Desde el golpe del ’76 a la acción destituyente del 2008-2010: El poder económico en acción, por Raúl Ísman

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Por Raúl Isman
Docente. Escritor.
Columnista del Noticiero televisivo
Señal de Noticias.
Colaborador habitual del
periódico Socialista “el Ideal”
Director de la revista
Electrónica Redacción popular.
raulisman@yahoo.com.ar

“Bastante sabemos, hoy, que es preciso renunciar a considerar la venganza como la reconquista serena de un orden razonable y justo. Y sin embargo, debemos aún aspirar al castigo de los auténticos criminales. Pues castigar es reconocer que el hombre es libre tanto en el mal como en el bien, es distinguir el mal del bien en el uso que el hombre hace de su libertad, y es querer el bien.”

Simone de Beauvoir. Escritora y filósofa francesa. De su libro El existencialismo y la sabiduría de los pueblos (1946).

“Por lo general, a las dictaduras de los cabos y los sargentos, en los países democráticos les siguen las dictaduras de los grupos financieros. Los efectos son los mismos, aunque el “modus operandi” de las imposiciones de los segundos sean otras más sutiles, menos perceptibles a simple vista, …. La “diferencia” que media entre unos y otros es la misma que existe entre un asalto a mano armada y la estafa.”

Arturo Jauretche. Pensador nacional.

Introducción

En este texto- escrito originalmente en ocasión de recordarse un cuarto de siglo en el 2001 del más nefasto 24 de marzo y actualizado mínimamente cada año- se analiza el golpe de 1976 y cierta continuidad que logró dicha asonada a partir de la reacción gauchocrática desatada desde marzo del 2008 y que continua en la actualidad; entendiéndolo como punto de partida de la profunda recomposición económica y social a la que fue sometido nuestro pueblo y de su continuidad durante el menemismo y el gobierno radical-aliancista (1999-2001). Por cierto que esta realidad es la que, en los días que corren, tratamos de transformar gestando una Argentina con pleno empleo e integración social, y; en particular cerrando todos los caminos y resquicios posibles para la impunidad. Nada casualmente, para el gobierno nacional actual su política de derechos humanos es inescindible de la distribución del ingreso; mientras que la defensa incondicional de las atrocidades cometidas en la década del ’70 es uno de los aspectos que articula a la torva oposición que debe soportar el gobierno nacional. Pero en realidad las acciones de las fuerzas que se identifican como oposición se hallan conducidas por el poder económico, gestor, beneficiario e impulsor de ambos golpes mencionados en el título del presente trabajo. Con respecto a la asonada de 1976, a lo largo de las presentes notas, se describen algunos hechos, se señala a culpables y responsables, se analizan los métodos más que repudiables y los objetivos de los genocidas, aún los que no eran manifiestos. Además, se incorpora una visión de los resultados perdurables hasta nuestros días de la dictadura. Finalmente se realiza una síntesis desde una mirada contemporánea, a la luz del pensamiento de algunos filósofos y de un mínimo debate político acerca del golpismo desencadenado desde marzo del año 2008 y sus orígenes.



Los hechos y sus causas



El 24 de marzo de 1976, todo el país “fue puesto bajo el control jurisdiccional de las Fuerzas Armadas”, como constataba el comunicado oficial de los asaltantes del poder. Los antecedentes y las causas hay que buscarlas en la agudización de los conflictos propios de la guerra fría con el consiguiente endurecimiento imperialista en nuestra América Latina, la impotencia de un gobierno peronista jaqueado por la crisis económica (que implicaba una situación casi hiperinflacionaria), la incapacidad para canalizar la consiguiente puja sectorial y la desgarradora y paralizante para las masas populares violencia política. Por otra parte no pueden omitirse las constantes peleas internas en el peronismo, el cinismo de la U.C.R. (que al tiempo de manifestar la búsqueda de una salida democrática pactaba en las sombras con los golpistas) y el hecho que el poder económico se había orientado hacia una salida favorable para sus intereses, que incluía el total reformateo de la economía y la sociedad.

Una etapa para la cual cuesta encontrar los calificativos adecuados estaba comenzando en la Argentina. La tortura- incluyendo la que se realizaba con mujeres embarazadas, delito aberrante si los hay- el robo y secuestro de niños pequeños o nacidos en cautiverio, la ausencia total de libertades: de expresión, de reunión, la prohibición de funcionar para los partidos políticos y sindicatos de trabajadores, la liquidación de las instituciones democráticas, la anulación de conquistas laborales de larga data, la subordinación de la justicia y muchas otras violaciones a los derechos humanos que se resumen y coagulan en la más cruel de todas: la desaparición forzosa de personas. En efecto, la palabra desaparecido se dice en castellano en todos los idiomas del mundo para recordar a los 30.000 seres- entre ellos, los jóvenes estudiantes secundarios de La Plata, en el episodio conocido como la noche de los lápices- que fueron secuestrados en sus hogares, lugares de trabajo o estudio o en la propia vida pública. No puede omitirse que una de las actuales defensoras de las citadas aberraciones, la apologeta de homicidios diversos Cecilia Pando de Mercado, se halla alineada en el bloque “opositor”, como el golpista legislador de la U.C.R. Oscar Aguad, siempre presto a fotografiarse junto a criminales como el ahora condenado Luciano Menéndez. Los citados señalamientos son realizados a fin de destacar que el ’76 tiene plena continuidad en las fuerzas de la llamada oposición; donde unos desvergonzados que se autodenominan Coalición Cívica no tienen empacho en reivindicar el secuestro y robo de niños, despojándolos de su historia e identidad.

En plena época dictatorial, en 1977, el periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh denunciaba semejantes violaciones a los derechos humanos en su último texto, escrito poco antes de caer prisionero de la dictadura para convertirse en un desaparecido más. Este trabajo (la Carta a la Junta Militar en el primer aniversario del golpe; del cual existen diversas ediciones y se halla disponible en la gran biblioteca existente desde Internet) sigue siendo un modelo de periodismo riguroso, exhaustivo y de fuerte compromiso con las necesidades del pueblo, realizado en las durísimas condiciones de clandestinidad que el régimen le imponía. Allí dice Walsh que la represión practicada de modo tan impiadoso por los militares tenía una finalidad precisa, definiendo indubitablemente los verdaderos objetivos del golpe de estado... “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”. El subrayado es nuestro.

Dicha política económica (de características neoliberales) fue impulsada por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, durante el lustro que va de 1976 a 1981, coincidente con la presidencia del general Jorge Rafael Videla y luego profundizada ya en democracia por Carlos Menem y por su (poco aventajado) continuador De La Rua. Y nada casualmente son los lineamientos que el poder económico y sus esbirros massmediáticos machacan cotidianamente por volver a imponer en la Argentina del siglo XXI. Desde Alfonso Prat Gay, conocido personero de la banca globalizada, hasta Los Rodríguez Saa y Duhalde, pasando por los Patricia Bullrich y los Macri y De Narvaez, un solo clamor unifica a las fuerzas políticas de la derecha: clausurar el ciclo de mejoría popular comenzado en 2003 y volver a las peores latrocinios de los ’90 con su secuela de retroceso industrial, desempleo, miseria popular y descuentos en los haberes jubilatorios; por citar sólo algunos derivados de su receta.

El plan tecno-económico de Martínez de Hoz tenía en principio dos finalidades fundamentales:

a) Como punto de partida, la finalidad era provocar una drástica redistribución del ingreso, favoreciendo a los sectores empresarios y perjudicando a los asalariados. Para ello, fueron liberados todos los precios de la economía con excepción de los salarios. “Extraño” liberalismo el del Ministro orejudo, por cierto. El liberalismo económico implica necesariamente la libre negociación de todos los precios en una economía. Si uno de ellos, el salario de los trabajadores, quedaba sometido al “asfixiante yugo estatal” (palabras del propio ministro), no hay dudas que estábamos en presencia de un liberalismo intencionadamente tuerto. Además, fue modificada la Ley de Contrato de Trabajo aprobada durante el gobierno anterior; favoreciendo claramente a las patronales. Se liquidaron distintas conquistas sectoriales de los trabajadores, quedando el mundo del trabajo sin protección por causa de las dificultades para ejercer la representación sindical y la inaccesibilidad de derechos constitucionales, como la resistencia por medio de huelgas. La virulencia de la represión garantizó el éxito de esta primer operación.

b) Por otra parte, la política económica buscó alentar la valorización financiera en detrimento de la actividad productiva. Los instrumentos para lograr este objetivo fueron la Ley de Entidades Financieras y la llamada tablita cambiaria. Por efecto de la ley citada, el estado garantizaba los depósitos realizados en moneda nacional de todo el sistema bancario, con lo cual se alentó la proliferación de instituciones sin solvencia, conducidas por auténticos bucaneros modernos, que prometían muy altos intereses. El ahorrista de todos modos acudía a estos llamados, en razón de la garantía estatal para el pago de los depósitos en moneda nacional incluida en el ordenamiento legal citado. Además, se vivió una euforia constante consistente en dineros que venía al país a obtener durante un mes, las tasa que en el primer mundo se conseguían en un año de colocaciones en el sistema bancario. Complementaba semejante maniobra la tablita financiera, la cual era una pauta progresiva de devaluación que permitía a los especuladores extranjeros maximizar sus ganancias- en lo que ya se llamaba bicicleta financiera- y luego recomprar sus dólares más las pingues tasas que no existían en ninguna parte del universo. La clave secreta de toda la operatoria, una auténtica piedra filosofal neoliberal que muestra de modo irrefutable a quienes servían los integrantes de la dictadura, la constituía una gigantesca transferencia de recursos de los sectores productivos, hacia los bancos, financieras y y grandes ahorristas e inversores externos. El círculo fue cerrado con la estatización de la deuda externa privada, medida impulsada y aprobada por el entonces presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, luego impulsor del plan económico denominado de la convertibilidad durante el menemismo y que resultó ruinoso para la industria nacional. El (para)equino ministro presidió también el derrumbe del neoliberalismo en 2001, inolvidable corralito mediante. La U.C.R. y aliados, lejos de haber realizado una autocrítica de porque semejante enemigo del interés nacional y popular haya integrado su gobierno, persiste por el mismo camino presionando para que se adopte una política económica al servicio del poder económico globalizado; gestor, impulsor, beneficiario y mandante en los citados proyectos antinacionales y antipopulares. La diferencia sustancial entre los golpes del 76 y del 2008-2010 con los cuales la reacción intentó consumar sus propósitos reside en la centralidad de las armas utilizadas. En efecto, en el primero, los instrumentos de fuego son los decisivos. En el segundo, los cañones son comunicacionales, los grandes medios de (in)comunicación masiva. No cabe ninguna duda que sin ellos, Elisa Carrió no podría trascender la condición de chusma barrial o Gerardo Morales no sería más que un pícaro mentiroso jujeño.

Gran parte de la sociedad pequeño burguesa fue ganada por la pretensión de vivir sin trabajar y muchas de estas personas vendieron sus propiedades para vivir de los intereses. Mientras tanto, una porción mayor y significativa de los que no entraban en esta utopía reaccionaria se hundía en la miseria. Además de la inviabilidad económica de semejante pretensión, en lo que ya por aquellos años se llamaba “la plata dulce”, anidaba una crisis ética que corroía las bases morales de toda la sociedad. La garantía última de toda esta aberración presentada como política económica era la capacidad represiva de los militares, casi intacta durante los cinco años de la presidencia de Videla. Las internas entre Los Videla y los Menéndez y todos estos contra los Massera no los hacían disminuir un ápice en eficacia represiva y en saña torturadora. Cuando se trataba de masacrar y torturar al pueblo, todas las fracciones se unificaban.

En este contexto, tiene un rol central la desaparición forzosa de personas, método que no fue exclusivo de los genocidas argentinos; pero que quedó ligado a ellos para la percepción de gran parte de la opinión pública mundial. La desaparición de personas tenía varias finalidades. Algunas de ellas fueron las siguientes:

1) Partiendo del hecho que todos los operativos se hacían con un indudable carácter oficial, ya que se realizaban con las calles cerradas por la policía, exhibiendo vehículos de las fuerzas armadas, con efectivos uniformados y se invocaba la pertenencia a las distintas fuerzas de seguridad para entrar en un domicilio; en resumen todo convergía en un punto: el objetivo central era aterrorizar a la población. El mensaje resultaba claro: si existía cualquier tipo de compromiso con alguna actividad opositora a la barbarie militar, todos los ciudadanos eran pasibles de seguir el mismo camino. Cuando se llevaban a alguien a la vista de todo el vecindario, la finalidad última era transmitirle a quienes quedaban la percepción que todos podrían correr la misma “suerte” que el desaparecido.

2) Demostrar a la población y al mundo entero que los militares podrían - si ellos lo consideraban necesario- ir más allá que los propios nazis. Efectivamente, estos criminales alemanes solían entregar en algunos casos los cadáveres de sus víctimas. En la Argentina, miles de madres y otros familiares a más de tres décadas, aún anhelan justicia y quieren saber acerca del destino que tuvieron sus seres queridos. La nula colaboración con la justicia, más de tres décadas después, sólo puede ser leída como el mafioso pacto de silencio de los genocidas, que ni siquiera prestan alguna mínima cooperación- aunque fuera esporádica y aislada- para determinar la suerte corrida por los hijos arrebataos a sus madres en las cámaras de tortura y no recuperados aún.

3) Siguiendo con lo antedicho, en toda cultura, el duelo está aceptado como forma de despedida del fallecido. Al ocultar definitivamente el cuerpo, los represores instalaron en la memoria colectiva de la sociedad civil, y particularmente entre los seres queridos del desaparecido, la sensación de un dolor desgarrador, continuo y sin final. Al no poder despedir a su hijo, toda madre espera que en algún momento reaparezca. Esta es una herida que sangra permanentemente y que, como tal, genera terror. Paradójicamente, también originó una forma de resistencia hasta entonces desconocida: la de las madres de Plaza de Mayo. Acerca de este movimiento, volveremos más adelante. Agreguemos para subrayar la identidad central entre los represores del 76 y los caceroleros del 2008 y sus sirvientes políticos la nostalgia explícita de la dictadura por parte la rnfla caceroluda y la presencia entre ellos de la conocida apologeta de criminales Cecilia Pando de Mercado, quién ha reivindicado explícitamente el robo de bebes ya citado.



Acerca de los culpables y

los responsables del horror



Cuando los militares se hicieron con la suma del poder público, faltaba menos de un año para el momento de que debían realizarse elecciones que, además, podían ser anticipadas. Por lo tanto, la crisis económica y social que vivía el país podía- y debía- ser encausada sin pisotear la voluntad popular. Pero si se respetaban los deseos del soberano, el rumbo hubiera sido diferente. La cirugía económico-social que deseaba el poder económico, por aquellos tiempos, no era posible en democracia. Por lo tanto, la tragedia que comenzaba a vivir la Argentina tenía culpables, por acción u omisión, además de los altos oficiales de las fuerzas represivas. Los grandes empresarios, verdadero poder detrás del trono, motorizaron un conjunto de acciones que ayudaron a consensuar la salida golpista. Se trataba de los más poderosos monopolios organizados en lo que por aquellos momentos se llamó Alianza permanente de entidades gremiales empresarias (A.P.E.G.E.), que tensaron y agitaron la situación económica, debilitando al gobierno de Isabel Perón, porqué habían apostado a la salida golpista. El sector industrial más cercano a los monopolios (agrupado en la Unión Industrial Argentina, U.I.A.) se había disuelto en los inicios del proceso democrático de 1973 en la Confederación General Económica (C.G.E.), organización que nucleaba al empresariado nacional, pero frente a la crisis del gobierno peronista se volvió a escindir y reapareció impulsando la solución represiva. Por cierto que en la A.P.E.G.E. militaban con “encomiable” entusiasmo gran parte de las confederaciones patronales agrarias que bajo la piadosa (o cómplice) denominación de “campo” encabezaron la revancha procesista contra el gobierno nacional presidido por Cristina Fernández.

Ciertamente no puede omitirse que en el nivel de la máxima culpabilidad ética y penal se halla la participación- algo más que entusiasta- de gran parte de la jerarquía, cuadros medios y aún simples clérigos que comprometieron institucionalmente a la iglesia argentina con la vil matanza sufrida por nuestro pueblo. Al punto que fueron absolutamente minoritarios aquellos prelados y obispos que resistieron el genocidio y aún perecieron mártires. La dictadura genocida y la conquista colonial castellana necesitaron de idéntica alianza entre “la cruz y la espada”; en la que las “armas espirituales” desempeñaban una función decisiva, bendiciendo (legitimando) el poder material destructivo de los instrumentos bélicos, mientras los clérigos cómplices actuaban confortando espiritualmente a quienes los empuñaban. La complicidad de la jerarquía eclesiástica ha quedado tan demostrada que no es preciso ya discutirla. Sacerdotes condenados por la justicia en razón de su conducta infame o el silencio estentóreo frente al asesinato del Obispo Angelelli nos señalan que el llamado “magisterio” de la iglesia lo es sólo para el mal.

Sin dudas que es distinto el concepto de responsabilidad- que implica un grado relativamente menor de compromiso con los luctuosos sucesos que soportó el pueblo argentino- que el de culpa, aplicable únicamente a los grandes terratenientes, a los monopolios, a comunicadores serviles en la creación de “climas” golpistas, a obispos y a clérigos apologetas de la masacre y a las Fuerzas Armadas. En ellos anida la máxima imputabilidad. Quienes favorecieron la acción de los represores y resultaron responsables- en grado diverso- de la tragedia que se avecinaba, fueron los siguientes actores de la política argentina:

a) Los partidos políticos mayoritarios resultaron sin dudas responsables de la imposibilidad de mantener la capacidad de autodeterminación de nuestro pueblo: por miopía, falta de grandeza, egoísmos mezquinos, colaboración con los represores e incapacidad para preservar las instituciones democráticas. Veamos los fundamentos. La mayor parte de los políticos del peronismo se negó a provocar un recambio institucional de la jefe de estado, la señora María Estela Martinez de Perón, manifiestamente debilitada. De este modo, se podía haber oxigenado el proceso democrático y alejar la salida golpista. Así fue como el efímero interinato de Italo Argentino Luder, a fines de 1975, pasó sin pena ni gloria e inclusive, durante esta etapa además se firmaron decretos que favorecieron el accionar militar.

Por el lado radical no fue menor la parálisis cómplice. La ausencia de soluciones declamada por Balbín no era más que la preparación escénica del golpe. Por otra parte, una porción significativa de los funcionarios del nuevo gobierno militar fue aportada por la Unión Cívica Radical, inclusive el embajador en Venezuela Héctor Hidalgo Solá, víctima de la represión y desaparecido por las fuerzas genocidas. El máximo dirigente radical Ricardo Balbín- del cual ya habíamos mencionado un acuerdo secreto con los genocidas- nunca repudió explícitamente a la dictadura, ni siquiera cuando fueron asesinados los dirigentes y militantes partidarios Mario Amaya y Sergio Karakachof. Aún en 1980, declaró que los desaparecidos estaban muertos sin exigir el consiguiente castigo para los criminales y su única salida del país en toda su vida fue para defender en el exterior a la dictadura. Cerremos la cuestión diciendo que basta repasar los diarios de los tres meses previos al golpe para tener una idea de la profunda parálisis del Parlamento, controlado por la entente integrada por el P.J. y la U.C.R., que fue incapaz de dar una respuesta desde la democracia a la crisis del país.

b) Una dirigencia sindical históricamente alejada en sus modos de vida de sus bases y que apostó, cuando el gobierno peronista se hundía, a la defensa excluyente del salario, como si esta lucha pudiera darse independientemente del contexto político del país. Por ello, el golpe sorprendió a algunos sectores sindicales... haciendo una huelga por aumento de sueldos o si no desentendidos de la realidad. “Pagamos dos con diez”, decía el sindicalista metalúrgico Lorenzo Miguel breves instantes antes del golpe. El otro líder sindical importante, el textil Casildo Herreras musitaba desde Montevideo “me borre”, voz que en nuestra Argentina menta más una huida cobarde que una decorosa salida elegante.

c) Una guerrilla que se embarcó en una espiral irracional de violencia que hacía caso omiso de los sentimientos y deseos del pueblo y no preservó la democracia como marco necesario para que los sectores populares pudieran resolver sus problemas y padecimientos por si mismos. El sector llamado Ejercito Revolucionario del Pueblo (E.R.P.) afirmaba que ya había comenzado- hacía algo más de un lustro- la guerra popular revolucionaria. Bastaba comunicarle esta novedad a todo integrante del pueblo argentino para tomar conciencia del profundo abismo que existía entre esta guerrilla y la población del común. No menor era la desconexión entre los Montoneros- el núcleo más importante de la guerrilla peronista- y la sociedad civil. Durante 1974, 1975 y parte de 1976 las acciones de violencia abierta contra objetivos empresariales, estatales y militares o el irracional secuestro del cadáver del genocida general Pedro Eugenio Aramburu sólo servían para inmovilizar al movimiento popular.



Los resultados del terror



En la necesidad de producir una profunda reconversión en la economía y la sociedad en su conjunto radicaba una de las causas del golpe. En estas condiciones es que el estado argentino demostró toda su capacidad para disciplinar a los actores sociales, sea por medios legales o transgrediéndolos- como ocurrió en la mayor parte de las ocasiones- su propio orden jurídico. A la represión por fuera de la ley la llamamos terrorismo de estado. Existía la pena de muerte, aún en la torva legalidad encarnada en la ley marcial. Pero ni siquiera esta parodia de juridicidad fue aplicada. Los treinta mil desaparecidos son inocentes puesto que ninguno fue juzgado, ni aún por el grotesco remedo de un juez castrense. Como en nuestro sistema legal existe la presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que quede demostrado en un juicio justo que, obviamente, incluye el derecho de defensa. Seis años después y luego de la oprobiosa derrota de las Malvinas, los genocidas debían batirse en retirada. Entonces la Argentina era un país profundamente modificado. Nunca esta de más recordar que para realizar estas transformaciones antipopulares y antinacionales es que se produjo el baño de sangre que la dictadura significó. Algunos de esos cambios eran los siguientes:

1) De ser un país centralmente industrial, la Argentina pasó a tener una economía centrada en la valorización financiera, como afirmamos precedentemente. Esto es que la industria dejó de ser la principal fuente de ganancias para pasar a ser la especulación con el dinero y los intereses que de él podían obtenerse. Este modelo recién fue revertido por la sublevación de diciembre del 2001 y el proceso económico y político posterior iniciado el 25 de mayo de 2003. A su vez, restaurar la política económica neoliberal, obturar- y si es posible deponer- lo mejor de la etapa citada son los objetivos del golpe posmoderno iniciado bajo la forma de look-out agrícola y cacerolazos gorilas desde el año 2008.

2) Se produjo un alarmante crecimiento en los índices de marginalidad, pobreza y desocupación al descender la inversión productiva. Desde aproximadamente 1945 y hasta la dictadura, la Argentina era un país casi sin desocupación. A partir de este gobierno de desdichada fama, la desocupación estructural se instaló prácticamente hasta nuestro tiempo. Piénsese en el hecho que en los días que corren celebramos que el desempleo bordee el 10 %, para darnos cabal idea del retroceso soportado. La naturalización de la injusticia es uno de los modos (tal vez, el principal) con que el poder económico real combate los reclamos populares de manera simbólica. Pero no puede omitirse que un estado con fuerte capacidad de iniciativa en lo económico resultó vital para que la Argentina atravesase el complicado año 2009 sin incrementos sustanciales en el desempleo. Derrumbar los modestos triunfos populares citados es el objetivo que (mal) unifica a la oposición, digna heredera del ’76.

3) La deuda externa pasó de ser aproximadamente ocho mil millones de dólares a casi sesenta mil millones. La mayor parte de la deuda externa fue contraída por grupos económicos que realzaron enormes ganancias con estos capitales puestos en la ruleta financiera. Luego transfirieron estos dineros al exterior y procedieron a estatizar la deuda mediante cómplices insertos en funciones gubernamentales. Factotum de esta maniobra fue el ex presidente del Banco Central y ex ministro de economía Domingo F. Cavallo durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando De La Rua. Paradójicamente hacia el 2010, muchos de los que crearon e incrementaron la referida deuda ya en democracia se han parapetado en la negativa a pagar con reservas para resistir al único gobierno en democracia que desendeudó al país; al tiempo que favoreció el diseño de una economía centrada en la producción. No puede omitirse señalar que la deuda externa es una situación de elevada carga material y simbólica; ya que constituye el modo que tiene el poder real globalizado de dominar al estado, condicionándolo por medio de los reclamos de los organismos de crédito consabidos (F.M.I. y B.M, por ejemplo). En lo simbólico se trata la cara económica de la impunidad para los crímenes procesistas. Evitar o complicar el desendeudamiento es el modo que tienen los seguidores actuales de Videla y Martínez de Hoz de seguir recreando las condiciones para el sometimiento popular. Por otra parte, una cuestión no menor y ligada a lo anterior es que los desfachatados referentes de la oposición- que incrementaron en gran medida la deuda y la pobreza- se escudan en denunciarlas para seguir aumentándolas.

4) Creció un poder económico que incluía rasgos diferenciales (básicamente que desconectó su crecimiento del correlativo al resto de la sociedad) con relación a etapas anteriores de nuestra historia. Por otra parte, gran parte del anclaje territorial de sus empresas, capitales y conveniencias se halla fuera de la Argentina. Dicho poder económico, un conjunto de grandes monopolios, resultó el principal impulsor y beneficiario de los cambios que el denominado proceso de reorganización nacional infligió en la distribución del ingreso y en toda la sociedad. Tales son las razones por las que lo apoyó hasta en sus aspectos más bárbaros. A modo de ejemplo se puede mencionar la complicidad de la empresa Mercedes Benz con la desaparición de obreros de su planta de González Catan. En aquellos años era vox populi que oficiales uniformados iban a las distintas empresas a recabar listas de operarios, para ellos indeseables por su actividad en defensa de los derechos de los trabajadores. Con honrosas, pero muy escasas excepciones, los jefes de personal brindaban la información solicitada y la desaparición de estos trabajadores era seguramente cuestión de horas. Lo “peor”, lo que jamás le perdonarán las variopintas derechas vernáculas al actual gobierno nacional es que enfrentó al poder económico en varias cuestiones centrales. En el combate recién citado reside el único modo de beneficiar al pueblo con que cuentan los diversos elencos gubernamentales y también en tal cuestión brilla el actual como el único que lo ha intentado durante la actual etapa democrática. La continuidad del salvajismo del ’76 en la actualidad son los Senadores Morales, Duhalde, Macri, Carrió, Aguad, Bergman, Aguinis, Grondona, Morales Solá y otros adefesios reclamando impunidad para crímenes imperdonables.

5) La sociedad civil quedó profundamente herida por el terror generado. Esto pudo comprobarse cuando en 1992 existía un importante movimiento en defensa de la educación pública; Carlos Menem, por entonces presidente, amenazó a los concurrentes con que se convertirían en los próximos desaparecidos. Luego de esta intervención, en la marcha siguiente, la concurrencia se vio profundamente disminuida. Pero la peor de las secuelas de la dictadura es, sin dudas, la existencia de un núcleo muy importante de población proclive a la defensa de la dictadura o al menos de sus métodos que atraviesa diversos segmentos sociales. Que los sectores poderosos se identifiquen con la barbarie procesista no puede sorprender: los militares secuestraron, robaron niños, mataron y torturaron para que los grandes empresarios multipliquen sus ganancias. En tal sentido, resulta inevitable señalar que gran parte del patrimonio acuñado por los referidos sujetos dominantes se halla manchado con la sangre de los compañeros desaparecidos.

Los destacamentos de clase media que se identifican con el despotismo militar lo hacen desde diversas vías: su ancestral autoritarismo (“aquí hace falta una mano fuerte”), su seguidismo monicolewinesko hacia las clases dominantes o su ninguneo casi constante hacia la memoria histórica. Con todo revertir semejante situación resulta una tarea más que urgente, habida cuenta que no existe articulación de un frente nacional y popular sin la presencia de segmentos significativos de las clases medias en él.

Las personas integrantes de los sectores populares se suman a la coalición reaccionaria motivados por el repiqueteo mediático, cuya finalidad esencial es difundir la cosmovisión derechista de la realidad. Así se amplifica hasta el paroxismo la problemática de la delincuencia; no porque a la derecha le preocupe seriamente la llamada inseguridad, si no por causa que es el mecanismo principal con que cuenta la reacción para introyectar sus “valores”, principios, proyectos, íconos simbólicos y candidatos políticos en el seno de los sectores populares. Una vez más la mirada histórica arroja incuestionable claridad. En 1976, nadie podía encontrar referencias mediáticas a la inseguridad, mientras hordas de ladrones y asesinos saqueaban casas, patrimonios, hijos y asesinaban muchas personas En la actualidad los medios “chorrean sangre”. Sugestivo, ¿verdad? ¿Tendrá algo que ver la conducta de los monopolios de la comunicación con el hecho que la dictadura le obsequiara a la dueña de Clarín dos hijos de presuntos desaparecidos y una empresa productora de papel?



La política, la historia, la filosofía

y la educación contra el golpe de 1976… y el de 2010.



Indudablemente los acontecimientos que hemos reseñado no deben quedar en el olvido. Tal vez semejante amnesia pueda aportar algo para explicar el resurgimiento del golpismo desde el 2008, con idénticos mandantes; aunque, relativamente, con diferentes actores sociales, políticos y callejeros.

Con enorme acierto el gobierno presidido por Néstor Kirchner (2003-2007) ha hecho de la memoria y el combate contra la impunidad una política de estado; nada casualmente en alianza con las Madres de Plaza de Mayo y otros organismo defensores de los derechos humanos. De hecho fue el elenco gubernamental que más destacó la importancia ética de los movimientos por la vida ya citados. Cuando el 24 de marzo de 2004, antes de cumplir un año en el poder, se realizó el acto de imposición de la E.S.M.A.- la sigla correspondiente a Escuela de Mecánica de la Armada, un verdadero paradigma de campo de concentración en la Argentina- como museo de la memoria quedó simbólicamente graficado un rumbo de impecable e implacable vigencia para una política que hace de la ética de la no impunidad un rumbo no negociable. Nunca está demás decir que la Argentina es prácticamente el único país en nuestra América que persigue los crímenes del terrorismo de estado. Por ejemplo, la justicia insiste en investigar la masacre de Trelew perpetrada por la Marina… en 1972 y los ya ancianos criminales van a dar con sus decrépitos cuerpos a la cárcel o aunque sea, prisión domiciliaria. Compárese con la situación de cualquier país latinoamericano o del mundo. Jamás hay que perder de vista que lo dicho recién fue central para originar la golpista reacción antipopular caceroluda que comenzó en marzo de 2008. Pero que ya había sido vaticinada desde La Nación por periodistas largamente expertos en la preparación y legitimación de golpes de estado. Los mismos mandantes (el poder económico), los mismos difusores (los grandes medios de comunicación) nos señalan líneas de continuidad irrefutables entre los golpes de 1976 y 2008-2010. Por cierto que existen diferencias. La casi totalitaria censura, explícita en la larga noche y niebla presidida por los uniformados, asume un rostro más complejo; pero no menos existente. De hecho, los dirigentes políticos simpatizantes del gobierno nacional son prácticamente proscriptas en los grandes medios, que por otra parte ni siquiera informaron a sus públicos de una importante marcha contra el golpismo realizada el 12 de marzo de 2010. Es que las “casualidades” no son otra cosa que causalidades.

Vista la cuestión de un punto de vista más teórico, el ensayista argentino José Pablo Feinman, en una serie de notas dedicadas al recuerdo de la dictadura procesista y la barbarie nazi, escribe parafraseando al filósofo alemán Theodor Adorno: “La exigencia de que la ESMA no se repita es la primera de todas en la educación”, afirma en Página12 del 30/12/2000. Feinman escribe ESMA en el sitio que Adorno escribió Auschwitz, equivalente al matadero del barrio de Nuñez (en su dimensión material y simbólica) entre los horrorosos campos del nazismo. De modo que en esta cuestión se juegan nudos éticos decisivos. Es que la educación o bien sirve para crear espíritu reflexivo y crítico o no es más que un instrumento para perpetuar las condiciones de injusticia y sometimiento. De modo que para avanzar en el sentido de crear una educación crítica y liberadora es preciso gestar este ámbito reflexivo y, en consecuencia, es fundamental no olvidar: no hay dudas que el olvido es la gestación de nuevos horrores. Para decirlo en palabras cotidianas, la memoria no es PRO y si lo es el olvido culpable. No es casual que el organismo que nuclea a los hijos de los desaparecidos se llama H.I.J.O.S., sigla que significa hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Olvido y silencio son las dos caras de la impunidad, una enfermedad que corroe al cuerpo entero de la sociedad. Para nada y para nadie puede pasar desapercibido el hecho que la derecha propicie el máximo castigo para carteristas, ladrones y asesinos provenientes de sectores empobrecidos; mientras impulsa a fondo el olvido para el genocidio que la contó como gran beneficiaria.

En lo que queda de esta nota, reflexionaremos sobre dos problemas decisivos: ¿Cómo fue posible este horror? Tal vez muchos jóvenes- que no vivieron la época- se formulen esta pregunta habida cuenta de que ningún gobierno, por despótico que fuera, puede sostenerse sin contar con un cierto consenso en una fracción importante de la sociedad. El otro, como evitar que el horror vuelva a producirse. Feinman contesta que “La sociedad en su actual estructura no se funda en la atracción sino en la persecución del propio interés en detrimento de los intereses de los demás (...) La incapacidad de identificación (aquí identificación se entiende como sentir como propio el dolor de otro, aclaración nuestra) fue sin duda la condición psicológica más importante para que pudiese suceder algo como la ESMA (...) Lo que suele llamarse ‘asentimiento’ fue primariamente interés egoísta: defender el derecho propio antes que nada y, para no correr riesgos –¡eso no!–, cerrar la boca. Es ésta una ley general en relación con el orden establecido. El silencio bajo el terror fue solamente su consecuencia”. “La frialdad de la mónada social (monada aquí se entiende como individuo aislado de los demás, sin crear vínculos solidarios, aclaración nuestra), del competidor aislado, en cuanto indiferencia frente al destino de los demás, fue precondición de que sólo unos pocos se movieran. Bien lo saben los torturadores.” La totalidad de las referencias al filósofo fueron tomadas del matutino ya citado.

La reflexión es más que inquietante: el egoísmo individual y la falta de solidaridad fueron la causa principal de que el horror fuese soportado y tolerado por la sociedad civil... y esta situación continúa siendo muy fuerte en la Argentina actual. Es sin dudas un saldo superviviente y acuciante del ’76. Haber instalado estos disvalores entre nosotros ha sido tal vez el más importante triunfo de la derecha que continúa manejando, desde su arsenal mediático, el diseño de gran parte de la agenda pública. Por ello, el procesismo- ese monstruo con mil rostros: unas veces asume la amenazante en degüellos figura de Cecilia Pando, otras la dolorida cara del falso ingeniero Bumberg; mientra que en ocasiones se viste con el rezo bergogliano, la kipa de Bergman o se broncea a lo Carrió, cuando no machaca con los modales positivos de Macri o presenta la tullida estampita de Gabriela Michetti para inspirar piedad- puede movilizar parte de la sociedad civil, como lo hizo escondiéndose tras la figura del padre dolorido de Axel Blumberg. Hoy ya no habla de terrorismo, si no de inseguridad, ocultando bajo una deliberada invisibilidad mediática la existencia de otras problemáticas.

Por cierto que lo contrario del individuo solitario, aislado y temeroso lo constituyen los organismos defensores de los derechos humanos, en especial las madres de Plaza de Mayo. Nacidas- como organismo colectivo- del dolor de buscar pertinazmente a sus hijos arrancados por las fuerzas represivas, se convirtieron en una realidad cualitativamente distinta a la simple sumatoria de su condición de mujeres individuales. Desafiaron la furia homicida del régimen, las amenazas, las provocaciones, el aislamiento, los insultos y se convirtieron en un ejemplo y un símbolo para la conciencia ética de toda la humanidad. Las madres, las abuelas, los hijos y todos los organismos de derechos humanos no se limitan a su importante tarea de denuncia. También gestionan significativas iniciativas para superar las injusticias de la sociedad actual. De tal modo tienden a realizar, aunque fuera en parte, los proyectos liberadores por los cuales sus hijos fueron desaparecidos.

Por todo lo antedicho, una temática de debate decisiva es pensar como es posible que cada uno de nosotros no cree y recree las condiciones del horror. Feinman- parafraseando a Adorno- lo resuelve con una reformulación del imperativo categórico ideado por otro gigante del pensar: el filósofo alemán Inmanuel Kant (1724-1804). El imperativo categórico Kantiano- principio fundamental en la ética del pensador germánico formulado en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres- afirma la necesidad de actuar de acuerdo a un precepto que, a su vez, se desee transformar en máxima universal. Es decir que no debe haber excepciones o dobles discursos. Para decirlo en otros términos: haz no sólo lo que yo digo, sino también lo que yo hago (cuando decir y hacer se hallan unidos solidamente por una unidad moral inquebrantable). Feinman lo enuncia con palabras sumamente radicales en la Contratapa de Página12 del 29/1/001. “Este imperativo podría formularse así: actúa de tal modo que ninguno de tus actos pueda contribuir a crear las condiciones de posibilidad de otro Auschwitz”. Crear lazos de solidaridad, no enfrentarse inútilmente entre víctimas de los abusos de poder, sentir como propias toda violación a los derechos humanos cometida en los sitios más lejanos son sólo algunas de las tareas para hacer realidad el mencionado imperativo categórico, reformulado de acuerdo a la necesidad de dar testimonio del pasado siglo XX- la centuria de barbarie más terrible que conoció la humanidad- así como del presente siglo XXI que se nos aparece como no menos horroroso, vía la descarada y pandillezca orientación del imperialismo norteamericano y sus corifeos vernáculos en cada uno de nuestros países. La derecha boliviana que, defenestra a Evo Morales y a sus seguidores con aristocrático racismo, defiende a capa y espada a los gauchócratas y sus caceroludos sirvientes de la Argentina.

Dice Feinman ya transitando este nuevo milenio: “Quienes piden que maten a los otros para vivir en una sociedad segura están instaurando el régimen que puede devorarlos”. La prédica contra la inseguridad es un antiguo caballito de batalla de las derechas. Cuando una vida pierde su valor, la pierden todas. Quienes reclaman mano dura irracionalmente frente a cualquier circunstancia, quienes justifican alegremente matar a los delincuentes o a los simples sospechosos, quienes postulan que no puede hacerse nada para resolver los problemas acuciantes de la realidad social; predicando el sometimiento y la resignación, quienes postulan una vuelta a la cerrazón de la vida familiar y privada, están- consciente o inconscientemente- creando las condiciones para que el horror vuelva a mostrar su disciplinador rostro sediento de sangre. Nada casualmente, a los denuestos contra la delincuencia sigue irremediablemente la defenestración de los organismos por los derechos humanos que realizan casi cotidianamente avejentadas divas televisivas; entre otros personeros reaccionarios.

Según el psicoanalista Carlos Guzzeti... “la lectura de Lacán nos ha advertido: el campo de concentración es la coagulación institucional más cabal del fenómeno segregativo propio de nuestro tiempo, imperio de la pulsión de muerte”. Es decir que el capitalismo impone su dominación ligada primigenia y consustancialmente con la lógica de las E.S.M.A.S. Agrega el citado autor más adelante en un artículo publicado en Página 12. 7/03/02, donde dice que... “la lógica concentracionaria no es exclusiva de los campos.”. Por cierto, podemos agregar que un cerco virtual separa el mundo de los incluidos de la ciudad marginal, por ejemplo. Por lo tanto, todo movimiento que cuestione la hegemonía neoliberal es una afirmación del impulso a la vitalidad y una negación profunda de la muerte y de rechazo activo al fenómeno equivalente a los campos de concentración en nuestro tiempo: la represión preventiva (gatillo fácil), la marginación, el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Para finalizar estableceremos algunas conclusiones necesarias del análisis desplegado:

1) En la medida que el poder económico- causante de fondo y beneficiario de la barbarie recordada- no ha sufrido derrotas decisivas ni definitivas es factible que se den nuevos hechos como la desaparición de Jorge Julio López, que ya lleva más de tres años de producida. La mejor confesión de la procedencia del crimen mencionado fue que ninguna fuerza reaccionaria- ni siquiera desde la hipocresía- realizó pedido alguno por el testigo. Es que la continuidad del genocidio permite a la derecha recrear las condiciones ya analizadas de terror e inducción al individualismo, machacando con su amenaza constante sobre la sociedad civil. La Sociedad Rural Argentina (S.R.A.), uno de los organismos representativos de los terratenientes, en 1982 afirmaba que resultaba apresurado convocar a elecciones. En 2008 es la vanguardia intelectual de un paro agrario- superestructura visible del golpe reaccionario- cuyas finalidades son entre otras que no sean barridas las determinaciones supervivientes de la economía procesista y detener los avances políticos del movimiento popular.

2) Por otra parte resulta innegable que el único modo de superar a fondo el contexto histórico cultural de la dictadura es ligar indisolublemente la exigencia de justicia con la liquidación de las condiciones socio-económicas injustas impuestas a partir de 1976. Contra dicha orientación se alzo la coalición gauchocrática-caceroluda-republiquienta que sueña con deponer a Cristina Fernández y si no lo logra, condicionarla.

3) El actual gobierno de la Argentina marcha en el buen sentido, más allá de algunas innegables inconsecuencias. Pero no hay dudas que la presidente Cristina Fernández, homenajeando a las madres en su discurso de asunción, marca un rumbo digno de elogiar. Y la presencia en cargos legislativos de hijos de desaparecidos rescatados de sus apropiadores (Victoria Donda o Juan Cababdié, este último nacido en la E.S.M.A.) permite purificar en parte los espacios parlamentarios, que no hace mucho fueran utilizados para mancillar los intereses del pueblo. Los mencionados jóvenes legisladores resumen simbólicamente en sus figuras la posibilidad de recuperar la memoria histórica, tarea siempre inacabada y de continuo, recomenzada.

Como se ve, sólo desde una reflexión crítica, en la que dialoguen pasado, presente y futuro, se podrá aportar a que se hagan realidad las palabras del Fiscal del juicio que en 1985 se realizó contra los comandantes de las juntas militares asesinas. En aquella histórica ocasión, el doctor Julio Cesar Strassera finalizó su alegato pidiendo: Nunca más. Agreguemos, nunca más torturas, desapariciones y robo de niños. Pero también nunca más consenso popular para políticos esbirros de la derecha.(Agencia Paco Urondo)