Empresas recuperadas piden ser tomadas en cuenta como proveedoras del Estado nacional

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, gentileza Eduardo Montes) Quieren ser tenidas en cuenta como industrias capaces de transformar materia prima y generar riqueza. Buscan terminar con la “lógica del subsidio”.

Indugraf tiene materia prima para producir durante dos meses
Un grupo de empresas recuperadas por sus trabajadores reclama que el Estado deje de subsidiarlas y las tome como proveedoras. Se trata de madereras, gráficas, textiles, gastronómicas, plásticas y electrónicas. Tienen entre 10 y 70 empleados cada una, pero podrían cuadruplicar su plantilla de operarios si incrementaran su producción.
“Nosotros nos juntamos porque coincidimos en que hay que salir de la lógica del subsidio estatal para que el Estado nos tome en cuenta como proveedores. Tenemos la capacidad técnica, pero los requisitos de las licitaciones terminan siendo prohibitivos”, señaló Eduardo Montes, de la Cooperativa Gráfica Patricios. Antes de convertirse en una empresa recuperada se llamaba Conforti y daba empleo a 230 personas. Ahora, la planta de Barracas sólo da trabajo a 63 asociados.

Entre los problemas principales, como ocurre en el resto de las empresas recuperadas, es el capital de trabajo y las contrataciones. La mayoría logró sobrevivir –primero a la quiebra del antiguo dueño y luego a los reclamos de deudas de sus propios proveedores– trabajando para el sector privado. Ahora buscan dar un salto y plantear un esquema diferente de relaciones económicas.

Como explicó Leonardo Duva, uno de los 14 asociados de la carpintería La Nacional, uno de los temas sobre los que habría que avanzar es en “la discusión sobre qué es la economía social”. Allí convergen, por lo general, microemprendimientos que caminan sobre la línea de la marginalidad: “Se la ubica en un lugar marginal, como un espacio para hacer trabajitos, pero nosotros producimos, convertimos materia prima en productos terminados y con valor agregado”, disparó.

LA PARADOJA. “Para nosotros la economía es social y lo que se hace en torno de ella puede transformar el Estado. Por ejemplo, las licitaciones estatales, que son de 20, 30 o 50 millones de pesos, tienen unos requisitos que nos dejan afuera pero terminamos trabajando para los que ganan las licitaciones, que son los que se convierten en proveedores del Estado y son meros intermediarios”, advirtió Duva.
La definición está acompañada de un ejemplo perverso que muestra claramente esta situación: un arquitecto ganó una licitación de la Ciudad de Buenos Aires para hacer todos los juegos de madera maciza de las plazas pero contrató la mano de obra de La Nacional. “Nosotros hicimos los juegos que cobramos a 15.000 pesos cada uno pero fueron facturados a 65.000 pesos al Estado porteño”, explicó Duva. Pero eso no es todo, los planos de los juegos fueron comprados a otro arquitecto que no tuvo nada que ver con la licitación.

“El tema es complejo, porque muchas de las recuperadas están quebradas y entonces no pueden ser proveedoras del Estado, pero la realidad es que los trabajadores terminan pagando las quiebras que no provocaron. Además, si tenemos trabajo las podemos pagar sin problemas”, agregó.

NACIONALES. Para empezar a desmontar la lógica que los deja fuera de trabajar con el Estado, las empresas recuperadas y cooperativas tradicionales comenzaron a reunirse. Empezaron por ampliar algunos acuerdos de cooperación y producción conjunta y comenzaron a tejer otros. Uno de los ejemplos está en la Red Gráfica, que reúne a media docena de imprentas que trabajan en forma conjunta y mejoraron su producción y facturación en poco tiempo.

Por lo pronto, lograron convenios con la Unión de Trabajadores de la Educación, la Asociación de Trabajadores del Estado, el Sindicato Único de Publicidad y la regional Quilmes, Berazategui y Florencio Varela de la Unión Obrera Metalúrgica. Ofrecerán beneficios para sus afiliados. Además, firmarán un convenio con el INCAA para que los trabajadores de las recuperadas accedan al cine con entradas a 3 pesos.
Entre las empresas que comenzaron a reunirse se incluyen Gráfica Unión, Cooperativa Loria (ex Indugraf), la textil Macbody, el restaurante El General, la plástica Viniplast, la fábrica de globos Global y las madereras Córdoba y La Carpintería. Además, la electrónica Industrias RB planteó directamente al Poder Ejecutivo la discusión sobre las trabas para que las cooperativas puedan trabajar con el Estado, aunque no forma parte de este grupo de empresas.

A pesar de que distintos organismos públicos –INAES y ministerios de Trabajo y Desarrollo Social– tienen políticas de asistencia, el reclamo de las recuperadas es que “no hay una política de Estado para el sector”, coincidieron Montes, Duva y Gastón Peña, de Macbody.

Peña agregó un dato sobre el comportamiento de los dueños anteriores para demostrar cuál es el lugar hacia donde las recuperadas no quieren ir: “Hacíamos moldes que se mandaban a Malasia y de allí llegaba la ropa terminada. A precio de hoy es como si ellos mandaran una prenda a 3 pesos cuando aquí sale 25 pesos confeccionarla”.
“Llegamos a ser 300 trabajadores con 20 locales propios, pero ahora somos 26 asociados con 4 locales comerciales, pero tenemos una planta de tres pisos, maquinaria y capacidad para 300 operarios”, agregó.

Duva sumó otro elemento sobre el proceso de este tipo de empresas y su línea de acción. “Somos, en los hechos, un nuevo sector del empresariado nacional, que no explota a sus trabajadores porque nosotros también lo somos, pero necesitamos de la ayuda estatal para fortalecernos y crecer”, señaló el carpintero y recuperó la política de otros años y la historia paterna: “Mi viejo aprendió el oficio haciendo los juguetes para la Fundación Evita, que se los compraba a una empresa nacional”.

PYMES DISPUTAN SU PORCIÓN DE LA TORTA

Industrias RB es una de las pymes electrónicas que señalaron al Gobierno nacional que la licitación para la creación e implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) estuvo “dirigido a grandes empresas”. Así lo indicaron a través de una gestión que inició la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas (Cadieel).

En una nota enviada a la presidenta Cristina Fernández, el titular de la cámara empresarial, Jorge Sanguinetti, indicó que había al menos seis pymes –entre ellas la recuperada Industrias RB- que tenían doce años de experiencia en el desarrollo, fabricación, instalación y mantenimiento de más de 30.000 máquinas expendedoras de boletos. Pero la licitación estuvo “dirigida a grandes empresas, ya que sólo ellas cuentan con un patrimonio neto de u$s15 millones y pueden acreditar la existencia de 10.000 máquinas instaladas en el extranjero al 1º de enero de 2008”.

Esa nota fue presentada el 21 de mayo de 2009 y la semana pasada tuvo una respuesta: los representantes de Cadieel se reunieron con la titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y acordaron presentar un “prototipo argentino” de validadora de tarjetas para integrarse al proyecto. (Agencia Paco Urondo)