aumento del 496% durante este período. El año pasado en medio de la crisis financiera internacional y donde la mayoría de los países centrales aplicaban políticas de ajuste se produjo un aumento del 19,89% en la jubilación minima.
Por último, debemos señalar como otra política de ingreso fundamental los planes sociales desarrollados por el gobierno nacional. En este sentido, debemos mencionar por un lado las cooperativas de trabajo y por otro lado la asignación familiar por hijo. Con respecto a esta última es importante destacar que es el plan social más ambiciosos de America Latina destinando fondos por un monto equivalente al 0,58% del PBI, mientras que la Bolsa Familiar de Brasil implica un 0,39% de su PBI, el plan Oportunidades de México equivale a un 0,31% del su PBI, el plan Juntos de Perú representa el 0,2% de su PBI y el plan Chile Solidario es equivalente al 0,1% de su PBI.
La consecuencia inevitable de la mayor inclusión social y de la aplicación distintas políticas de ingreso fue el aumento del consumo popular que se tradujo en un fuerte crecimiento del mercado interno que fue el principal impulsor de la demanda y el crecimiento económico sostenido. Un solo dato para ilustrar el crecimiento del consumo de los sectores populares: mientras que el consumo de Carne vacuna en el 2003 era de 60,21 kilogramos por habitante anual promedio, en el 2009 era de 68,44 kilogramos. La última vez que el consumo de carne fue tan alto fue en 1994 que se había verificado un consumo de 68,44 kilogramos por habitante anual promedio. A partir de ese año, y más allá de las oscilaciones, el consumo de carne de los argentinos se redujo en forma permanente.
En este contexto es que se produce la suba de precios y el debate por el tema de la inflación. Para los economistas ortodoxos la inflación se debe por un lado al aumento de salarios de los trabajadores que generan un incremento de los costos de los empresarios que luego son trasladados a los precios. Sin embrago, en gran parte de las empresas el costo laboral es sumamente reducido en su estructura de costos, incluso en algunas empresas el costo salarial sólo representa el 3% del costo total.
Por otro lado, los economistas neoliberales argumentan que es el crecimiento de la demanda generado por el aumento del consumo, del gasto público y de la política monetaria expansiva lo que provoca inflación. Sin embargo, la inflación por demanda se produce cuando una economía se encuentra produciendo al limite de su capacidad productiva. Los datos referidos a la economía argentina demuestran lo contrario: el nivel general de la utilización de la capacidad instalada en enero de 2010 era del 66,6%. Por lo tanto, existe una importante capacidad ocioso instalada lo cual demuestra que la inflación no es por demanda.
En contraposición a lo expuesto por la ortodoxia económica, las causas de la inflación en la actualidad se debe fundamentalmente a dos factores centrales que generan en el marco de una economía fuertemente expansiva sustentada por el mercado interno una puja distributiva.
La primer causa son los altos precios internacionales de los alimentos generando que la inflación internacional se traslade al mercado interno. La suba de precios a nivel internacional genera por un lado que los productores de alimentos aumenten los precios internos para obtener la misma rentabilidad que vendiendo la producción en el mercado externo.
Por otro lado, particularmente el abrupto aumento de la soja produjo un proceso de sojización del campo argentino reduciendo la producción de ciertos bienes que consumen los argentinos. En este sentido, la superficie cosechada de soja aumentó de 8.637,5 a16.767,5 hectáreas entre la campaña 1999/2000 y 2008/2009. Por otro lado, el stock total vacuno disminuyó desde 58.472.000 a 55.432.000 cabezas entre el 2007 y el 2009.
De esta forma, se produjo en el campo argentino un reemplazo de la soja, producto que el argentino no consume, por los bienes que el argentino si consume como por ejemplo la producción de carne. Esta reducción de la oferta en un mercado expansivo provoca tensiones inflacionarias.
El segundo factor que impacta en el aumento de los precios es la fuerte concentración económica verificada en la Argentina. Por ejemplo; en el mercado de la leche, dos empresas (Sancor y Dadone) concentran el 66% del mercado; en el cemento, cuatro empresas (Loma Negra, Minetti, Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia) concentran el 100% del mercado; en la producción del pan, dos empresas (Fargo y Bimbo) concentran el 89% del mercado; en las galletitas, dos empresas (Dadone y Arcor) concentran el 78% del mercado.
Por lo tanto, en un contexto de aumento del consumo popular, crecimiento del mercado interno y suba de salarios con elevados precios internacionales y fuerte concentración económica se traduce en una puja distributiva, donde los productores de alimentos quieren exportar la mayor cantidad de mercancías posibles y cultivar soja en detrimento del consumo interno y donde las grandes empresas concentradas quieren mantener el nivel de distribución del ingreso aumentando los precios ante cualquier incremento del salario nominal de los trabajadores.
El intento de los sectores dominantes es asociar la inflación al gobierno, pues si el culpable es el gobierno la solución es reducir el intervencionismo estatal en la economía. Sin embargo, la política antiinflacionaria requiere una mayor intervención del Estado para favorecer a los sectores populares en la puja distributiva.
En este sentido, las políticas de retenciones, subsidios y precios máximos llevadas a cabo por el gobierno nacional son fundamentales para reducir el nivel de la inflación. A estas políticas debemos sumarles nuevas herramientas tendientes a incrementar la competencia, como por ejemplo un sistema tributario y una nueva ley de entidades financieras que beneficien a las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, instrumentar políticas de premios y castigos para castigar las empresas que suben los precios sin un justificativo económico y premiar a aquellas que invierten y aumentan la producción.
Juan Domingo Perón en un encuentro producido el 16 de junio de 1948 ante dirigentes gremiales decía “¿A qué lleva esto? A un aumento de la demanda, porque nosotros aumentamos los salarios. Nuestros obreros consumen más. Fíjense ustedes que en la República Argentina se come hoy casi medio millón de toneladas más de carne que el año pasado; el de trigo lo mismo. Y como nuestros obreros ganan un jornal mayor, se compran más ropa, toman de vez en cuando algún vino bueno y demás. Todo eso aumenta el consumo. Si la producción disminuye y el consumo aumenta, se traduce en el mercado en una disminución de la oferta y un aumento de la demanda, y el precio sube. Son factores vitales”. La puja distributiva verificada durante el modelo peronista se vuelve a repetir en la actualidad ante el mismo intento de distribuir el ingreso a favor de los sectores populares.
El autor del articulo es economista del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular GEENap. www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)
(Agencia Paco Urondo)
