Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Economico 01/10/2010)
La evolución de la relación salarial en la Argentina está estrechamente vinculada con los modelos y régimen de acumulación implementados a lo largo de la historia, los cuales han influido notablemente en la conformación y articulación del mercado laboral en nuestro país en paralelo y producto también de los sectores productivos desarrollados.
Es a partir de la dictadura militar que el mercado de trabajo en la Argentina inicia un primer proceso de desestructuración que va a llegar a su apogeo en la década del ’90. Durante este período, de tipo aperturista con estancamiento económico, se fue gestando una reducción de los salarios reales y una paulatina caída del empleo formal, estableciendo de esta forma en el sector informal un ámbito de refugio y supervivencia ante el inicio del proceso desindustrializador. Es imperante resaltar que dicha desestructuración del mercado de trabajo se realiza en paralelo con el retroceso del estado de bienestar que supo articularse durante el período de sustitución de importaciones, especialmente durante el período peronista.
El notable avance del capital por sobre el trabajo que se inicia en el proceso militar implica la desarticulación de las pautas de conductas al interior del sistema de relaciones laborales tradicional producto de la supresión de los derechos colectivos de los trabajadores, favoreciendo la retracción del salario real. A su vez, producto del proceso de desindustrialización que se llevara a cabo, se generó una transferencia hacia sectores cuentapropistas, terciarios e informales, en paralelo a que se registran tasas de desempleo oculto y efectos retiro del mercado de trabajo.
De esta manera, una vez realizados los cambios estructurales de la dictadura en la economía y en la sociedad, sumado a las crisis de financiamiento producto de la deuda externa de inicios de la década del ’80, la estructura del mercado de trabajo se vio afectada. Es importante resaltar que con la apertura democrática, pero con las crisis financieras a cuestas que finalizaran con la crisis hiperinflacionaria, y el aparato industrial destruido y con escasas capacidades de reestructurarse, es que la estructura regresiva y de desregulación del mercado de empleo no se modificó a grandes rasgos, salvo por el crecimiento de la feminización del trabajo producto de las necesidades económicas de las unidades familiares y el crecimiento de la conflictividad laboral producto de la reaparición del actor sindical y el restablecimiento de pautas de negociación encuadradas en el modelo de relaciones laborales.
A partir de la década del ’90, y una vez establecido y afianzado el régimen de convertibilidad, se observa en el mercado de empleo un segundo proceso de desestructuración del mercado de trabajo caracterizado a partir de reformas laborales “flexibilizadoras” que según el paradigma neoliberal imperante busca romper la rigidez de la normativa laboral, que impiden el acceso al empleo y el desarrollo productivo y de inversiones. A su vez, durante este período se realizan profundas reformas en la estructura de las instituciones laborales y sociales restringiendo la capacidad de intervención estatal; por lo que a partir de la apertura comercial, las privatizaciones de empresas públicas y la reducción del precio de las importaciones es que se va a gestar un proceso de desindustrialización que deriva en un aumento de los niveles de desempleo abierto, subempleo, informalidad urbana y precariedad laboral.
Es éste el momento en el que se consolida el paradigma neoliberal, estableciendo de esta manera un quiebre no sólo en lo respectivo a la política económica sino también en el rol estatal y el de las instituciones que se articulan a través del primero. De esta manera, las distintas instituciones sociales y los sectores que éstas representan (seguridad social, empleo, salud, educación, etcétera) fueron víctimas de profundos cambios estructurales cuyas consecuencias repercutieron regresivamente en las condiciones de vida de la población, especialmente en los sectores populares.
En consecuencia, se articula un proceso de reestructuración económico a partir de recetas neoliberales y la suscripción al Consenso de Washington cuyos objetivos manifiestos son los de generar cambios estructurales en materia económica y social, afectando el rol del Estado, sus capacidades y funciones. Ejemplo de ello no sólo es el proceso de privatización de las empresas públicas sino también en lo respectivo a la regulación de las relaciones laborales, las políticas sociales, las políticas educativas y sanitarias, la apertura económica, la valorización financiera en desmedro del capital productivo, etcétera.
Por ende, y beneficiado por las flexibilización de la normativa laboral y el proceso de reestructuración económico, se genera un proceso de transformación en el proceso de acumulación de las grandes empresas en pos de reducir costos, incrementar la productividad y ganar competitividad internacional, por lo que se desverticalizan a partir de la sustitución de insumos por importaciones de productos; la terciarización de aquellos insumos con menor productividad; expulsión de mano de obra y racionalización del empleo, etcétera, que afecta la conformación del mercado de trabajo.
Es interesante resaltar que el período analizado, si bien cuenta con un fuerte proceso de desindustrialización que afecta a las pequeñas y medianas empresas principalmente, también cuenta con un crecimiento del sector de servicios. No obstante, no sólo esto no alcanza para absorber la mano de obra desocupada, sino que también se observa un crecimiento de la productividad por sobre el producto.
Si a este contexto le agregamos los cambios producidos respecto de la política de ingresos, estimuladas por la retracción en el sistema de relaciones laborales y del poder de negociación sindical ante el avance del capital y de formas productivas flexibilizadas como es el caso de la negociación por empresa en lugar de la histórica rama de actividad, entre las que se destacan la desactualización del valor del salario mínimo, la tipificación de incrementos salariales por productividad, el crecimiento de conceptos no remunerativos, formas de contrataciones tercerizadas, temporarias, acortadas y sin aportes a la seguridad social, tales como contratos de locación de servicios, a tiempo determinado, pasantías, por medio de agencias de empleo eventual, etcétera.
Frente a lo expuesto, no sólo se entiende el crecimiento del desempleo en la Argentina sino también el crecimiento del sector informal urbano, especialmente en su faceta productiva, que pasa a ser parte de la lógica de acumulación de las grandes empresas en sus intentos de reducción de costos, explicándose la precariedad de las condiciones laborales durante el período. Es por ello que algunos de los principales cambios al interior del mercado de trabajo dentro del proceso de desestructuración de la última década estuvo dado principalmente por el incremento del empleo asalariado no registrado dentro del sector formal y por la desverticalizaión de las grandes empresas acompañadas por políticas de racionalización de mano de obra a través de reducción de costos, expulsión de mano de obra y subcontrataciones, configurando al sistema informal urbano como principal proveedor de bienes y servicios de estas grandes empresas.
Ahora bien, a partir del proceso que se inicia con el quiebre del modelo de valorización financiera mediante la devaluación primero y desde el 2003 con la consolidación de un perfil de desarrollo nacional basado en la industrialización y el desarrollo productivo pero a su vez enfocado en la recomposición laboral y del ingreso de los sectores populares como agentes determinantes para la recomposición del mercado interno, es que se observa una notable mejora del mercado de trabajo basada en la sostenida caída de la desocupación y el trabajo precario.
De esta manera se revierte la lógica establecida desde la segunda mitad de la década del ’70 mediante el desarrollo del sector asalariado formal, lo que a su vez genera un evidente retroceso de la pobreza y la indigencia en el país, que ha logrado superar exitosamente crisis económicas mundiales como la del año pasado; y que permite sostener que es posible obtener crecimiento económico, inversión y desarrollo productivo sin precarización de las condiciones laborales.
Lo expuesto permite observar que el mercado de trabajo está íntimamente vinculado con el modelo económico y de desarrollo generado. En consecuencia, las experiencias vividas en el país dan cuenta de que el desarrollo nacional debe darse a partir de un proceso de industrialización sostenido que incluya a los sectores populares y fortalezca el rol del Estado para actuar en forma protectoria hacia el trabajo, evitando cualquier forma de precarización y flexibilización en pos de consolidar una alianza entre el capital y el trabajo para desplegar las fuerzas productivas que generen crecimiento económico y pleno empleo para el desarrollo nacional.
En contraposición, y del otro lado de la vereda, continúan los restos de una experiencia que los argentinos en general y los trabajadores ayer desocupados y hoy empleados en particular conocen bien: la del Estado ausente que legitima la precarización laboral, la desocupación y pauperización de los trabajadores en beneficio del capital financiera y bajo el sostén ideológico neoliberal del efecto derrame que postulaba el Consenso de Washington.
La elección entre el mercado de trabajo de ayer y el de hoy no parece difícil.
El autor es Licenciado en relaciones del trabajo del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)
Es a partir de la dictadura militar que el mercado de trabajo en la Argentina inicia un primer proceso de desestructuración que va a llegar a su apogeo en la década del ’90. Durante este período, de tipo aperturista con estancamiento económico, se fue gestando una reducción de los salarios reales y una paulatina caída del empleo formal, estableciendo de esta forma en el sector informal un ámbito de refugio y supervivencia ante el inicio del proceso desindustrializador. Es imperante resaltar que dicha desestructuración del mercado de trabajo se realiza en paralelo con el retroceso del estado de bienestar que supo articularse durante el período de sustitución de importaciones, especialmente durante el período peronista.
El notable avance del capital por sobre el trabajo que se inicia en el proceso militar implica la desarticulación de las pautas de conductas al interior del sistema de relaciones laborales tradicional producto de la supresión de los derechos colectivos de los trabajadores, favoreciendo la retracción del salario real. A su vez, producto del proceso de desindustrialización que se llevara a cabo, se generó una transferencia hacia sectores cuentapropistas, terciarios e informales, en paralelo a que se registran tasas de desempleo oculto y efectos retiro del mercado de trabajo.
De esta manera, una vez realizados los cambios estructurales de la dictadura en la economía y en la sociedad, sumado a las crisis de financiamiento producto de la deuda externa de inicios de la década del ’80, la estructura del mercado de trabajo se vio afectada. Es importante resaltar que con la apertura democrática, pero con las crisis financieras a cuestas que finalizaran con la crisis hiperinflacionaria, y el aparato industrial destruido y con escasas capacidades de reestructurarse, es que la estructura regresiva y de desregulación del mercado de empleo no se modificó a grandes rasgos, salvo por el crecimiento de la feminización del trabajo producto de las necesidades económicas de las unidades familiares y el crecimiento de la conflictividad laboral producto de la reaparición del actor sindical y el restablecimiento de pautas de negociación encuadradas en el modelo de relaciones laborales.
A partir de la década del ’90, y una vez establecido y afianzado el régimen de convertibilidad, se observa en el mercado de empleo un segundo proceso de desestructuración del mercado de trabajo caracterizado a partir de reformas laborales “flexibilizadoras” que según el paradigma neoliberal imperante busca romper la rigidez de la normativa laboral, que impiden el acceso al empleo y el desarrollo productivo y de inversiones. A su vez, durante este período se realizan profundas reformas en la estructura de las instituciones laborales y sociales restringiendo la capacidad de intervención estatal; por lo que a partir de la apertura comercial, las privatizaciones de empresas públicas y la reducción del precio de las importaciones es que se va a gestar un proceso de desindustrialización que deriva en un aumento de los niveles de desempleo abierto, subempleo, informalidad urbana y precariedad laboral.
Es éste el momento en el que se consolida el paradigma neoliberal, estableciendo de esta manera un quiebre no sólo en lo respectivo a la política económica sino también en el rol estatal y el de las instituciones que se articulan a través del primero. De esta manera, las distintas instituciones sociales y los sectores que éstas representan (seguridad social, empleo, salud, educación, etcétera) fueron víctimas de profundos cambios estructurales cuyas consecuencias repercutieron regresivamente en las condiciones de vida de la población, especialmente en los sectores populares.
En consecuencia, se articula un proceso de reestructuración económico a partir de recetas neoliberales y la suscripción al Consenso de Washington cuyos objetivos manifiestos son los de generar cambios estructurales en materia económica y social, afectando el rol del Estado, sus capacidades y funciones. Ejemplo de ello no sólo es el proceso de privatización de las empresas públicas sino también en lo respectivo a la regulación de las relaciones laborales, las políticas sociales, las políticas educativas y sanitarias, la apertura económica, la valorización financiera en desmedro del capital productivo, etcétera.
Por ende, y beneficiado por las flexibilización de la normativa laboral y el proceso de reestructuración económico, se genera un proceso de transformación en el proceso de acumulación de las grandes empresas en pos de reducir costos, incrementar la productividad y ganar competitividad internacional, por lo que se desverticalizan a partir de la sustitución de insumos por importaciones de productos; la terciarización de aquellos insumos con menor productividad; expulsión de mano de obra y racionalización del empleo, etcétera, que afecta la conformación del mercado de trabajo.
Es interesante resaltar que el período analizado, si bien cuenta con un fuerte proceso de desindustrialización que afecta a las pequeñas y medianas empresas principalmente, también cuenta con un crecimiento del sector de servicios. No obstante, no sólo esto no alcanza para absorber la mano de obra desocupada, sino que también se observa un crecimiento de la productividad por sobre el producto.
Si a este contexto le agregamos los cambios producidos respecto de la política de ingresos, estimuladas por la retracción en el sistema de relaciones laborales y del poder de negociación sindical ante el avance del capital y de formas productivas flexibilizadas como es el caso de la negociación por empresa en lugar de la histórica rama de actividad, entre las que se destacan la desactualización del valor del salario mínimo, la tipificación de incrementos salariales por productividad, el crecimiento de conceptos no remunerativos, formas de contrataciones tercerizadas, temporarias, acortadas y sin aportes a la seguridad social, tales como contratos de locación de servicios, a tiempo determinado, pasantías, por medio de agencias de empleo eventual, etcétera.
Frente a lo expuesto, no sólo se entiende el crecimiento del desempleo en la Argentina sino también el crecimiento del sector informal urbano, especialmente en su faceta productiva, que pasa a ser parte de la lógica de acumulación de las grandes empresas en sus intentos de reducción de costos, explicándose la precariedad de las condiciones laborales durante el período. Es por ello que algunos de los principales cambios al interior del mercado de trabajo dentro del proceso de desestructuración de la última década estuvo dado principalmente por el incremento del empleo asalariado no registrado dentro del sector formal y por la desverticalizaión de las grandes empresas acompañadas por políticas de racionalización de mano de obra a través de reducción de costos, expulsión de mano de obra y subcontrataciones, configurando al sistema informal urbano como principal proveedor de bienes y servicios de estas grandes empresas.
Ahora bien, a partir del proceso que se inicia con el quiebre del modelo de valorización financiera mediante la devaluación primero y desde el 2003 con la consolidación de un perfil de desarrollo nacional basado en la industrialización y el desarrollo productivo pero a su vez enfocado en la recomposición laboral y del ingreso de los sectores populares como agentes determinantes para la recomposición del mercado interno, es que se observa una notable mejora del mercado de trabajo basada en la sostenida caída de la desocupación y el trabajo precario.
De esta manera se revierte la lógica establecida desde la segunda mitad de la década del ’70 mediante el desarrollo del sector asalariado formal, lo que a su vez genera un evidente retroceso de la pobreza y la indigencia en el país, que ha logrado superar exitosamente crisis económicas mundiales como la del año pasado; y que permite sostener que es posible obtener crecimiento económico, inversión y desarrollo productivo sin precarización de las condiciones laborales.
Lo expuesto permite observar que el mercado de trabajo está íntimamente vinculado con el modelo económico y de desarrollo generado. En consecuencia, las experiencias vividas en el país dan cuenta de que el desarrollo nacional debe darse a partir de un proceso de industrialización sostenido que incluya a los sectores populares y fortalezca el rol del Estado para actuar en forma protectoria hacia el trabajo, evitando cualquier forma de precarización y flexibilización en pos de consolidar una alianza entre el capital y el trabajo para desplegar las fuerzas productivas que generen crecimiento económico y pleno empleo para el desarrollo nacional.
En contraposición, y del otro lado de la vereda, continúan los restos de una experiencia que los argentinos en general y los trabajadores ayer desocupados y hoy empleados en particular conocen bien: la del Estado ausente que legitima la precarización laboral, la desocupación y pauperización de los trabajadores en beneficio del capital financiera y bajo el sostén ideológico neoliberal del efecto derrame que postulaba el Consenso de Washington.
La elección entre el mercado de trabajo de ayer y el de hoy no parece difícil.
El autor es Licenciado en relaciones del trabajo del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP) www.geenap.com.ar (Agencia Paco Urondo)
No hay comentarios:
Publicar un comentario