Confusiones inoportunas, por Guillermo Mastrini

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en sitio de la Cátedra de Política y Planifiación de Comunicación, UBA) Mastrini es docente e investigación de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes. Mañana martes, será entrevistado por Basta de Zonceras, versión radial de la Agencia Paco Urondo, FM La Boca, 90.1, 10 a 13 horas. (para escuchar online: www.fmlaboca.com.ar ).

Uno de los roles indiscutibles de los medios masivos de comunicación en la sociedad moderna es brindar información de calidad con el objetivo de contribuir a que la ciudadanía adopte las decisiones (políticas, económicas, sociales, etc.) que la vida cotidiana demanda.

En estos momentos ha irrumpido con fuerza el debate en torno a la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazaría a la vetusta pero vigente ley de radiodifusión firmada por Videla y Martinez de Hoz. Los medios masivos de comunicación han tomado cartas en el asunto. Argumentaremos en esta columna que lamentablemente no lo han hecho con la ecuanimidad que su ardiente defensa del concepto de libertad de expresión ameritaría.

En primer lugar, los grandes medios masivos deberían señalar en qué medida el proyecto de ley puede afectar sus intereses. Sólo disponiendo de esa información básica la ciudadanía podrá evaluar de manera adecuada la información que está recibiendo. De lo contrario, los medios estarán defendiendo "su" libertad de expresión y no "la" libertad de expresión.

Resulta también preocupante la enorme cantidad de errores y falacias que en estos días repite una prensa presa de una vulgata que no resiste el más mínimo contraste con lo que esta escrito en la ley actual y en el proyecto.

Un argumento muy escuchado es que ya no se trata de una ley de la dictadura dado que se le han efectuado casi 200 correcciones a la misma en democracia. Esta información presenta dos falsedades: la primera es que las modificaciones sustantivas no superan la decena (las otras son formalidades que no tienen incidencia); la segunda es que el carácter represivo, la doctrina de seguridad nacional, la presencia de las fuerzas armadas en el directorio del COMFER, la subsidiariedad del estado, y un centralismo de las decisiones en el PEN, marcan la enorme vigencia de dicha ley en nuestros días. Que alguno de estos enunciados no se apliquen, no significa que no estén vigentes ni que un mandatario no pueda aplicarla.

Otro "error" recurrente es el que indica que la autoridad de aplicación podrá revocar cada dos años las licencias de radiodifusión. En ningún lado se señala tal posibilidad. El artículo 40 del proyecto de ley sólo dice que se revisará cada dos años la cantidad máxima de licencias que una misma persona/empresa podrá disponer. La distancia entre un dicho y otro es grande.

Más confusión se ha aportado en relación a la autoridad de aplicación. En toda la historia de la radiodifusión argentina el actual COMFER ha dependido directamente del Poder Ejecutivo. El proyecto de ley contempla que dos de sus cinco directores sean nombrados por las minorías políticas. En lugar de destacar está incorporación inédita de mayor pluralismo en la autoridad de aplicación, se señala su dependencia del Poder Ejecutivo, ocultando la situación actual, y que la mayoría de los proyectos presentados de ley presentados por la oposición son menos plurales que el del Ejecutivo. No hay dudas que el proyecto de ley puede ser mejorado en relación a la integración de la autoridad de aplicación y sus atribuciones, pero partir de informaciones inexactas no contribuye a caminar en dicha dirección.

Un cuarto "desliz" tiene lugar cuando se menciona que el espectro sería repartido en tercios entre el Estado, el sector privado comercial, y las entidades sin fines de lucro. El proyecto de ley sólo reserva un tercio del espectro para las organizaciones no comerciales, dado que de lo contrario su derecho a la libertad de expresión se tornaría abstracto por su imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con el sector comercial. No se especifica que el Estado deba tener un tercio del espectro, más allá de que se le reserven algunas posiciones. Sí es preciso mencionar que el discurso de presidenta contribuyó a alimentar el desliz, al reiterar esta información inexacta.

Sería posible continuar este listado. Me limitaré a señalar que de no aprobarse el proyecto de ley presentado por el gobierno seguirá vigente la ley del proceso. Mucho se ha escuchado sobre el temor a quedar sometidos a la discrecionalidad y el autoritarismo del matrimonio Kirchner. Siguiendo dicha lógica, surge la sensación de que algunos/as se sienten más cómodos con la discrecionalidad y el autoritarismo de la ley de la dictadura, que con regulaciones surgidas de legisladores electos por la ciudadanía.(Agencia Paco Urondo)