Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Buenos Aires Economico 14/05/2010)El miércoles 3 de marzo se observó en el Senado la articulación de distintos grupos opositores al Gobierno nacional para repartirse los lugares en las diferentes comisiones y dejar de esta manera en minoría absoluta al oficialismo. La oposición aglutinada muestra la imagen de un rejuntado político cuyo objetivo central es obstaculizar las medidas tomadas por el gobierno de Cristina Fernández.
Ese día se vio votando en sintonía a Carlos Menem, el radicalismo, Adolfo Rodríguez Saá y al duhaldismo. Pero si bien esa votación conjunta constituye un armado sin coherencia política, lo cual se verá claramente el año que viene durante las elecciones presidenciales, presenta al mismo tiempo una fuerte coherencia económica. En efecto, la historia económica argentina reciente da sentido al aglutinamiento actual de la oposición.
El menemismo: con la asunción de Menem a la presidencia en 1989 se impuso el Consenso de Washington diseñado por los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicó un shock institucional neoliberal que generó profundas transformaciones estructurales en la economía y la sociedad argentina.
En efecto, junto al modelo de convertibilidad en la década del noventa se aplicó un conjunto de políticas de corte neoliberal que abarcaron el programa de privatizaciones, la desregulación de los mercados, la flexibilización del mercado de trabajo y la apertura comercial. Este conjunto de políticas se circunscribía a la idea general de que los mercados son más eficientes que el Estado para generar un crecimiento económico y distribuir la riqueza de un país.
Las consecuencias económicas y sociales más importantes de las políticas económicas aplicadas durante el gobierno de Menem fueron la desindustrialización de la economía argentina, el aumento de la simplificación productiva con un creciente avance hacia actividades inferiores que no requieren un importante desarrollo desde el punto de vista tecnológico, la primarización de las exportaciones, un auge importador de bienes industriales, el aumento de la concentración económica a partir del impacto negativo para las pequeñas y medianas empresas, el crecimiento de la deuda externa y la fuga de capitales, un déficit fiscal persistente que implicó un aumento constante de la deuda pública, una expansión de la extranjerización de la economía argentina y un incremento de la exclusión social a partir del aumento del desempleo, subempleo, trabajo no registrado, pobreza, indigencia y de la concentración del ingreso.
El radicalismo y el gobierno de la Alianza: el 10 de diciembre de 1999 asumió como presidente de la Argentina Fernando de la Rúa. El gobierno de la Alianza mantuvo e incluso profundizó los fundamentos económicos del neoliberalismo a partir de las fuertes políticas de ajuste aplicadas por el radicalismo al mismo tiempo que se incrementaba el endeudamiento público con el objetivo central de mantener el modelo de convertibilidad pese a los grandes problemas económicos y sociales que esto provocaba.
Su primer ministro de Economía, José Luis Machinea, encaró una reducción del gasto público disminuyendo el 13% de las remuneraciones de los empleados públicos que ganaban por encima de los 1.000 pesos mensuales y de las jubilaciones mayores de 500 pesos. Además, se produjo una reducción del 30% de los contratos del sector público.
Las políticas de ajuste prosiguieron con los otros dos ministros de economía de la Alianza. Ricardo López Murphy presentó un conjunto de medidas para la reducción del gasto público en 2.000 millones de pesos a través de la disminución en las transferencias a las provincias, la eliminación de los subsidios a la producción de tabaco y al consumo de combustible, la disminución en el presupuesto educativo y el despido de 100.000 empleados públicos. Pero el estallido social generado por la política de ajuste propuesta por López Murphy desencadenó la renuncia del ministro de Economía a menos de dos semanas de su designación.
Luego del breve interinato de López Murphy en marzo de 2001 asumió como ministro de Economía Domingo Cavallo, el cual aplicó, entre otras medidas, el déficit cero. El mismo consistía en que los únicos dos gastos públicos que el Estado argentino se comprometía a pagar era la deuda pública y las transferencias a las provincias que se habían acordado con anterioridad. Por lo tanto, el resto del gasto público, como por ejemplo el pago de las remuneraciones a los empleados públicos, dependían del excedente que quedaba de los ingresos del Estado.
Al mismo tiempo que se ajustaba se producía un crecimiento de la deuda pública. En este sentido, fueron dos los programas trascendentales aplicados durante este período: el blindaje y el megacanje. Con respecto al primero, ante la fragilidad del modelo de convertibilidad, el Fondo Monetario Internacional junto con otras instituciones y países otorgaron un blindaje financiero de aproximadamente 40.000 millones de dólares al gobierno argentino para tratar de incrementar la confianza de los acreedores externos y evitar de esta forma el derrumbe del régimen cambiario instaurado en la década del noventa.
Por su parte, el segundo consistió en el canje de parte de la deuda pública a través de un conjunto de bancos extranjeros. El megacanje se concretó en junio de 2001 e implicaba la transferencia de deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, transfiriendo los vencimientos hacia delante generando de esta forma un alivio en el corto plazo a costa de un mayor endeudamiento público en el futuro.
Por último, fue paradigmático la nueva flexibilización laboral aplicada durante el gobierno de la Alianza. La nueva reforma laboral promulgada el 29 de mayo del 2000 incluía, entre otras cosas, la descentralización de las negociaciones laborales, la creación de servicios de mediación y arbitraje, la autorización para modificar acuerdos de trabajo cuando la estabilidad económica de la empresa estuviera en riesgo y la extensión del período de prueba. Es decir, al igual que el menemismo durante el gobierno radical fueron los trabajadores los más perjudicados.
Las consecuencias de las políticas aplicadas por Fernando de la Rúa fueron la profundización de la crisis económica sumado al incremento de la marginación social como resultado del aumento del desempleo, la pobreza y la concentración del ingreso. Este fenómeno desencadenó el fin del régimen convertible a partir del “corralito”, que impedía el libre retiro de dinero del sistema bancario argentino evidenciando el fracaso del modelo económico y que generó la salida anticipada del gobierno de la Alianza a partir de los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Rodríguez Saá y Duhalde: Rodríguez Saá en su semana de presidencia tuvo tiempo para declarar el default de la deuda externa, esto es, la declaración unilateral del no pago de la deuda provocando el aislamiento total de la Argentina del sistema financiero internacional.
Posteriormente, se produjo la presidencia de Eduardo Duhalde, quien explicitó el fin de la convertibilidad a partir de la devaluación de la moneda nacional. A pesar de algunos intentos de contener el proceso devaluatorio y presionado por los grupos económicos locales que habían fugado sus dólares al extranjero y de los sectores exportadores, se produjo una maxidevaluación llegando el dólar aproximadamente a cuatro pesos.
El resultado fue un fuerte proceso inflacionario pulverizando el salario real de los trabajadores, aumento de la pobreza y la mayor concentración del ingreso. La salida de Duhalde del régimen convertible fue la constitución de un modelo agroindustrial exportador que implicó una fuerte transferencia de ingresos desde los asalariados a los sectores exportadores fuertemente concentrados.
Por otro lado, también se estableció la denominada pesificación asimétrica que implicaba la pesificación de los depósitos de los ahorristas al 1,40 pesos más el CER (un índice que recogía la evolución de la inflación) al mismo tiempo que los préstamos se pesificaban 1 a 1. Luego, con el objetivo de compensar a los bancos, el gobierno de Duhalde emitió un bono en dólares para hacerse cargo de la diferencia que implicaba la pesificación asimétrica. Es decir, se salvaron a los bancos con un nuevo crecimiento del endeudamiento público.
Este ciclo neoliberal iniciado por el menemismo y profundizado por el radicalismo, Rodríguez Saá y por el duhaldismo generó a partir de la desarticulación económica de la Argentina una pauperización social. Por un lado, en mayo de 2003 la desocupación era del 15,6%, el desempleo entre los jefes de hogares alcanzaba al 11,1%, la subocupación era del 18,9%, la sobreocupación arribaba al 29,6% y los asalariados sin descuentos jubilatorios alcanzaba al 45,1 por ciento.
Por otro lado, en mayo de 2003 los hogares pobres representaban el 42,6% y las personas pobres el 54,7%. Visto de otra forma, mientras que los hogares pobres eran de 2.900.000, los individuos pobres eran de 13.002.000. Asimismo, en mayo de 2003 los hogares indigentes eran del 17,9%, esto es, 1.244.000 hogares, y los individuos indigentes llegaban al 26,3%, es decir, 6.251.000 personas indigentes.
Por lo tanto, la oposición al oficialismo ya tuvo su oportunidad de gobernar. Tuvieron una coherencia económica en la aplicación, legitimación y profundización del modelo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Los resultados económicos y sociales son escalofriantes.
Ese día se vio votando en sintonía a Carlos Menem, el radicalismo, Adolfo Rodríguez Saá y al duhaldismo. Pero si bien esa votación conjunta constituye un armado sin coherencia política, lo cual se verá claramente el año que viene durante las elecciones presidenciales, presenta al mismo tiempo una fuerte coherencia económica. En efecto, la historia económica argentina reciente da sentido al aglutinamiento actual de la oposición.
El menemismo: con la asunción de Menem a la presidencia en 1989 se impuso el Consenso de Washington diseñado por los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicó un shock institucional neoliberal que generó profundas transformaciones estructurales en la economía y la sociedad argentina.
En efecto, junto al modelo de convertibilidad en la década del noventa se aplicó un conjunto de políticas de corte neoliberal que abarcaron el programa de privatizaciones, la desregulación de los mercados, la flexibilización del mercado de trabajo y la apertura comercial. Este conjunto de políticas se circunscribía a la idea general de que los mercados son más eficientes que el Estado para generar un crecimiento económico y distribuir la riqueza de un país.
Las consecuencias económicas y sociales más importantes de las políticas económicas aplicadas durante el gobierno de Menem fueron la desindustrialización de la economía argentina, el aumento de la simplificación productiva con un creciente avance hacia actividades inferiores que no requieren un importante desarrollo desde el punto de vista tecnológico, la primarización de las exportaciones, un auge importador de bienes industriales, el aumento de la concentración económica a partir del impacto negativo para las pequeñas y medianas empresas, el crecimiento de la deuda externa y la fuga de capitales, un déficit fiscal persistente que implicó un aumento constante de la deuda pública, una expansión de la extranjerización de la economía argentina y un incremento de la exclusión social a partir del aumento del desempleo, subempleo, trabajo no registrado, pobreza, indigencia y de la concentración del ingreso.
El radicalismo y el gobierno de la Alianza: el 10 de diciembre de 1999 asumió como presidente de la Argentina Fernando de la Rúa. El gobierno de la Alianza mantuvo e incluso profundizó los fundamentos económicos del neoliberalismo a partir de las fuertes políticas de ajuste aplicadas por el radicalismo al mismo tiempo que se incrementaba el endeudamiento público con el objetivo central de mantener el modelo de convertibilidad pese a los grandes problemas económicos y sociales que esto provocaba.
Su primer ministro de Economía, José Luis Machinea, encaró una reducción del gasto público disminuyendo el 13% de las remuneraciones de los empleados públicos que ganaban por encima de los 1.000 pesos mensuales y de las jubilaciones mayores de 500 pesos. Además, se produjo una reducción del 30% de los contratos del sector público.
Las políticas de ajuste prosiguieron con los otros dos ministros de economía de la Alianza. Ricardo López Murphy presentó un conjunto de medidas para la reducción del gasto público en 2.000 millones de pesos a través de la disminución en las transferencias a las provincias, la eliminación de los subsidios a la producción de tabaco y al consumo de combustible, la disminución en el presupuesto educativo y el despido de 100.000 empleados públicos. Pero el estallido social generado por la política de ajuste propuesta por López Murphy desencadenó la renuncia del ministro de Economía a menos de dos semanas de su designación.
Luego del breve interinato de López Murphy en marzo de 2001 asumió como ministro de Economía Domingo Cavallo, el cual aplicó, entre otras medidas, el déficit cero. El mismo consistía en que los únicos dos gastos públicos que el Estado argentino se comprometía a pagar era la deuda pública y las transferencias a las provincias que se habían acordado con anterioridad. Por lo tanto, el resto del gasto público, como por ejemplo el pago de las remuneraciones a los empleados públicos, dependían del excedente que quedaba de los ingresos del Estado.
Al mismo tiempo que se ajustaba se producía un crecimiento de la deuda pública. En este sentido, fueron dos los programas trascendentales aplicados durante este período: el blindaje y el megacanje. Con respecto al primero, ante la fragilidad del modelo de convertibilidad, el Fondo Monetario Internacional junto con otras instituciones y países otorgaron un blindaje financiero de aproximadamente 40.000 millones de dólares al gobierno argentino para tratar de incrementar la confianza de los acreedores externos y evitar de esta forma el derrumbe del régimen cambiario instaurado en la década del noventa.
Por su parte, el segundo consistió en el canje de parte de la deuda pública a través de un conjunto de bancos extranjeros. El megacanje se concretó en junio de 2001 e implicaba la transferencia de deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, transfiriendo los vencimientos hacia delante generando de esta forma un alivio en el corto plazo a costa de un mayor endeudamiento público en el futuro.
Por último, fue paradigmático la nueva flexibilización laboral aplicada durante el gobierno de la Alianza. La nueva reforma laboral promulgada el 29 de mayo del 2000 incluía, entre otras cosas, la descentralización de las negociaciones laborales, la creación de servicios de mediación y arbitraje, la autorización para modificar acuerdos de trabajo cuando la estabilidad económica de la empresa estuviera en riesgo y la extensión del período de prueba. Es decir, al igual que el menemismo durante el gobierno radical fueron los trabajadores los más perjudicados.
Las consecuencias de las políticas aplicadas por Fernando de la Rúa fueron la profundización de la crisis económica sumado al incremento de la marginación social como resultado del aumento del desempleo, la pobreza y la concentración del ingreso. Este fenómeno desencadenó el fin del régimen convertible a partir del “corralito”, que impedía el libre retiro de dinero del sistema bancario argentino evidenciando el fracaso del modelo económico y que generó la salida anticipada del gobierno de la Alianza a partir de los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Rodríguez Saá y Duhalde: Rodríguez Saá en su semana de presidencia tuvo tiempo para declarar el default de la deuda externa, esto es, la declaración unilateral del no pago de la deuda provocando el aislamiento total de la Argentina del sistema financiero internacional.
Posteriormente, se produjo la presidencia de Eduardo Duhalde, quien explicitó el fin de la convertibilidad a partir de la devaluación de la moneda nacional. A pesar de algunos intentos de contener el proceso devaluatorio y presionado por los grupos económicos locales que habían fugado sus dólares al extranjero y de los sectores exportadores, se produjo una maxidevaluación llegando el dólar aproximadamente a cuatro pesos.
El resultado fue un fuerte proceso inflacionario pulverizando el salario real de los trabajadores, aumento de la pobreza y la mayor concentración del ingreso. La salida de Duhalde del régimen convertible fue la constitución de un modelo agroindustrial exportador que implicó una fuerte transferencia de ingresos desde los asalariados a los sectores exportadores fuertemente concentrados.
Por otro lado, también se estableció la denominada pesificación asimétrica que implicaba la pesificación de los depósitos de los ahorristas al 1,40 pesos más el CER (un índice que recogía la evolución de la inflación) al mismo tiempo que los préstamos se pesificaban 1 a 1. Luego, con el objetivo de compensar a los bancos, el gobierno de Duhalde emitió un bono en dólares para hacerse cargo de la diferencia que implicaba la pesificación asimétrica. Es decir, se salvaron a los bancos con un nuevo crecimiento del endeudamiento público.
Este ciclo neoliberal iniciado por el menemismo y profundizado por el radicalismo, Rodríguez Saá y por el duhaldismo generó a partir de la desarticulación económica de la Argentina una pauperización social. Por un lado, en mayo de 2003 la desocupación era del 15,6%, el desempleo entre los jefes de hogares alcanzaba al 11,1%, la subocupación era del 18,9%, la sobreocupación arribaba al 29,6% y los asalariados sin descuentos jubilatorios alcanzaba al 45,1 por ciento.
Por otro lado, en mayo de 2003 los hogares pobres representaban el 42,6% y las personas pobres el 54,7%. Visto de otra forma, mientras que los hogares pobres eran de 2.900.000, los individuos pobres eran de 13.002.000. Asimismo, en mayo de 2003 los hogares indigentes eran del 17,9%, esto es, 1.244.000 hogares, y los individuos indigentes llegaban al 26,3%, es decir, 6.251.000 personas indigentes.
Por lo tanto, la oposición al oficialismo ya tuvo su oportunidad de gobernar. Tuvieron una coherencia económica en la aplicación, legitimación y profundización del modelo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Los resultados económicos y sociales son escalofriantes.
El autor es economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP). Más info: www.geenap.com.ar. (Agencia Paco Urondo)
Buena nota con datos que no suelen estar presentes en la subjetividad de las personas
ResponderEliminares importante que nos refresquen la memoria sobre la tragedia economica que vivimos los argentinos gracias a los que hoy levantan su voz dandole indicaciones al gobierno!!! para volver a lo que ya vivimos? el senador radical Sanz complice de esos gobiernos, encima dice que la asignacion por hijo aumenta el consumo del paco, sin datos precisos como si nos da este articulo tan claro.
ResponderEliminar