La Universidad de Cuyo suspendió como docente al juez federal Miret

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) El juez acusado de participar en delitos de lesa humanidad fue separado por unanimidad del cuerpo docente de la UNCU. Jueces subrogantes de la Cámara Federal mendocina aceptaron la recusación de tres magistrados por “sospechas de parcialidad” en causas a represores.

La corporación judicial de Mendoza recibió ayer dos duros reveses. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCU) resolvió por unanimidad suspender como docente al titular de la Cámara Federal, Luis Francisco Miret, denunciado penalmente por su participación primaria en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y con un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura. Jueces subrogantes de la misma Cámara, en tanto, aceptaron la recusación de dos de sus titulares y de un subrogante por “sospechas de parcialidad” en la tramitación de causas a represores.

Miret y su colega Otilio Roque Romano fueron denunciados por organismos de derechos humanos y por sobrevivientes del mayor centro clandestino de Mendoza por no investigar secuestros, torturas y violaciones cometidas por miembros de fuerzas de seguridad antes y durante la dictadura, cuando eran juez y fiscal federal, respectivamente. Tal como informó Página/12, también se los acusa de dar por válidas declaraciones de los detenidos contra sí mismos obtenidas bajo tortura, de omitir en forma sistemática salvaguardar su integridad y de obstaculizar en forma deliberada investigaciones de otros magistrados. Miret era amigo confeso del general Juan Pablo Saa, ex jefe militar de Cuyo, indultado por Carlos Menem.

El pedido de suspensión de Miret como docente de la Facultad de Derecho, donde daba clases de ética y derechos humanos en la materia Filosofía del Derecho, fue formulado el mes pasado por la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos y la Etica, y por el Observatorio de Derechos Humanos de Mendoza, con el respaldo del gobierno provincial y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El miércoles pasado la Comisión de Interpretación y Reglamentos de la UNCU propuso por unanimidad la suspensión de Miret, quien juró como juez en 1976 frente a toda la plana mayor del gobierno de facto de la provincia.

El rector de la universidad, Arturo Somoza, convocó ayer al Consejo Superior, que integran decanos y representantes de docentes, estudiantes, graduados y no docentes. Tras los debates, según informó la UNCU, el organismo avaló “por unanimidad, con 34 votos afirmativos, el dictamen que sugirió al rector suspender preventivamente el contrato que designa al doctor Luis Miret como docente de la Facultad de Derecho”. El profesor “será apartado preventivamente de su cargo a partir del 1º de mayo, hasta que el Consejo de la Magistratura determine sobre su culpabilidad o inocencia de los cargos que se le imputan”. Miret es el magistrado que, como presidente de la Cámara Federal, avaló la decisión de la jueza Olga Pura de Arrabal de suspender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, solicitada por el diputado nacional Enrique Thomas, del PJ disidente.

La decisión de apartar a los jueces sospechados de parcialidad la tomaron Roberto Naciff (del Tribunal Oral Federal local), Hugo Echegaray y Raúl Fourcade, ambos del TOF de San Juan, e incluye a Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitiño y al subrogante Enrique Sosa Arditi. Los dos primeros están denunciados desde fines de 2008 ante el Consejo de la Magistratura por excarcelar sistemáticamente a represores cuyanos. El tribunal destacó que ambos debieron inhibirse de actuar luego de conocer la denuncia de los organismos ante el Consejo. En el caso de Petra Fernández también tuvieron en cuenta expresiones en conferencias de prensa en las que criticó “al poder político” y a organismos que son parte en causas contra represores. También que denunció al fiscal general Jorge Auat, titular de la unidad de la Procuración General de la Nación que coordina el trabajo de los fiscales en causas de lesa humanidad, luego de que señalara las dilaciones del Poder Judicial mendocino. En el caso de López Cuitiño, los jueces invocaron que en el pasado el propio juez se había inhibido de actuar en causas de lesa humanidad por “un estado de violencia moral” cuyos motivos no explicitó. Sosa Arditi, en tanto, es el padre del abogado que defiende al ex comisario Carlos Rico Tejeiro, imputado por su pasado en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial. (Agencia Paco Urondo)