Petitorio para disolver la UCEP

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Los abajo firmantes solicitamos al Sr. Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la disolución de la Unidad de Control del Espacio Público y la investigación de los hechos aquí denunciados:

El 21 de octubre de 2008, por intermedio del Decreto Nº 1232/08 se creó la UCEP, el Organismo fuera de nivel Unidad de Control del Espacio Público, que depende de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. De esta forma, se le dio cobertura administrativa a este grupo de personas que actúan clandestinamente. Acentuando su actuación durante noviembre y diciembre de 2008, se tornó mucho más visible el accionar de un grupo de empleados del Gobierno de la Ciudad que actúan en horas de la noche, realizando desalojos violentos, con amenazas y golpes, a personas en situación de calle que duermen en distintos espacios de la ciudad.

En sus procedimientos, los miembros de la UCEP, además de agredir fisicamente a las personas, secuestran sus pertenencias y, en algunos casos las arrojan en un camión colector de basura que también forma parte de estas operatorias ilegales. Muchos de estos camiones (algunos sin patente que los identifique) pertenecen a empresas recolectaras de residuos contratadas por el GCBA, como PANIZZA S. A.

Además, está acreditado por diversos testimonios que la UCEP participó en otros operativos como el desalojo del inmueble en Av. Paseo Colón 1588 (27/02/2009), el desalojo de la Huerta Orgazmica en Caballito (18/05/2009),o el desalojo de los puestos de venta ambulante en la Costanera Sur (16/09/2009). A la fecha, existen más de quince denuncias efectuadas por víctimas de la UCEP en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Las conductas desplegadas por los agentes de la UCEP encuadran en los delitos tipificados por los arts. 89, 149 bis, 149 ter y 248 del Código Penal de la Nación. Esto es: lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La ilegalidad que reviste la UCEP surge de las conductas de los agentes involucrados y también de la ambigüedad normativa que facilita esas conductas. El decreto que creó su estructura, aloja -desde una cortina legal- prácticas delictivas. En efecto, los objetivos mencionados en el decreto son agraviantes para un estado de derecho en tanto promueve facultades que no son propias de un organismo de estas características.

La norma convierte en regla una facultad excepcional del derecho administrativo y le otorga al órgano UCEP la competencia para efectuar desalojos por medio de la persuasión, lo cual en la práctica significa directamente la utilización de amenazas y la fuerza física. Es importante destacar que dormir en la calle no constituye ningún delito, ni contravención. Es decir, esa acción no puede ser perseguida penalmente ni sancionada.

Los problemas de la pobreza, indigencia y vulneración social no se resuelven con represión. Por el contrario, es obligación del Estado local, en cumplimiento del marco constitucional vigente, proveer los mecanismos necesarios para que las personas puedan resolver su situación de vulnerabilidad. La forma que eligieron en el Gobierno de la Ciudad de intervenir sobre esta problemática lo coloca como violador de derechos humanos, con proyección de responsabilidad internacional.

El derecho internacional, nacional y local de los derechos humanos prevé obligaciones para resolver la pobreza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene programas específicos para actuar en esta dirección, que no son dispositivos como la UCEP.

Existe la decisión política de despejar de pobres el espacio público y que esa decisión se sostenga aún con el costo violar los derechos humanos, causando un retroceso institucional inédito y de suma gravedad para la Ciudad de Buenos Aires.

El modelo de seguridad que nos ofrece el actual Gobierno de la Ciudad con el ejemplo de la UCEP es represivo, discriminatorio y en perjuicio de los derechos de los sectores de la población más vulnerables.

Por este motivo es que lo abajo firmantes, solicitamos al Sr. Jefe de Gobierno ,Mauricio Macri, la disolución de dicho organismo y la investigación de los hechos cometidos.

Primeras firmas: Abuelas de Plaza de Mayo, Agrupación H.I.J.O.S., Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), COPADI (Colectivo por la Diversidad), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos del Exilio, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Comisión Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina.

Más info: www.observatorioddhh.org.ar (Agencia Paco Urondo)