Campaña sucia, por Horacio Verbitsky

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Página 12) Francisco de Narváez, quien paga la campaña más costosa que se recuerde para una elección legislativa, niega conocer a Mario Segovia, detenido en 2008 por contrabando de efedrina. Pero en una causa de 2006 por contrabando de DVDs y CDs, Nextel informó tres llamadas de Francisco de Narváez al célebre traficante rosarino que intentó igualar en poco tiempo la fortuna del candidato del duhaldismo de pro.

El filántropo colombiano Francisco de Narváez mantuvo contacto con Mario Roberto Segovia dos años antes de que el famoso nuevo rico rosarino fuera detenido por el desvío de no menos de ocho toneladas de efedrina hacia México. El descubrimiento de la relación entre De Narváez y el traficante de precursores químicos para la fabricación de estupefacientes surgió en forma casual durante la investigación sobre otro caso de menor repercusión mediática: el contrabando de CDs y DVDs vírgenes detectado en agosto de 2006 en el puerto de Buenos Aires. En el expediente del juzgado en lo penal económico N° 1 constan tres llamadas telefónicas efectuadas a Segovia por alguien que la empresa Nextel identificó como Francisco de Narváez. Esa causa comenzó hace tres años, cuando De Narváez aún no había roto con el gobierno de Néstor Kirchner. Segovia fue detenido en una de las causas por la efedrina en noviembre de 2008 y luego acumuló otros procesamientos en distintos juzgados. El viernes, De Narváez estaba de campaña en Mar del Plata, desde dónde respondió en forma telefónica una consulta para esta nota:

Página/12 –¿Conoce a Mario Segovia, detenido por el tráfico de efedrina?
Francisco de Narváez –No. Nunca tuve ningún contacto con él.
Página/12 –Segovia usaba un documento a nombre de Héctor Germán Benítez. ¿Tampoco lo recuerda?
Francisco de Narváez –No. Jamás lo oí nombrar.
Página/12 –Gracias por responder a la consulta.
Francisco de Narváez –Gracias por consultar.

Aló diputado
Héctor Germán Benítez, con DNI 27.743.643, era el nombre que usaba el presunto importador de discos abrasivos para pulir, por valor de 6.000 pesos, quien no se presentó a retirar la mercadería incautada el 18 de agosto de 2006 por la Aduana cuando se descubrió que se trataba de un contrabando de discos compactos, por más de 2,5 millones de dólares. El juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada solicitó a la empresa Nextel el registro magnético de las comunicaciones telefónicas de Benítez. La respuesta fue enviada el 12 de julio de 2007 y forma parte de la causa 5564, sobre contrabando. En la planilla de Nextel figuran muchos números telefónicos, pero un solo nombre: Francisco de Narváez. Ante una consulta para esta nota el jefe de prensa de la Aduana, Pedro López, negó que hubiera una investigación en curso sobre el primer candidato a diputado nacional del duhaldismo de pro en la provincia de Buenos Aires. El lunes 13, De Narváez se presentó ante el titular del juzgado federal 9, secretaría 18, Octavio Aráoz de Lamadrid, para solicitar que lo investigara y poner a su disposición todos los elementos necesarios, ante la mención en un blog, reproducida luego en un diario porteño, de que habría una denuncia judicial en su contra por tráfico ilegal de efedrina. Por lo que este diario pudo verificar, hasta su presentación ni existía tal denuncia judicial, ni se le seguía la pista en la del contrabando de discos compactos en la que apareció su nombre. Esto podrá cambiar ahora, ante el requerimiento que Aráoz de Lamadrid transmitió a la AFIP y a la Aduana. En noviembre del año pasado el juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, quien había allanado un laboratorio clandestino en Ingeniero Maschwitz, estableció que Benítez estaba preso desde 2003 en el penal de Sierra Chica acusado por un robo y que su documento, con la foto cambiada, era utilizado por Mario Roberto Segovia, a quien la imaginativa prensa local bautizó como El rey de la efedrina. Las llamadas telefónicas informadas por Nextel sólo van del 1 de junio al 30 de setiembre de 2006. Tres corresponden a De Narváez. En todos los casos quien llamó fue el renovador de la política argentina. La primera se produjo al mediodía del 25 de junio de 2006, cuando ya estaba en viaje hacia Buenos Aires el cargamento de 17 toneladas de DVDs y CDs vírgenes. Venían de China en contenedores que según la declaración jurada contenían “artículos cerámicos refractarios”. El primer juez que intervino fue Marcelo Aguinsky, quien estaba a cargo en forma interina del juzgado 1. Las otras dos llamadas que De Narváez hizo a Benítez/Segovia, fueron el 1 de setiembre de 2006 a la noche, pocos días después del decomiso del contrabando. Todas las comunicaciones de y hacia Benítez/Segovia son de una llamativa brevedad, como si se limitaran al control de algún hecho conocido por ambas partes. En el lapso en el que De Narváez llamó a Benítez/Segovia, el contrabandista investigado hizo o recibió 336 comunicaciones, de las cuales 269 duraron menos de 60 segundos. De las 67 restantes, sólo 44 llegaron a los noventa segundos. La duración de las realizadas por De Narváez, de acuerdo con el informe de Nextel, fue de 107, 84 y 4 segundos, lo cual se ajusta a la pauta de su interlocutor pero no guarda relación lógica con la de un cliente común que usa su teléfono celular para contactos laborales o personales.
























La Triple Frontera
Poco después del contrabando de discos compactos, la Aduana detectó un envío más preocupante, también a nombre de Héctor Germán Benítez. En setiembre de 2006, el mes del último llamado que según Nextel le hizo De Narváez y cuando se cumplía el quinto aniversario del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, llegó al aeropuerto de Ezeiza un sobre de Federal Express enviado a Benítez por el laboratorio francés Latoxan, que contenía 500 miligramos de ricinina y 250 de aconitina, dos sustancias de uso en la guerra química. En una nota de diciembre de 2007, que sin dar nombres anticipó buena parte de lo que ahora se sabe, la periodista María Fernanda Villosio (la Rubita del ex senador Cantarero) describió el extraño trayecto de ese sobre: Francia, Estados Unidos, Brasil, Buenos Aires, y el pedido, que la Aduana rechazó, de reenviarlo a España. A raíz de ese descubrimiento, Kirchner ordenó que la SIDE investigara al importador fantasma, escribió Villosio. En enero de este año, el juez Berón de Astrada procesó a Segovia por contrabando de esas sustancias que representan un “importante peligro para la salud pública”. Un informe de la Anmat dirigido al juez dice que bastan 3 miligramos de aconitina para matar a un adulto. Una característica que hace apta la ricinina para la guerra biológica es que no se le conocen antídotos. Berón de Astrada dejó saber que investigaría si esos productos iban a ser remitidos a la Triple Frontera, adonde Segovia viajaba con frecuencia. Berón de Astrada reactivó la causa luego de que Mario Roberto Segovia fuera detenido, el 23 de noviembre del año pasado, en el aeropuerto Newbery de Buenos Aires, cuando estaba por abordar un vuelo hacia Puerto Iguazú, en la Triple Frontera, siempre con su documento a nombre de Benítez. En el allanamiento a su casa de Fisherton, el barrio residencial en las afueras de Rosario, se encontró una cocina para la preparación de drogas sintéticas y se secuestraron dieciocho armas de fuego, un Rolls-Royce Panthom, dos Hummer, varios relojes Rolex, casi 300 mil euros, 70.000 dólares, tres kilos de oro en lingotes. Además de estas causas el juez Jorge Brugo investiga la posible participación de Segovia en el ingreso de vehículos de lujo dentro del régimen de franquicias para diplomáticos. Faggionato Márquez lo procesó como jefe, financista y organizador de una banda dedicada a la guarda, comercio y contrabando de estupefacientes. Entre el momento del contacto telefónico registrado por Nextel con De Narváez y su detención, compró más de ocho toneladas de efedrina, que en el mercado clandestino de México se vende por 30 millones de dólares. Pocos días después el juez penal económico Marcelo Aguinsky también le dictó la prisión preventiva en otra causa, por el frustrado contrabando de 12 toneladas de azúcar, que contenían 525 kilos de efedrina. Otro envío anterior, de 294 kilos había llegado a México en noviembre de 2007. Como informó este diario el 24 de diciembre de 2008, Aguinsky certifico que Benítez era Segovia mediante el cotejo de huellas dactilares y el peritaje caligráfico. Según la resolución judicial, “la Sedronar ignora el destino dado a la efedrina adquirida por Segovia, cuando de acuerdo a lo establecido por la ley, resulta obligatorio para los operadores de la sustancia brindar un informe trimestral sobre los movimientos de dichas partidas”. Aquella nota de Página/12 concluía con esta frase: “Falta saber si Segovia tiene un patrón”. La referencia a la Sedronar no es trivial: esa secretaría de la jefatura de gabinete tiene a su cargo el registro de precursores químicos cuya autorización es imprescindible para comercializar esos productos, dentro o fuera del país. La Argentina es uno de los tres únicos productores de precursores químicos de la región y uno de los diez mayores del mundo, donde compite de igual a igual con Estados Unidos por el mercado chino. Segovia consiguió la inscripción en 24 horas, por vía telefónica y con una compañía que declaró dedicarse al negocio de las golosinas. El titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Sedronar, es el odontólogo patagónico José Granero, quien fue subinterventor del PAMI hasta que Graciela Ocaña solicitó a Kirchner que lo relevara porque obstruía su lucha contra los proveedores vinculados con el sindicalista José Luis Barrionuevo que comercializaban medicamentos adulterados. Uno de ellos era el luego célebre Sebastián Forza. De allí, Granero pasó a la Sedronar, que entonces quedó a cargo del registro. Así lo dispuso una ley impulsada por la senadora salteña Sonia Escudero. Junto con Rosario y con la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Salta tiene la mayor cantidad de inscriptos en ese registro y autorizados para importar y exportar las sustancias químicas que se usan para cortar la cocaína. Allí se estableció la primera delegación del registro fuera de la Capital. El 27 y el 28 de noviembre dos cámaras federales sin relación entre ellas ordenaron que se investigara al jefe de la Sedronar. En la causa “Ascona” los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña Jorge Ballestero y Eduardo Farah dispusieron denunciar a sus responsables por las “fallas notorias en los procedimientos de control”. El procesado en esa causa obtuvo su inscripción presentando una fotocopia de su DNI, y la Secretaría ni siquiera constató si sus domicilios declarados eran reales. “El carácter endeble de los controles” también se refleja en que se otorgaron los certificados de importación sin averiguar “cuáles eran las empresas que adquirirían la efedrina”. Según los jueces, los responsables de la Sedronar incurrieron en “responsabilidad penal”. En un voto propio el camarista Eduardo Freiler agregó que no es la justicia sino “la instancia administrativa la que debe arbitrar mecanismos efectivos de control que antes de la comisión de un delito den respuesta a la inquietud social” y no flexibilizar “las funciones de fiscalización que le son propias”. En la causa “Poggi”, los camaristas de San Martín Daniel Mario Rudi y Alberto Daniel Criscuolo fueron aún más directos: sostuvieron que Granero “a primera vista no habría cumplido con el ejercicio del poder de policía” que le asignó la ley, por lo cual ordenaron que se lo indagara como partícipe en los delitos investigados: guarda de materias primas para la producción o fabricación de estupefacientes, producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes, comercio de estupefacientes y de materias primas para su producción y fabricación, agravado por la participación de tres o más personas organizadas. Si Granero compromete al gobierno nacional, el interventor en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Ricardo Martínez, lo protege. En agosto del año pasado firmó la disposición 4712 por la cual las droguerías y los laboratorios de medicamentos que contengan efedrina y seudoefedrina deberán solicitar autorización al Instituto Nacional de Medicamentos para importarlos. Desde entonces se redujo en forma vertical el desvío de metamfetamina a México para la producción de éxtasis y la Anmat recibió felicitaciones del gobierno de Estados Unidos, del Organo Central de las Naciones Unidas contra la Droga (Onuduc) y de su órgano cuasijudicial, la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).(Agencia Paco Urondo)