miércoles, 18 de agosto de 2010

Retenciones, una nueva disputa, por Exequiel Cunibertti

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico 13/08/2010)

La República Argentina ha superado la mayor crisis económico-financiera de los últimos ochenta años sin efectos devastadores para su economía. La consolidación de la recuperación económica, en un contexto internacional aún en crisis, depende en gran cuantía de la intervención del Estado en el de­sempeño económico.

Si a la crisis le sumamos que un sector importante de la economía nacional, el agropecuario, enfrentó la mayor sequía de los últimos veinte años, es menester entonces reconocer la gestión del Estado para suavizar los efectos de dicha crisis.

Debemos analizar que si bien el foco de eclosión de la crisis –los Estados Unidos– está mostrando síntomas de recuperación, dicha crisis se ha trasladado ahora a Europa. Las crisis de Grecia, España, Irlanda y Portugal en materia financiera y en sus derivaciones económicas y sociales, han demostrado sus efectos más resonantes en el primer semestre del 2010. Consecuentemente, otros países europeos, como Alemania y Francia, están efectuando políticas de ajuste en sus economías que probablemente generen mayores costos sociales y económicos en la región, profundizando de esta manera la situación.

En el panorama actual, el crecimiento argentino es de un promedio del 7% anual, crecimiento que está basado en el impulso del consumo interno, en especial de bienes durables.

El escenario reafirma entonces políticas redistributivas, como la asignación universal por hijo (AUH), orientada a dar cobertura social a seis millones de niños menores de edad desprotegidos; el Plan “Argentina trabaja” (generando 100.000 nuevos puestos de trabajo genuino); el Plan Repro (subsidiando a empresas en riesgo, con el fin de evitar pérdidas de puestos laborales e impactando beneficiosamente sobre gran cantidad de pymes); los subsidios a la producción (creando sustentabilidad para los sectores empresariales afectados por el escenario de crisis), como también el incentivo estatal a la conformación de paritarias para la discusión salarial de los trabajadores.
Todos estos programas y decisiones políticas buscan apuntalar el crecimiento económico y la inclusión social. Se puede establecer entonces la línea de acción gubernamental en materia socioeconómica: dar protección a quienes se encuentran fuera de cobertura, generar más cantidad de puestos de trabajo genuino, mantener los puestos creados hasta el momento (mas de 4 millones) y mejorar la participación de los trabajadores ya incluidos.

Retomando el panorama legislativo, los avances en la materia económico-social que ha generado el oficialismo a través de la gestión del Estado, se encuentran en la actualidad puestos en juego en el seno del Poder Legislativo. El denominado Grupo A está planteando la eliminación de las facultades delegadas y modificar el esquema de retenciones. Esto busca limitar el poder de gestión del actual Gobierno a partir del desfinanciamiento del Estado y así coartar los efectos redistributivos llevados adelante desde el 2003 y exponer al país al contagio respecto de la crisis financiera internacional, generando un recorte presupuestario a la asignación de recursos económicos diseñados en función de las necesidades del pueblo. El objetivo para la oposición es imponer una recesión económica que atienda sus intereses electorales de cara al 2011.

Si bien no existe una proposición concreta, la intención es modificar la base fundamental del actual modelo económico: el esquema de retenciones a las exportaciones. La masa dineraria que deviene en ingresos fiscales al Estado a partir de las retenciones presupuestados para el presente año 2010 es de $41.500 millones, de los cuales alrededor del 50% provienen de la exportación de soja, una cifra que se encuentra en alrededor de $20.000 millones.

Desfinanciar al Estado en semejante cuantía puede producir un quiebre del crecimiento económico y un fuerte efecto retractivo en la redistribución del ingreso. Imaginemos que a partir de lo recaudado en concepto de soja el Estado nacional coparticipa a las provincias y municipios a través del Fondo Federal Solidario el 30%, es decir, una cifra cercana a los $6.000 millones que van directamente aplicados a obras comunitarias, pavimentaciones, plazas, paseos y otros requerimientos de infraestructura en cada uno de los distintos municipios y provincias del país.

A partir de este hecho, algunos sectores, tanto de las entidades agrarias como algunas consideraciones de legisladores y referentes políticos, dan indicios de que las retenciones a la soja no sean cuestionadas. De esta manera, la cifra que el Estado nacional dejaría de percibir en concepto de retenciones sería cercana a los $6.000 millones. Quizá alguno pueda considerar esta cifra como un importe menor, pero vale destacar que con una decisión parlamentaria como ésta, se podría ver afectado el 60% de lo destinado a la protección social de 6 millones de chicos o bien reducir la asignación tan sólo a 2,4 millones de niños, dejando marginados a los 3,6 millones restantes.

Las justificaciones de la oposición y las entidades rurales afirman que el volumen de la cosecha actual supera en un 54% al volumen de la cosecha 2008/2009. De esta manera, en el 2010 no se presentaría un serio inconveniente financiero. Sin embargo, la eliminación de las retenciones limita la intervención del Estado ante un contexto de crisis económica mundial, además de limitar su capacidad de respuesta ante factores no controlables, como por ejemplo el factor climático.

La vulnerabilidad económica nacional sería mucho más grave que lo que fue, por ejemplo, el período de sequías de la cosecha 2008/2009. El Estado debería recortar los subsidios a los distintos sectores agropecuarios, como por ejemplo la producción lechera y ganadera, los feedlots, los créditos blandos al sector agropecuario, entre otros.

Ahora bien: ¿cuál ha sido el objeto de las retenciones? Básicamente dos: por un lado, recaudar para redistribuir, y por otro, desacoplar los precios internacionales de los alimentos para acrecentar el consumo interno.

A partir de la megadevaluación del 2002 el sector agropecuario se vio muy beneficiado por la recuperación de competitividad externa, motivo por lo cual el volumen exportado por dicho sector económico tuvo un exponencial crecimiento. El esquema de $1 = u$s1 fue reemplazado por una paridad monetaria de $3 = u$s1. En síntesis, el productor agropecuario a partir del 2002 comenzó a obtener más cantidad de pesos por la misma cantidad de producto exportado con anterioridad a la devaluación y de esta manera, sin retenciones, el sector agropecuario hubiese triplicado sus ganancias. Las retenciones agropecuarias buscaban entonces distribuir la renta del sector agropecuario al sector industrial, para recuperar los puestos laborales perdidos durante la década anterior y provocar un fuerte proceso de inclusión social.

El objeto de retener para redistribuir el ingreso implica limitar la fuerte competitividad del sector agropecuario y otorgar las condiciones básicas para incrementar la competitividad del sector industrial, que genera mayor cantidad de puestos de trabajo y trae aparejado el crecimiento de la innovación productiva. Para reflejar la competitividad del sector agropecuario, debemos remarcar el fuerte crecimiento de los precios internacionales de los commodities alimentarios, en especial el de la soja, que durante el 2008 alcanzo los u$s573 por tonelada.

Los tiempos del lockout patronal producto de la resolución 125 tuvieron otro contexto, ya que durante el 2008 los precios internacionales de los granos subieron de manera exorbitante. De esta manera, los productores agropecuarios no sólo obtenían más pesos por producto exportado, sino que también comenzaron a obtener mayor cantidad de dólares por el mismo volumen de producto.
Pero la función de desacoplar los precios internacionales de los productos primarios al precio que los argentinos puedan pagan por los alimentos tiene un carácter sustancial: mantener e incrementar el consumo interno y evitar el desabastecimiento de dichos productos.

La doble función de las retenciones consiste en limitar las ganancias extraordinarias del sector agropecuario, debido a la devaluación y la competitividad del sector e impulsar el incremento de la participación industrial en el PBI, al tiempo que se garantiza el nivel de consumo interno. Esto claramente se pudo lograr y el crecimiento y la participación industrial hoy es una realidad tangible en la economía nacional. El defender la mesa de los argentinos es una tarea ardua aun hoy en día, dada la fuerte concentración económica existente en los sectores productores de alimentos, que se consolidan como formadores de precios, atentando contra las necesidades populares.

Una Argentina sin retenciones agropecuarias podría llevar la economía a una situación de vulnerabilidad y dependencia económica, tanto por motivos endógenos y exógenos como por los factores climáticos, poniendo así en jaque la sostenibilidad industrial, la seguridad alimentaria nacional, los puestos de trabajo recuperados, el salario real de los argentinos y los avances sociales conseguidos en estos últimos siete años.

El autor es integrante del Grupo de Estudios de Economia Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar
(Agencia Paco Urondo)

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