Capital Federal (Agencia Paco Urondo) En una solicitada publicada en algunos matutinos el 31 de agosto, la Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA), la cámara que representa al oligopolio de la televisión privada, establece cuatro falacias que intenta presentar como argumentos contra la presentación en el Congreso de la Ley de Servicios Audiovisuales.
Los dueños de la televisión privada no pueden, al iniciar su solicitada, sino reconocer la naturaleza dictatorial de la actual ley vigente y su obsolescencia técnica, siendo éste el único argumento comprobable y cierto de toda su argumentación.
Inmediatamente pasan a afirmar que la nueva ley “afectaría derechos y garantías constitucionales” e intenta infructuosamente probar su temeraria y amenazante afirmación.
El proyecto de ley lejos de sostener, como dice ATA, “consagrar un fuerte control del gobierno de turno sobre los medios privados y sus contenidos”, se propone ampliar la pluralidad de voces, incorporar al espectro mediático a las organizaciones libres del pueblo y dar la necesaria presencia al Estado, repartiendo en partes iguales su participación. Lo de la imposición sobre los contenidos a los que se refiere ATA expresa tan sólo la preocupación de que la multiplicidad de voces impedirá el monocolor y la uniformidad que hoy caracteriza a la televisión privada.
La cámara empresarial pide además “una exhaustiva consulta a todos los sectores involucrados”. Desde hace cinco meses, el anteproyecto del Poder Ejecutivo ha sido difundido, analizado y discutido en todos los niveles de la sociedad y en toda la extensión del país. Pocos, si alguno, proyectos de ley han contado con más amplia consulta con la sociedad. Y si los empresarios involucrados no han participado ha sido tan sólo por su negativa a aceptar los criterios que rigen una sociedad democrática y plural que se rige por la mayoría.
Por su parte, diversas expresiones de la oposición han afirmado la supuesta “ilegimitidad” de la actual composición del Congreso Nacional. Esa peregrina idea, que intenta declarar nulas las decisiones que les perjudica y aceptar las que les conviene, es de una flagrante burla a la Constitución Nacional, a las leyes electorales vigentes y al sentido común. Todos los legisladores –diputados y senadores- del oficialismo y de la variopinta oposición tienen sus mandatos hasta el 10 de diciembre. La oposición pretende que el actual Congreso, o para ser más exactos, los representantes del oficialismo, dejen de legislar de acuerdo a sus convicciones y al mandato recibido, para que sean los opositores quienes elaboren las leyes al Ejecutivo. Eso se llama técnicamente un golpe de Estado.
Por último, ATA amenaza con un supuesto debilitamiento de “la sustentabilidad de la televisión gratuita privada”. No se preocupa por explicar cuáles serían esas amenazas. Le alcanza con saber que su situación oligopólica es amenazada por la participación en la generación de contenidos por el conjunto de la sociedad argentina.
Los argumentos de ATA no son otra cosa que gritos de tero. Lo que en realidad quieren cuidar está en otro lado, en el enorme poder político y económico al que la ley pondrá coto y control.(Agencia Paco Urondo)
El amor a otra bandera
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