jueves, 3 de febrero de 2011

TBI, CIADI Y LA SOBERANIA NACIONAL, por Lucas Pucci,

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Diario BAE el 28/01/2011)

Durante la década del 90 se inicio un periodo de aplicación de políticas neoliberales que comienza con la Ley de Reforma del Estado y la Ley de emergencia Económica, y continua a partir de 1991 con el plan de convertibilidad, derivando en un proceso de apertura económica, valorización financiera, extranjerización de la economía, desindustrialización, privatizaciones de los activos públicos, etc. con sus efectos sociales regresivos cristalizados en el aumento del desempleo, pobreza, pauperización de los sectores populares, ampliación de las brechas sociales, etc denotando la exclusión del Estado en la función de garantizar el bienestar de la población.

En este período de desregulación, atracción de capitales, “relaciones carnales” y funcionalidad a los intereses del capital trasnacional, los países centrales y sus representantes de los organismos internacionales, es que se firmaron 56 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de las Inversiones extranjeras (TBI).

Durante la gestión Menem fueron celebraros al menos 56 TBI de los cuales 47 fueron aprobados por ley nacional en el período 1992 -1999. Los 9 restantes fueron ratificados por ley nacional, al igual que otros 2 firmados durante al gestión de la Alianza. Hasta diciembre de 2004 han sido ratificados por ley nacional un total de 58 TBI, seguramente un record para un país receptor de inversiones directas del exterior” (Aspiazu, p 48)

No obstante, el caso testigo, y cuyas consecuencias perduran hasta hoy como uno de los factores de mayor conflictividad, se da a partir del TBI firmado con Francia en 1991 y promulgado en 1992, por el cual los inversionistas privados se veían beneficiados con la capacidad de recurrir a tribunales internacionales sin agotar las instancias judiciales locales sentando precedente para los futuros TBI que se firmarían, y diferenciándose de los 2 TBI firmados antes con Italia y Alemania, donde el inversor extranjero solo podía recurrir a los tribunales internacionales de no haber pronunciamiento judicial local dentro de los 18 meses de iniciarse la demanda.

Los TBI se trata de un acuerdo entre Estados sujetos al derecho público internacional, por el que los inversores de cualquiera de los países signatarios pueden recurrir a tribunales internacionales para la resolución de diferendos o controversias con el Estado receptor de sus capitales. En suma la equiparación jurídica entre un inversor privado y un país soberano”. En consecuencia la firma de los TBI, que ya de por si denota el aval del gobierno para el avance del capital trasnacional en la economía nacional producto de las reformas anteriormente mencionadas, manifiesta la política de liberalización de las regulaciones acerca de la inversión extranjera o desregulación, colocando en un plano de sobre protección a la inversión extranjera, aun por encima de la inversión nacional, ya que mientras esta última en caso de conflictividad debe recurrir a tribunales locales sometiéndose a las leyes internas del país; los primeros gozan del derecho de recurrir a tribunales internacionales “a medida” de las empresas demandantes tales como el CIADI (dependiente del Banco Mundial), UNCITRAL, etc. que fueron a sus vez los promotores de las reformas económica y promulgación de los TBI. Es importante destacar para comprender la complejidad de la situación, que los laudos son de aplicación obligatoria para las partes, tienen fuerza ejecutoria inmediata, valor de cosa juzgada y no son sujetos revisión por tribunales locales, lo cual demuestra la sumisión jurídica frente a los organismos financieros internacional.

Con la crisis y la consecuente devaluación, las empresas privatizadas que habían logrado ganancias extraordinarias en toda la década, en conjunto con sus casas matrices, gobiernos y organismos financieros internacionales que habían bregado por una salida dolarizadora de la convertibilidad, exigieron un reajuste tarifario al igual que la conservación de distintos beneficios que le permitieran conservar los altos márgenes de ganancias de la década del 90, a riego de recurrir a los tribunales internacionales para ser recompensados por al desdolarización y desindexación de las tarifas. En este contexto, es que se inician las presiones tanto externas e internas al gobierno de Duhalde, quien en una estrategia “dual y dilatoria”, acepto en algunos casos la dolarización de tarifas y/o pesifico obligaciones de las privatizadas, mientras que en otras mas vinculadas a los servicios públicos y cuyos efectos sociales eran mas notorios, se procuró dilatar hasta la asunción del gobierno de Kirchner. Asimismo durante la presidencia de este, se implemento una estrategia amplia y heterogénea que a derivado en la rescisión de algunos servicios públicos (aguas argentinas, correo, línea san martín de trenes de pasajeros, etc), convalidación en algunos casos de lo realizado por la administración Duhalde, cartas de entendimiento con algunas empresas, renegociación tarifaria incluyendo ciertos aumentos y cláusulas contractuales como renuncias al CIADI, mayor control estatal de inversiones, etc.

Actualmente, Argentina tiene denuncias en el CIADI por parte de las privatizadas, producto de la devaluación, pesificación y congelamiento tarifario, lo cual establece una situación comprometida para los intereses financieros nacionales. Ante este panorama y observando que la rescisión de las cláusulas abusivas implicaría la continuación por diez años mas, es que el gobierno ha decidido continuar con los juicios en su contra a sabiendas de las pocas posibilidades de ganar, buscando a su vez establecer un marco jurídico para habilitar la revisión de los laudos negativos por parte de la Corte Suprema.

Las principales disposiciones de los TBI, se centran en un tratamiento justo y equitativo a los inversores extranjeros; idéntico trato al acordado con la Nación mas favorecido; trato no discriminatorio en tanto no pueden sancionarse medidas que intencionalmente causen daño a los mismos; un tratamiento no menos favorables que el correspondiente a sus similares de capital nacional; libre disponibilidad y transferencia de divisas; inaplicabilidad de restricciones al desempeño aun cuando los mismos estuvieran contemplados por la legislación nacional; posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales con igual status jurídico que el del Estado receptor de las inversiones foráneas, etc.

Evidentemente, la Argentina al momento de adscribir a dichos tratados leoninos, se volvió por demás vulnerable ante futuras presentaciones ante el CIADI no solo por posibilidades de incumplimientos sino también ante la posibilidad de tomar decisiones como país soberano respecto a cuestiones centrales respecto a la política económica y social: No obstante entre las principales disposiciones de los TBI argumentadas por las privatizadas y que atentan contra la defensa de Argentina podemos resaltar la disposición de estabilización ante una modificación de determinada norma el inversor extranjero que pudiera considerarla como desfavorable para sus intereses le cabe la aplicación de la legislación vigente al momento de la firma de los respectivos contratos o tratados y la presencia de compensaciones específicas por distintos motivos que pudiesen afectar a los inversionistas extranjeros. Si bien varias de las cláusulas mencionadas afectan la capacidad de defensa de la Argentina, estas últimas adquieren mayor relevancia respecto a las reformas que se establecen a partir de la sanción de la emergencia pública y régimen cambiario establecido en la Ley Nacional N° 25.561, ya que las principales demandas ante el CIADI proviene de las empresas privatizadas que a partir de al devaluación, aun cuando durante la vigencia del régimen de convertibilidad habían atestiguado ganancias extraordinarias e incumplido con sus obligaciones especialmente las respectivas al grado de inversión realizadas, buscaron mantener dichos beneficios extraordinarios al igual que un reajuste tarifario que sostenga dichos márgenes de ganancias. En consecuencia los principales argumentos para la presentación de demandas ante el CIADI contra Argentina, radican en las modificaciones que a partir de la sanción de la Ley Nacional N° 25.561 y los consecuentes resultados de las renegociaciones para con las privatizadas que han derivado ya sea desindexación y desdolarización de las tarifas, e incluso rescisión de los contratos que de acuerdo a las causas iniciadas se enmarcan en un incumplimiento por parte del Estado Nacional, al igual que de modificación de manera desfavorable sobre las normas de inversión suscriptas por lo que deberían de regir las normas signadas durante el régimen de convertibilidad, y en consecuencia compensarse a dichas empresas por las perdidas o inconvenientes que pudiesen afectar sus inversiones.

Al respecto, y si bien con el paso del tiempo muchas demandas fueron desactivadas: es imperante resaltar que la modificación del régimen cambiario es potestad de un país como Estado libre y soberano, siendo este uno de los argumentos de la defensa de Argentina en conjunto con la emergencia económica y social que vivió el país y derivo en la devaluación. Este proceso post devaluación y de reordenamiento económico del país, ha generado en muchos sectores beneficiarios por los 90, ataques en pos de recuperar los beneficios perdidos, lo que no es mas que un ataque a la soberanía económica de un país que ha buscado reconstruirse, pese a ellos, de la peor crisis de su historia.

El autor es Licenciado en Relaciones del Trabajo del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)

EL PROBLEMA DE LA REMISIÓN DE UTILIDADES, por Juan Santiago Fraschina

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Diario BAE 21/01/2011)

Muchas veces se mide el éxito de un modelo económico a partir del aumento de la inversión extranjera directa. En efecto, los economistas ortodoxos y algunos heterodoxos consideran a un modelo de acumulación en forma positiva si aumenta la cantidad de inversión de las empresas multinacionales. Por tal motivo, existe pocas posturas criticas de los efectos de la inversión extranjera sobre la economía nacional.

Sin embargo, la inversión extranjera tiene algunas repercusiones negativas que merecen cierta atención debido a que podrían generar en la actualidad ciertos “cuellos de botellas” a la economía argentina. Una de esas consecuencias negativas tiene que ver con el sector externo en general y la remisión de utilidades que las filiales de las multinacionales realizan permanentemente a sus casas matrices en particular.

En este sentido, uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo de desarrollo instaurado en el 2003 es la balanza comercial positiva que permite obtener un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El acumulado 2003 – 2009 de la cuenta corriente fue de 50.058 millones de dólares.

Por su parte, el saldo positiva de la cuenta corriente es lo que permitió otra de las políticas fundamentales del nuevo modelo económico y social: la política de acumulación de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina. Las reservas aumentaron de 10.501 a 52.145 millones de dólares entre el 2 de enero de 2003 al 30 de diciembre de 2010.

Por lo tanto, el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que permite la entrada de divisas al país es imprescindible para la acumulación de reservas por parte del Banco Central que al mismo tiempo es fundamental para continuar con la política cambiaria de tipo de cambio administrado y tener reservas de libre disponibilidad para profundizar la política de desendeudamiento externo que se viene registrando con el nuevo modelo de desarrollo. El camino es sencillo: exportar más de lo que se importa, la balanza comercial favorable además permite el superávit de la cuenta corriente que genera la entrada de divisas, las cuales posibilita el incremento de reservas que a su vez es fundamental para seguir reduciendo la deuda externa del sector público y sostener por parte del Banco Central el tipo de cambio competitivo para que se traduzca en una profundización del proceso de reindustrialización de la economía nacional.

En este contexto, se puede entender ciertos efectos negativos que genera la inversión extranjera directa en el sector externo. Es cierto que la inversión extranjera tiene un efecto sumamente positivo sobre la cuenta de capital al ingresar una gran cantidad de divisas al país. Sin embargo, dicho efecto positivo sobre el saldo de la cuenta de capital se contrapone al efecto fuertemente negativo que se verifica en la cuenta corriente.

Por ejemplo, las empresas transnacionales exhiben una tendencia mayor que las firmas locales a experimentar déficit comerciales. Salvo las empresas transnacionales orientadas a las exportaciones, el resto de las firmas extranjeras tienen una tendencia a funcionar con déficit comercial. Una de las causas fundamentales que nos permite explicar este comportamiento es la facilidad que las firmas extranjeras poseen para la obtención de productos importados desde otras filiales de la corporación.

Pero el efecto negativo sobre el sector externo más importante que tiene la inversión extranjera se debe al incremento de la remisión de utilidades y dividendos por parte de las empresas transnacionales insertas en la economía nacional y que implica una salida de divisas importantes del país.

Cuadro: Evolución de la cuenta corriente de la balanza de pagos, 2003-tercer trimestre de 2010 (millones de dólares)

Período

Utilidades y dividendos

2003

-633

2004

-2.286

2005

-3.895

2006

-4.939

2007

-5.241

2008

-6.094

2009

-6.627

Acumulado de los primeros tres trimestre de 2010

-5.375

Fuente: Indec

En este sentido, el acumulado de la remisión de utilidades y dividendos del 2003 – 2009 fue de 29.715 millones de dólares, esto es, más de la mitad del acumulado de la cuenta corriente de la balanza de pagos durante el mismo período. Por su parte, el acumulado de los tres primeros trimestres de 2010 arrojó 5.375 millones de dólares.

Incluso, desde el 2003 creció en forma permanente y año tras año la remisión de utilidades de las empresas extranjeras. Mientras que en el 2003 fue de 633 millones de dólares, en el 2009 fue de 6.627 millones de dólares. Por otro lado, en los tres primeros trimestres de 2010 la remisión de utilidades estuvo siempre por arriba de los 1.500 millones de dólares.

Por lo tanto, tanto por la tendencia al déficit comercial de las empresas extranjeras pero fundamentalmente como consecuencias de la remisión de utilidades y dividendos de las transnacionales, la inversión extranjera termina provocando fuertes efectos negativos sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos que más que compensan los efectos positivos que tiene sobre la cuenta de capital. Podemos concluir entonces que las empresas transnacionales arrojan un fuerte déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

De esta forma, la remisión de utilidades termina resintiendo el superávit de la cuenta corriente global generado fundamentalmente por el saldo positivo de la balanza comercial. Además, si la remisión de utilidades es creciente obliga que también sea creciente el saldo comercial favorable para seguir sosteniendo un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

A esto debemos sumarle otros problemas de las empresas transnacionales con respecto al sector externo como por ejemplo que las empresas extranjeras experimentan una concentración de sus exportaciones en productos primarios, particularmente de origen agropecuario. Asimismo, dentro de los productos industriales exportados por las empresas extranjeras se destacaban los bienes basados en recursos naturales. En conclusión, al analizar las características de las exportaciones de las empresas transnacionales podemos establecer que las mismas se concentran en productos poco sofisticados y de poco valor agregado en los cuales la economía argentina tradicionalmente tuvo ventajas comparativas y que por lo tanto no contribuyen a mejorar el perfil exportador de la economía argentina.

En este contexto, es fundamental para la profundización del modelo económico actual rediscutir el papel de las empresas transnacionales y particularmente debatir y reformular la ley de inversión extranjera que venimos arrastrando desde la década del noventa. El nuevo modelo de desarrollo, así como requiere una nueva ley de entidades financieras, necesita un nuevo marco legislativo para la inversión extranjera directa.

El autor es economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)

El año 2011 como bisagra, por Exequiel Cunibertti.

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Diario BAE el 14/01/2011)

El año que acaba de comenzar es una nueva bisagra para la historia económica argentina. Es un año donde se contemplará la decisión popular sobre que país considera mejor para el futuro. Los modelos que llegan en la actualidad a dicha disputa son totalmente antagónicos.

Uno de ellos busca recuperar ciertos privilegios perdidos durante los últimos 7 años y recobrar la impunidad que otorga el poder económico, por sobre los intereses nacionales; volviendo a ser el eje en la adquisición de derechos en la actuación parlamentaria, retomando las vías del status quo noventista en su vertiente mas conservadora, donde mantener la situación inamovible de privilegio genera la doble acumulación de dinero y poder.

Modelo económico donde los grupos económicos recuperen el poder real en los destinos del país y los políticos elegidos vuelvan a ser meros administradores de sus intereses. Donde los conglomerados empresarios tengan la impunidad de endeudarse fuertemente en el extranjero, al tiempo que reparten y fugan furibundamente sus ganancias al exterior y puedan imponer a los gobiernos de turno presiones para que el Estado socialice las deudas que ellos contrajeron.

Ese es el país que propone la mayor parte de la oposición. Es el que deviene a modo de conclusión de ciertos discursos de las entidades agrarias y de distintos grupos económicos nacionales o transnacionales. Donde los sectores populares vuelvan a ser el hilo mas fino por donde se generen los cortes y recortes a sus esperanzas de progreso, donde estos sectores humildes vuelvan a subsidiar el nivel de vida de las clases acomodadas, donde el endeudamiento genere el hipotecamiento de las generaciones venideras como ocurrió desde el año 1976 hasta el 2003. Donde el mayor problema de “la gente” no sea el “caos de transito”, sino el desempleo, la pobreza, el hambre, la indigencia y la miseria.

El otro modelo de país lo aporta el oficialismo que con administración, gestión y decisión política, anteponiendo el debate de ideas y la discusión económica por sobre todas las cosas, ha logrado lo que muchas otras anteriores gestiones gubernamentales no lograron. Reducir el desempleo a niveles históricos, recuperando millones de puestos de trabajo, devolviendo la dignidad al pueblo trabajador. Al mismo tiempo desendeudar al país, provocando que día a día cada niño que en el año 2002 nacía con una deuda heredada en términos de los $24.266, hoy se encuentra en algo más que la mitad de deuda cercano a los $12.730.

Pero no se quedo sólo allí la gestión del actual gobierno, sino que tomó la iniciativa y propicio el contexto necesario para incrementar la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno. Impulso como ningún otro de sus antecesores la universalización de derechos, desde las jubilaciones hasta la asignación universal, desde el reconocimiento de los derechos del personal hogareño hasta los programas de microcréditos, las cooperativas de trabajo y los micro-emprendimientos.

Por otro lado, viendo las cifras uno puede determinar que la indigencia en Argentina se vio aplastada con la asignación universal, que los niveles de pobreza se redujeron significativamente y que además provocó el efecto buscado y deseado en su diseño: el incremento de la matricula escolar en términos de un 25%. Con esto también queremos explicitar que el gobierno de Cristina Fernández salió del practicismo tan costoso de las políticas neoliberales focalizadas y se embandero en la universalización de derechos y la integralidad de las políticas adoptadas.

Ahora bien, expuesto este panorama electoral en el que por cuestión de calendario la Argentina atravesará durante el ultimo trimestre del presente año, cabe destacar la necesidad de marcar una plataforma política integral que permita profundizar el modelo económico actual. Para poder realizarlo, se deberá reforzar la presencia del Estado en la economía argentina

En particular es necesario aumentar los controles, inter e intraorganismos. Por ejemplo, realizar controles cruzados e integrales entre Afip, Anses, Banco Central y la Unidad de Información Financiera para detectar las irregularidades impositivas, financieras y del mercado de trabajo aun existentes a pesar de los enorme y profundos cambios realizados desde mayo de 2003.

Tanto Anses como el Banco Central han tenido desempeños administrativos muy notorios. Por un lado, desde Anses se continúan mejorando semestre a semestre los ingresos de los jubilados argentinos, se continúan financiando a través de recursos genuinos emprendimientos productivos de distintos sectores de la industria generando mayores puestos de trabajo y mayores niveles de recaudación en la seguridad social, incrementando el padrón de la Asignación Universal por hijo y ampliando el acceso a pensiones y contribuciones que por derecho le correspondían, llegando a personas que no podían acceder por desinformación o por inaccesibilidad territorial a través de la enorme cantidad de operativos realizados durante 2010.

En tanto que la gestión de Mercedes Marcó del Pont en el BCRA habilitó el pago de deuda externa con reservas de libre disponibilidad para 2010 generando que el gobierno nacional no tuviera que ajustar las cuentas públicas, mantuvo un impecable flotación del dólar e incremento nuevamente el nivel de reservas en cifras que vuelven a marcar récords por encima de los US$ 52.000 millones (debemos volver a resaltar que es la primera vez en la historia que el país se desendeuda en el exterior al mismo tiempo que incrementa sus niveles de reservas).

Es también menester analizar algunos datos puntuales otorgados por Afip en los últimos días: a partir de una ampliación superior al 200% interanual en los operativos de fiscalización durante el 2010 junto con la expansión económica que se produjo durante el año pasado, la recaudación fiscal registró un nuevo record histórico creciendo al 34,5 % respecto al acumulado anual del año 2009. Esto significó un mayor compromiso de la Agencia en los operativos fiscalizadores para hacer un poco más justo un sistema tributario bastante desigual de acuerdo a la legislación vigente. Pero el dato sobresaliente es el acumulado de la evolución en materia recaudatoria, donde la recaudación en dólares en la Republica Argentina en el año 2010 fue un 241% mayor que la recaudación fiscal de 1996 y casi un 650 % a la del año 2002.

En este contexto, se están realizando investigaciones conjuntas sobre evasión y elusión entre los organismos anteriormente mencionados, con graves casos de grupos empresarios nacionales y transnacionales. Casos como el de Cargill, Bunge, Dreyfus, Molinos Río de la Plata, el Grupo Clarín, sectores de la salud privada con respecto cirugías estéticas. Pero a partir de estas, comienzan a asomarse algunas otras cuestiones relevantes y de una importancia aun mayor, como el trabajo en condiciones de servidumbre descubiertos durante los últimos días en la Transnacional Nidera, en Southern Seeds Production SA. y en Status Ager. Estas cuestiones, refuerzan aun más la necesidad de reforzar los controles interinstitucionales e interministeriales del trabajo conjunto.

A raíz de esto, es aún más preponderante poner sobre el taburete del congreso la reforma del estatuto del peón rural que impulsara Néstor Kirchner durante el año pasado. Dignificar a los trabajadores rurales, incluirlos en el sistema laboral, reconocerlos como trabajadores con derechos, con una jornada de trabajo determinada, con aportes jubilatorios y seguridad social, para reducir estas situaciones a la minima expresión y que nunca puedan volver a ocurrir.

Por lo tanto, para profundizar el modelo económico actual se deberán incrementar las políticas de redistribución del ingreso que permitan llegar al Estado a sectores que han sido pauperizados durante el modelo neoliberal (1976-2003) y que, a pesar de los importantísimos avances realizados en estos 7 años, todavía no se han podido alcanzar avances estructurales con este sector.

En este sentido, también es fundamental impulsar la reforma de la ley de entidades financieras para la democratización del crédito bancaria y ampliar el control de la industria especulativa, contemplar la imperiosa necesidad de una reforma impositiva que progresivamente genere la equidad tributaria en base a las capacidades reales de pago. Incluir la reforma de la ley de quiebras, que permita a los trabajadores preponderancia ante la posibilidad de recompra de empresas, en casos de vaciamiento empresario. Mantener los controles de precios y profundizar el fomento de la competencia, incrementando aun más la participación pyme en el PBI.

Para esto no hay forma mas efectiva de hacerlo que tomar las riendas del asunto desde el ámbito gubernamental en todos sus niveles, desde la militancia y desde los sectores intelectuales para generar la suficiente masa critica que acompañe estas decisiones y que no serán una victoria electoral del oficialismo, sino una victoria del pueblo argentino todo; permitiendo incrementar la independencia económica, fortalecer la soberanía política y aumentar la justicia social.

El autor es integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP), www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)