Infiltrados y servicios, en democracia y en dictadura

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Prensa de Frente) El 18 de febrero pasado, la revista 23 publicaba la nómina de las de 4300 agentes de inteligencia, entre civiles y militares, que reportaron durante dictadura, pero también en democracia al Batallón 601 del Ejército. La publicidad de este listado permitió en mucha partes del país desenmascarar a ciudadanos comunes y corrientes, periodistas, docentes y hasta militantes de indudable trayectoria, como parte del aparato de inteligencia y represión que nunca terminó de ser desmantelado. La gravedad es aún mayor si se considera que muchos de estos civiles continuaron realizando en democracia informes de inteligencia para las fuerzas armadas.

El listado de 4300 civiles colaboradores del Servicio de Inteligencia del Ejército, fue entregado por el propio Ejército al Archivo de la Memoria, mediante un decreto presidencial que ordenó desclasificar esa información. Este organismo a su vez se lo remitió al juez federal Ariel Lijo, quien investiga los secuestro ilegales de esa unidad del Ejército en el año ’80, durante la contraofensiva Montonera y que ya en el año 2007 había condenado al jefe de la Central de Reuniones del 601, Jorge Arias Duval y siete de sus subalternos, entre ellos un PCI, personal civil de inteligencia según la jerga militar.

El Batallón 601 dependía del II Cuerpo de Ejército y contaba con destacamentos operativos prácticamente en todo el país. Desde su edificio principal en la ciudad de Buenos Aires, en la intersección de la calle Viamonte y la avenida Callao, se ordenaba la información arrancada bajo torturas a los militantes populares o recopilada por la vasta red de colaboradores civiles, quienes hoy están en el ojo de la tormenta. A este batallón se le adjudica la operación de infiltración a ERP, previo asalto al cuartel Luis Priedrabuena de Monte Chingolo, las operaciones para desmantelar la contraofensiva montonera de los años ’79 y ’80 y la exportación de táctica y estrategia contrainsurgente a diferentes países de América Latina.

Una vez hecha pública la nómina de los civiles colaboradores, se comenzaron a reconocer en todo el país que quienes se creía que eran compañeros de militancia, de trabajo, periodistas e incluso jueces, no eran más que infiltrados que reportaban a la inteligencia militar.

Uno de los casos más publicitados fue el de Raúl Alejandro Tarifeño, reconocido dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores en el sur del país. Tarifeño, comenzó sus servicios como agente de reunión de información del Destacamento de Inteligencia 182 en Neuquén hasta el año 1982, un eufemismo para llamar a quienes recopilaban datos sobre la vida política de la comunidad para que posteriormente fuera analizada y sistematizada por el SIE. Ya en democracia se “sumó” al Partido Comunista de Cutral Co, donde se destacó en la lucha por la vivienda. Posteriormente se infiltró en las filas de Movimiento al Socialismo, por aquel entonces la fuerza política de izquierda más masiva. Luego hizo lo suyo en el MST, expresión en la que incluso fue como candidato a concejal.

También desde el sur del país, la CTA Neuquén emitió un comunicado señalando los nombres que se fueron reconociendo de lista del 601. Así señalaron que el trabajador de la salud Ricardo José Grisoto, cumplía secretamente tareas de “agente de reunión” a la par que desarrollaba su trabajo en el Hospital Castro Rendón. También el periodista de LU 19 en Cipolletti y en LU 5 en Neuquén, Pedro Eraldo Brodi, figura como en las listas publicadas recientemente. Hombres del sindicalismo y también “agentes de reunión”, Juan Alfredo Hanson, infiltrado en la UOCRA y Jorge Daniel Rosales, infiltrado también en ese gremio pero en la localidad de San Martín de los Andes, hoy cumple tareas en la EPET 8 de Neuquén y en Radio y Televisión de Neuquén.
La central neuquina denunció que también Rolando Teolino Funes, actual juez de paz en la ciudad de Cipolleti, formó parte de la tropa del Batallón 601.

Desde la provincia de Tucumán, la agrupación HIJOS mediante un comunicado denunció que dos reconocidos periodistas figuran en la lista de la vergüenza: Osvaldo “Cacho” García y Félix Roberto Álvarez. Según los datos manejados por los organismos de Derechos Humanos, García, hoy jefe del informativo del canal 10 que depende de la Universidad de esa provincia, habría trabajado para el Destacamento 142 de Inteligencia (correspondiente a Tucumán) entre Octubre de 1981 y Noviembre de 1983. Álvarez lo habría hecho desde Diciembre de 1978 hasta Noviembre de 1981, hoy trabaja en el programa “Noticias del Congreso Nacional”. (Agencia Paco Urondo)