Inversión Pública y Desarrollo, por Andrés Quintana

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Debemos preguntarnos si es necesaria la inversión pública en infraestructura para el desarrollo económico y social. La mencionada inversión en infraestructura forma parte justamente de un concepto más amplio que es el de la inversión pública. Se ha discutido mucho tanto desde el punto de vista teórico, como de los resultados de la práctica de la política económica, la función de la inversión pública en el desarrollo. Las pruebas empíricas han demostrado que haber aplicado el consenso de Washington en los países latinoamericanos con distintos niveles o gradaciones, ha reducido el desarrollo de largo plazo de la región (traducido fundamentalmente en aumento de la pobreza, dada la caída en la inversión en agua potable, comunicaciones, salud, educación, vivienda, etc.).

El Consenso de Washington entre uno de sus postulados mencionaba la necesidad de reducir el gasto público sin diferenciar entre gasto corriente e inversión pública, con el supuesto objetivo de generar, desde el frente fiscal, los recursos para hacer frente al pago de la deuda externa. Está demostrado que la disponibilidad de agua reduce en un 55% la probabilidad de mortalidad infantil, y los caminos pavimentados aumentan significativamente la asistencia escolar, además del aumento del producto bruto. Estudios recientes en América Latina han comprobado que la falta de inversión pública en infraestructura en la década de los 90, ha reducido el aumento del PBI entre 1 y 3% por año dependiendo del país de que se trate. Así en nuestro país, Brasil y Bolivia se redujeron las tasas de crecimiento del PBI en un 3% por año. En tanto que en Chile, México y Perú la tasa de aumento del PBI se redujo entre el 1,5 y el 2%.

Además se ha demostrado que la falta de inversión pública en infraestructura es responsable de la caída del ingreso per cápita de largo plazo en un 40%. En tal sentido a nivel de mandatarios latinoamericanos es por todos conocidos el pedido realizado por el ex presidente Kirchner y el Presidente Lula Da Silva al FMI, de modificar la matriz contable que considera como gasto, y no como inversión, a los proyectos de infraestructura y gasto social, de modo que no se vean afectados por el pago del endeudamiento externo. Es decir ni más ni menos que no se vea a la inversión pública en general (caminos, viviendas, energía, telecomunicaciones, hospitales, escuelas, educación, salud, etc. ) como gasto corriente. Fruto de este pedido, en primer término Teresa Ter Minsassian y luego A. Krueguer, han reconocido los efectos benéficos de la inversión pública, sin embargo han considerado que aun falta consenso internacional.

Mientras tanto el FMI sigue computando la inversión pública como un gasto sujeto a reducción para el pago de la deuda y la oposición sigue sin entender que la inversión pública no solo ayuda a generar aumento del PBI, sino también a reducir la desocupación y además la pobreza. El año 2008 fue un año en el que el campo sojero concentrado, se enfrentó al pueblo argentino, por la renta extraordinaria de la oleaginosa, en este enfrentamiento perdió el pequeño productor dado que no prospero la segmentación propuesta por el gobierno (junto con las compensaciones por distancia) por el cual el pequeño pagaría 10% menos de retenciones y el gran productor 10% más. A pesar de ser los derechos de exportación por la constitución nacional, recursos exclusivos del gobierno nacional, los mismos por el decreto del poder ejecutivo nacional del 19 de marzo del 2009 comenzaron a ser coparticipables.

Este recurso que a partir del mes de abril del año 2009, comenzó a ser recibido por las 24 jurisdicciones del país, se viabilizó a través del llamado fondo federal solidario, con el cual precisamente, se pretendía continuar subsanando la deuda hacia las regiones y provincias de menor desarrollo relativo justamente por carencias en materias de obras públicas en infraestructura como lo expresado taxativamente por el decreto en su artículo 1, que menciona que los recursos del fondo se destinaran a financiar en las provincias y municipios la mejorar de la infraestructura de salud, de educación, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales. En tal sentido desde la implantación de este fondo hace 11 meses, el conjunto de las 24 jurisdicciones han recibido la suma de $3.600,62 millones, lo que representa un promedio mensual de $ 327, 33 millones. En el mes de febrero el conjunto de provincias recibió la suma de $ 399, 25 millones, cuando en el mes de febrero dicha suma totalizo los $ 260, 10 millones, es decir que la suma recibida por las jurisdicciones subnacionales en el mes de febrero fueron 53,5% superiores al del mes de enero y 21,97% superiores al promedio.

En el marco de la distribución por zonas geográficas, la zona que mayor coparticipación recibe de las retenciones a la soja es la Pampeana ya que del total transferido a las 24 jurisdicciones capta el 47,33%, le sigue la región NOA con el 19,69%, la región NEA con el 15,12%, Cuyo con el 9,4985 y La Patagonia con el 8,36%, precisamente la redistribución de la renta espacial o territorial queda patentizada en estos guarismos dado que la región que ha sufrido históricamente las mayores postergaciones han sido las del NEA y NOA que conforman el Norte grande. Por lo tanto no es casual que las regiones que históricamente han sido postergadas por el gobierno central, (situación esta que comenzó a revertirse a partir del año 2003 con la asunción del Dr. Kirchener y que continúa con la Presidente Dra. Fernández) en materia de inversión en infraestructura tengan los menores niveles de PBI.

Estas diferencias de PBI como una característica aun vigente en nuestro país es precisamente producto de la concentración de la renta que se manifiesta por ejemplo en el hecho de que solo cinco jurisdicciones concentren el 79% del producto bruto geográfico, estas jurisdicciones son provincia de Buenos Aires que concentra el 34,15% de la renta o producto, lo que traducido a cifras representa $390.676 millones, le sigue la ciudad autónoma de Bs As, que capta el 25,67% de la renta generada en el país, es decir $293.665 millones, Córdoba que capta el 7,26% del total de la renta generada en el país, o sea $ 83.054 millones, Santa Fe capta el 7,24% del total de renta generada, que equivale a $82.826 millones y Mendoza que capta el 4,25% de la renta total, que equivale a los $48.620 millones, entre estas cinco jurisdicciones captan rentas por $898.841 millones, es decir como ya mencionáramos el 79% del total de la renta generada en el país.

El resto de las jurisdicciones capta $245.150 millones, si comparamos el PBI, estimado para el año 2009, con la población total proyectada para igual año, el ingreso o producto per cápita del 2009 habría llegado a los $28.504,21. Ahora si tomamos el PBG de las cinco jurisdicciones mencionadas y la distribuimos entre cada uno de los habitantes que conforman estas, el ingreso per cápita llega en el año 2009 a los $33.395,3. Si realizamos igual procedimiento pero para el resto de las jurisdicciones que capta, el 21% de la renta total generada en el país y la distribuimos entre el total de habitantes de estas, el ingreso per cápita llega a los $18.545,63. Esto significa que si comparamos el ingreso per cápita de las provincias más ricas del país contra el promedio del país, el mismo es $4.891 pesos superior a dicho promedio.

Sin embargo si comparamos el ingreso per cápita de estas jurisdicciones contra las que captan el 21% de la renta, la diferencia es de $14.849,67, pesos por habitante. La única manera, que un sistema político comprometido intente resolver estas gigantes asimetrías, producto de decisiones centralistas que postergaron a varias provincias argentinas, es a traves de la redistribución de la renta, una de las formas es a través de las obras de infraestructura y el fondo federal solidario se orienta en ese sentido, otra forma es a través de la redistribución del crédito, no solo del consumo hacia la producción sino también desde la pampa húmeda a las regiones postergadas del país, con mas sucursales, etc. Y con un conjunto de herramientas de política económica que profundicen y consoliden el camino iniciado en el año 2003, por lo tanto la redistribución de la renta y la inversión pública en infraestructura son dos componentes escenciales que deben marchar de la mano para paulatinamente ir generando las condiciones para el desarrollo sustentable.

El autor es miembro del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENAP) - Formosa (Agencia Paco Urondo)