Diputados: buscan restituir derechos laborales a los vendedores de diarios

CAPITAL FEDERAL (Agencia Paco Urondo) Diputados del Movimiento Evita y autoridades de la Federación de Vendedores Diarios y Revistas de la República Argentina anunciaron esta tarde la presentación de un proyecto de ley que devuelve a los "canillitas" los derechos laborales que les fueron conculcados durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa.

El Secretario General del Sindicato, Omar Plaini calificó la iniciativa como un acto de justicia que permitirá garantizar los derechos de los trabajadores del sector. "Es injusto y retrógrado que las políticas neoliberales de los años 90 hayan derogado la legislación que nos incluyó como trabajadores", afirmó en en el Salón José Luís Cabezas de la Cámara de Diputados.

El diputado del Movimiento Evita Juan Manuel Irrazabal sostuvo que "el proyecto garantiza dignidad para los trabajadores, restituye derechos que fueron arrasados en una época infame con una doctrina neoliberal que trajo como consecuencia injusticia social, desocupación, precarización de las condiciones de trabajo, concentración económica y posición dominante en este sector".

A su turno, el diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde, afirmó que el proyecto tendrá prioridad número uno en la Comisión de Legislación del Trabajo que él preside y estimó que en el menor tiempo posible se convertirá en ley.

Acompañado por el Sec. Gral. del Movimineto Evita Emilio Pérsico y los diputados de la fuerza, Adela Segarra, Juliana Di Tullio, Stella Maris Córdoba, Gustavo Marconatto, Patricia Vaca Narvaja, Hugo Perié y Adriana García, Omar Plaini enfatizó que mientras algunos "hablan alegremente de la libertad de prensa que en realidad es libertad de empresa" los trabajadores organizados del sector prefieren hablar de "derecho a la información que no es lo mismo".

El proyecto de Ley ratifica el carácter laboral de la actividad de distribución y venta de diarios, revistas y afines, y establece que los trabajadores involucrados en la actividad se consideran a todos los efectos legales como trabajadores de la cultura, en el marco de una comunicación social democrática. En los fundamentos del proyecto se indica que la modificación a la norma "persigue un imperativo de justicia en el marco de una sociedad democrática, donde la libre circulación de las ideas y la justicia social para nuestros trabajadores sean los ejes del Proyecto Nacional".

Previo a las modificaciones implementadas por Domingo Cavallo durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, los trabajadores vendedores de diarios y revistas contaban con un régimen jurídico sancionado por Decreto 24.095/45, ratificado por Ley 12.921/46, que reconocía la interdependencia entre editores y los vendedores de diarios y revistas, toda vez que aquellos, parte fuerte de la relación, fijaban los precios, es decir, los salarios de los trabajadores vendedores, y estos debían acatarlos. Asimismo se estableció que el Ministerio de Trabajo de la Nación fuera la autoridad de aplicación, denotando la esencia eminentemente laboral del vínculo.

Al amparo de la Ley, los trabajadores lograron beneficios como la exclusividad del sistema, la devolución de los ejemplares no vendidos, la estabilidad del derecho de parada, los días de descanso, y la posibilidad de discutir con editores distintos aspectos que hacían al bienestar de los trabajadores y al desarrollo de la actividad.

La modificación que presentarán los legisladores del Movimiento Evita propone recuperar las conquistas laborales que arrasó el modelo neoliberal para "privilegiar los intereses de empresa de grupos concentrados y haciendo tabla rasa con los principios democráticos que inspiraron el régimen con vigencia desde 1945", según puede leerse en los fundamentos.

La aprobación del proyecto de Ley permitirá –según sostienen sus impulsores- reestablecer un escenario democrático y de justicia social para los trabajadores y "poner coto a los monopolios y a quienes bajo los cantos de sirena de la desregulación total o de la libre competencia no hicieron otra cosa que afectar el derecho a la información del pueblo, pauperizar a los trabajadores y producir una fenomenal transferencia de recursos desde los trabajadores a los sectores editoriales". (Agencia Paco Urondo)