Capital Federal (Agencia Paco Urondo, comunicado de prensa, gentileza de Marcelo Speranza) Un nuevo ataque al gobierno de Cristina Fernández y su política económica se abre desde las empresas de servicios públicos privatizadas durante la segunda década infame.
Durante los noventa, grupos financieros constituidos especialmente recibieron sin riesgo alguno de su parte, cual regalo inmerecido, toda la infraestructura de empresas del Estado Argentino que habían prestado los más eficientes servicios públicos en el mundo hasta el derrocamiento del gobierno del general Perón en 1955, y que desde 1976 soportaban la descapitalización, el saqueo y la pérdida de sus recursos humanos y de su tecnología.
El gasoducto de mayor extensión del mundo de la época fue inaugurado por Perón en diciembre de 1949 luego de dos años de construcción. . Unía Comodoro Rivadavia con Buenos Aires. El consumo pasó en cuatro años de 300 mil metros cúbicos por día a 15 millones. El precio se redujo el 50%. ¿Quien construyó esa obra? Una empresa llamada Gas del Estado, luego paralizada, destruida y rematada al peor postor.
Respecto del sector eléctrico, la aplicación del Marco Regulatorio en 1992 cambió profundamente el concepto de servicio eléctrico público por el de mercado eléctrico, o sea mercancía que conllevaba una rentabilidad asegurada, no negociable y usuraria.
Las empresas públicas, hasta las cooperativas, fueron desarticuladas y reducidas a segmentos operativos aislados. SEGBA fue segmentada en tres distribuidoras, Edenor, Edesur y Edelap; en una transportadora de alta tensión, Transener; y seis distribuidoras para operar en el interior del país, cuya característica principal era la aplicación de tarifas monopólicas al usuario indefenso.
El gobierno popular desde 2003 ha reducido notablemente el margen de maniobra de las concesionarias privadas, distribuidoras de gas y electricidad, mediante una política de precios donde dichas empresas han debido resignar ganancias extraordinarias, y donde al mismo tiempo ha sido nuevamente el Estado inversor el que ha logrado con éxito y valentía suministrar al pueblo y a la industria de la Energía necesaria que el crecimiento argentino ha demandado. Nuevas generadoras de energía, nuevos gasoductos que vinculan no solo el país sino Sudamérica son pruebas de lo realizado.
Sin embargo, las recientes acciones desestabilizadoras basadas en torpes aumentos de tarifas por parte de los distribuidores de gas y energía, simples intermediarios entre el estado productor y el consumidor final, vuelven a poner en la primera línea la necesidad de recuperar dichas empresas mediante la nacionalización y estatización completa de la cadena productora y distribuidora energética nacional. Se anularán de esta manera los subsidios a la ineficiencia de los distribuidores de gas y electricidad para intensificarse la inversión.
El país reclama una matriz energética diferente, y solo el Estado por encima de intereses sectoriales puede brindarlo.
Corriente Causa Popular declara que los servicios públicos son justamente servicios, que deben estar desprovisto de lucro alguno, y deben volver a ser nuevamente propiedad del pueblo argentino.
Mesa Nacional
Federico Bernal (Gran Bs. As.) , Roberto Ferrero (Córdoba) , Eduardo Fossati (Capital Federal), Marta Gorsky (Gral. Roca-Río Negro), Julio Fernández Baraibar (Capital Federal), Luis Gargiulo (Necochea-Buenos Aires), Juan Osorio (Gran Buenos Aires), Rafael Bernal Castro (Gran Buenos Aires), Liliana Chourrout (Gran Buenos Aires), Alfredo Cafferata (Mendoza), Elio Noé Salcedo (San Juan), Ricardo Bernal (Gran Buenos Aires) , Eduardo Rotundo (Capital Federal), Ricardo Vallejos (Zárate-Buenos Aires), Cacho Lezcano (Gran Buenos Aires), Luis Jaimovich (San Miguel de Tucumán-Tucumán), Ricardo Franchini (Alta Gracia-Córdoba), Rolando Mermet (Capital Federal), Horacio Cesarini (Gran Buenos Aires).(Agencia Paco Urondo)
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