La democracia herida, por Claudio Díaz de la UNC

Córdoba (Agencia Paco Urondo) Hace 25 años la mayoría de los argentinos, más allá de las diferencias partidarias, hicimos una elección común. Elegimos la democracia.

Yo tenía veinte años entonces, y un par de años de militancia política. Los jóvenes de aquellos tiempos teníamos muchas ideas, muy diversas, muchas de ellas enfrentadas entre sí, acerca de cómo debía ser el futuro de la Argentina. Pero teníamos algo en común. Queríamos la democracia. Queríamos dejar atrás tantos años de autoritarismo y represión. Queríamos creer en aquellas palabras de Raúl Alfonsín, por entonces candidato, cuando afirmaba que con la democracia también se podía curar, educar, proteger, alimentar. Por eso en octubre del 83 y en los meses y años siguientes bailamos en las plazas, salimos a las calles, participamos en los partidos políticos, en las organizaciones estudiantiles, en los organismos defensores de los derechos humanos…

Hoy, 25 años después, la democracia, nuestra democracia, está herida. Gravemente herida. Y causa estupor ver a los medios de comunicación, a los partidos opositores, a muchos miembros del partido oficial, a organizaciones de la sociedad civil y a muchos ciudadanos, festejar, alentar y participar de un fuerte ataque a la institucionalidad democrática, en el afán de oponerse a un gobierno. Y más estupor causa que el ataque a la institucionalidad democrática se articule alrededor de la defensa de las grandes ganancias de uno de los sectores más favorecidos por las actuales condiciones económicas. Y aún más estupor causa ver la distorsión sistemática a la que se ha sometido en estos meses a las palabras que componen el lenguaje de la política.

La distorsión del lenguaje
Los significados de las palabras no son simplemente aquellos que están consignados en el diccionario. Por el contrario, los distintos grupos sociales luchan todo el tiempo por imponer una definición legítima, en una disputa que Roland Barthes llamaba “la guerra de los lenguajes”. Y esto es particularmente notable en aquellas palabras que forman parte habitual del lenguaje de la política. En estos meses hemos asistido a usos abusivos de la palabra política, tan abusivos que resultan dañosos para la democracia misma. Veamos algunos ejemplos.

Los dirigentes de los empresarios rurales, los dirigentes políticos opositores y los monopolios multimediáticos de comunicación han hablado recurrentemente de la necesidad de diálogo. Ese es un concepto muy caro a la democracia. Diría más, forma parte de la esencia misma de la democracia en la medida en que supone la pluralidad, y define el método para dirimir las diferencias. El diálogo supone al menos dos pensamientos diferentes que tienen que encontrar una articulación común, lo que supone hacer concesiones en función de acuerdos. En el conflicto actual, sin embargo, los empresarios rurales no sólo no estuvieron dispuestos a conceder nunca nada, sino que además propusieron desde el principio la lógica de la relación de fuerzas y la imposición. El diálogo, cuando se desarrolla bajo medidas de fuerza (algunas de ellas decididamente delictivas, como los cortes de ruta), bajo amenazas de medidas aún más duras, bajo promesas de “no ceder”, de “llevar la lucha hasta el fin”; el diálogo cuando se caracteriza públicamente a un gobierno democráticamente elegido como “impedimento para el crecimiento”, no es diálogo en absoluto, es voluntad de imposición de fuerza.

A pesar de las sucesivas concesiones del gobierno, como las compensaciones a los pequeños y medianos productores, el subsidio para el transporte de los más alejados de los puertos, la reducción de la alícuota para otros cultivos, etc., los empresarios rurales siguieron reclamando “diálogo”, que en su lenguaje, no significa otra cosa que eliminación de las retenciones móviles. Y en ese lenguaje, lo mismo significan otras expresiones que han sido recurrentemente utilizadas como “soluciones para el sector”, “federalismo”, “constitucionalidad”… todos significantes del mismo significado amenazante: si no eliminan las retenciones móviles volveremos a las rutas.

Más grave aún es lo que ocurrió desde el momento en que el Poder Ejecutivo, a causa de las presiones recibidas, decidió enviar la resolución 125 al Congreso. No hay institución más legítima en una democracia para desarrollar un diálogo plural. Por eso los empresarios rurales y la coalición opositora habían reclamado una y otra vez que el problema se resolviera en el Congreso. Pero desde el momento en que el debate empezó asistimos nuevamente a las presiones y a la distorsión de las palabras. Si los diputados oficialistas apoyaban el proyecto, lo hacían por “obediencia debida”. Con ese nombre se llamó a mediado de los 80 a una de las leyes que intentó garantizar la impunidad de los cuadros intermedios e inferiores que participaron en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. Ahora se usaba la expresión para caracterizar a los legisladores oficialistas por apoyar una medida que intenta llevar adelante un proyecto político del que son parte. Porque esos legisladores fueron elegidos democráticamente por formar parte de un partido político, y por lo tanto de un proyecto político. Trasladar la expresión “obediencia debida” de un uso al otro, no sólo es una distorsión, sino también una perversión del lenguaje político.

Algo similar ocurre con la expresión “mayoría automática”, también profusamente utilizada por los empresarios rurales y sus coyunturales aliados. Esa expresión se acuñó en los 90 para caracterizar el vergonzoso funcionamiento de una corte suprema ilegítima y controlada por el poder ejecutivo. La mayoría que un partido tiene en el parlamento, o en cualquier cuerpo colegiado de una institución democrática, no puede de ninguna manera homologarse a la anterior. Cuando un partido tiene mayoría legislativa es porque sacó más votos que sus oponentes. Esto es, cuando expresa una mayoría de votantes que optaron por un proyecto político. Es natural, entonces que esa mayoría se exprese en el congreso a la hora de votar un proyecto. Usar la expresión “mayoría automática” para referirse a ese hecho revela una vieja tendencia de los sectores minoritarios: los congresos “democráticos” y “buenos” son sólo aquellos que pueden controlar. Cuando eso no ocurre, dicen que hay demagogia, o sencillamente dictadura, aunque el gobierno y el Congreso hayan sido legítimamente elegidos.

La responsabilidad del gobierno
El lector de estas líneas puede pensar por lo expuesto hasta aquí, que mi propósito es defender al gobierno de Cristina Fernández. Nada más lejos de mi intención. Este gobierno, así como el que lo antecedió, y al igual que los de Eduardo Duhalde, Fernando De la Rúa, Carlos Menem y hasta Raúl Alfonsín, tiene mucha responsabilidad en el actual deterioro de nuestra democracia y en el descrédito de las instituciones.

Fueron esos gobiernos, y los parlamentos que los acompañaron quienes votaron las leyes de impunidad en los 80, quienes permitieron el desguace del estado y la entrega de las empresas públicas y los recursos naturales en los 90; fueron esos gobiernos y esos parlamentos quienes aprobaron, según su conveniencia sucesivas ampliaciones de la Corte Suprema y quienes votaron, Banelco de por medio, las leyes de flexibilización laboral.

Fueron ellos quienes aprobaron las leyes de educación que nos sumieron en la actual penuria educativa y la privatización del sistema de prevención. Hay sobradas razones para que la sociedad mire esas instituciones con desconfianza.

Y los últimos dos gobiernos y sus parlamentos, son responsables de la cesión de poderes especiales al Poder Ejecutivo, de la desarticulación del Consejo de la Magistratura, de la lamentable y antidemocrática superposición entre el gobierno, el partido oficial y el Estado. Estos gobiernos son responsable de la falta de personería jurídica de la Central de Trabajadores Argentinos y de la alianza con los burócratas sindicales de la CGT.

Estos gobiernos son responsables también de las sospechas de corrupción y de un estilo de gestión confrontativo y agresivo. Cuesta entonces creerles, cuando hablan de calidad institucional, de transparencia democrática, del destino de los fondos públicos y del interés colectivo. Cuesta no pensar que con esa distancia entre las palabras y los hechos contribuyen también a la distorsión y el vaciamiento del lenguaje político.

Y más cuesta creerles cuando uno observa la torpeza con la que han manejado el actual conflicto, que podría haber tenido tratamiento parlamentario desde el principio, evitando así las formas más salvajes del reclamo empresarial. Más cuesta creerle cuando han permitido y alentado el protagonismo de figuras políticas que le hacen mucho daño a la democracia y las instituciones y cuando han permitido que miembros del gobierno y del partido oficial respondan al ataque antidemocrático con actitudes antidemocráticas.

Pero estas críticas a los últimos dos gobiernos no debe hacernos perder la claridad acerca de la naturaleza del conflicto y de los sectores que hoy, por enfrentar al gobierno, atacan la democracia.

El reclamo
No voy a insistir aquí en los numerosos argumentos que diferentes economistas, analistas políticos e intelectuales han propuesto a favor de las retenciones, incluso de las retenciones móviles.

A pesar del bombardeo cotidiano de los monopolios multimediáticos, quien piensa que la realidad es algo más que lo que dice la tele, tuvo tiempo de informarse a través de medios alternativos. Pero sí interesa recordar que, el dinero que está en juego con los precios actuales y descontando las compensaciones a los pequeños y medianos productores, ronda los 900 millones de dólares. Es decir, un dinero que no alcanza para generar ningún impacto redistributivo, como dice el gobierno, y mucho menos para generar la desaparición de miles de pequeños productores como dicen los empresarios rurales.

¿Qué es lo que se juega entonces? ¿Es por esos 900 millones que salió una parte de la población a golpear las cacerolas?

Si uno presta atención a lo que se ha dicho a la vera de las rutas, en los cacerolazos, pero también en las cadenas de mensajes electrónicos y de celulares; si uno suma eso que se ha dicho a lo que han dicho y hecho los empresarios rurales y sus aliados, empieza a dibujarse otra cosa. Algunos, los que se atreven a hacerlo a través del anonimato y las cadenas electrónicas, han atacado de un modo misógino e irreproducible la condición femenina de la presidenta.

Otros se han sumado en repudio de la política de derechos humanos del gobierno (los carteles en los cacerolazos así lo mostraban). Y lo han hecho en el momento en que se desarrolla el juicio a Luciano Benjamín Menéndez, uno de los más feroces genocidas de la dictadura. Ese juicio, ha pasado casi desapercibido para los monopolios multimediáticos “nacionales”.

También se han sumado los que se oponen a la política de salud reproductiva, los que se oponen a la educación sexual en las escuelas, los que se opusieron a la reforma de la Ley de Educación. Otros, los más peligrosos, lo han hecho en nombre de los viejos argumentos liberales que niegan al Estado, no a este gobierno en particular, el derecho a intervenir en la economía. Para la oposición macrista, esta es sólo una batalla. Su lucha principal apunta a evitar cualquier avance del Estado sobre sus conquistas privatizadoras de la década del 90.

De manera que este reclamo ha galvanizado y unificado a todos los opositores que, más allá de gestos y consignas, más allá de expresiones progresistas, atacan al gobierno desde la actitud más tradicional de la derecha: la de imponer al Estado, al Congreso y a la sociedad toda los intereses económicos de un sector poderoso.

Pero hay otras oposiciones. La de los que queremos que la política de derechos humanos lleve a la cárcel a todos los genocidas, pero que también se ocupe de los derechos de todos los ciudadanos vulnerables que hoy habitan la Argentina. La de los que queremos que los recursos naturales de todos los argentinos (el agua, el petróleo, los bosques nativos, la fauna ictícola y sí, también las tierras) sean protegidos y puestos bajo el control del Estado para beneficio de todos los ciudadanos y no sólo de los propietarios. La de los que queremos que haya una reforma tributaria que garantice que paguen más los que más tienen (sí, los empresarios rurales también) y que paguen menos los que tienen poco o nada. La de los que queremos que no sólo los empresarios rurales aporten más recursos para ser redistribuidos, sino también los empresarios industriales, el sistema financiero, las multinacionales y hasta los ricos y famosos. La de los que queremos que el Congreso apruebe una Ley de Educación Superior que garantice la gratuidad y la calidad de la enseñanza, como así también la autonomía de las Universidades Nacionales. La de los que queremos que el concepto “campo” incluya también los derechos de los peones rurales y de los campesino pobres que están siendo expropiados y expulsados para expandir la frontera sojera.

Como puede verse, estos opositores estamos muy lejos de los intereses de los empresarios rurales y sus aliados. A diferencia de ellos, queremos que el estado intervenga más, y no menos, en la elaboración de un proyecto de desarrollo que nos incluya a todos y no sólo a unos pocos.

Y si se quiere ver con más claridad lo que diferencia estas oposiciones, de la que hoy alientan y festejan los monopolios multimediáticos, basta con observar la lista de nombres del partido oficial que hoy se están sumando al reclamo de los empresarios rurales y a la estrategia de corrosión de las instituciones democráticas: Eduardo Duhalde, José Manuel De la Sota, Alberto Rodríguez Saa, Carlos Menem, Ramón Puerta y hasta el mismísimo Luis Barrionuevo.

En el próximo cacerolazo, estimado lector, tal vez los encuentre a su lado.

Claudio Fernando Díaz
Docente e investigador, Universidad Nacional de Córdoba.

(Agencia Paco Urondo)