viernes, 27 de agosto de 2010

Presentacion 2º Libro de GEENaP

Capital Federal (Agencia Paco Urondo)

(Agencia Paco Urondo)

Bases para una economía nacional y popular, por Gonzalo Flores Kemec

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico el 27/08/2010)

En otro artículo nuestro publicado en Buenos Aires Económico (“La escolástica económica y los modelos”) habíamos esbozado una crítica a cierto saber económico, identificado con el establishment académico y empresarial, sin plantear qué tipo de práctica debería erigirse como alternativa. El objetivo del siguiente escrito es delinear de forma preliminar y a grandes rasgos los puntos de partida para la construcción de un saber económico ligado a lo concreto y a la actividad práctica de transformación que ejercen los agentes sociales.

Podemos comenzar nuestra reflexión señalando que el “alejamiento” de la disciplina económica como práctica de producción de conocimientos sociales explica el “estatus y poder social” con que ésta cuenta, el “prestigio” en otras palabras, que obtienen los economistas al alejarse del vocabulario y el saber popular. transformándose, por medio de esta operación de alejamiento, en una disciplina puramente tecnocrática, cuyo acceso depende de la adquisición de un discurso particular y bastante limitado.

Los poseedores de tal “saber económico”, en tanto “grupo de elite”, se legitiman ensanchando la brecha entre las representaciones y los sentires populares y su propia práctica discursiva, creando así un círculo vicioso de retroalimentación entre legitimidad y aislamiento.

Por otro lado, y desde un punto de vista más “epistemológico”, resulta bastante paradójico observar que aquellos mismos tecnócratas de la economía, al mismo tiempo que aíslan su campo discursivo, volviéndolo “oscuro” al lego, apelan continuamente al “sentido común”, entendido éste como una serie de presupuestos teórico-políticos de partida y a priori, que permiten predecir un cierto “estado natural” de lo social.

Ese sentido común no es otra cosa que un determinado “estado” ideológico particular de una sociedad determinada; las representaciones y nociones de los grupos dominantes, que cuentan con un acceso privilegiado a los canales de difusión y comunicación de las ideas.

Tal aparente contradicción entre extrema cerrazón del campo teórico y discurso subsidiario de las fórmulas del saber ramplón o “cualunque” que construye el sentido común (ejemplificado en fórmulas tales como “se dice que…”; “todo el mundo sabe…”; “es para cualquiera, obvio que…” y otras) refuerza el efecto de alejamiento de los problemas reales y concretos –esto es, políticos– que atraviesan la sociedad.

Ahora bien: si el binomio que daba fuerza a la escolástica económica estaba compuesto por dos pilares fundamentales, a saber la “rigurosidad técnica” y el “poder predictivo”, ejemplificados en la extrema matematización de la disciplina, es a partir del proceso crítico que atraviesa el capitalismo desde comienzos de la década del 2000 hasta la actualidad que se derriba particularmente el segundo supuesto.

Con la caída en desgracia de la principal economía mundial, y el efecto de arrastre sobre toda la metrópoli capitalista ligada estrechamente a aquélla, cae la legitimidad conferida a la ortodoxia económica en lo relativo a su “poder predictivo”.

Anulado este supuesto por los hechos mismos, ¿qué puede sobrar para la tan mentada “rigurosidad técnica”? Puesto que continuar asumiendo tal rigurosidad implicaría aceptar automáticamente que la “cientificidad” de la ciencia económica yace sólo sobre una serie de silogismos tan cerrados como incontrastables, operaciones algebraicas que carecen en efecto de cualquier conexión con el “exterior” social. Y es ahí, casi en el campo de la religión, donde sólo resta continuar aceptando la ortodoxia como una forma de escolástica económica.

Por otro lado, no debería resultar llamativo por qué un fenómeno de carácter crítico, social y emergente produce un efecto de crisis sobre una esfera teórica y académica. Este tipo de procesos ya se ha dado con anterioridad en la historia de la cultura humana, envolviendo al saber en todas sus formas.

De hecho, y para el caso argentino, fue la enorme crisis social del 2001 la que posibilitó, a través de las formas de participación política y sus repercusiones institucionales abiertas por ella, el desplazamiento del discurso único neoliberal en el campo económico y su paulatino reemplazo por otras voces dentro del campo teórico de la economía, otrora desplazadas y silenciadas a lugares marginales.

Con todo esto bajo consideración, y visualizando en perspectiva nuestras condiciones sociales e históricas concretas, ¿qué clase de saber económico, esto es social, deberíamos producir desde una visión situada con miras a pensar el desarrollo nacional desde una posición de beneficio y bienestar para los sectores populares?

Evidentemente se trataría de un saber novedoso, al menos en el sentido de no repetir –de mínima– o directamente romper –de máxima– con los viejos puntos de partida de la escolástica económica y también, hasta cierto punto al menos, con los axiomas de la antigua escuela del desarrollo.

Veámoslo más claramente con un caso concreto: la discusión en torno del problema inflacionario. Resulta claro que, al considerar y estudiar la larga historia nacional, vemos que el pueblo argentino ha contado con una gran tradición de lucha y reivindicación en materia de derechos sociales. Un tristemente célebre ejemplo de esto es que, para lograr la imposición absoluta de la hegemonía de los grandes grupos económicos y la destrucción del proceso de industrialización en marcha, las elites nacionales debieron recurrir al sangriento golpe del ’76, como último recurso y solución definitiva al problema del disciplinamiento social.

Al día de hoy, los voceros del establishment identifican el problema inflacionario como un exceso de la demanda y como un síntoma de la excesiva “voracidad” de los asalariados que constantemente piden más recursos, y de “irresponsables y demagógicos” funcionarios de Estado que derrochan las arcas del Estado en pos del consumo popular indiscriminado, precipitando con este comportamiento “vicioso” una nueva crisis hiperinflacionaria. Probaremos que esta visión ideológica y parcial tiene total coherencia con aquella que planteó el agotamiento del modelo ISI a mediados de los ’70.

Es lógico que, con su larga tradición y memoria histórica, el pueblo argentino exija recomponer sus salarios especialmente en este período de bonanza económica generalizada, habiendo alcanzado los niveles que alcanzó antes de la llegada de la dictadura militar.

Son dos visiones contrapuestas, atravesadas por una disputa política fuerte, que definen en consonancia dos modelos de país muy distintos.

En esta puja, quienes se sitúan del lado de la “objetividad científica” confieren legitimidad teórica a los voceros de los grupos económicos y los monopolios, que en su pelea por la apropiación del excedente generado por tal bonanza, buscan imponer un rumbo y un modelo nacional determinado, exacerbando la dependencia interna y externa, reclamando continuamente por el “agotamiento” del modelo, y su cambio por uno más acorde a sus necesidades (de concentración y exclusión).

De cualquier forma, y debido al excelente desempeño a niveles macro, resulta difícil para la escolástica económica encontrar algún punto concreto por el cual justificar su constante apelación al apocalipsis inminente, corriendo todo el eje de la discusión a la puja distributiva inflacionaria, y de modo profundamente hipócrita, derivando en el continuo uso de argumentos oportunistas para pegarle al Gobierno nacional por izquierda, forzando de esa forma la propia situación crítica “predicha” por esos mismos voceros.

Queda en evidencia como la bancarrota ideológica de la elite nacional es total, al punto de quedar en manos del monopolio comunicacional la bajada de línea para la desorientada dirigencia opositora.

Finalmente, y a modo de conclusión, volvemos a un nivel más abstracto y estrictamente “epistemológico” para señalar que el problema entonces no pasaría, en nuestra perspectiva, por reclamar para el saber económico “poder predictivo” alguno, a priori; librándonos así, en un mismo movimiento de cualquier necesidad de “gurúes” y “manochantas” económicos.

El saber económico, en tanto saber social, tiene validez para un pueblo como acervo cultural, histórico y, valga la redundancia, social. Cultural porque se encuentra ligado inevitablemente al particularismo de las condiciones concretas que lo producen. Histórico, porque así como fue generado y producido en aquellas condiciones concretas, puede y debe ser modificado en el tiempo. Y social porque en tanto es producido por los propios agentes de una sociedad, sólo es válido en tanto se encuentra al servicio de la resolución y la transformación de los problemas y estructuras sociales que se ciernen sobre la práctica de esos agentes.

El autor es integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP-Mendoza) www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)

La obstinación de desfinanciar al Estado nacional, por Exequiel Cunibertti

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico el 25/08/2011)

La semana anterior analizamos los riesgos que representarían para el país modificar el esquema de retenciones por su doble carácter de desacoplar los precios internacionales y redistribuir las rentas extraordinarias a los sectores populares y a la industria. Es una realidad que a pesar de haber sufrido la peor sequía de los últimos 20 años y en el contexto de la crisis financiero-económica más importante de los últimos 80 años, la economía argentina, gracias a las políticas económicas, fiscales, monetarias y sociales que desde el Gobierno nacional se implementaron, el año 2009 pasó sin mayores sobresaltos y el crecimiento económico se retomó de manera muy importante durante el primer semestre de 2010.

Por este motivo, la agenda mediática-legislativa se impulsa desde varios puntos para afectar seriamente la estabilidad y el crecimiento nacional. Mucho se está hablando en los medios de comunicación sobre el inquebrantable reclamo para la caída de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, el reclamo versado sobre la eliminación o modificación de las retenciones al sector agroexportador y la urgencia sobre el aumento de las jubilaciones hasta alcanzar el 82% móvil.
Y no casualmente encontramos a representantes de importantes sectores económicos –empresarios de multimedios incluidos– reunidos con legisladores de la oposición y con candidatos presidenciables.

La lectura más simple de esta realidad indica que los sectores económicamente concentrados no están dispuestos a permitir la consolidación de la reactivación económica del país y por lo tanto no se plantean como objetivo la mejora social sustentable y conjunta de la Nación. Su único interés parece estar centrado en debilitar a un gobierno que a partir de julio de 2009, pese al resultado de las elecciones legislativas, no ha parado de mejorar su imagen positiva en las diversas consultas de opinión. Su ambición ya no refiere únicamente al poder del dinero, sino también al poder político. Han leído las palabras de Milton Friedman: “Toda crisis real o percibida es la única que genera un cambio verdadero”, y quieren encaminar a la República Argentina hacia eso, hacia la crisis.

Pero cabe rescatar que a la hora de hablar de estos fuertes planteos, algunos cuentan con un mayor consenso social que otro. El incremento del salario jubilatorio se encuentra hoy entre los temas de agenda y esto es gracias a la decisión política gubernamental de la nacionalización del sistema previsional –es de particular consideración que muchos de los legisladores que hoy lo impulsan votaron contra la finalización del sistema de jubilación privado de AFJP–. Pero se deben realizar algunas importantes preguntas para hablar sobre el 82% móvil: ¿se puede financiar el 82% sobre el salario mínimo vital y móvil? ¿Con qué recursos?

Aquí encontramos el principal escollo de las propuestas legislativas para impulsar este proyecto: el tema del financiamiento. Nadie en el campo nacional y popular podría estar en contra de una medida de inclusión y de mejoramiento social, es una bandera que hemos levantado históricamente.
Pero aquí nos surge otro cuestionamiento: ¿cómo efectuarlo para que sea sustentable en el tiempo sin afectar el desenvolvimiento económico nacional?

En primer lugar es importante aclarar que la administración del Estado durante los últimos siete años ha llevado la jubilación mínima de $150 a $1.090, conformando incrementos paulatinos y de manera sustentable para llevarlo a cabo de manera fáctica y real y de esta manera mejorar la situación socioeconómica de un sector históricamente postergado. Asimismo, agregó al sistema previsional a más de 2,5 millones de jubilados.

Ahora bien, con la aprobación del 82% móvil la realidad indica que el importe a incrementar el gasto público ronda los $140.000 millones. Esta cifra no es la que están debatiendo los legisladores. Por ejemplo, según el diputado Claudio Lozano llegaría casi a $20.000 millones. Pero sobre ese cálculo y ante tamaña diferencia de presupuestación es menester aclarar que no regiría únicamente para las jubilaciones mínimas, sino que mediante la aplicación del principio de igualdad ante la ley alcanzaría a todas las jubilaciones que actualmente se abonan en la República Argentina.
En este sentido, el dictamen de mayoría aprobado en la Cámara de Diputados no contempla forma de financiamiento por fuera de los recursos genuinos obtenidos por la Anses. Por su parte, el dictamen de minoría, en cambio, planteaba algunos aspectos, aunque sin cubrir la necesidad total de financiamiento.

Además, las consideraciones realizadas por el proyecto aprobado en mayoría sobre el financiamiento del 82% móvil a través de los recursos genuinos de la Anses son inexactas. Esta cifra del 82% implica que al menos tres trabajadores en actividad financien a un jubilado a través de los aportes personales y patronales. La realidad indica que el sistema actual posee 1,5 trabajadores para financiar a un jubilado debido a la gran informalidad existente y que por lo tanto este financiamiento carece de sustento. Por lo tanto, a través de los recursos genuinos de la Anses no se llega a financiar el dictamen aprobado por moción del denominado Grupo A.

Por otro lado, según el proyecto presentado por el bloque parlamentario Proyecto Sur, se planteaba cubrir esa cifra mediante el restablecimiento de los aportes patronales reducidos por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Sin embargo, según las estimaciones realizadas, recomponer los aportes patronales no cubre la cifra requerida –alcanzaba a financiar tan sólo al 60%–. Y el resto de las fuentes de financiamiento propuestas, como gravar la renta financiera, no cubre el 40% restante.

De esta manera, podemos afirmar que en caso de aprobarse en el Senado el proyecto que tiene media sanción, el panorama nacional a nivel económico se podría volver imprevisible. El aumento del gasto primario sin financiamiento –los desembolsos en concepto de jubilaciones y pensiones durante el 2009 rondaron el 40% del gasto primario total– podrían provocar una severa crisis fiscal y en este sentido un fuerte impedimento al Estado nacional para intervenir en la economía de manera de efectuar políticas anticíclicas para moderar los efectos de la crisis económica. Porque si bien la Argentina ha salido del cimbronazo mundial sin mayores complicaciones, esto ocurrió porque existió una administración pública que basa sus políticas en la sustentabilidad para el largo plazo.

La historia ha marcado ya en nuestras retinas las consecuencias de los déficits fiscales. Pensemos en la presidencia de Alfonsín declarando la emergencia previsional. Pero sin irnos tanto en el tiempo el gobierno de la Alianza con la reducción de los haberes jubilatorio en pos del equilibrio fiscal, el ajuste y el hambre de un pueblo que llevó a la salida anticipada de Fernando de la Rúa.

Con el plan de financiamiento propuesto, el Estado debería dejar de otorgar créditos blandos a la producción agropecuaria y otras actividades productivas que requieren la intervención estatal para ser rentables, para generar más cantidad de puestos de trabajo y de mejor calidad, para mantener los más de 4,5 millones de puestos de trabajos recuperados desde el año 2003.

El proyecto de ley votado carece de fuentes de financiamiento, no poseen pautas claras sobre cómo solventar el incremento del gasto de manera íntegra y sostenible a lo largo del tiempo. Este proyecto de ley debe ser analizado como una mera declaración de intenciones o como una operación política que persigue fines electoralistas, y buscan o bien desgastar la imagen del Gobierno nacional forzando al veto presidencial, o bien apostar a una crisis económica y social que los deposite en el poder de manera anticipada.

Si se aplicaran todos los proyectos de ley impulsados por la oposición se marcharía a un default fiscal que en el mediano plazo obligaría a reducir las jubilaciones. En efecto, por un lado proponer aumentar el gasto público a través de la ley del 82% móvil y por otro proponen reducir el financiamiento del Estado nacional a través de la reducción de las retenciones y coparticipar el impuesto al cheque a las provincias.

Por lo tanto, para poder hablar de un incremento de las jubilaciones de manera viable y sustentable en el tiempo es necesario profundizar el modelo económico actual. Por ejemplo, a través de dinamizar el tratamiento parlamentario de la Ley de Entidades Financieras que regule una actividad altamente rentable y que se encuentra regida por una ley de la última dictadura militar que permita avanzar en el proceso de reindustrialización con inclusión social iniciado en el 2003, y de esta manera transitar los pasos hacia la justicia social en la República Argentina.

El autor es integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP). www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)

miércoles, 18 de agosto de 2010

Agenda de Actividades del GEENaP

Capital Federal (Agencia Paco Urondo)
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El dia martes 10 de Agosto, en Hurlingam, se realizo la apertura del taller de formacion economica "Saber para Defender" organizada por los compañeros de Peronismo 26 de Julio. Con la disertacion de Juan Santiago Fraschina (Economista, integrante de GEENaP)

El dia Sabado 23 de Julio, en la localidad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, se realizo una charla titulada: "Modelo Economico Kirchnerista". La disertacion estuvo a cargo de Juan Santiago Fraschina integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular.

(Agencia Paco Urondo)

Retenciones, una nueva disputa, por Exequiel Cunibertti

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico 13/08/2010)

La República Argentina ha superado la mayor crisis económico-financiera de los últimos ochenta años sin efectos devastadores para su economía. La consolidación de la recuperación económica, en un contexto internacional aún en crisis, depende en gran cuantía de la intervención del Estado en el de­sempeño económico.

Si a la crisis le sumamos que un sector importante de la economía nacional, el agropecuario, enfrentó la mayor sequía de los últimos veinte años, es menester entonces reconocer la gestión del Estado para suavizar los efectos de dicha crisis.

Debemos analizar que si bien el foco de eclosión de la crisis –los Estados Unidos– está mostrando síntomas de recuperación, dicha crisis se ha trasladado ahora a Europa. Las crisis de Grecia, España, Irlanda y Portugal en materia financiera y en sus derivaciones económicas y sociales, han demostrado sus efectos más resonantes en el primer semestre del 2010. Consecuentemente, otros países europeos, como Alemania y Francia, están efectuando políticas de ajuste en sus economías que probablemente generen mayores costos sociales y económicos en la región, profundizando de esta manera la situación.

En el panorama actual, el crecimiento argentino es de un promedio del 7% anual, crecimiento que está basado en el impulso del consumo interno, en especial de bienes durables.

El escenario reafirma entonces políticas redistributivas, como la asignación universal por hijo (AUH), orientada a dar cobertura social a seis millones de niños menores de edad desprotegidos; el Plan “Argentina trabaja” (generando 100.000 nuevos puestos de trabajo genuino); el Plan Repro (subsidiando a empresas en riesgo, con el fin de evitar pérdidas de puestos laborales e impactando beneficiosamente sobre gran cantidad de pymes); los subsidios a la producción (creando sustentabilidad para los sectores empresariales afectados por el escenario de crisis), como también el incentivo estatal a la conformación de paritarias para la discusión salarial de los trabajadores.
Todos estos programas y decisiones políticas buscan apuntalar el crecimiento económico y la inclusión social. Se puede establecer entonces la línea de acción gubernamental en materia socioeconómica: dar protección a quienes se encuentran fuera de cobertura, generar más cantidad de puestos de trabajo genuino, mantener los puestos creados hasta el momento (mas de 4 millones) y mejorar la participación de los trabajadores ya incluidos.

Retomando el panorama legislativo, los avances en la materia económico-social que ha generado el oficialismo a través de la gestión del Estado, se encuentran en la actualidad puestos en juego en el seno del Poder Legislativo. El denominado Grupo A está planteando la eliminación de las facultades delegadas y modificar el esquema de retenciones. Esto busca limitar el poder de gestión del actual Gobierno a partir del desfinanciamiento del Estado y así coartar los efectos redistributivos llevados adelante desde el 2003 y exponer al país al contagio respecto de la crisis financiera internacional, generando un recorte presupuestario a la asignación de recursos económicos diseñados en función de las necesidades del pueblo. El objetivo para la oposición es imponer una recesión económica que atienda sus intereses electorales de cara al 2011.

Si bien no existe una proposición concreta, la intención es modificar la base fundamental del actual modelo económico: el esquema de retenciones a las exportaciones. La masa dineraria que deviene en ingresos fiscales al Estado a partir de las retenciones presupuestados para el presente año 2010 es de $41.500 millones, de los cuales alrededor del 50% provienen de la exportación de soja, una cifra que se encuentra en alrededor de $20.000 millones.

Desfinanciar al Estado en semejante cuantía puede producir un quiebre del crecimiento económico y un fuerte efecto retractivo en la redistribución del ingreso. Imaginemos que a partir de lo recaudado en concepto de soja el Estado nacional coparticipa a las provincias y municipios a través del Fondo Federal Solidario el 30%, es decir, una cifra cercana a los $6.000 millones que van directamente aplicados a obras comunitarias, pavimentaciones, plazas, paseos y otros requerimientos de infraestructura en cada uno de los distintos municipios y provincias del país.

A partir de este hecho, algunos sectores, tanto de las entidades agrarias como algunas consideraciones de legisladores y referentes políticos, dan indicios de que las retenciones a la soja no sean cuestionadas. De esta manera, la cifra que el Estado nacional dejaría de percibir en concepto de retenciones sería cercana a los $6.000 millones. Quizá alguno pueda considerar esta cifra como un importe menor, pero vale destacar que con una decisión parlamentaria como ésta, se podría ver afectado el 60% de lo destinado a la protección social de 6 millones de chicos o bien reducir la asignación tan sólo a 2,4 millones de niños, dejando marginados a los 3,6 millones restantes.

Las justificaciones de la oposición y las entidades rurales afirman que el volumen de la cosecha actual supera en un 54% al volumen de la cosecha 2008/2009. De esta manera, en el 2010 no se presentaría un serio inconveniente financiero. Sin embargo, la eliminación de las retenciones limita la intervención del Estado ante un contexto de crisis económica mundial, además de limitar su capacidad de respuesta ante factores no controlables, como por ejemplo el factor climático.

La vulnerabilidad económica nacional sería mucho más grave que lo que fue, por ejemplo, el período de sequías de la cosecha 2008/2009. El Estado debería recortar los subsidios a los distintos sectores agropecuarios, como por ejemplo la producción lechera y ganadera, los feedlots, los créditos blandos al sector agropecuario, entre otros.

Ahora bien: ¿cuál ha sido el objeto de las retenciones? Básicamente dos: por un lado, recaudar para redistribuir, y por otro, desacoplar los precios internacionales de los alimentos para acrecentar el consumo interno.

A partir de la megadevaluación del 2002 el sector agropecuario se vio muy beneficiado por la recuperación de competitividad externa, motivo por lo cual el volumen exportado por dicho sector económico tuvo un exponencial crecimiento. El esquema de $1 = u$s1 fue reemplazado por una paridad monetaria de $3 = u$s1. En síntesis, el productor agropecuario a partir del 2002 comenzó a obtener más cantidad de pesos por la misma cantidad de producto exportado con anterioridad a la devaluación y de esta manera, sin retenciones, el sector agropecuario hubiese triplicado sus ganancias. Las retenciones agropecuarias buscaban entonces distribuir la renta del sector agropecuario al sector industrial, para recuperar los puestos laborales perdidos durante la década anterior y provocar un fuerte proceso de inclusión social.

El objeto de retener para redistribuir el ingreso implica limitar la fuerte competitividad del sector agropecuario y otorgar las condiciones básicas para incrementar la competitividad del sector industrial, que genera mayor cantidad de puestos de trabajo y trae aparejado el crecimiento de la innovación productiva. Para reflejar la competitividad del sector agropecuario, debemos remarcar el fuerte crecimiento de los precios internacionales de los commodities alimentarios, en especial el de la soja, que durante el 2008 alcanzo los u$s573 por tonelada.

Los tiempos del lockout patronal producto de la resolución 125 tuvieron otro contexto, ya que durante el 2008 los precios internacionales de los granos subieron de manera exorbitante. De esta manera, los productores agropecuarios no sólo obtenían más pesos por producto exportado, sino que también comenzaron a obtener mayor cantidad de dólares por el mismo volumen de producto.
Pero la función de desacoplar los precios internacionales de los productos primarios al precio que los argentinos puedan pagan por los alimentos tiene un carácter sustancial: mantener e incrementar el consumo interno y evitar el desabastecimiento de dichos productos.

La doble función de las retenciones consiste en limitar las ganancias extraordinarias del sector agropecuario, debido a la devaluación y la competitividad del sector e impulsar el incremento de la participación industrial en el PBI, al tiempo que se garantiza el nivel de consumo interno. Esto claramente se pudo lograr y el crecimiento y la participación industrial hoy es una realidad tangible en la economía nacional. El defender la mesa de los argentinos es una tarea ardua aun hoy en día, dada la fuerte concentración económica existente en los sectores productores de alimentos, que se consolidan como formadores de precios, atentando contra las necesidades populares.

Una Argentina sin retenciones agropecuarias podría llevar la economía a una situación de vulnerabilidad y dependencia económica, tanto por motivos endógenos y exógenos como por los factores climáticos, poniendo así en jaque la sostenibilidad industrial, la seguridad alimentaria nacional, los puestos de trabajo recuperados, el salario real de los argentinos y los avances sociales conseguidos en estos últimos siete años.

El autor es integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar
(Agencia Paco Urondo)

lunes, 9 de agosto de 2010

Modelos económicos y resultados, por Juan Santiago Fraschina

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico 06/08/2010)

Generalmente los economistas neoliberales que prevalecieron durante la década del ’90 asociaban el éxito o no de un modelo económico al crecimiento del producto bruto interno (PBI). En este sentido, cualquier modelo que generara expansión del producto podría ser catalogado como exitoso.

Con esta visión, entonces, el modelo de convertibilidad puede ser calificado como exitoso gracias a que en él se había producido una expansión del PBI. Lo mismo sucede con el modelo agroexportador (1880-1930) que se tradujo en una fuerte expansión del producto.

Sin embargo, en la actualidad es claro que el crecimiento económico puede estar asociado a la mayor exclusión social. En otras palabras, el aumento del PBI puede producirse al mismo tiempo que se incrementan la desocupación, la subocupación, la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso como sucedió tanto en el modelo agroexportador como en el régimen convertible.

Por lo tanto, es fundamental diferenciar tres pilares centrales de un modelo económico: las políticas económicas, los objetivos intermedios y el objetivo final del modelo. Es el objetivo final el que determina en última instancia el éxito o el fracaso de un modelo económico y no las políticas económicas ni los objetivos intermedios.

Entre las políticas podemos mencionar, por ejemplo, las privatizaciones o la estatización de las empresas públicas, el tipo de cambio fijo o la devaluación de la moneda, la apertura comercial o el proteccionismo, la desregulación de los mercados o los precios máximos, entre otras. Las políticas económicas no deben ser los objetivos del modelo sino más bien instrumentos coyunturales para la obtención del objetivo final.

Asimismo, entre los objetivos intermedios podemos mencionar, por ejemplo, el aumento del producto bruto interno, el incremento de la inversión, el aumento o la reducción de la deuda externa, el crecimiento de la extranjerización o de la nacionalización de la economía nacional, el aumento o no de las exportaciones e importaciones. De nuevo, el éxito de los objetivos intermedios o no dependen de si nos acercan o alejan del objetivo final del modelo económico.

Por lo tanto, surge la pregunta central: ¿cuál es el objetivo final de todo modelo económico? La respuesta es sencilla: el mejor nivel de vida de la población. Desde el punto de vista económico esto implica la reducción del de­sempleo, del subempleo, de la pobreza, la indigencia; el aumento de los salarios y las jubilaciones y la mejor distribución del ingreso. Entonces, el éxito o el fracaso de un modelo económico depende de si los individuos viven mejor o no.

Por ejemplo, el modelo de la convertibilidad estaba compuesto por un conjunto de políticas económicas, como por ejemplo el tipo de cambio bajo y fijo, la apertura comercial, la desregulación de los mercados, la flexibilización laboral y la privatización de las empresas públicas. A partir de este conjunto de políticas económicas se produjo, entre otros objetivos intermedios, una expansión del producto. Para los economistas ortodoxos la expansión del PBI permitía sostener lo exitoso del modelo instaurado en la década del ’90, confundiendo de esta forma los objetivos intermedios con el objetivo final.

Sin embargo, el régimen convertible se tradujo en un aumento permanente y constante de la desocupación, subocupación, la indigencia, la pobreza y la concentración del ingreso. Es decir, como resultado del modelo de convertibilidad se produjo un empeoramiento en el nivel de vida de los argentinos, lo cual implicó un alejamiento del objetivo final de todo modelo económico. Esto nos permite afirmar que el régimen instaurado en la década del ’90 fue un rotundo fracaso.

A partir del 2003 se instauró un nuevo modelo de desarrollo determinado por la aplicación de un nuevo conjunto de políticas económicas entre las cuales podemos destacar un tipo de cambio competitivo, el aumento constante del gasto público, una fuerte política de subsidios, el incremento de la regulación de los mercados a partir del retorno de los precios máximos, la aplicación de las retenciones, la estatización de ciertos servicios públicos, el retorno al sistema previsional de reparto, la instauración de las convenciones colectivas de trabajo.

Los objetivos intermedios del nuevo modelo de acumulación fueron, por ejemplo, el aumento de la inversión, el crecimiento económico sostenido, el incremento de las exportaciones, el superávit comercial y fiscal, entre otros.

Ahora bien, la pregunta central es: ¿el nuevo modelo económico es exitoso? Preguntado de otra forma: ¿el conjunto de políticas económico aplicadas a partir del 2003 y los objetivos intermedios conseguidos nos permitieron acercarnos o no al objetivo final?

En este sentido, los datos son contundentes. En primer lugar, se produjo una recomposición del mercado de trabajo verificado en la reducción de la desocupación del 20,4% al 8,3% entre el primer trimestre del 2003 y el primer trimestre del 2010. Asimismo, durante el mismo período se produjo una abrupta reducción de la subocupación no demandante que pasó del 12,0 al 6,6 por ciento. Por su parte, también se experimentó una disminución del 45,1% al 34,6% de los asalariados sin descuentos jubilatorios entre mayo del 2003 y el primer trimestre del 2010.

Al mismo tiempo, se registró un aumento de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. En relación con este punto se produjo en primer lugar un aumento del salario mínimo del 650% entre enero del 2003 y enero del 2010. En efecto, el salario mínimo pasó de $200 a $1.500 durante este período. Visto de otra forma, mientras que en enero del 2003 el salario mínimo cubría el 29,5% de la canasta básica total, en enero del 2010 representaba el 142,2 por ciento. Por su parte, el haber mínimo jubilatorio se incrementó de $150 a $895,15 entre enero del 2003 y enero del 2010, lo cual representa un aumento del 496,8 por ciento.

Por otro lado, entre enero del 2003 y mayo del 2010 se produjo un aumento en el nivel general de salarios del 222,3%, que implica que el aumento de las remuneraciones fue mayor al nivel inflacionario, por lo cual se tradujo en un aumento del salario real de los trabajadores.

A partir de estos resultados se experimentó una fuerte reducción de la pobreza y la indigencia junto con una mejor distribución del ingreso. Con respecto a la pobreza, mientras que los hogares pobres se redujeron del 42,7% al 9,0% entre el primer semestre del 2003 al segundo semestre del 2009, las personas pobres disminuyeron del 54,0% al 13,2% durante el mismo período. Asimismo, se produjo una baja de la indigencia, pasando del 20,4% al 3,0% de los hogares indigentes y del 27,7% al 3,5% de las personas indigentes.

Por último, se registró una mejora en la distribución del ingreso tanto a nivel poblacional, ocupados, en los hogares como en la distribución funcional. En primer lugar, con respecto a la distribución del ingreso de la población total según la escala de ingreso individual; mientras que el 40% de la población más pobre pasó de participar del 11,2% al 13,4% y el 40% medio de la población incrementó su participación del 34,2% al 38,3% entre el tercer trimestre del 2003 y el primer trimestre del 2010, el 20% más rico de la población disminuyó su participación del 54,6% al 48,3% durante el mismo período.

Con respecto a la población ocupada, los datos también son contundentes: entre el tercer trimestre del 2003 y el primer trimestre del 2010, el 40% de los ocupados más pobres expandió su participación del 12,2% al 15,7%; el 40% medio de los ocupados pasó del 36,% al 40,2%, y el 20% más rico de los ocupados disminuyó su participación del 51,5 al 44,1 por ciento.

Por su parte, con respecto a los hogares y tomando la distribución del ingreso de éstos según escala de ingreso total familiar mientras que el 40% de los hogares más pobres aumentó su participación del 12,0% al 14,9% y la participación del 40% de los hogares de los sectores medios pasó del 35,2% al 38,9% entre el tercer trimestre del 2003 y el primer trimestre del 2010, el 20% de los hogares más ricos disminuyó su participación del 52,8% al 46,2% durante el mismo período.
Por último, el modelo económico kirchnerista se tradujo en una mejora en la distribución funcional del ingreso. En efecto, las remuneraciones del trabajo asalariado aumentaron su participación en el producto de 34,3% en el 2003 a 43,6% en el 2008.

A todo esto debemos agregarle el plan social más ambicioso de América latina: la asignación familiar por hijo que implica el 0,58% del PBI destinado a los sectores más vulnerables y que producirá una mayor reducción de la pobreza, la indigencia y un aumento en la mejor distribución del ingreso.

Por lo tanto, el nuevo modelo de acumulación instaurado en el 2003 y articulado a partir de un conjunto de políticas económicas coherentes permitieron reducir el desempleo, la subocupación, el trabajo no registrado, la pobreza y la indigencia, mejorar la distribución del ingreso de la población total, de los ocupados y de los hogares y aumentar la participación del salario en el producto total.
Es decir, el modelo económico kirchnerista se tradujo en un mejor nivel de vida de la población y de esta forma nos permitió acercarnos al objetivo final de todo modelo económico. En este sentido, el actual modelo económico es exitoso.

El autor es Economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP). www.geenap.com.ar
(Agencia Paco Urondo)

lunes, 2 de agosto de 2010

De trabajadores, asignaciones y distribuciones, por Ariadna Somoza Zanuy

Capital Federal (Agencia Paco Urondo. publicado por Buenos Aires Economico el 30/07/2010)

Los niveles de desocupación que se han registrado en nuestro país destruyeron cualquier teoría económica o política al respecto: desde los neoclásicos a quienes les empezaba a parecer demasiado extraño que tantos trabajadores no quieran trabajar y, por ende, que el sistema no sea tan equilibrado como pensaban, hasta los planteos de la izquierda ortodoxa, que consideraron a esa masa de desocupados como un lumpen-proletariado, quitándole así su esencia de clase, de clase trabajadora, olvidando por completo el concepto de ejército industrial de reserva.

Ambas concepciones generan un mismo resultado: los desocupados no son más trabajadores. La cantidad de trabajadores son menos. Más debilidad, menos poder. Ya sea porque deciden no trabajar al salario que se les ofrece, sea porque en realidad son lúmpenes sin conciencia de clase. Cabe aclarar que esta última concepción fue ampliamente sostenida por los partidos de izquierda, los que hoy basan su construcción en el piqueterismo duro. Sin embargo, ambas concepciones ocultan lo fundamental del porqué esta masa de desocupados garantizaron una cada vez menor participación de los asalariados en el producto de nuestro país. Éstas son las implicancias económicas y políticas de niveles de desocupación del 12% como los registrados a principios de 2003.

Es entonces cuando la discusión acerca del carácter de los desocupados toma un rol fundamental: considerarlos trabajadores desocupados no es lo mismo que considerarlos lúmpenes o vagos. Considerarlos trabajadores desocupados implica considerarlos actores políticos que inciden en la relación capital-trabajo, que disputan poder en la distribución de la riqueza.

Esta discusión se nos presenta como totalmente alejada de medidas tales como Asignación Universal por Hijo, aumentos jubilatorios, incorporación de nuevos jubilados al sistema previsional, recuperación de las AFJP. Más vale mostrarlas como aisladas, como medidas contenedoras, asistencialistas y/o propiciadoras de los vicios sociales. Conviene tapar su potencial. Conviene tapar su total ligazón.

Desde una clara posición teórico-ideológica, la recuperación de los fondos jubilatorios por parte del Estado implica la recuperación de los ahorros de los trabajadores argentinos, que no es lo mismo que decir la “plata de los argentinos, la plata de todos”. Por otro lado, la incorporación de jubilados que no tenían los aportes suficientes para jubilarse implica que el Estado se hace cargo de que ese trabajador que no se puede jubilar no puede hacerlo porque se vio o privado del derecho al trabajo, o trabajó sin aportar, porque el Estado no estuvo allí presente. En este sentido, es similar a la Asignación Universal por Hijo, ya que implica que el Estado reconoce que a los millones de niños a los que no les llega esa asignación es porque sus papás aún no han podido ser incorporados al trabajo. En todos los casos estamos hablando de los derechos de los trabajadores.

El día miércoles se anunció un aumento tanto para la Asignación Universal por Hijo de un 22,22% como para las jubilaciones de un 16,9%. Fue planteada desde el gobierno, a partir del discurso de la Presidenta, como un avance en la institucionalización de las políticas de Estado tendientes a garantizar que no sean pocos los que se apropien de la renta, a la vez que como una inversión social (y no gasto) en pos de fortalecer el mercado interno.

De este planteo se desprenden dos cuestiones: por un lado, la necesidad de fortalecer la demanda para garantizar la actividad económica, lo cual es diametralmente opuesto a las teorías acerca de la necesidad de enfriar la economía para evitar la inflación. Esto significa, por ende, una inyección de dinero en los sectores de menores ingresos, inyección que asume el Estado, con lo cual no tendría que expresarse en un aumento de precios, ya que los aumentos salariales ya están acordados y a los privados los aumentos anunciados el miércoles no les incide en ningún costo. Si quieren aumentar los precios es porque quieren apropiarse de más renta de la que deben apropiarse, advierten desde el gobierno, dejando al descubierto el carácter de puja distributiva que tiene nuestra inflación. Ésta sería la segunda cuestión: el carácter redistributivo de estos aumentos.

¿Y por qué decimos esto? Porque muchos no creen en este carácter redistributivo. Cuando hablamos de distribución de la riqueza hablamos de la participación de los trabajadores sobre el producto, es decir, la relación capital-trabajo. Pareciera ser que estos trabajadores desocupados que perciben la Asignación Universal por Hijo no participan en esa relación, ya que, como hemos visto anteriormente, se asume que no pertenecen a la clase trabajadora. En este sentido, planteos deterministas asumen que la única forma de acrecentar la participación de los trabajadores son los aumentos salariales.

Obviamente, esto no sirve para explicar la distribución de la riqueza en una economía con las características como la nuestra, en la cual los altos niveles de desempleo y exclusión provocan que gran parte del actor político protagónico de esa disputa sea excluido del sistema tradicional trabajo-salario-participación.

Por ende, tanto la Asignación Universal por Hijo como la incorporación de jubilados que no estaban en condiciones de jubilarse implica un avance en el proceso de mayores niveles de participación de los trabajadores en relación con el capital. Primero, porque ambas políticas se basan en la recuperación, por parte del Estado, de los ahorros de los trabajadores, lo cual implica que se está distribuyendo entre los trabajadores dinero de los trabajadores, el mismo dinero que un año atrás estaba en manos de la timba financiera. Segundo, porque al asumir tanto a los trabajadores desocupados como a los jubilados que han sido desocupados o mal ocupados y no se podían jubilar como trabajadores, estamos asumiendo que una inyección de recursos en ese sector, además de motorizar la demanda y el consumo, implica no sólo una dignificación en materia económica sino que abre las puertas para un mayor empoderamiento de los trabajadores en general en esta disputa.

Existe una relación dialéctica clara: mientras mayores sean los niveles de inyección de recursos económicos a quienes aun están excluidos del trabajo, mayor será la posibilidad de disputa real de los trabajadores incluidos en el sistema en relación con su participación en el PBI, así como cuanto más avancen estos últimos en ese sentido, mayores serán las posibilidades para que los excluidos puedan no sólo seguir percibiendo del Estado recursos económicos, sino que lograrán conquistar su inclusión en el trabajo digno, que es la única posibilidad real de eliminar la pobreza.

Para entender esto es indispensable que no nos ganen los planteos que fragmentan a la clase trabajadora: la misma es una y los avances o retrocesos la afectan como un todo. Para profundizar el proyecto nacional es indispensable avanzar en mayores niveles de trabajo. Para avanzar en mayores niveles de trabajo es indispensable dignificar a los trabajadores desocupados con la asignación y la jubilación y a los trabajadores ocupados con los aumentos salariales acordados en las paritarias. Ambas políticas y crecientes niveles de organización de la clase trabajadora nos harán concretar un sueño que hoy parece tan lejano: llegar al 50%-50%.

La autora es integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)