Crear dos, tres... muchos "Clarín miente", es la consigna, por Pablo Torres

Córdoba (Agencia Paco Urondo) Todavía me acuerdo de un viaje que hice a Capital Federal, en Abril del 2008, mientras el conflicto gobierno - patronales agrarias estaba en plena ebullición. El bondi se iba metiendo por los eternos zigzags, curvas, rotondas, bifurcaciones, confluencias, cruces, subidas y bajadas de las larguísimas autopistas que conectan el "más allá de la General Paz" con la París Sudamericana. Pasamos las paradas de Zárate y Campana y ya nos íbamos metiendo lentamente (no hay otra manera de hacerlo) en ese infierno de hormigón y mala onda que tanto me fascina, conocido como Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es que ahí nací yo y de ahí nos fuimos con mi familia cuando yo tenía 6 añitos. Aclaro algo: Amo a esa ciudad. Quizá porque no tuve que vivir en ella de la primaria para adelante, quizá porque no me tocó sufrirla, pero la amo. Puta, si disfruto como un chino cada vez que voy. Miro el obelisco, los carteles y las avenidas cada vez como si fuese la primera vez. Soy algo así como un "porteño pajueranizado", qué le vamos a hacer.

Volviendo al bondi: De pronto ocurre que, mientras iba mirando el paisaje del conurbano, con el sol iluminando desde hacía ya algunos minutos, vi algo que me llamó la atención: unas pintadas, hechas a lo largo de un largo paredón, con letras grandotas y contundentes, que decían "Clarín miente" y "TN miente", o algo parecido.

Y, ¿viste cuando ves algo y decís "bueno, sí, más vale", pero sin embargo te deja pensando? ¿Como esas verdades esenciales que son invisibles a los ojos, y que de pronto alguien te las hace visibles?

Y es que, en realidad, esto que acababa de ver era un fenómeno realmente novedoso. Novedoso porque uno venía acostumbrado de toda la vida a ver ese tipo de grafittis y pintadas, pero dedicadas hacia alguna figura política o hacia algún partido ídem. Uno no se hubiese esperado algo así, pero dedicado a una empresa o hacia un medio de comunicación. A las empresas no se las cuestionaba. Yo, de treintaypico, habiendo sido criado durante los 80s y los 90s y siendo un hijo directo del neoliberalismo, crecí acostumbrado a la política como mala palabra, a la política desprestigiada. Corrupción era sinónimo de clase política, y viceversa.

Los medios y sus comunicadores, por el contrario, eran los paladines de la verdad, los héroes impolutos, los justicieros enmascarados que venían a defendernos de esos crápulas que ocupaban puestos en el gobierno y el parlamento con fines espúreos.

Nuestros justicieros, nuestros héroes populares, nuestros guías en medio de la oscuridad estaban en Telenoche Investiga, en CQC, en La Cornisa. Los Luis Majul, los Santo Biasatti, los Mario Pergolini, las María Laura Santillán. Ellos eran valientes, osados, transgresores, y a la vez impolutos, puros, prístinos. Gozaban de un lugar privilegiadísimo. Casi tanto como el de sus patrones, y mucho más que el de cualquier político. Y desde sus puestos de lucha, ellos denunciaban a los funcionarios coimeros, los filmaban con cámaras ocultas y los exponían ante la opinión pública. Claro, no era algo muy difícil tampoco: simplemente se la estaban agarrando con sus empleados, con sus subalternos. Como un capataz regañando a un albañil. Como el dueño de una verdulería cagando a pedos delante de las clientas al empleado que tiró al piso una montaña de naranjas, sin querer.

Porque, convengamos también, no se metían con mucho pez gordo que digamos. Telenoche Investiga era un matadero de perejiles. Perejiles corruptos, malos, jodidos, deleznables, feos, ladinos, chantas, abyectos si querés, pero perejiles al fin y al cabo. Peones. Funcionariuchos. Concejales. Sub-secretarios. Y CQC sigue siendo un caza-perejiles al día de hoy, cuando dedica buena parte del programa a ridiculizar a un pobre boludo en Andalgalá que se quedó con un aire acondicionado, o a un forro que se quedó con una computadora. Y Rolando Graña y su GPS es la misma mierda. Y Policías En Acción también.

Es que en los 90s no le podías tocar el culo a alguien realmente poderoso e irte campante a tu casa. A Cabezas se le ocurrió ir a por Yabrán, y mirá lo que le pasó. Acordate de Regino Maders, acá en Córdoba. De los muertos del menemismo, de la extraña muerte de Carlitos Junior, de los testigos que murieron en "accidentes", "suicidios" y "asaltos". Hasta a Pino Solanas, el hoy recontragorila Pino Solanas, mirá de quién te hablo, le metieron seis tiros en las piernas por cacarear demasiado.

Volviendo otra vez al bondi, y después de haberme ido bastante al carajo: Así fue que, camino a Retiro, ví esas irreverentes pintadas que me vinieron a mover la estantería, a cambiar la bocha. El concepto "Clarín miente" acababa de nacer.

Con el correr de los días, las semanas y los meses, "Clarín miente" pasó a ser la batalla cultural primordial del kirchnerismo. Era urgente acostumbrar al resto y acostumbrarnos a nosotros mismos a la idea de que los medios de comunicación bregaban por sus intereses económicos, y no por nuestro bienestar. De que los medios no son conventos poblados de carmelitas descalzas, sino empresas voraces llenas de buitres que se rigen por la ley de la máxima ganancia como la que más, y que están dispuestas a cualquier cosa con tal de lograrla. De que la objetividad no existe. De que el "periodismo independiente" tampoco. De que les chupa un huevo lo que te pasa a vos y a mí, a menos que hablar de eso que te pasa a vos y a mí les signifique ganar unos mangos más. Si esto no estaba claro, y si no se laburaba fuerte sobre esta idea, no se podía seguir adelante. Nos lo teníamos que hacer carne nosotros, los que estábamos más o menos en la movida, y se lo teníamos que transmitir con suma urgencia a los que no.

Y así fue: confolletos, con afiches, con cantitos, con pancartas, con calcomanías, con más pintadas, con alguna voz disonante en los mismos medios de comunicación, con el boca a boca, con aquél famoso "¿qué te pasa Clarín, estás nervioso?", fue que de a poco la idea fue prendiendo. Sí, más vale, Clarín hizo lo suyo, eh. Quedó en claro que el monopolio (u oligopolio o como carajo le quieran decir) tiró a la mierda toneladas de prestigio, de credibilidad, de ese poder acumulado y que tantos años, tanto negociado, tanto lobby y tanto chanchullo le había costado construir, en su cruzada contra todo aquello que fuese K. Es que algunos titulares espantaban sin necesidad de andarlos explicando mucho.

Pero es evidente que el trabajo de zapa, ése que se hizo (que hicimos, quiero incluirme, me encanta incluirme) por debajo, puteándonos en el laburo, en la facultad, en internet, perdiendo amigos de años, haciéndonos mala sangre, cagándonos de bronca infinidad de veces, sirvió, y mucho.

Llegamos al día de hoy en que desde el clasemediero más pedestre hasta el gorila más enardecido te tiene que reconocer, no sin cierta cuota de incomodidad y medio a la fuerza, que Clarín miente. Que a Clarín le interesa más ganar plata que informar a la gente. Pueden odiar a muerte a Cristina, decir que el gobierno está lleno de montoneros, temer por la "chavización" de nuestro país y hasta bramar pidiendo por un pronto golpe de estado, pero así y todo Clarín nos miente y no hay vuelta que darle. Aunque más no sea como una concesión hecha a regañadientes, y que nos tienen que hacer a nosotros (los que defendemos este proyecto a cambio de un vino y un chori), para no parecer unos adoquines. Aunque algunos ni siquiera se la crean del todo. Y ésa, hay que decirlo, es una batalla ganada y no tiene vuelta atrás. La gente ya no mira TN con los mismos ojos, ni lee Clarín de la misma manera. Al menos no el grueso de la gente.

Esto lo prueban la disminución de visitas al portal www.clarin.com y la caída en la venta de ejemplares de la versión impresa del diario. Chequeen sino.

Y fue gracias a esto que, poco a poco, se fueron dando las condiciones para que se haya podido llegar a plantear, impulsar y aprobar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y para que ahora se pueda plantear y discutir el proyecto de ley para declarar de interés público la producción de papel de diario. Haberlo intentado antes sin generar estas condiciones previamente hubiese significado un suicidio político. El país en llamas. Un hondurazo. Otra vez el helicóptero. No sé, mejor ni pensarlo.

Pero bueno, ahí está, ahí lo tenés: "Clarín miente". Y vení a discutírmelo, la puta que te parió.

Volviendo, no al bondi, sino al título de este post: el "Clarín miente" viene a ser el nuevo piso (usar las ideas de "piso" y "techo" para adornar una explicación me encanta), desde el cual tenemos que ir generando nuevas consignas. Hay que generar más y más sentido común, con ideas simples y de simple asimilación. Me refiero a que, de la misma manera que escuchamos en la calle un "lo que hace falta acá es mano dura", tenemos que lograr que salga a la cancha un "lo que hace falta acá es mayor redistribución de la riqueza" para que ambos se caguen dialécticamente a piñas.

Se me ocurren, a la sazón, algunas para ir practicando:

- "El estado tiene sí o sí que meter mano en la economía, sino estamos en el horno".

- "La inseguridad es producto de la desigualdad, no me vengas con boludeces".

- "Es simple: más industrias, más puestos de trabajo. Granero del mundo mis pelotas".

- "El golpe del 76 se dio con el fin de hacer cagar a la economía nacional y regalar nuestro patrimonio, qué guerrilla ni qué ocho cuartos".

- "Hay que llenar el parlamento y el gobierno de trabajadores".

Consignas que, tal como sucedió con el "Clarín miente" y la Ley de Medios, servirán a futuro de "colchón de sentido", como formas más rápidas y eficaces de generar conciencia, para ayudar a apuntalar socialmente a futuros proyectos de ley que vayan en el mismo sentido. Como el que presentó el diputado Héctor Recalde hace poco, impulsado por la CGT y basado en el artículo 14 bis de nuestra constitución, sobre la distribución de las ganancias de las empresas, por ejemplo. Para que a los trabajadores, a quienes esta ley obviamente beneficiaría de ser sancionada, no los tome desprevenidos repitiendo la bajada de línea que las patronales quieran que éstos repitan.

Se vuelve indispensable multiplicar por todas las vías esos conceptos que un militante se sabe de memoria, que entiende y defiende desde hace rato, pero que el resto de los mortales no está acostumbrado a escuchar, ya que no tiene de dónde hacerlo. Porque, entendámoslo, ése fue el gran logro del neoliberalismo, y sobre el que hay que laburar muchísimo: el haber conseguido que el llamado "sentido común", la frase hecha, el comentario en la cola del supermercado, el del taxista, el del vecino, el de la maestra en el colegio, etc., siempre tenga esa terrible baranda athink tank liberal conservador. El haber convertido al "ciudadano de a pie" en un militante neoliberal, sin que éste tenga ni siquiera noción de lo que eso significa.

Así que bueno, basta, ya fue. Ya estamos con las bolas por el piso de escuchar que acá los pobres son pobres porque quieren. Que hace falta mano dura. Que acá hay que legalizar la pena de muerte. Que los inmigrantes vienen a sacarnos los puestos de trabajo. Que los políticos son todos corruptos. Que las villas miserias son nidos de criminales. Que los jóvenes son todos pelotudos, borrachos y drogadictos. Que que nos gobierne un empresario nos garantiza que no va a robar, porque no le hace falta más dinero. Que es más enemigo del pueblo Luis D'Elía que la JP Morgan (bah, ¿qué carajo es la JP Morgan? Seguro que debe ser una facción de la juventud peronista. Es que con esa sigla, viste...). Ya basta. Queremos otra cosa. Y hasta que no veamos a dos vecinas barriendo la vereda y las escuchemos discutir sobre la redistribución de la riqueza, el impulso a la industria nacional, la necesidad de juzgar a los milicos de la dictadura y la unidad latinoamericana, no tenemos que ceder un puto tranco de pollo.

Y recordemos que la discusión hay que darla sin caer en academicismos, como estoy haciendo yo ahora al usar la palabra "academicismo". Hay que darla sin subirse al púlpito a declamar como un erudito. Sin querer emular a Ricardo Forster (a quien admiro y respeto muchísimo y lo creo totalmente imprescindible, desde ya, qué haríamos sin los intelectuales orgánicos...).

Bueno, decía... Hay que sacarse los moños y el birrete. Como lo hacía el general. Como lo hacía Jauretche. Usar términos simples, ironía, chistes, puteadas, juegos de palabras, refranes populares, frases cortas. Pegar, pegar y pegar. No irse por las ramas. Contundencia. Simpleza. Pim, pam, pum. Palo y a la bolsa. Como hace ahora Aníbal Fernández, por poner un ejemplo actual.

Porque, a no dudarlo, un “Sabsay cree que es constitucionalista porque toma el tren en Constitución” sacude más el avispero que 10 Cartas Abiertas. Le pese a quien le pese. Está clarísimo que ambas instancias de discusión son totalmente necesarias, pero, creo yo, lo primordial ahora es ganarle cada vez más terreno al sentido común hegemónico, ese que se replica una y otra vez en las calles.

Y basta ya de escribir. Con su permiso, me tengo que ir a la cola del super a departir con unas señoras, y de ahí a la panadería, al almacén, después a los barrios...

Nos vemos luego.

Romper con el mercantilismo nacional, por Juan Santiago Fraschina

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico 17/09/2010)

La escuela mercantilista tuvo su período de auge en Europa entre los siglos XV y XVIII en plena expansión del comercio exterior y de los comerciantes. La idea central de los mercantilistas era que la riqueza estaba constituida por los metales preciosos (oro, plata y bronce) y que, por lo tanto, el objetivo de todo país era acumular la mayor cantidad de metales preciosos posibles.
En este sentido, la mejor manera de aumentar el acervo de metales preciosos (al ser la moneda universalmente aceptada en ese momento histórico) era a través del comercio exterior a partir de exportar la mayor cantidad de mercancía e importar lo menos posible. En efecto, exportar implicaba entrada de metales preciosos e importar constituía salida de oro, plata y bronce.
Por lo tanto, para esta escuela el concepto central era el de la balanza comercial (exportaciones menos importaciones). La balanza comercial puede tener dos resultados: a) que las exportaciones sean mayores a las importaciones, esto es, superávit comercial; b) que las ventas externas sean menores a las importaciones, es decir, déficit comercial.

La balanza comercial superavitaria se traduciría entonces en acumulación de metales preciosos y en un enriquecimiento nacional. En contraposición, el déficit comercial implicaría la salida y desacumulación de metales preciosos y el consiguiente empobrecimiento del país. De esta manera, según los mercantilistas, los países –en su afán de aumentar la riqueza nacional– debían tender a conseguir un superávit comercial que le permitiera incrementar la cantidad de oro, plata y bronce.
Para este objetivo el papel del Estado era fundamental. Efectivamente, el intervencionismo del Estado en la economía era imprescindible para los mercantilistas para lograr una balanza comercial positiva y permitir, de esta forma, la entrada de metales preciosos. En la concepción mercantilista, cuanto más fuerte era el Estado más rica era la nación.

Sin embargo, el único objetivo que debía tener la intervención estatal para esta escuela económica era el aumento permanente de las exportaciones y la reducción constante de las importaciones, para lo cual recomendaron un conjunto de políticas económicas que debía llevar a cabo el Estado nacional.

Por ejemplo, para los mercantilistas era fundamental el proteccionismo para evitar un crecimiento de las importaciones y de esta manera reducir la salida de metales preciosos y el empobrecimiento del país. Por lo tanto, el establecimiento de aranceles a las importaciones por parte del Estado nacional era una política central para esta escuela.

Por otro lado, también recomendaron una serie de políticas para incrementar lo máximo posible las ventas externas. La creación de monopolios comerciales (una sola empresa por cada región con la cual se comercie) para evitar la competencia interna y de esta manera establecer el precio lo más alto posible para lograr la mayor entrada de metales preciosos.

Esta escuela económica se oponía a la competencia entre las empresas comerciales del mismo país debido a que generaba la reducción de los precios beneficiándose exclusivamente los países compradores que podían adquirir las mercancías a un precio reducido, pero perjudicándose el país vendedor porque eso se traducía en la entrada de una cantidad menor de metales preciosos.

Por lo tanto, para evitarlo, los mercantilistas recomendaron la consolidación por parte del Estado nacional de los monopolios comerciales pudiendo establecer los precios lo más elevados posible. Si bien se perjudicaba el país comprador, al tener que pagar un precio más alto por los productos, se terminaba beneficiando el país vendedor al recibir, debido al aumento del precio de los productos, una mayor cantidad de oro, plata y bronce y de esta forma la mayor acumulación de riqueza.
Pero si bien de esta manera se eliminaba la competencia interna, podría suceder que se compita con otra empresa comercial de otro país. De nuevo, esto generaría una competencia que se traduciría en una reducción de los precios. Ante esta situación los mercantilistas propugnaban por lo que se denomina como dumping, es decir, reducir los precios por debajo de los costos. Dicho de otra manera, según esta escuela económica, ante la competencia externa los monopolios comerciales debían funcionar a pérdida para destruir a la otra empresa comercial y volver a transformarse en la única empresa que vende a ese mercado.

Ante el dumping, el Estado debía ser el encargado de financiar a las empresas comerciales para cubrir la pérdida generada. Incluso, si la otra empresa comercial también hacía dumping ganaría aquella que tuviera detrás suyo al Estado más fuerte y poderoso que le permitiera financiarla por un tiempo más prolongado. Esto demuestra el objetivo central de la intervención del Estado en la economía para los mercantilistas: ganar la mayor cantidad de mercados externos posibles.
También recomendaron el incremento de las reexportaciones, esto es, comprar barato un producto en un país para luego venderlo más caro en otro. En este sentido, si bien la reexportación se traducía en una salida de metales preciosos para la compra de productos en otro país, al final del circuito comercial terminaban entrando más metales preciosos de los que salieron. Por lo tanto, las reexportaciones también implicaban un aumento de la acumulación de riqueza. Nuevamente, para llevar a cabo esta política económica era central el papel del Estado en la construcción de la flota naval necesaria para la reexportación.

Por último, otra de las políticas recomendadas por los mercantilistas era el aumento constante del saldo exportable, es decir, de las mercancías disponibles para las exportaciones. El saldo exportable es la diferencia entre la producción y el consumo interno. Por lo tanto, existen dos formas para incrementarlo: aumentando la producción y reduciendo el consumo interno.
En el corto plazo, donde es difícil conseguir un crecimiento de la producción, el aumento del saldo exportable se debe fundamentalmente a la reducción del consumo interno.

De esta manera, el aumento del mercado interno es contraproducente según los mercantilistas debido a que disminuye la cantidad de mercancías disponibles para las exportaciones. Incluso, recomendaban la reducción del consumo interno que permitiera aumentar la disponibilidad de productos destinados a las ventas externas y de esta forma conseguir la entrada de la mayor cantidad posible de metales preciosos.

En resumen, para la concepción y lógica mercantilista las economías deben estructurarse alrededor del mercado externo, siendo el crecimiento del consumo y del mercado interno contraproducente para el aumento de la riqueza nacional. Es cierto que existen algunos postulados del mercantilismo que fueron avanzados incluso para la actualidad. Por ejemplo, para esta escuela económica únicamente se debían importar materias primas que luego fueran manufacturadas internamente y que sean exportadas pero con un mayor valor agregado, lo cual implicaría una mayor entrada de metales preciosos de los que salieron con la importación de los insumos.

En la Argentina se consolidó, a lo largo de la historia, un mercantilismo miope que sólo rescata la peor parte de su teoría. En efecto, los dueños de la tierra y los productores de alimentos en la Argentina rescatan únicamente la idea de estructura la economía nacional en torno del mercado externo, pero además propugnan por la exportación de la mayor cantidad de mercancías posibles sin valor agregado.

En la actualidad, las entidades agrarias pretenden que la economía argentina centre su crecimiento económico sobre la base de exportaciones de productos primarios y básicamente de soja. Para este sector económico, aprovechar el contexto internacional de altos precios de los alimentos significa incrementar en forma permanente el saldo exportable como pretendían los mercantilistas. En este sentido, para las patronales agrarias el crecimiento del consumo de los argentinos de alimentos no es funcional a su lógica económica de exportar productos sin valor agregado.

Es por eso que se oponen rotundamente al nuevo modelo de desarrollo instaurado en el 2003, que implicó un aumento significativo del consumo interno a partir de la reducción de la desocupación como resultado del proceso de reindustrialización de la economía argentina, el aumento constante de las jubilaciones, el incremento de las remuneraciones de los trabajadores como resultado del retorno de las convenciones colectivas de trabajo, la suba de la inversión pública, los planes sociales como la cooperativas de trabajo y la asignación familiar por hijo, entre otras medidas. Este crecimiento del mercado interno se traduce en la necesidad de que los productores de alimentos deban destinar una gran parte de su producción al mercado interno, y reducir de esta manera su saldo exportable y su rentabilidad extraordinaria.

Entonces, según las entidades agrarias, aprovechar el contexto internacional es “venderle al mundo lo que el mundo necesita: alimentos”; lo cual significa aumentar el saldo exportable de alimentos a costa del consumo de los argentinos. Esto es el mercantilismo nacional míope: estructurar la economía argentina sobre la base del mercado externo, pero además, y a diferencia de los mercantilistas, sin ningún valor agregado.

Del otro lado, el modelo económico actual propugna por el aumento permanente del mercado interno como motor del crecimiento y por el incremento de las exportaciones de bienes manufacturados con un fuerte componente de trabajo nacional y desarrollo tecnológico. Porque aprovechar el contexto internacional no es vender lo que los países desarrollados consumen, sino más bien producir y exportar lo que los países centrales producen y exportan.

El autor es Economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP). www.geenap.com.ar
(Agencia Paco Urondo)

La participación de los trabajadores en las ganancias, por Ariadna Somoza Zanuy

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico 10/09/2010)

En la última semana se inició un debate que para los grandes medios de comunicación pasó algo inadvertido y, sin embargo, es de gran envergadura para la vida nacional, principalmente para la vida de los trabajadores y la construcción de un proyecto nacional y popular.

El diputado de la CGT Héctor Recalde, uno de los pocos representantes que tienen los trabajadores en el órgano legislativo, anunció la elaboración y presentación de un proyecto de ley que reglamente lo establecido en la Constitución Nacional respecto de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Esto generó una serie de entredichos entre él y Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT por un lado, con el titular de la UIA, Héctor Méndez, y el titular de la FIAT Argentina, Cristiano Rattazzi, por el otro. Sin embargo, algo que pasó más inadvertido aun, es el posicionamiento político acerca del tema que realizó el Gobierno nacional a partir de los dichos de la viceministra de trabajo, Noemí Rial, en una entrevista publicada en Tiempo Argentino el domingo pasado.

Como afirma Rial en dicha entrevista, la cuestión de la participación de los trabajadores en las ganancias está contemplada en la Constitución nacional, en el artículo 14 bis de la Constitución reformada en 1957 bajo la dictadura militar, que vino a derrocar el gobierno de Perón y con ello las victorias conquistadas por los trabajadores durante ese proceso político. Cabe aclarar que dicha reforma constitucional vino a borrar de un plumazo la Constitución del ’49, la cual señalaba en los artículos 38, 39 y 40: “La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”.

Dicha Constitución fue anulada bajo el criterio de haber sido sancionada en el contexto de un gobierno autoritario que no cumplió con las normas básicas institucionales para que la reforma tuviera la legitimidad necesaria. Nuevamente, la cuestión de la forma tapa la discusión del contenido: lo que se estaba intentando encubrir era la función social del capital y no cómo se había sancionado, ya que es incomprensible cómo hoy está en vigencia una Constitución reformada bajo una dictadura fusiladora como la Libertadora.

Es importante señalar esto para entender el contexto: estamos hablando de la participación de los trabajadores en las ganancias, algo que establece la Constitución reformada en 1957, y no de la función social del capital consignada en la Constitución peronista del ’49. A 61 años el piso de discusión es otro, y sin embargo la iniciativa fue tildada de cubanizante por el titular de la UIA.

El proyecto de Recalde se basa entonces en lo establecido por la Constitución nacional en su artículo 14 bis, en el cual se señala que “los trabajadores tienen derecho en la participación de las ganancias de la empresa, con control en la producción y colaboración en la dirección”. También está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo, en la cual se establece la presentación de un balance social para que los trabajadores puedan saber acerca del futuro de la empresa y, por ende, el propio, así como también tener información sobre las ganancias de la empresa y poder sentarse a negociar sus salarios y su participación en aquéllas.

La importancia de contar con esa información es imprescindible para los trabajadores. Esto lo demuestra el aumento del 32% que obtuvo el gremio de la alimentación, aumento que logró a partir del conocimiento de los balances de las empresas del rubro y su cotización en Bolsa.

Hoy en día sólo el 20% de las firmas cumplen con la obligación de presentación del Balance Social a los trabajadores con copia al Ministerio de Trabajo, obligación a la que están sometidas las firmas de más de 300 empleados. Entre los principales rubros que cumplen encontramos el telefónico, bancario y petrolero, rubros donde justamente los trabajadores tienen mayor poder económico en cuanto a su salario. La única forma de incrementar ese porcentaje, afirma Rial, es con la acción conjunta de los sindicatos y el Estado.

Puntualmente, el proyecto de Recalde contempla la conformación de un organismo tripartito entre la patronal, la CGT y el Estado, a través del cual se implemente. La idea central y más importante es la utilización del concepto de ganancia, ya que su importancia es la que define cuál es la participación de los trabajadores y no el tamaño o cantidad de trabajadores. Al gravar la ganancia, puede tratarse de establecimientos pequeños pero altamente tecnificados que genera altas utilidades, o puede tratarse de grandes grupos. A su vez, al tratarse de ganancias se le quita la posibilidad de argumento por parte de la patronal que la iniciativa genera desinversión, ya que la reinversión de utilidades no será contabilizada a los fines de la participación. Esto, entonces, generará el efecto contrario y promoverá la reinversión.

¿Cuál es la novedad de esta discusión? Que se empiecen a discutir las ganancias. ¿Por qué el salario de los trabajadores debe discutirse en paritarias con el Estado y la patronal, y las ganancias la patronal no las discute con nadie? Discutir con cuánto de la torta se queda el capital es un avance importantísimo en este proceso. Es discutir, nuevamente, cuál es la participación de los trabajadores en relación con el capital en el producto del país, en la riqueza que nuestro país produce.

Pero con la participación de los trabajadores en las ganancias no se está discutiendo esto sólo en términos salariales, sino que se discute a partir de cuánto de la ganancia del capital pueden apropiarse también. Y ni hablar si pudiéramos empezar a discutir, como también afirma la Constitución, acerca de la participación de los trabajadores en el control y direccionamiento del proceso productivo.

Los dichos de Méndez y Rattazzi son muy expresivos de la poca conciencia nacional de algunos de nuestros industriales. Subsumidos en la idea dominante de que el desarrollo proviene sólo si podemos exportar nuestros productos, antes únicamente agropecuarios y ahora también industriales, siempre dejan a un lado el de­sarrollo y calidad de vida del mercado interno, compuesto por los trabajadores en primer lugar. Desde esta óptica, al sector industrial le va bien si logra exportar, cuestión que bien está llevando adelante según los últimos datos sobre las exportaciones del sector que muestran cifras récord. Lo que intentan ocultar bajo esta argumentación es que no están dispuestos a discutir la distribución de la riqueza. Es por ello que comparan a nuestro país con Cuba, nada más ni nada menos.

Sin embargo, en dicho país no existe la ganancia, por tratarse de un país con un sistema económico socialista en el cual la propiedad es social y el Estado tiene mayoría accionaria en las empresas. En este caso bien vale la comparación con otros países dentro del sistema capitalista y de la región, entre los cuales encontramos distintos signos políticos y, sin embargo, ya cuentan con legislación y aplicación de regímenes de participación de los trabajadores en las ganancias, aunque de distintas maneras. Estos países son México, Perú, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela.

Estos ejemplos muestran que la verdadera discusión no es si nos acercamos cada vez más a Cuba, sino que dentro de los marcos del sistema capitalista hay países en los cuales los trabajadores están participando de las ganancias sin por ello tratarse de gobiernos socialistas o comunistas. Lo que no quieren discutir los titulares de la UIA y de la FIAT, por decir un ejemplo, es que puede existir un capitalismo donde no todo sea un viva la pepa, donde los trabajadores vayan adquiriendo cada vez más participación en la distribución de la riqueza y así alcanzar el anhelado 50%-50% que algunas vez supimos conseguir.

La discusión acerca de Cuba, Venezuela, socialismo, capitalismo, es una discusión del campo popular, a lo cual le podemos decir a Méndez y Rattazzi que nos la dejen a nosotros. Lo que ellos sí saben es que en cuanto vayamos avanzando en medidas como la participación de los trabajadores en las ganancias, por ejemplo, más se empoderan los trabajadores, sean ocupados o desocupados, más se empodera el campo popular para definir los rumbos del proyecto nacional y popular.

La autotra es Socióloga del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)

El rol de la inversión pública en los distintos modelos económicos, por Guido Patricio Filippo

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico 03/09/2010)

Dentro de los modelos macroeconómicos son muy frecuentes los escritos sobre cómo influyen en la economía la tasa de interés, las fluctuaciones de los diferentes mercados de bienes, de trabajo, la política monetaria, los superávit gemelos, etcétera. Pero a menudo suele dejarse de lado la importancia de la inversión pública, sobre todo por los economistas ortodoxos, quienes analizan la inversión del sector estatal como un gasto, sin determinar cuál es el rol que ocupa y ha ocupado en los distintos modelos. Sin embargo, a lo largo de la historia económica argentina la inversión pública ha sido relevante para cada modelo económico.

En este sentido, en la historia argentina se han desarrollado cuatro modelos económicos: el modelo agroexportador (1860/1880-1930), la industrialización por sustitución de importaciones (1930-1976), el modelo neoliberal de valorización financiera (1976-2003) y el modelo económico actual (2003-a la fecha). En cada uno, la inversión pública ha tenido diferentes orientaciones.

Durante el modelo agroexportador la inversión del Estado estuvo direccionada a favor de los grandes terratenientes y el establishment de la dirigencia política, quienes a través del PAN (partido autonomista nacional) elegían discrecionalmente a los presidentes. En este contexto, la inversión se destinó por ejemplo a la creación del ejército nacional, con el que se distribuyeron 6.000 soldados por todo el país y con el cual en 1879 el ministro de guerra, Julio Argentino Roca, llevó adelante la llamada “campaña del desierto” para aumentar la cantidad de tierra disponible para los grandes terratenientes.

Además, las inversiones se destinaron a obras públicas como la extensión de caminos, vías férreas, puentes y puertos, complementando la inversión que realizaban los capitales privados ingleses, quienes invertían debido a las amplias ventajas que les concedía el Estado nacional. Estas inversiones permitieron la construcción de la infraestructura necesaria para la consolidación del modelo agroexportador y para hacer productivas las enormes extensiones de tierras que había adquirido la oligarquía terrateniente.

Entre 1889 y 1908 se construyó el Teatro Colón, una maravilla arquitectónica que vimos nacer en el siglo XX, y que fue uno de los teatros más importantes del mundo y que representaba los intereses de la aristocracia y asimismo demostraba el colonialismo cultural de la época, debido a que se invirtió una gran cantidad de dinero imitando a los teatros de los países desarrollados.
De esta forma, la inversión pública durante el modelo agroexportador tuvo un papel central en el aumento de la desigualdad social, ya que se orientó a beneficiar a unos pocos y desarrollar un modelo que generaba una doble heterogeneidad interna: el aumento de la diferenciación social y regional.

Con la crisis económica de 1929 se “derrumbó” el modelo agroexportador y quedó muy marcado el grado de dependencia económica que había en ese momento. En efecto, la crisis de los países centrales se trasladó automáticamente a la economía nacional debido a que en el modelo agroexportador dependíamos del crecimiento del mercado externo en general y de Gran Bretaña en particular.

El proteccionismo de los países desarrollados que implicaron la caída de las exportaciones argentinas de productos primarios a los países centrales y la consiguiente disminución de las importaciones por la falta de divisas, obligó a la construcción del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Esto es, empezar a producir los bienes manufacturados que con anterioridad se importaban desde los países industrializados. En este nuevo modelo de desarrollo, la inversión pública cambió decididamente de rumbo. Si bien no se dio en los primeros años que se conocen como “la década infame”, este cambio de orientación de la inversión estatal se produjo fundamentalmente a partir de la llegada de Juan Domingo Perón al poder.

El cambio de paradigma sobre la inversión implicó que el Estado comenzó a invertir en favor de los sectores populares. Perón ya desde la Secretaría de Trabajo y Previsión empezó a tomar medidas trascendentales en favor de los sectores más vulnerables: estableció el seguro social y las jubilaciones, beneficiando a dos millones de personas; el Estatuto del Peón Rural que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los empleados rurales y vacaciones anuales pagas, para lo cual luego creó complejos enteros para que los trabajadores pudieran ir con sus familias (como lo son los hoteles de Chapadmalal y el complejo de Embalse en Córdoba).

En la década del ’40 se empiezan a estatizar los servicios públicos: se adquieren los ferrocarriles, teléfonos, empresas alemanas que fueron la base del grupo DINIE (Dirección Nacional de Industrias del Estado), entre otras. A través de los planes quinquenales se planificó cómo y hacia dónde tenía que estar orientada la inversión pública. Se crea la Empresa Nacional de Energía, quien tuvo a su cargo la instalación de 37 plantas hidroeléctricas. A través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales se inició la explotación de las minas de Río Turbio. Se creó gas del Estado.

Todas estas medidas se terminaron de consagrar en la Constitución de 1949, donde se declara al Estado dueño natural de los servicios públicos y de la fuente de energía de nuestro país. Creció la inversión en salud, educación y viviendas. Aumentó el empleo público.

De esta forma, la inversión durante el modelo económico peronista se destinó a que el Estado adquiera recursos para mejorar el nivel de vida de los trabajadores, aumentándoles sus salarios y dándoles derechos que durante tantos años se les habían negado.

Sin embargo, el 24 de marzo de 1976 la junta de comandantes depone a la entonces presidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón, lo cual implicó un nuevo giro en la política económica. Se terminaba la etapa de la sustitución de importaciones para pasar al modelo neoliberal de valorización financiera, donde a la inversión del Estado se la empezó a considerar como un gasto.

En una primera fase, la dictadura militar comenzó a desmantelar a las empresas estatales como es el caso de YPF quien realizaba subcontrataciones a empresas privadas (ESSO y Shell) para explotar las zonas que ya habían sido previamente analizadas por la empresa estatal, quitándole de esta manera recursos al Estado: lo que antes podía recaudar, ahora quedaba concentrado en empresas privadas. Por otro lado, existió una política de endeudamiento público exorbitante. En efecto, la deuda externa pasó de 8.000 millones a?46.000 millones aproximadamente en siete años.

En los años ’90 se profundizó el modelo neoliberal impuesto a mediados de la década del ’70 transfiriendo entre otras cosas las empresas públicas al sector privado. No sólo se regalaron las empresas sino que además se les concedió en forma exclusiva, las cuales no realizaron ningún tipo de inversión con respecto a los compromisos que habían asumido dejando además al Estado sin recursos.

En este contexto, comenzó un proceso de reducción constante de la inversión pública, lo que generó entre otros factores que aumenten la desigualdad social, la pobreza, la indigencia y la desocupación, es decir, el incremento de la exclusión y marginalidad de amplios sectores de la sociedad argentina.

Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, el 25 de mayo de 2003, se terminó con 30 años de neoliberalismo y se construyó un nuevo modelo económico caracterizado por la reindustrialización de la economía argentina y el aumento de la inclusión social, en el que la inversión pública volvió a ser uno de los ejes centrales de la política macroeconómico.

En el nuevo modelo de desarrollo se instrumentó una política fiscal expansiva con un aumento permanente de la inversión del Estado en la construcción de infraestructura y política de subsidios para la contención de precios. Uno de los resultados más destacados de la política fiscal es el crecimiento continuo del mercado interno a partir del aumento de la demanda y la creación de más de 4 millones de puestos de trabajo.

Además, se produjeron aumentos sostenidos de las jubilaciones, los salarios y los ingresos, que se traducen en un fuerte incremento del salario mínimo vital y móvil, mejoras periódicas en las jubilaciones y la asignación universal por hijo que constituyó el plan social más ambicioso de América latina.

En este nuevo contexto se está llevando a cabo desde el Estado nacional un plan estratégico de desarrollo territorial formado por viviendas, rutas y caminos, agua y cloacas, obras hídricas, escuelas y universidades, infraestructura energética, etcétera. Nuevamente, en el modelo económico actual la inversión pública ha sido de suma relevancia para incluir a los sectores marginados de la sociedad luego de treinta años de neoliberalismo.

En resumen, la política de inversión pública ha sido central durante los diferentes modelos económicos beneficiando a uno u otro sector de la sociedad argentina. El año que viene se va a elegir entre dos modelos distintos: los que quieren profundizar la inversión pública en favor de los sectores populares o los que quieren una inversión del Estado reducida y para favorecer a un grupo minoritarios de individuos.

El autor es integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar

(Agencia Paco Urondo)

Presentacion 2º Libro de GEENaP

Capital Federal (Agencia Paco Urondo)

(Agencia Paco Urondo)

Bases para una economía nacional y popular, por Gonzalo Flores Kemec

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico el 27/08/2010)

En otro artículo nuestro publicado en Buenos Aires Económico (“La escolástica económica y los modelos”) habíamos esbozado una crítica a cierto saber económico, identificado con el establishment académico y empresarial, sin plantear qué tipo de práctica debería erigirse como alternativa. El objetivo del siguiente escrito es delinear de forma preliminar y a grandes rasgos los puntos de partida para la construcción de un saber económico ligado a lo concreto y a la actividad práctica de transformación que ejercen los agentes sociales.

Podemos comenzar nuestra reflexión señalando que el “alejamiento” de la disciplina económica como práctica de producción de conocimientos sociales explica el “estatus y poder social” con que ésta cuenta, el “prestigio” en otras palabras, que obtienen los economistas al alejarse del vocabulario y el saber popular. transformándose, por medio de esta operación de alejamiento, en una disciplina puramente tecnocrática, cuyo acceso depende de la adquisición de un discurso particular y bastante limitado.

Los poseedores de tal “saber económico”, en tanto “grupo de elite”, se legitiman ensanchando la brecha entre las representaciones y los sentires populares y su propia práctica discursiva, creando así un círculo vicioso de retroalimentación entre legitimidad y aislamiento.

Por otro lado, y desde un punto de vista más “epistemológico”, resulta bastante paradójico observar que aquellos mismos tecnócratas de la economía, al mismo tiempo que aíslan su campo discursivo, volviéndolo “oscuro” al lego, apelan continuamente al “sentido común”, entendido éste como una serie de presupuestos teórico-políticos de partida y a priori, que permiten predecir un cierto “estado natural” de lo social.

Ese sentido común no es otra cosa que un determinado “estado” ideológico particular de una sociedad determinada; las representaciones y nociones de los grupos dominantes, que cuentan con un acceso privilegiado a los canales de difusión y comunicación de las ideas.

Tal aparente contradicción entre extrema cerrazón del campo teórico y discurso subsidiario de las fórmulas del saber ramplón o “cualunque” que construye el sentido común (ejemplificado en fórmulas tales como “se dice que…”; “todo el mundo sabe…”; “es para cualquiera, obvio que…” y otras) refuerza el efecto de alejamiento de los problemas reales y concretos –esto es, políticos– que atraviesan la sociedad.

Ahora bien: si el binomio que daba fuerza a la escolástica económica estaba compuesto por dos pilares fundamentales, a saber la “rigurosidad técnica” y el “poder predictivo”, ejemplificados en la extrema matematización de la disciplina, es a partir del proceso crítico que atraviesa el capitalismo desde comienzos de la década del 2000 hasta la actualidad que se derriba particularmente el segundo supuesto.

Con la caída en desgracia de la principal economía mundial, y el efecto de arrastre sobre toda la metrópoli capitalista ligada estrechamente a aquélla, cae la legitimidad conferida a la ortodoxia económica en lo relativo a su “poder predictivo”.

Anulado este supuesto por los hechos mismos, ¿qué puede sobrar para la tan mentada “rigurosidad técnica”? Puesto que continuar asumiendo tal rigurosidad implicaría aceptar automáticamente que la “cientificidad” de la ciencia económica yace sólo sobre una serie de silogismos tan cerrados como incontrastables, operaciones algebraicas que carecen en efecto de cualquier conexión con el “exterior” social. Y es ahí, casi en el campo de la religión, donde sólo resta continuar aceptando la ortodoxia como una forma de escolástica económica.

Por otro lado, no debería resultar llamativo por qué un fenómeno de carácter crítico, social y emergente produce un efecto de crisis sobre una esfera teórica y académica. Este tipo de procesos ya se ha dado con anterioridad en la historia de la cultura humana, envolviendo al saber en todas sus formas.

De hecho, y para el caso argentino, fue la enorme crisis social del 2001 la que posibilitó, a través de las formas de participación política y sus repercusiones institucionales abiertas por ella, el desplazamiento del discurso único neoliberal en el campo económico y su paulatino reemplazo por otras voces dentro del campo teórico de la economía, otrora desplazadas y silenciadas a lugares marginales.

Con todo esto bajo consideración, y visualizando en perspectiva nuestras condiciones sociales e históricas concretas, ¿qué clase de saber económico, esto es social, deberíamos producir desde una visión situada con miras a pensar el desarrollo nacional desde una posición de beneficio y bienestar para los sectores populares?

Evidentemente se trataría de un saber novedoso, al menos en el sentido de no repetir –de mínima– o directamente romper –de máxima– con los viejos puntos de partida de la escolástica económica y también, hasta cierto punto al menos, con los axiomas de la antigua escuela del desarrollo.

Veámoslo más claramente con un caso concreto: la discusión en torno del problema inflacionario. Resulta claro que, al considerar y estudiar la larga historia nacional, vemos que el pueblo argentino ha contado con una gran tradición de lucha y reivindicación en materia de derechos sociales. Un tristemente célebre ejemplo de esto es que, para lograr la imposición absoluta de la hegemonía de los grandes grupos económicos y la destrucción del proceso de industrialización en marcha, las elites nacionales debieron recurrir al sangriento golpe del ’76, como último recurso y solución definitiva al problema del disciplinamiento social.

Al día de hoy, los voceros del establishment identifican el problema inflacionario como un exceso de la demanda y como un síntoma de la excesiva “voracidad” de los asalariados que constantemente piden más recursos, y de “irresponsables y demagógicos” funcionarios de Estado que derrochan las arcas del Estado en pos del consumo popular indiscriminado, precipitando con este comportamiento “vicioso” una nueva crisis hiperinflacionaria. Probaremos que esta visión ideológica y parcial tiene total coherencia con aquella que planteó el agotamiento del modelo ISI a mediados de los ’70.

Es lógico que, con su larga tradición y memoria histórica, el pueblo argentino exija recomponer sus salarios especialmente en este período de bonanza económica generalizada, habiendo alcanzado los niveles que alcanzó antes de la llegada de la dictadura militar.

Son dos visiones contrapuestas, atravesadas por una disputa política fuerte, que definen en consonancia dos modelos de país muy distintos.

En esta puja, quienes se sitúan del lado de la “objetividad científica” confieren legitimidad teórica a los voceros de los grupos económicos y los monopolios, que en su pelea por la apropiación del excedente generado por tal bonanza, buscan imponer un rumbo y un modelo nacional determinado, exacerbando la dependencia interna y externa, reclamando continuamente por el “agotamiento” del modelo, y su cambio por uno más acorde a sus necesidades (de concentración y exclusión).

De cualquier forma, y debido al excelente desempeño a niveles macro, resulta difícil para la escolástica económica encontrar algún punto concreto por el cual justificar su constante apelación al apocalipsis inminente, corriendo todo el eje de la discusión a la puja distributiva inflacionaria, y de modo profundamente hipócrita, derivando en el continuo uso de argumentos oportunistas para pegarle al Gobierno nacional por izquierda, forzando de esa forma la propia situación crítica “predicha” por esos mismos voceros.

Queda en evidencia como la bancarrota ideológica de la elite nacional es total, al punto de quedar en manos del monopolio comunicacional la bajada de línea para la desorientada dirigencia opositora.

Finalmente, y a modo de conclusión, volvemos a un nivel más abstracto y estrictamente “epistemológico” para señalar que el problema entonces no pasaría, en nuestra perspectiva, por reclamar para el saber económico “poder predictivo” alguno, a priori; librándonos así, en un mismo movimiento de cualquier necesidad de “gurúes” y “manochantas” económicos.

El saber económico, en tanto saber social, tiene validez para un pueblo como acervo cultural, histórico y, valga la redundancia, social. Cultural porque se encuentra ligado inevitablemente al particularismo de las condiciones concretas que lo producen. Histórico, porque así como fue generado y producido en aquellas condiciones concretas, puede y debe ser modificado en el tiempo. Y social porque en tanto es producido por los propios agentes de una sociedad, sólo es válido en tanto se encuentra al servicio de la resolución y la transformación de los problemas y estructuras sociales que se ciernen sobre la práctica de esos agentes.

El autor es integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP-Mendoza) www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)

La obstinación de desfinanciar al Estado nacional, por Exequiel Cunibertti

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico el 25/08/2011)

La semana anterior analizamos los riesgos que representarían para el país modificar el esquema de retenciones por su doble carácter de desacoplar los precios internacionales y redistribuir las rentas extraordinarias a los sectores populares y a la industria. Es una realidad que a pesar de haber sufrido la peor sequía de los últimos 20 años y en el contexto de la crisis financiero-económica más importante de los últimos 80 años, la economía argentina, gracias a las políticas económicas, fiscales, monetarias y sociales que desde el Gobierno nacional se implementaron, el año 2009 pasó sin mayores sobresaltos y el crecimiento económico se retomó de manera muy importante durante el primer semestre de 2010.

Por este motivo, la agenda mediática-legislativa se impulsa desde varios puntos para afectar seriamente la estabilidad y el crecimiento nacional. Mucho se está hablando en los medios de comunicación sobre el inquebrantable reclamo para la caída de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, el reclamo versado sobre la eliminación o modificación de las retenciones al sector agroexportador y la urgencia sobre el aumento de las jubilaciones hasta alcanzar el 82% móvil.
Y no casualmente encontramos a representantes de importantes sectores económicos –empresarios de multimedios incluidos– reunidos con legisladores de la oposición y con candidatos presidenciables.

La lectura más simple de esta realidad indica que los sectores económicamente concentrados no están dispuestos a permitir la consolidación de la reactivación económica del país y por lo tanto no se plantean como objetivo la mejora social sustentable y conjunta de la Nación. Su único interés parece estar centrado en debilitar a un gobierno que a partir de julio de 2009, pese al resultado de las elecciones legislativas, no ha parado de mejorar su imagen positiva en las diversas consultas de opinión. Su ambición ya no refiere únicamente al poder del dinero, sino también al poder político. Han leído las palabras de Milton Friedman: “Toda crisis real o percibida es la única que genera un cambio verdadero”, y quieren encaminar a la República Argentina hacia eso, hacia la crisis.

Pero cabe rescatar que a la hora de hablar de estos fuertes planteos, algunos cuentan con un mayor consenso social que otro. El incremento del salario jubilatorio se encuentra hoy entre los temas de agenda y esto es gracias a la decisión política gubernamental de la nacionalización del sistema previsional –es de particular consideración que muchos de los legisladores que hoy lo impulsan votaron contra la finalización del sistema de jubilación privado de AFJP–. Pero se deben realizar algunas importantes preguntas para hablar sobre el 82% móvil: ¿se puede financiar el 82% sobre el salario mínimo vital y móvil? ¿Con qué recursos?

Aquí encontramos el principal escollo de las propuestas legislativas para impulsar este proyecto: el tema del financiamiento. Nadie en el campo nacional y popular podría estar en contra de una medida de inclusión y de mejoramiento social, es una bandera que hemos levantado históricamente.
Pero aquí nos surge otro cuestionamiento: ¿cómo efectuarlo para que sea sustentable en el tiempo sin afectar el desenvolvimiento económico nacional?

En primer lugar es importante aclarar que la administración del Estado durante los últimos siete años ha llevado la jubilación mínima de $150 a $1.090, conformando incrementos paulatinos y de manera sustentable para llevarlo a cabo de manera fáctica y real y de esta manera mejorar la situación socioeconómica de un sector históricamente postergado. Asimismo, agregó al sistema previsional a más de 2,5 millones de jubilados.

Ahora bien, con la aprobación del 82% móvil la realidad indica que el importe a incrementar el gasto público ronda los $140.000 millones. Esta cifra no es la que están debatiendo los legisladores. Por ejemplo, según el diputado Claudio Lozano llegaría casi a $20.000 millones. Pero sobre ese cálculo y ante tamaña diferencia de presupuestación es menester aclarar que no regiría únicamente para las jubilaciones mínimas, sino que mediante la aplicación del principio de igualdad ante la ley alcanzaría a todas las jubilaciones que actualmente se abonan en la República Argentina.
En este sentido, el dictamen de mayoría aprobado en la Cámara de Diputados no contempla forma de financiamiento por fuera de los recursos genuinos obtenidos por la Anses. Por su parte, el dictamen de minoría, en cambio, planteaba algunos aspectos, aunque sin cubrir la necesidad total de financiamiento.

Además, las consideraciones realizadas por el proyecto aprobado en mayoría sobre el financiamiento del 82% móvil a través de los recursos genuinos de la Anses son inexactas. Esta cifra del 82% implica que al menos tres trabajadores en actividad financien a un jubilado a través de los aportes personales y patronales. La realidad indica que el sistema actual posee 1,5 trabajadores para financiar a un jubilado debido a la gran informalidad existente y que por lo tanto este financiamiento carece de sustento. Por lo tanto, a través de los recursos genuinos de la Anses no se llega a financiar el dictamen aprobado por moción del denominado Grupo A.

Por otro lado, según el proyecto presentado por el bloque parlamentario Proyecto Sur, se planteaba cubrir esa cifra mediante el restablecimiento de los aportes patronales reducidos por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Sin embargo, según las estimaciones realizadas, recomponer los aportes patronales no cubre la cifra requerida –alcanzaba a financiar tan sólo al 60%–. Y el resto de las fuentes de financiamiento propuestas, como gravar la renta financiera, no cubre el 40% restante.

De esta manera, podemos afirmar que en caso de aprobarse en el Senado el proyecto que tiene media sanción, el panorama nacional a nivel económico se podría volver imprevisible. El aumento del gasto primario sin financiamiento –los desembolsos en concepto de jubilaciones y pensiones durante el 2009 rondaron el 40% del gasto primario total– podrían provocar una severa crisis fiscal y en este sentido un fuerte impedimento al Estado nacional para intervenir en la economía de manera de efectuar políticas anticíclicas para moderar los efectos de la crisis económica. Porque si bien la Argentina ha salido del cimbronazo mundial sin mayores complicaciones, esto ocurrió porque existió una administración pública que basa sus políticas en la sustentabilidad para el largo plazo.

La historia ha marcado ya en nuestras retinas las consecuencias de los déficits fiscales. Pensemos en la presidencia de Alfonsín declarando la emergencia previsional. Pero sin irnos tanto en el tiempo el gobierno de la Alianza con la reducción de los haberes jubilatorio en pos del equilibrio fiscal, el ajuste y el hambre de un pueblo que llevó a la salida anticipada de Fernando de la Rúa.

Con el plan de financiamiento propuesto, el Estado debería dejar de otorgar créditos blandos a la producción agropecuaria y otras actividades productivas que requieren la intervención estatal para ser rentables, para generar más cantidad de puestos de trabajo y de mejor calidad, para mantener los más de 4,5 millones de puestos de trabajos recuperados desde el año 2003.

El proyecto de ley votado carece de fuentes de financiamiento, no poseen pautas claras sobre cómo solventar el incremento del gasto de manera íntegra y sostenible a lo largo del tiempo. Este proyecto de ley debe ser analizado como una mera declaración de intenciones o como una operación política que persigue fines electoralistas, y buscan o bien desgastar la imagen del Gobierno nacional forzando al veto presidencial, o bien apostar a una crisis económica y social que los deposite en el poder de manera anticipada.

Si se aplicaran todos los proyectos de ley impulsados por la oposición se marcharía a un default fiscal que en el mediano plazo obligaría a reducir las jubilaciones. En efecto, por un lado proponer aumentar el gasto público a través de la ley del 82% móvil y por otro proponen reducir el financiamiento del Estado nacional a través de la reducción de las retenciones y coparticipar el impuesto al cheque a las provincias.

Por lo tanto, para poder hablar de un incremento de las jubilaciones de manera viable y sustentable en el tiempo es necesario profundizar el modelo económico actual. Por ejemplo, a través de dinamizar el tratamiento parlamentario de la Ley de Entidades Financieras que regule una actividad altamente rentable y que se encuentra regida por una ley de la última dictadura militar que permita avanzar en el proceso de reindustrialización con inclusión social iniciado en el 2003, y de esta manera transitar los pasos hacia la justicia social en la República Argentina.

El autor es integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP). www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)

Agenda de Actividades del GEENaP

Capital Federal (Agencia Paco Urondo)
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El dia martes 10 de Agosto, en Hurlingam, se realizo la apertura del taller de formacion economica "Saber para Defender" organizada por los compañeros de Peronismo 26 de Julio. Con la disertacion de Juan Santiago Fraschina (Economista, integrante de GEENaP)

El dia Sabado 23 de Julio, en la localidad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, se realizo una charla titulada: "Modelo Economico Kirchnerista". La disertacion estuvo a cargo de Juan Santiago Fraschina integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular.

(Agencia Paco Urondo)

Retenciones, una nueva disputa, por Exequiel Cunibertti

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico 13/08/2010)

La República Argentina ha superado la mayor crisis económico-financiera de los últimos ochenta años sin efectos devastadores para su economía. La consolidación de la recuperación económica, en un contexto internacional aún en crisis, depende en gran cuantía de la intervención del Estado en el de­sempeño económico.

Si a la crisis le sumamos que un sector importante de la economía nacional, el agropecuario, enfrentó la mayor sequía de los últimos veinte años, es menester entonces reconocer la gestión del Estado para suavizar los efectos de dicha crisis.

Debemos analizar que si bien el foco de eclosión de la crisis –los Estados Unidos– está mostrando síntomas de recuperación, dicha crisis se ha trasladado ahora a Europa. Las crisis de Grecia, España, Irlanda y Portugal en materia financiera y en sus derivaciones económicas y sociales, han demostrado sus efectos más resonantes en el primer semestre del 2010. Consecuentemente, otros países europeos, como Alemania y Francia, están efectuando políticas de ajuste en sus economías que probablemente generen mayores costos sociales y económicos en la región, profundizando de esta manera la situación.

En el panorama actual, el crecimiento argentino es de un promedio del 7% anual, crecimiento que está basado en el impulso del consumo interno, en especial de bienes durables.

El escenario reafirma entonces políticas redistributivas, como la asignación universal por hijo (AUH), orientada a dar cobertura social a seis millones de niños menores de edad desprotegidos; el Plan “Argentina trabaja” (generando 100.000 nuevos puestos de trabajo genuino); el Plan Repro (subsidiando a empresas en riesgo, con el fin de evitar pérdidas de puestos laborales e impactando beneficiosamente sobre gran cantidad de pymes); los subsidios a la producción (creando sustentabilidad para los sectores empresariales afectados por el escenario de crisis), como también el incentivo estatal a la conformación de paritarias para la discusión salarial de los trabajadores.
Todos estos programas y decisiones políticas buscan apuntalar el crecimiento económico y la inclusión social. Se puede establecer entonces la línea de acción gubernamental en materia socioeconómica: dar protección a quienes se encuentran fuera de cobertura, generar más cantidad de puestos de trabajo genuino, mantener los puestos creados hasta el momento (mas de 4 millones) y mejorar la participación de los trabajadores ya incluidos.

Retomando el panorama legislativo, los avances en la materia económico-social que ha generado el oficialismo a través de la gestión del Estado, se encuentran en la actualidad puestos en juego en el seno del Poder Legislativo. El denominado Grupo A está planteando la eliminación de las facultades delegadas y modificar el esquema de retenciones. Esto busca limitar el poder de gestión del actual Gobierno a partir del desfinanciamiento del Estado y así coartar los efectos redistributivos llevados adelante desde el 2003 y exponer al país al contagio respecto de la crisis financiera internacional, generando un recorte presupuestario a la asignación de recursos económicos diseñados en función de las necesidades del pueblo. El objetivo para la oposición es imponer una recesión económica que atienda sus intereses electorales de cara al 2011.

Si bien no existe una proposición concreta, la intención es modificar la base fundamental del actual modelo económico: el esquema de retenciones a las exportaciones. La masa dineraria que deviene en ingresos fiscales al Estado a partir de las retenciones presupuestados para el presente año 2010 es de $41.500 millones, de los cuales alrededor del 50% provienen de la exportación de soja, una cifra que se encuentra en alrededor de $20.000 millones.

Desfinanciar al Estado en semejante cuantía puede producir un quiebre del crecimiento económico y un fuerte efecto retractivo en la redistribución del ingreso. Imaginemos que a partir de lo recaudado en concepto de soja el Estado nacional coparticipa a las provincias y municipios a través del Fondo Federal Solidario el 30%, es decir, una cifra cercana a los $6.000 millones que van directamente aplicados a obras comunitarias, pavimentaciones, plazas, paseos y otros requerimientos de infraestructura en cada uno de los distintos municipios y provincias del país.

A partir de este hecho, algunos sectores, tanto de las entidades agrarias como algunas consideraciones de legisladores y referentes políticos, dan indicios de que las retenciones a la soja no sean cuestionadas. De esta manera, la cifra que el Estado nacional dejaría de percibir en concepto de retenciones sería cercana a los $6.000 millones. Quizá alguno pueda considerar esta cifra como un importe menor, pero vale destacar que con una decisión parlamentaria como ésta, se podría ver afectado el 60% de lo destinado a la protección social de 6 millones de chicos o bien reducir la asignación tan sólo a 2,4 millones de niños, dejando marginados a los 3,6 millones restantes.

Las justificaciones de la oposición y las entidades rurales afirman que el volumen de la cosecha actual supera en un 54% al volumen de la cosecha 2008/2009. De esta manera, en el 2010 no se presentaría un serio inconveniente financiero. Sin embargo, la eliminación de las retenciones limita la intervención del Estado ante un contexto de crisis económica mundial, además de limitar su capacidad de respuesta ante factores no controlables, como por ejemplo el factor climático.

La vulnerabilidad económica nacional sería mucho más grave que lo que fue, por ejemplo, el período de sequías de la cosecha 2008/2009. El Estado debería recortar los subsidios a los distintos sectores agropecuarios, como por ejemplo la producción lechera y ganadera, los feedlots, los créditos blandos al sector agropecuario, entre otros.

Ahora bien: ¿cuál ha sido el objeto de las retenciones? Básicamente dos: por un lado, recaudar para redistribuir, y por otro, desacoplar los precios internacionales de los alimentos para acrecentar el consumo interno.

A partir de la megadevaluación del 2002 el sector agropecuario se vio muy beneficiado por la recuperación de competitividad externa, motivo por lo cual el volumen exportado por dicho sector económico tuvo un exponencial crecimiento. El esquema de $1 = u$s1 fue reemplazado por una paridad monetaria de $3 = u$s1. En síntesis, el productor agropecuario a partir del 2002 comenzó a obtener más cantidad de pesos por la misma cantidad de producto exportado con anterioridad a la devaluación y de esta manera, sin retenciones, el sector agropecuario hubiese triplicado sus ganancias. Las retenciones agropecuarias buscaban entonces distribuir la renta del sector agropecuario al sector industrial, para recuperar los puestos laborales perdidos durante la década anterior y provocar un fuerte proceso de inclusión social.

El objeto de retener para redistribuir el ingreso implica limitar la fuerte competitividad del sector agropecuario y otorgar las condiciones básicas para incrementar la competitividad del sector industrial, que genera mayor cantidad de puestos de trabajo y trae aparejado el crecimiento de la innovación productiva. Para reflejar la competitividad del sector agropecuario, debemos remarcar el fuerte crecimiento de los precios internacionales de los commodities alimentarios, en especial el de la soja, que durante el 2008 alcanzo los u$s573 por tonelada.

Los tiempos del lockout patronal producto de la resolución 125 tuvieron otro contexto, ya que durante el 2008 los precios internacionales de los granos subieron de manera exorbitante. De esta manera, los productores agropecuarios no sólo obtenían más pesos por producto exportado, sino que también comenzaron a obtener mayor cantidad de dólares por el mismo volumen de producto.
Pero la función de desacoplar los precios internacionales de los productos primarios al precio que los argentinos puedan pagan por los alimentos tiene un carácter sustancial: mantener e incrementar el consumo interno y evitar el desabastecimiento de dichos productos.

La doble función de las retenciones consiste en limitar las ganancias extraordinarias del sector agropecuario, debido a la devaluación y la competitividad del sector e impulsar el incremento de la participación industrial en el PBI, al tiempo que se garantiza el nivel de consumo interno. Esto claramente se pudo lograr y el crecimiento y la participación industrial hoy es una realidad tangible en la economía nacional. El defender la mesa de los argentinos es una tarea ardua aun hoy en día, dada la fuerte concentración económica existente en los sectores productores de alimentos, que se consolidan como formadores de precios, atentando contra las necesidades populares.

Una Argentina sin retenciones agropecuarias podría llevar la economía a una situación de vulnerabilidad y dependencia económica, tanto por motivos endógenos y exógenos como por los factores climáticos, poniendo así en jaque la sostenibilidad industrial, la seguridad alimentaria nacional, los puestos de trabajo recuperados, el salario real de los argentinos y los avances sociales conseguidos en estos últimos siete años.

El autor es integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar

(Agencia Paco Urondo)

Modelos económicos y resultados, por Juan Santiago Fraschina

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico 06/08/2010)

Generalmente los economistas neoliberales que prevalecieron durante la década del ’90 asociaban el éxito o no de un modelo económico al crecimiento del producto bruto interno (PBI). En este sentido, cualquier modelo que generara expansión del producto podría ser catalogado como exitoso.

Con esta visión, entonces, el modelo de convertibilidad puede ser calificado como exitoso gracias a que en él se había producido una expansión del PBI. Lo mismo sucede con el modelo agroexportador (1880-1930) que se tradujo en una fuerte expansión del producto.

Sin embargo, en la actualidad es claro que el crecimiento económico puede estar asociado a la mayor exclusión social. En otras palabras, el aumento del PBI puede producirse al mismo tiempo que se incrementan la desocupación, la subocupación, la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso como sucedió tanto en el modelo agroexportador como en el régimen convertible.

Por lo tanto, es fundamental diferenciar tres pilares centrales de un modelo económico: las políticas económicas, los objetivos intermedios y el objetivo final del modelo. Es el objetivo final el que determina en última instancia el éxito o el fracaso de un modelo económico y no las políticas económicas ni los objetivos intermedios.

Entre las políticas podemos mencionar, por ejemplo, las privatizaciones o la estatización de las empresas públicas, el tipo de cambio fijo o la devaluación de la moneda, la apertura comercial o el proteccionismo, la desregulación de los mercados o los precios máximos, entre otras. Las políticas económicas no deben ser los objetivos del modelo sino más bien instrumentos coyunturales para la obtención del objetivo final.

Asimismo, entre los objetivos intermedios podemos mencionar, por ejemplo, el aumento del producto bruto interno, el incremento de la inversión, el aumento o la reducción de la deuda externa, el crecimiento de la extranjerización o de la nacionalización de la economía nacional, el aumento o no de las exportaciones e importaciones. De nuevo, el éxito de los objetivos intermedios o no dependen de si nos acercan o alejan del objetivo final del modelo económico.

Por lo tanto, surge la pregunta central: ¿cuál es el objetivo final de todo modelo económico? La respuesta es sencilla: el mejor nivel de vida de la población. Desde el punto de vista económico esto implica la reducción del de­sempleo, del subempleo, de la pobreza, la indigencia; el aumento de los salarios y las jubilaciones y la mejor distribución del ingreso. Entonces, el éxito o el fracaso de un modelo económico depende de si los individuos viven mejor o no.

Por ejemplo, el modelo de la convertibilidad estaba compuesto por un conjunto de políticas económicas, como por ejemplo el tipo de cambio bajo y fijo, la apertura comercial, la desregulación de los mercados, la flexibilización laboral y la privatización de las empresas públicas. A partir de este conjunto de políticas económicas se produjo, entre otros objetivos intermedios, una expansión del producto. Para los economistas ortodoxos la expansión del PBI permitía sostener lo exitoso del modelo instaurado en la década del ’90, confundiendo de esta forma los objetivos intermedios con el objetivo final.

Sin embargo, el régimen convertible se tradujo en un aumento permanente y constante de la desocupación, subocupación, la indigencia, la pobreza y la concentración del ingreso. Es decir, como resultado del modelo de convertibilidad se produjo un empeoramiento en el nivel de vida de los argentinos, lo cual implicó un alejamiento del objetivo final de todo modelo económico. Esto nos permite afirmar que el régimen instaurado en la década del ’90 fue un rotundo fracaso.

A partir del 2003 se instauró un nuevo modelo de desarrollo determinado por la aplicación de un nuevo conjunto de políticas económicas entre las cuales podemos destacar un tipo de cambio competitivo, el aumento constante del gasto público, una fuerte política de subsidios, el incremento de la regulación de los mercados a partir del retorno de los precios máximos, la aplicación de las retenciones, la estatización de ciertos servicios públicos, el retorno al sistema previsional de reparto, la instauración de las convenciones colectivas de trabajo.

Los objetivos intermedios del nuevo modelo de acumulación fueron, por ejemplo, el aumento de la inversión, el crecimiento económico sostenido, el incremento de las exportaciones, el superávit comercial y fiscal, entre otros.

Ahora bien, la pregunta central es: ¿el nuevo modelo económico es exitoso? Preguntado de otra forma: ¿el conjunto de políticas económico aplicadas a partir del 2003 y los objetivos intermedios conseguidos nos permitieron acercarnos o no al objetivo final?

En este sentido, los datos son contundentes. En primer lugar, se produjo una recomposición del mercado de trabajo verificado en la reducción de la desocupación del 20,4% al 8,3% entre el primer trimestre del 2003 y el primer trimestre del 2010. Asimismo, durante el mismo período se produjo una abrupta reducción de la subocupación no demandante que pasó del 12,0 al 6,6 por ciento. Por su parte, también se experimentó una disminución del 45,1% al 34,6% de los asalariados sin descuentos jubilatorios entre mayo del 2003 y el primer trimestre del 2010.

Al mismo tiempo, se registró un aumento de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. En relación con este punto se produjo en primer lugar un aumento del salario mínimo del 650% entre enero del 2003 y enero del 2010. En efecto, el salario mínimo pasó de $200 a $1.500 durante este período. Visto de otra forma, mientras que en enero del 2003 el salario mínimo cubría el 29,5% de la canasta básica total, en enero del 2010 representaba el 142,2 por ciento. Por su parte, el haber mínimo jubilatorio se incrementó de $150 a $895,15 entre enero del 2003 y enero del 2010, lo cual representa un aumento del 496,8 por ciento.

Por otro lado, entre enero del 2003 y mayo del 2010 se produjo un aumento en el nivel general de salarios del 222,3%, que implica que el aumento de las remuneraciones fue mayor al nivel inflacionario, por lo cual se tradujo en un aumento del salario real de los trabajadores.

A partir de estos resultados se experimentó una fuerte reducción de la pobreza y la indigencia junto con una mejor distribución del ingreso. Con respecto a la pobreza, mientras que los hogares pobres se redujeron del 42,7% al 9,0% entre el primer semestre del 2003 al segundo semestre del 2009, las personas pobres disminuyeron del 54,0% al 13,2% durante el mismo período. Asimismo, se produjo una baja de la indigencia, pasando del 20,4% al 3,0% de los hogares indigentes y del 27,7% al 3,5% de las personas indigentes.

Por último, se registró una mejora en la distribución del ingreso tanto a nivel poblacional, ocupados, en los hogares como en la distribución funcional. En primer lugar, con respecto a la distribución del ingreso de la población total según la escala de ingreso individual; mientras que el 40% de la población más pobre pasó de participar del 11,2% al 13,4% y el 40% medio de la población incrementó su participación del 34,2% al 38,3% entre el tercer trimestre del 2003 y el primer trimestre del 2010, el 20% más rico de la población disminuyó su participación del 54,6% al 48,3% durante el mismo período.

Con respecto a la población ocupada, los datos también son contundentes: entre el tercer trimestre del 2003 y el primer trimestre del 2010, el 40% de los ocupados más pobres expandió su participación del 12,2% al 15,7%; el 40% medio de los ocupados pasó del 36,% al 40,2%, y el 20% más rico de los ocupados disminuyó su participación del 51,5 al 44,1 por ciento.

Por su parte, con respecto a los hogares y tomando la distribución del ingreso de éstos según escala de ingreso total familiar mientras que el 40% de los hogares más pobres aumentó su participación del 12,0% al 14,9% y la participación del 40% de los hogares de los sectores medios pasó del 35,2% al 38,9% entre el tercer trimestre del 2003 y el primer trimestre del 2010, el 20% de los hogares más ricos disminuyó su participación del 52,8% al 46,2% durante el mismo período.
Por último, el modelo económico kirchnerista se tradujo en una mejora en la distribución funcional del ingreso. En efecto, las remuneraciones del trabajo asalariado aumentaron su participación en el producto de 34,3% en el 2003 a 43,6% en el 2008.

A todo esto debemos agregarle el plan social más ambicioso de América latina: la asignación familiar por hijo que implica el 0,58% del PBI destinado a los sectores más vulnerables y que producirá una mayor reducción de la pobreza, la indigencia y un aumento en la mejor distribución del ingreso.

Por lo tanto, el nuevo modelo de acumulación instaurado en el 2003 y articulado a partir de un conjunto de políticas económicas coherentes permitieron reducir el desempleo, la subocupación, el trabajo no registrado, la pobreza y la indigencia, mejorar la distribución del ingreso de la población total, de los ocupados y de los hogares y aumentar la participación del salario en el producto total.
Es decir, el modelo económico kirchnerista se tradujo en un mejor nivel de vida de la población y de esta forma nos permitió acercarnos al objetivo final de todo modelo económico. En este sentido, el actual modelo económico es exitoso.

El autor es Economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP). www.geenap.com.ar

(Agencia Paco Urondo)

De trabajadores, asignaciones y distribuciones, por Ariadna Somoza Zanuy

Capital Federal (Agencia Paco Urondo. publicado por Buenos Aires Economico el 30/07/2010)

Los niveles de desocupación que se han registrado en nuestro país destruyeron cualquier teoría económica o política al respecto: desde los neoclásicos a quienes les empezaba a parecer demasiado extraño que tantos trabajadores no quieran trabajar y, por ende, que el sistema no sea tan equilibrado como pensaban, hasta los planteos de la izquierda ortodoxa, que consideraron a esa masa de desocupados como un lumpen-proletariado, quitándole así su esencia de clase, de clase trabajadora, olvidando por completo el concepto de ejército industrial de reserva.

Ambas concepciones generan un mismo resultado: los desocupados no son más trabajadores. La cantidad de trabajadores son menos. Más debilidad, menos poder. Ya sea porque deciden no trabajar al salario que se les ofrece, sea porque en realidad son lúmpenes sin conciencia de clase. Cabe aclarar que esta última concepción fue ampliamente sostenida por los partidos de izquierda, los que hoy basan su construcción en el piqueterismo duro. Sin embargo, ambas concepciones ocultan lo fundamental del porqué esta masa de desocupados garantizaron una cada vez menor participación de los asalariados en el producto de nuestro país. Éstas son las implicancias económicas y políticas de niveles de desocupación del 12% como los registrados a principios de 2003.

Es entonces cuando la discusión acerca del carácter de los desocupados toma un rol fundamental: considerarlos trabajadores desocupados no es lo mismo que considerarlos lúmpenes o vagos. Considerarlos trabajadores desocupados implica considerarlos actores políticos que inciden en la relación capital-trabajo, que disputan poder en la distribución de la riqueza.

Esta discusión se nos presenta como totalmente alejada de medidas tales como Asignación Universal por Hijo, aumentos jubilatorios, incorporación de nuevos jubilados al sistema previsional, recuperación de las AFJP. Más vale mostrarlas como aisladas, como medidas contenedoras, asistencialistas y/o propiciadoras de los vicios sociales. Conviene tapar su potencial. Conviene tapar su total ligazón.

Desde una clara posición teórico-ideológica, la recuperación de los fondos jubilatorios por parte del Estado implica la recuperación de los ahorros de los trabajadores argentinos, que no es lo mismo que decir la “plata de los argentinos, la plata de todos”. Por otro lado, la incorporación de jubilados que no tenían los aportes suficientes para jubilarse implica que el Estado se hace cargo de que ese trabajador que no se puede jubilar no puede hacerlo porque se vio o privado del derecho al trabajo, o trabajó sin aportar, porque el Estado no estuvo allí presente. En este sentido, es similar a la Asignación Universal por Hijo, ya que implica que el Estado reconoce que a los millones de niños a los que no les llega esa asignación es porque sus papás aún no han podido ser incorporados al trabajo. En todos los casos estamos hablando de los derechos de los trabajadores.

El día miércoles se anunció un aumento tanto para la Asignación Universal por Hijo de un 22,22% como para las jubilaciones de un 16,9%. Fue planteada desde el gobierno, a partir del discurso de la Presidenta, como un avance en la institucionalización de las políticas de Estado tendientes a garantizar que no sean pocos los que se apropien de la renta, a la vez que como una inversión social (y no gasto) en pos de fortalecer el mercado interno.

De este planteo se desprenden dos cuestiones: por un lado, la necesidad de fortalecer la demanda para garantizar la actividad económica, lo cual es diametralmente opuesto a las teorías acerca de la necesidad de enfriar la economía para evitar la inflación. Esto significa, por ende, una inyección de dinero en los sectores de menores ingresos, inyección que asume el Estado, con lo cual no tendría que expresarse en un aumento de precios, ya que los aumentos salariales ya están acordados y a los privados los aumentos anunciados el miércoles no les incide en ningún costo. Si quieren aumentar los precios es porque quieren apropiarse de más renta de la que deben apropiarse, advierten desde el gobierno, dejando al descubierto el carácter de puja distributiva que tiene nuestra inflación. Ésta sería la segunda cuestión: el carácter redistributivo de estos aumentos.

¿Y por qué decimos esto? Porque muchos no creen en este carácter redistributivo. Cuando hablamos de distribución de la riqueza hablamos de la participación de los trabajadores sobre el producto, es decir, la relación capital-trabajo. Pareciera ser que estos trabajadores desocupados que perciben la Asignación Universal por Hijo no participan en esa relación, ya que, como hemos visto anteriormente, se asume que no pertenecen a la clase trabajadora. En este sentido, planteos deterministas asumen que la única forma de acrecentar la participación de los trabajadores son los aumentos salariales.

Obviamente, esto no sirve para explicar la distribución de la riqueza en una economía con las características como la nuestra, en la cual los altos niveles de desempleo y exclusión provocan que gran parte del actor político protagónico de esa disputa sea excluido del sistema tradicional trabajo-salario-participación.

Por ende, tanto la Asignación Universal por Hijo como la incorporación de jubilados que no estaban en condiciones de jubilarse implica un avance en el proceso de mayores niveles de participación de los trabajadores en relación con el capital. Primero, porque ambas políticas se basan en la recuperación, por parte del Estado, de los ahorros de los trabajadores, lo cual implica que se está distribuyendo entre los trabajadores dinero de los trabajadores, el mismo dinero que un año atrás estaba en manos de la timba financiera. Segundo, porque al asumir tanto a los trabajadores desocupados como a los jubilados que han sido desocupados o mal ocupados y no se podían jubilar como trabajadores, estamos asumiendo que una inyección de recursos en ese sector, además de motorizar la demanda y el consumo, implica no sólo una dignificación en materia económica sino que abre las puertas para un mayor empoderamiento de los trabajadores en general en esta disputa.

Existe una relación dialéctica clara: mientras mayores sean los niveles de inyección de recursos económicos a quienes aun están excluidos del trabajo, mayor será la posibilidad de disputa real de los trabajadores incluidos en el sistema en relación con su participación en el PBI, así como cuanto más avancen estos últimos en ese sentido, mayores serán las posibilidades para que los excluidos puedan no sólo seguir percibiendo del Estado recursos económicos, sino que lograrán conquistar su inclusión en el trabajo digno, que es la única posibilidad real de eliminar la pobreza.

Para entender esto es indispensable que no nos ganen los planteos que fragmentan a la clase trabajadora: la misma es una y los avances o retrocesos la afectan como un todo. Para profundizar el proyecto nacional es indispensable avanzar en mayores niveles de trabajo. Para avanzar en mayores niveles de trabajo es indispensable dignificar a los trabajadores desocupados con la asignación y la jubilación y a los trabajadores ocupados con los aumentos salariales acordados en las paritarias. Ambas políticas y crecientes niveles de organización de la clase trabajadora nos harán concretar un sueño que hoy parece tan lejano: llegar al 50%-50%.

La autora es integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)

Agenda de Actividades del GEENaP

Capital Federal (Agencia Paco Urondo)
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El dia jueves 22 de Julio, en la Sociedad Italiana de Lujan, se realizo una Jornada titulada "Reflexion politica para el Desarrollo y Profundizacion del Modelo Nacional y Popular" organizada por el Frante Nacional y Popular Lujan. Con la disertacion de Juan Santiago Fraschina (Economista, integrante de GEENaP)

El dia Sabado 17 de Julio, en Barracas,Ciudad Autonoma de Buenos Aires, se realizo una charla tiutalda:l "Modelo Economico Actual", organizada por el Movimiento Evita. La disertacion estuvo a cargo de Juan Santiago Fraschina integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular.

(Agencia Paco Urondo)

Revista "Avión Negro"-Centro Mozé.rmvb

Capital Federal (Agencia Paco Urondo)(Agencia Paco Urondo)

La inflación en América latina, por Guido Patricio Filippo

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Buenos Aires Economico, 23/07/2010)

Uno de los temas en boga en los últimos años ha sido la inflación. Sin embargo, no es algo nuevo ni novedoso para la Argentina ni para el resto de los países de América latina. En efecto, en la posguerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial ha aparecido en forma continua este fenómeno acerca del cual, aun hasta nuestros días, los economista parecen no llegar a un acuerdo: cuáles son sus causas, sus consecuencias y qué políticas económicas se deberían tomar al respecto.

El proceso inflacionario que, con extraordinaria persistencia e intensidad, se desarrolla en los países de América latina ha dado origen a una controversia entre sus causas y sus posibles remedios. Así surgen dos corrientes de pensamiento diferentes, las cuales, si bien pueden tener la misma metodología para tratar los temas, tienen diferentes interpretaciones sobre sus causas y consecuencias. Estas dos corrientes frecuentemente se las denomina con el nombre de monetarismo y estructuralismo.

La doctrina monetaria tiene tres proposiciones. En primer lugar, las causas de la inflación son ocasionadas por un exceso de demanda de los productos y servicios, la cual a su vez se ve reflejada en una rápida expansión de la cantidad de dinero con respecto a las necesidades reales. Es un desajuste entre la oferta y la demanda monetaria.

Segundo, los monetaristas ven la inflación como perjudicial para el crecimiento y la estabilidad, y creen que la estabilidad del nivel de precios es la causa central de crecimiento económico. Por último, consideran que la política monetaria es el instrumento apto para alcanzar y mantener la estabilidad. Esto incluye el gasto público, la administración de la deuda pública, el ajuste del balance de pagos, etcétera.

Por otro lado, la doctrina estructuralista también tiene tres proposiciones. La primera atañe a que la causa verdadera de la inflación no se debe a los desequilibrios entre la oferta y la demanda, sino a desajustes sectoriales que se producen y que afectan a ciertos productos determinados. Esto se traduce en alzas individuales en el nivel de los precios que luego se trasladan al resto por su influencia en el costo de producción. Los factores esenciales de causación resultan de la rigidez de la estructura productiva y de la imperfección de los mercados.

La segunda proposición de los estructuralistas se basa en que el crecimiento y la estabilidad de precios son incompatibles entre sí: el crecimiento de la producción y del ingreso real trae consigo desajustes parciales más o menos extensos en diversos puntos del sistema económico. Estos desajustes ocasionan y originan alzas de precios directas e indirectas, que tienden a propagarse de una manera general. Este efecto es mayor cuanto menor es la plasticidad de la estructura productiva y la eficiencia de la organización del sistema económico.

Por último, para el estructuralismo la política monetaria es impotente como medio para la estabilización. Desde el punto de vista de los hechos, puede advertirse que la diferencia entre ellas radica en la dirección que atribuyen a las relaciones causales. Para los monetaristas, la expansión de la oferta monetaria es la causa determinante de las alzas generales de los precios.

Los estructuralistas aceptan que la inflación va acompañada de emisión monetaria, pero atribuyen que es consecuencia y no causa de la inflación. El aumento estructural de los precios se traduce en aumentos en el costo de producción de los bienes, que a su vez se reflejan por una mayor demanda de crédito bancario. En estas circunstancias el aumento de la cantidad de dinero emitido por el sistema bancario se limita a cubrir las necesidades adicionales de medios de pago creadas por el aumento de los precios y costos de producción.

Los monetaristas no niegan la existencia de rigideces en la estructura productiva y de embotellamiento de ofertas, pero consideran que tales fenómenos no tienen el papel independiente que les asignan los estructuralistas. Por el contrario, piensan que son el resultado de la inflación, al generar que los recursos de capital se orienten hacia colocaciones especulativas. Estas desviaciones de las inversiones impiden el crecimiento normal de la producción y dificultan la adaptación flexible de la oferta a los cambios de la demanda, lo que se agrava cuando el Estado limita el aumento de los precios de subsistencia.

Que el estructuralismo sea la antítesis del monetarismo hace que surja el problema de cómo identificar estas teorías contrastadas con los hechos. A esta dificultad se la denomina problema de identificación, por lo que tenemos que verlas no como dos teorías completas sobre la inflación sino como las teorías de dos tipos de inflaciones posibles en la práctica. De acuerdo con las circunstancias, puede desarrollarse uno u otro proceso dentro de una misma organización económica.

¿Cómo se identifica? ¿En qué circunstancias hubo una u otra teoría imperante en América latina? Y a saber, ¿qué políticas gubernamentales deberían implementarse para estabilizar la economía? Debemos considerar los registros históricos, por lo que frecuentemente el debate sobre la política macroeconómica se convierte en un debate sobre la historia de la macroeconomía.

Analicemos particularmente el caso argentino. Aquí la temática de la inflación comenzó fuertemente en 1945, donde estaba generalizado que el problema inflacionario tenía como origen un exceso de demanda; operando con una ocupación plena, la capacidad instalada no resultaba suficiente para abastecer la demanda.

Sin embargo, el reconocimiento de las transformaciones históricas del sistema mundial que habían propiciado la industrialización por sustitución de importaciones en los países periféricos fue un rasgo característico del estructuralismo latinoamericano desde sus comienzos.

Aldo Ferrer argumentaba la persistencia del estrangulamiento externo indicando las debilidades del crecimiento industrial impulsado por la sustitución de importaciones. La crisis crónica del balance de pagos se había convertido en la dinámica típica del ciclo argentino. El desequilibrio exterior originaba fluctuaciones profundas y frecuentes de la producción y el empleo y determinaba una subutilización permanente de la capacidad industrial instalada, que sólo podía funcionar en condiciones de ocupación plena con un nivel de importaciones que el país no se podía permitir. Lo que se había logrado no fue tanto disminuir la dependencia externa sino cambiar el tipo de dependencia de bienes, pasando de materias primas a maquinarias.

Para ser exitosa la industrialización sustitutiva tenía que lograrse una reducción progresiva del coeficiente global de importaciones. Esto resultaba fácil al principio, pero a medida que iba avanzando el proceso, la producción local de los bienes que quedaban por sustituir requería una mayor intensidad de las importaciones, compensando así la reducción obtenida inicialmente por la sustitución.

Para poder hacer frente a la crisis en el balance de pagos y poder importar la maquinaria necesaria, los gobiernos recurrían frecuentemente a devaluar. La devaluación mejoraba la balanza comercial, ya que su efecto estaba determinado en el cambio implicado en los precios relativos internos y externos. Pero esto se contrastaba con una contracción del producto interno.

La devaluación reducía los ingresos reales de los asalariados, que tenían una mayor propensión marginal al consumo, y determinaba en consecuencia una reducción de la demanda. Por lo tanto, cuando la elasticidad cruzada de la demanda de bienes domésticos respecto del precio de los bienes exportables y el diferencial entre la tasa de ahorro de los trabajadores y la de los capitales son suficientemente bajos, la devaluación es contractiva. Asimismo, esto generó un círculo vicioso en la economía, el ciclo de marchas y contramarchas o stop and go. Por último, toda devaluación genera inflación, la cual se traduce en los precios a través del pass-through (traslado de la depreciación cambiaria).

En 1961 el economista Raúl Prebisch sostenía: “La tesis corriente de que la inflación sólo se debe al desorden financiero y a la incontinencia monetaria de los países latinoamericanos era inaceptable. No porque se nieguen esas desviaciones sino porque en la realidad latinoamericana existen otros factores estructurales muy poderosos que llevan a la inflación y contra los cuales resulta impotente la política monetaria”.

El interrogante que surge en este contexto consiste en determinar si el nuevo proceso de reindustrialización que está atravesando la Argentina puede romper finalmente la dependencia económica y superar las barreras estructurales que ha tenido durante la industrialización por sustitución de importaciones en la segundad mitad del siglo XIX a partir de un cambio en el enfoque: del colonialista cultural a uno basado en la integración latinoamericana, que permita superar los “cuellos” de botella que provocan inflación.

(Agencia Paco Urondo)
El autor es integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar