lunes, 5 de octubre de 2009

Chaco: entidades condenaron la detención domiciliaria de Colombo

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en www.chacodiapordia.com) Desde la Casa por la Memoria, en el mediodía de este viernes, manifestaron su preocupación por la sentencia del ex gobernador de Formosa y por la lentitud de las causas en curso en el Chaco.

En la ocasión, estuvieron presentes integrantes de Asociación de ex Detenidos por razones Políticas “Padre Brisaboa”, de la Red por la Identidad, la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Comisión Permanente por los Derechos Humanos (CPDH), de H.I.J.O.S, los hermanos de Fernando Gabriel Piérola, Dafne Zamudio, hija de Carlos Zamudio, el abogado querellante Mario Bosch y el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Marcelo Salgado.

El documento.

El escrito señala que "después de luchar para lograr la nulidad de las leyes que garantizaron la impunidad de los asesinos y torturadores de la última dictadura cívico-militar con el fin de promover la justicia en nuestro país y el debate sobre las consecuencias sociales del terrorismo de Estado, nos vemos obligados a manifestar nuestra preocupación ante la lentitud de los procesos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad en curso en la región.

Colombo, reo de privilegio.
Después de un largo proceso, este jueves 1º de octubre finalmente fue condenado a 25 años el genocida Juan Carlos Colombo, ex gobernador de facto de la última dictadura, acusado de los delitos de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas.
Colombo fue beneficiado con el arresto domiciliario, desoyéndose la opinión de los organismos de derechos humanos, los querellantes y el representante del ministerio público de Formosa que solicitaron en su alegato se condene al represor a la pena de prisión perpetua, común y efectiva en tanto Colombo es responsable de gravísimos crímenes contra la humanidad.

No es justo que esta clase de criminales que torturaron asesinaron y desaparecieron a miles de argentinos reciban la intolerable dádiva de una prisión de beneficio en la comodidad de sus casas, una burla a una sociedad que niega cada vez con más ímpetu la impunidad de los represores, tanto la de los procesados sin sentencia, como la de todos los represores que aún no han sido siquiera citados.

El juicio por la Masacre de Margarita Belén

En nuestra provincia la causa judicial por los crímenes de la Masacre de Margarita Belén está en condiciones de ser juzgada, sin que se perciba una fecha de inicio del juicio, cada vez más cerca de un nuevo aniversario de aquel fatídico 13 de diciembre. Es imprescindible que el Poder Judicial la asuma el rol que le corresponde, que no es otro que administrar justicia en tiempo y forma. Para ello creemos pertinente que se asuma el juzgamiento al genocidio como una verdadera política de Estado.

El “Informe anual 2009 sobre la situación de los derechos humanos en Argentina” del Centro de Estudios Legales y Sociales indica que en virtud de la alarmante lentitud con la que se instruyen las causas, aun cuando se mantuviera el ritmo de sentencias del año pasado (30 condenas y dos absoluciones) los juicios no terminarían antes de 2024. Esta demora posibilitó que a la fecha 201 represores (alrededor del 16% de los imputados) murieran impunes, como es el caso en nuestra provincia de los genocidas Thomas, Ceniquel, Larreteguy, Valussi, y Cardozo todos culpables de las peores aberraciones, todos fallecidos sin condena.

Cuando los organismos de derechos humanos advertimos sobre la necesidad de lograr el juicio y castigo para todos los responsables del genocidio que provocó 30.000 desaparecidos, 500 niños apropiados, miles de presos políticos y la miseria planificada para gran parte del pueblo argentino se hace un llamamiento a considerar una cuestión básica: mientras el aparato represivo de la dictadura permanezca impune no será posible una democracia plena y justa en la cual construir una sociedad sin pobres ni excluidos.

Por eso exigimos Juicio Oral Ya y cárcel perpetua, común y efectiva a los genocidas represores; un imperativo ético que manda sancionar los aberrantes crímenes cometidos y por el sentido simbólico de reafirmación de verdad, memoria y justicia que significa condenar al Terrorismo de Estado.

30.000 compañeros desaparecidos presentes.
Ni olvido ni perdón.
Memoria Verdad Justicia".
(Agencia Paco Urondo)

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