UCEP: el modelo de seguridad de Mauricio Macri, por el Observatorio de DDHH

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) En el año 2005 el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, creó el RECEP (Organismo Fuera de Nivel Recuperación del Espacio Público) por intermedio del Decreto N° 1163/05. Entre los objetivos del RECEP, figuraban: “Recuperar los espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...) que en la actualidad o en el futuro puedan encontrarse ocupados en forma indebida por diferentes personas y en circunstancias diversas”.

Desde entonces existe en la ciudad un cuerpo de empleados que cumplen actividades de dudosa legalidad en perjuicio, en general, de las personas más vulnerables que son aquellas que expresan y operan sus derechos en el espacio público.

En la gestión actual, encabezada por Mauricio Macri, en particular desde mediados de 2008, se tomó conocimiento y se tornó mucho más visible el accionar de un grupo de empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries que actúan en horas de la noche, desalojando a la fuerza, con amenazas y golpes, a personas en situación de calle que duermen en algún lugar de la ciudad.

En octubre de 2008 se creó el organismo que le dio cobertura administrativa a este grupo de personas que actúan clandestinamente. Así, por intermedio del Decreto Nº 1232/08 de fecha 21 de octubre de 2008, se creó la UCEP, el Organismo fuera de nivel Unidad de Control del Espacio Público, que depende de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. La UCEP vendría en los hechos a reemplazar al RECEP, con objetivos aún más claros y con un accionar más violento y visible.

Con el transcurso de los meses y acentuando su actuación en noviembre y diciembre de 2008, la UCEP se hizo famosa en la noche de la ciudad, principalmente en la zona sur, desalojando a los golpes a familias que dormían en las calles, muchas de ellas debajo de la autopista. En sus procedimientos, la UCEP, además de agredir físicamente en forma violenta a las personas, roba todas las pertenencias de las víctimas y, en algunos casos, las arrojan en un camión colector de basura que también forma parte de estas operatorias ilegales. Por lo general, estos camiones (en algunos casos sin chapa patente que los identifique) pertenecen a empresas recolectaras de residuos contratadas por el GCBA, como es el caso de PANIZA.

Hechos

Denuncias en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, puede observarse el caso del señor Carlos Rolando Gutiérrez, quien manifestó que “el día 30 de septiembre de 2008 entre las 00 horas y las 2 de la madrugada, encontrándose junto a dos compañeros en la puerta del Teatro Colón, pasó un camión compactador de basura blanco, sin identificación, viniendo detrás una camioneta blanca cuya puerta delantera tenía inscripto el logo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; que de esa camioneta se bajaron varias personas, todos vestidos de civil y una de las personas se acercó hacia él pegándole una patada en la rodilla y amenazándolo a los gritos. La víctima denunció que le robaron sus pertenencias y agregó que al día siguiente regresó al lugar donde había sido agredido haciéndose presente un coche Fiat Duna de color gris -patente INN220 o ANN220- acompañado por un camión de color blanco que llevaba inscripto “Panizza” en una de sus puertas, oportunidad en la que le fue sustraída por las personas que descendieron de ambos vehículos la frazada que tenía en su poder siendo amenazado con ser golpeado si volvía a intentar pernoctar en el lugar”.

Por su parte, el señor Gustavo Diego Pérez, reciclador urbano, cuyo trabajo es desempeñado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, indicó que “el día 2 de octubre a las 2 horas de la madrugada, en las calles Lima e Independencia, un grupo de trece personas que se trasladaban en un camión de recolección de residuos con las inscripciones “Panizza” -patente EXG115- y cuatro vehículos -dos de ellos de patente FMA256 y SMA278- se acercaron a él y unos compañeros y les sacaron los carros con todo lo que habían recolectado quitándoles asimismo su documentación, todo lo cual fue destruido”.

El señor Jorge Enrique Alonso, Párroco de la Iglesia del Inmaculado Corazón de María, señaló que “el día 7 de octubre de 2008 en la zona de su domicilio (Constitución al 1000 de la Ciudad de Buenos Aires), siendo la 1 hora de la madrugada, fue testigo ocular de una agresión en la persona de Ángel Cabrera Cánepa, de 66 años de edad, quien se encontraba viviendo desde hacía ocho meses debajo de la Autopista 9 de Julio, contigua al edificio de su Parroquia. El señor Alonso contó que entre veinte o veinticinco personas jóvenes y vestidos de negro quisieron sacar violentamente de su lugar de asiento al señor Cánepa pateando su endeble vivienda y propinándole un puñetazo en el estómago, al tiempo que lo amenazaban con cortarle el cuello con un instrumento cortante. También indicó que junto a esas acciones, el señor Cánepa fue amenazado y hostigado verbalmente. Por último, expuso que esas personas no presentaban ninguna identificación particular y que uno de los integrantes del grupo dijo pertenecer al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en tanto otro de ellos dijo que eran de la Policía. A su vez, manifestó que el señor Cánepa fue advertido de que debía salir del lugar en veinticuatro horas so pena de ser incendiado su lugar de asiento, llevándose el grupo todas sus pertenencias”.

El señor Alejandro Cardozo, reciclador urbano, denunció que “habiéndose quedado dormido en un banco de la Plaza Rodríguez Peña -atento a que se encontraba en situación de calle- fue despertado por personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se movilizaba en una camioneta oficial -patente BYK479- y por personal policial que circulaba en un patrullero -patente GJB449-. Indicó que le habían dicho que no podía dormir en la plaza y que el personal policial lo despertó a los cachetazos llevándose su carrito. Finalmente, el señor Cardozo señaló que el chofer del patrullero le había dicho que no lo golpeaban más porque era un viejo y que se salvaba de que no lo pasaran con el vehículo por encima”.

A la fecha, junio de 2009, existen más de diez denuncias efectuadas por víctimas de la UCEP en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, está acreditado -por diversos testimonios- que la UCEP participó en desalojos de mayor visibilidad como son los casos de los procedimientos realizados en la Av. Paseo Colón 1588 el 27 de febrero de 2009 y en la Huerta Orgazmizca el día 18 de mayo de 2009, dos de los pocos casos que tuvieron repercusión –escasa- en los medios de comunicación.

En el primer caso, agrediendo y empujando a los habitantes del lugar y en el segundo, de madrugada, custodiando que las topadoras pudieran hacer bien su trabajo y agrediendo a los miembros de la huerta cuando se acercaron a defender el lugar.

La intervención de la Legislatura de la Ciudad. La denuncia penal.

En la sesión del día 11 de diciembre de 2008, por iniciativa del diputado Juan Cabandié, la Legislatura de la Ciudad aprobó un pedido de informes, Resolución Nº 645/2008, dirigido al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires con una serie de preguntas respecto de los hechos aquí denunciados y acerca de los objetivos enunciados en el Decreto Nº 1232/08.

En el mismo mes, la diputada Liliana Parada realizó una denuncia penal contra el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contra el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público y contra los funcionarios y empleados de la Unidad de Control del Espacio Público -UCEP-, por los hechos relatados, considerados constitutivos de los delitos previstos por los arts. 149 bis, 149 ter y 248 del Código Penal. La carátula de la causa judicial es: “Macri, Mauricio y otro S/ amenazas con armas o anónimas” y tramita actualmente en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13, a cargo del Dr. Marcelo Daniel Roma.

Las conductas desplegadas por los agentes de la UCEP encuadran en los delitos tipificados por los arts. 89, 149 bis, 149 ter y 248 del Código Penal de la Nación. Esto es: lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el transcurso de este año, diputados de la oposición presentaron dos proyectos de ley con el objeto de disolver la UCEP.

Caracterización de la UCEP. Ilegalidad.

La ilegalidad que reviste la UCEP no surge sólo de las conductas de los agentes o funcionarios del Gobierno de la Ciudad involucrados, sino también de la ambigüedad normativa que facilita esas conductas. El Decreto N° 1232/08, que creó su estructura, aloja -desde una cortina legal- prácticas delictivas. En efecto, los objetivos mencionados en el Decreto son agraviantes para un estado de derecho en tanto promueven facultades que no son propias de un organismo de estas características. En todo caso, sí lo son de un cuerpo de policía local o del Poder Judicial en cuanto faculta el ejercicio de un poder procesal penal y represivo. Teniendo en cuenta las prácticas de la UCEP, pareciera que el cuerpo fue creado para ejercer una coerción de hecho.

El Decreto Nº 1232/08, cuando asigna como objetivos de la UCEP “...el mantenimiento del espacio público libre de usurpadores...”, está atribuyendo a dicha Unidad facultades judiciales que sólo puede ejercerlas excepcionalmente cuando debiera protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles (cfr. art. 12º del Decreto Nº 1510/97).

La norma convierte en regla una facultad excepcional del derecho administrativo y le otorga al órgano UCEP la competencia para efectuar desalojos por medio de la persuasión, lo cual en la práctica significa directamente la utilización de amenazas y la fuerza física.

A fin de entender más acabadamente esta problemática, es importante destacar que dormir en la calle no es ningún delito, ni contravención. Es decir, esa acción no está tipificada y no puede ser perseguida penalmente ni sancionada.

Somos concientes de la problemática que significa para un gobierno y, en general, para una sociedad que las personas habiten en la calle y ocupen el espacio público. Somos concientes de que el espacio público debe ser protegido por el Estado. Pero hay que considerar que la ocupación en la vía pública no implica obstrucción de la misma, con lo cual las personas que se encuentran en situación de calle ocupando el espacio público pero sin obstaculizar el mismo permitiendo la accesibilidad, al ser expulsadas por medios que escapan a la mera persuasión -amenazas y uso de la fuerza-, se ven obligadas a abandonar su lugar, sin poder dirigirse a otros ámbitos ya que no poseen los medios y tampoco les son proveídos, en principio, por el Estado local.

El Gobierno de la Ciudad debe profundizar sus políticas de asistencia social y brindar respuesta habitacional en el espacio público para evitar su ocupación. No puede, además, violar los derechos de las personas (como su integridad o su libertad) en pos de la utilización sectorial del espacio público y el gusto de algunos ciudadanos que se sienten molestos porque otros viven en la calle.

Los problemas de la pobreza, indigencia y vulneración social no se resuelven con represión. Por el contrario, es obligación del Estado local, en cumplimiento del marco constitucional vigente, proveer los mecanismos necesarios para que las personas puedan resolver su situación de vulnerabilidad.

La forma que eligió el Gobierno de la Ciudad de intervenir sobre esta problemática lo coloca como violador de derechos humanos, con proyección de responsabilidad internacional. La fórmula está elaborada de la siguiente manera:

• persona pobre que duerme en la calle = problema

• desplazarla del espacio público mediante prácticas violentas realizadas en horas de la noche = solución al problema.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone respecto del derecho a la vivienda dar prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos, así como promover la integración urbanística y social de los pobladores marginados (art. 31º).

En la Ciudad, el Programa Buenos Aires Presente (BAP), integrado por trabajadores sociales, psicólogos y operadores sociales, es el dispositivo encargado de acercar abrigo, contención y brindar asistencia psicosocial, además de la invitación a concurrir a los circuitos de alojamiento de emergencia en paradores nocturnos. También articula con los servicios sanitarios y de emergencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los casos requieran.

Sabemos que estos circuitos se encuentran saturados debido a la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad social y a la poca asignación de recursos humanos y materiales que se asignan para su intervención. Por eso, resulta aún más grave que esta situación –que ya es una violación a un derecho fundamental- legitime y acelere las prácticas expulsivas de la UCEP.

En sus procedimientos, la UCEP no contempla la intervención del BAP sino que, por el contrario, sus funcionarios son acompañados por la Policía Federal clarificando su sentido represivo y no asistencial.

De la manera en que se le está dando aplicación a la norma que crea la UCEP, se ha pretendido resolver en forma represiva y no solidaria cuestiones que atañen al ejercicio de derechos de una parte de la población de gran vulnerabilidad y evidenciada exclusión social.

Como se dijo, la intervención se ejerce sobre la población más vulnerable en sus derechos, que justamente los ejercen en el espacio público por cuestiones de supervivencia: por un estado de necesidad. El derecho internacional, nacional y local de los derechos humanos prevé obligaciones para resolver la pobreza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene programas específicos para actuar en esta dirección, que no son dispositivos como la UCEP.

Preocupa a este Observatorio que esta práctica corroborada por organismos públicos como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, sea negada en todos los ámbitos por funcionarios y legisladores del oficialismo de la Ciudad.

Pareciera que silenciosamente existe una decisión política de despejar al espacio público de los pobres y que esa decisión debe sostenerse aún con el costo de la violación derechos humanos, causando un retroceso institucional inédito y de suma gravedad para la Ciudad de Buenos Aires.

Las respuestas del GCBA.

Las acciones de la UCEP se realizan con personal con uniformes que identifican a sus miembros, integrantes de la Policía Federal Argentina que protegen y aceleran ese accionar, en horarios nocturnos, sin control judicial y ejerciendo violencia física contra las personas. Cuando desde diversos organismos públicos y privados se solicitan informes sobre ese accionar, la UCEP responde que no participó del hecho. Es tan perverso su accionar que, por un lado, se visibilizan ante las víctimas con el objeto de imponer autoridad y representación; y cuando deben responder ante las autoridades niegan su participación y deslindan responsabilidades mostrando otros procedimientos en los que participan, en los cuales liberan el espacio público sin agredir ni realizar intervenciones ante ninguna persona. Es decir, la UCEP existe. Pero las acciones denunciadas, no.

Por otra parte, en la Legislatura de la Ciudad, ante un Despacho de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación en el cual se manifestaba la preocupación y repudio por el accionar de la UCEP, los diputados Diego Santilli, Cristian Ritondo y Oscar Moscariello, quizás los referentes más importantes del PRO, presentaron observaciones, cada uno con argumentos propios, con el objeto de archivar el Expediente. El diputado Moscariello, luego de analizar el proyecto que contenía datos de las denuncias efectuadas en la Defensoría del Pueblo y de la denuncia penal mencionada, se animó a firmar una observación en la cual señala: “Que no consta en el despacho ni en sus fundamentos denuncia judicial o administrativa alguna ante el GCABA por violación a los derechos humanos por parte de la UCEP, a excepción del politizado expediente judicial “Macri, Mauricio y otro S/ amenazas con armas o anónimas”.

En todas las observaciones, los diputados del Pro manifiestan su interés en que la UCEP siga funcionando, defienden su constitucionalidad y ni siquiera se esfuerzan en demostrar que los hechos denunciados son falsos.

Derivaciones de la UCEP en las políticas de seguridad.

La policía metropolitana todavía no inició sus acciones. El modelo de seguridad que nos ofrece el actual Gobierno de la Ciudad con el ejemplo de la UCEP es represivo, discriminatorio y en perjuicio de los derechos de los más vulnerables. Eso nos pone frente a una situación de extrema y constante observación a fin de resguardar las garantías constitucionales y los derechos humanos de todos los habitantes de la ciudad respecto de la forma en la cual se pondrá en funcionamiento la policía local. Esperamos que el ejemplo de la UCEP no sea el espejo para la futura fuerza de seguridad, que de acuerdo a la Ley N° 2894, votada el año pasado, tiene asignados objetivos muy diferentes a los practicados por la UCEP. (Agencia Paco Urondo)