Formosa (Agencia Paco Urondo) En el esquema de pensamiento del neoliberalismo, los negocios son patrimonio exclusivo de los dueños del capital, y la atención de los excluidos, una obligación del Estado. Hoy, los opositores al proyecto Nacional y Popular nos quieren vender que la pobreza es producto de la supuesta ineficiencia en la gestión gubernamental pasando por alto la inequidad, entre otras, en el acceso a la tierra y en la expulsión de indígenas y campesinos por parte de quienes pretenden imponer al pueblo argentino la vuelta al modelo productivo del “granero de mundo”.
Lo curioso es que se plantean alianzas que tapan los conflictos de intereses entre sectores rurales antagónicos.
Haciendo un poco de historia en Formosa y para focalizar el asunto, es bueno recordar que el candidato a diputado Ricardo Buryaile y su familia, se hicieron con la propiedad de 20.000 hectáreas que originalmente estaban incluidas en una extensión de 100.000 hectáreas destinadas a un plan de Colonización Especial Localizada o “Plan de Colonización El Porteñito” a convenir entre la Federación Agraria Argentina y la Provincia de Formosa.
Los Buryaile, obtuvieron sus adjudicaciones y títulos en primer lugar durante la dictadura del Tte. Gral. Alejandro Agustín Lanusse y finalmente durante la dictadura de Videla, de la mano del tristemente célebre Coronel López. El mismo que en esa misma época perseguía torturaba y desaparecía a los militantes de las Ligas Agrarias.
En ese proceso, algunas familias campesinas que ocupaban y ocupan 34 hectáreas (que les fueran cedidas de palabra por el padre del candidato) fueron intimadas de desalojo y accionadas judicialmente por el candidato de la “nueva política” ante el Juzgado Civil y Comercial de Clorinda. Ejemplo de ellos son los campesinos Marcial y Basilio Valdez y “todo otro ocupante”, que desde el 2007 sufren el acoso del aspirante a diputado por parte del partido de la patronal agraria.
La hipocresía no tiene límites. Lo que busca el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas es la consolidación de la conquista, con la expulsión de la población originaria y criolla de las tierras que habitaron siempre. Ocurre que al ser desalojadas, familias como los Valdez se asientan en la periferia de las ciudades, y allí deben ser asistidos por el Estado, ya que su formación es la de realizar tareas rurales. De hombres libres y dignos, directo a ser catalogados por sus desalojadotes de “clientes”.
El candidato del “campo” se quedó por si o por su familia con 20.000 hectáreas que estaban destinadas a pequeños productores de la Federación Agraria Argentina, de la mano de las dictaduras militares de siempre, situación que a Alfredo De Angelis y Eduardo Buzzi no los hace poner colorados. Y si. Lo decia Discepolín. Da lo mismo ser derecho que traidor. (Agencia Paco Urondo)
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