El plan maquiavélico de Macri, por Ingrid.

Mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes”. Así establece el decreto 1232/08 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el objetivo de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Sin embargo, detrás de su legalidad formal, actúa con poder de policía sin autorización judicial y sus operativos, denunciados por el uso de violencia, contradicen sus intenciones de “disuasión”.
Liliana Parada, legisladora por Igualdad Social, afirmó que “son empleados que no son del Poder Judicial ni tienen poder policial. Es una fuerza de choque parapolicial que desaloja brutalmente la vía pública y casas tomadas. El gobierno define quién es usurpador y actúa en consecuencia”. Según Fabián Rodríguez Simón, ex jefe de la UCEP, usurpador es quien “se apropia indebidamente del espacio público para su uso personal, privando así al resto de los vecinos”. Viendo el accionar de la UCEP, el término “usurpador” se está expandiendo cada vez más. Off the record, funcionarios macristas confesaron que el gobierno no quiere una política de vivienda porque sino “todo el mundo vendría a Buenos Aires”. Para Parada, “el plan macrista es sistemático: primero, fue por los que estaban en la calle; después, por los toman casas; ahora, por los grupos comunitarios”.
Como ejemplo, hubo un violento operativo en la Huerta Orgázmika, en donde intervinieron la UCEP y la Policía Federal. Los jóvenes desalojados fueron perseguidos y golpeados y sus pertenencias, destruidas. Por más que Macri diga que no tiene control sobre la Federal, en este hecho quedó claro que la fuerza actuó bajo sus directivas. El silencio del gobierno nacional es llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que el terreno de la huerta pertenece a su jurisdicción.
Según testigos, en los desalojos se vieron camiones con la inscripción Panizza, empresa de recolección de residuos ligada al gobierno porteño. Como afirma Carlos Gutiérrez, víctima de la UCEP, esos camiones son usados para destruir las pocas pertenencias de los indigentes. En una oportunidad, una persona en situación de calle fue lanzada a la caja de compactación.
La metodología de la UCEP incomoda a muchos diputados macristas, pero no la cuestionan públicamente por temor a represalias de las autoridades del gobierno.
Un legislador de la Coalición Cívica reveló que “el progresismo inventó esta historia. Ibarra creó la UCEP, Telerman la institucionalizó y Macri le puso dirección. Pero son los mismos apretadores”. Según el Observatorio de Derechos Humanos (ODH), en el 2005 el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra creó el RECEP (Organismo Fuera de Nivel Recuperación del Espacio Público) a través del Decreto N° 1163/05. Su objetivo era ‘recuperar los espacios públicos (...) ocupados en forma indebida por diferentes personas y en circunstancias diversas’. Por su parte, Parada aclaró que durante la gestión ibarrista “había personas, que son las mismas que ahora, que acompañaban a los funcionarios para hacer desalojos, pero no hay denuncias en su contra.”
El periodista Gustavo Veiga, de Página/12, reveló los nombres de veintiséis miembros de este organismo. A su lista, hay que agregar a Jonathan Savoiardo, Marcelo Savoiardo, Romina Savoiardo y Luis Yametti. Ningún integrante aparece en la página del Ministerio.
Para el ODH, la UCEP tiene un accionar ambiguo: por un lado, actúa clandestinamente y por las noches (cuando no es legal realizar desalojos); por el otro, sus acciones aparecen publicadas en el Boletín Oficial, y sus miembros llevan impresas las siglas de la UCEP por lo cual se puede corroborar su existencia. Cuando se piden informes o se hacen denuncias, nadie del gobierno responde ni se hace cargo.
El ODH afirma que “dormir en la calle no es ningún delito, ni contravención. Es decir, esa acción no está tipificada y no puede ser perseguida penalmente ni sancionada”. Por ende, a pesar de estar resguardada tras un decreto, la acción de la UCEP es definitivamente inconstitucional.

(Agencia Paco Urondo)