Capital Federal (Agencia Paco Urondo) El autor es Delegado Comisión Interna Canal 9 (SATSAID)
El jueves pasado se envió al Congreso el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Fecha significativa, ya que el 27 de agosto es el Día de la Radiodifusión Argentina en conmemoración de la primera transmisión radial en nuestro país.
Otro 27 de agosto, pero del año 2004 la Coalición por una Radiodifusión Democrática
presentó sus 21 puntos básicos, en referencia a las cuestiones que debía contemplar un
proyecto de ley que reemplace al actual Decreto-Ley 22.285 del año 1980 y que lleva la firma de los responsables del peor genocidio que conoce nuestra historia.
La Coalición está conformada por actores sociales diversos. Las dos centrales obreras (CGT y CTA), movimientos sociales (oficialistas y no oficialistas), partidos políticos, ONGs, representantes de pueblos originarios, organizaciones de derechos humanos y radios comunitarias.
Durante 5 años, los 21 puntos han sido debatidos en todos los rincones del país en un proceso surgido de la base de la sociedad civil que sirvió de referencia para redactar el Proyecto de Ley de SCA, en cuya introducción figuran los 21 puntos y los artículos que garantizan que se cumplan. No quedan dudas que este proyecto nació “desde abajo”.
Entonces, ¿Porqué los medios masivos de comunicación titulan “Ley de Medios K”?
Así lo hicieron América 24 / América TV y TN / Telenoche.
Clarín tituló en su tapa de la edición del viernes 28 de agosto “El Gobierno envió al Congreso un proyecto para controlar los medios”.
Omiten información sobre los 24 foros de debate realizados en todo el país, mienten descaradamente afirmando que fueron “foros en los cuales participaron organizaciones afines al gobierno” (América 24) cuando estuvieron abiertos a toda la comunidad, y quienes participamos de alguno de ellos lo hemos podido comprobar.
También comenzaron a divulgar la idea de que se quiere “chavizar” el país, cuando más allá de posturas ideológicas, es indiscutible que el proceso que se abrió en Argentina desde 2003 nada tiene que ver con el de Venezuela. El proceso político, económico y social de ambos países son diferentes, el único eje en común es el esfuerzo por fortalecer la unidad regional.
La Nación en la edición del viernes 28 de agosto dice: “Las radios estarán fuertemente reguladas por el Estado…tendrán que difundir un mínimo del 30% de música nacional y un 70% de la programación deberá ser nacional”. Los monopolios informativos buscan confundir, puesto que las regulaciones no ejercen un control sobre el tipo de contenido sino que fijan “cuotas de pantalla” generando trabajo nacional. Dentro de los porcentajes fijados (70% para la radio, 60% para TV, 6 estrenos de cine nacional por año) el contenido lo decide cada licenciatario.
Otro argumento en contra del proyecto de Ley es sobre la Autoridad de Aplicación, a la cual se la acusa de antemano de ser “adicta al gobierno” de turno sin mencionar que habrá representantes de la segunda y tercera minoría parlamentaria. A lo que habría que agregar la creación del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual para asesorar a la Autoridad de Aplicación, que estará integrado por representantes de las provincias, de las cámaras empresarias del sector, de las universidades, y de los trabajadores, entre otros. Esta estructura parecería ser más democrática que la del actual COMFER, que funciona bajo la figura de un interventor puesto a discreción por el Poder Ejecutivo.
La cantidad de licencias que podrá tener un mismo operador con la nueva Ley también generó críticas. Actualmente el 83% de los medios de comunicación del país son explotados por cuatro grupos económicos (Grupo Clarín, Grupo Uno -Vila, Manzano, De Narváez-, Grupo Prisa y Telefónica). El Proyecto prevé hasta 10 a nivel nacional frente a las 24 permitidas en la actualidad, y quienes están explotando más de 10 licencias pretenden que sean reconocidas como “derechos adquiridos”.
Pero lo que a nuestro entender más molesta es el punto central de esta Ley, la división del espacio radioeléctrico en tres partes iguales: para el sector comercial, el público (Estados Nacional, Provinciales y Municipales) y el sector sin fines de lucro rompiendo la matriz de la vieja ley que considera a la comunicación solamente como actividad comercial.
La corporación mediática sostiene que el 33% para el sector público solo va a difundir la información que convenga al gobierno de turno. Y que el sector sin fines de lucro al tener problemas de financiación va a sobrevivir a través de la pauta de publicidad oficial, lo que haría acallar posibles criticas al oficialismo. De esta manera argumentan que el poder político podría controlar el 66% del poder mediático. Quedando solo el 33% para el “periodismo independiente”.
El error de creer que esto puede suceder radica en analizar la distribución del espacio radioeléctrico desde una mirada mercantilista, que corresponde al sector comercial (o poder económico). Nos quieren convencer que el sector sin fines de lucro, es decir, las radios comunitarias, los pueblos originarios, las organizaciones de derechos humanos, los movimientos sociales, la entidades religiosas, etc.; deberá moverse con una lógica comercial, y esto a raíz de que el sector económico solo entiende las relaciones sociales a través del dinero sin comprender que tanta gente que se dedique a lo mismo que ellos sin esperar nada a cambio. ¿Acaso las radios comunitarias, los canales alternativos de TV por internet, las revistas barriales y otros medios no masivos de comunicación, han sobrevivido gracias a la pauta oficial? Viven por la fuerza de las convicciones y la pasión que ponen sus hombres y mujeres para hacer posible otra información y otra verdad.
Intencionadamente confunden libertad de expresión con libertad de prensa. Porque limitar la cantidad de licencias por prestador no limita la libertad de prensa como la entiende el artículo 14 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos…; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; …”. Eso es libertad de prensa, libertad de expresión es un concepto que hace referencia al Derecho Humano y Universal “de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”.
Es esto último lo que queda garantizado con el límite de licencias en una misma sociedad comercial, y en la división de los prestadores en comerciales, públicos y sin fines de lucro.
Existen distintas interpretaciones de los hechos, distintas miradas del mundo y este proyecto de Ley al limitar la concentración monopólica fomenta la diversidad y pluralidad de ideas, y es ahí donde debe estar el foco de atención de los sectores populares. Porque es indudable que los trabajadores, los desocupados, los jubilados, los que sufren hambre, los pueblos originarios que ven avasalladas sus tierras, los que ven vulnerados día a día sus derechos; no tiene donde expresarse en los medios masivos de comunicación.
Si mañana un movimiento social, una cooperativa o la CGT logran acceder a una radio o un canal de TV sabremos quien esta detrás de lo que escuchamos o vemos, cosa que actualmente no es posible. Los medios comerciales se venden al mejor postor, y un día juegan para un lado de la cancha y al otro no se sabe para donde patean.
A 26 años del fin de la última dictadura militar tenemos frente a nosotros la oportunidad histórica de modificar una ley fundamental para el sistema democrático. Seguramente no será la mejor Ley, seguramente se discutirán más adelante algunas modificaciones. Pero de lo que más seguro estamos es de que esta es la madre de todas las batallas porque actualmente solo puede expresarse en los medios quien tenga las posibilidades económicas de hacerlo. Este es el momento de enterrar definitivamente a la 22.285 para recuperar la palabra para todos y todas.
No dejemos que el poder mediático que manipula la información escondiendo sus verdaderos intereses nos diga quien es nuestro enemigo.(Agencia Paco Urondo)
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