Capital Federal (Agencia Paco Urondo) El genocidio argentino no empezó el 24 de marzo de 1976, ni el golpe de Estado fue solamente militar. La magnitud de la represión en nuestro país sólo puede ser entendida como el costo social de forzar la puesta en práctica de un plan económico al servicio del capital financiero internacional, cuyos ejecutores materiales fueron militares, sí, pero también civiles, que les dieron letra y motivos. La reciente detención de José Alfredo Martínez de Hoz hecha luz sobre aspectos hasta ahora insondables para el relato que el discurso oficial, cimentado especialmente durante el gobierno de Alfonsín, había construido, apelando a olvidos muy sugestivos.
El secuestro, la desaparición, la tortura, el encarcelamiento, la proscripción de la vida política y sindical, la expulsión de millones de trabajadores de sus puestos laborales y hasta del derecho inalienable a habitar la propia patria, no eran un fin en sí mismo que se había propuesto la dictadura militar. Por el contrario, el carácter sangriento y sanguinario que adquirió la represión configuraba el alto precio que debía pagar la sociedad argentina por la osadía de su rica historia de lucha: su alto grado de organización político-sindical y sus ofensivas resistencias, que impedían a los sectores concentrados del capital financiero internacional imponer fácilmente su hegemonía, en coincidencia con el surgimiento de un nuevo patrón de acumulación capitalista a escala mundial: el capital especulativo, los bancos, la patria financiera. La oportunidad elegida precisamente tomaba en cuenta un dato fundamental :la muerte del lider del Proyecto Nacional y Popular, Juan Domingo Perón..-
Ya en septiembre de 1973, mientras el pueblo festejaba en las calles el triunfo de Perón en las elecciones, que seguía a la algarabía popular por la vibrante primavera camporista, Martínez de Hoz, junto a su equipo, empezó a modelar su plan de extranjerización total de economía nacional, que sus amigos -los militares- le permitirían imponer tres años más tarde. El que después “dio vuelta la página de la historia económica argentina”, como declaró gustosamente el 2 de abril de 1976 al asumir su cargo en el Ministerio de Hacienda de la dictadura genocida, hacía largo tiempo que se había dado a la tarea de reclutar hacendados, tecnócratas y pichones de Chicago Boys, para llevar adelante su paquete de ¡liberación total de las fuerzas productivas”, que quedaron al arbitrio exclusivo de las fuerzas más potentes del mercado internacional, para el súper beneficio de los capitales financieros y consuelo de los grandes terratenientes argentinos, propietarios del único bien que el nuevo diseño de la economía mundial tendría en cuenta en los países de la periferia, según su particular división internacional del trabajo: la tierra, la producción de materias primas sin mano de obra incorporada, y su consecuente condena al atraso eterno del ciclo económico en los países subdesarrollados.
Ese fue el verdadero motivo del genocidio argentino: económico, imperialista, una necesidad de la geopolítica según el interés material de la mayor superpotencia mundial. Como cierto es también que nuestra Justicia sigue sin enjuiciar ese móvil. ¿Carencia de nuestra ley penal, que no tipifica debidamente esos delitos sociales, históricos y políticos, o de muchos de nuestros jueces que, a pesar de los nuevos tiempos que soplan en el país, no olvidan sus compromisos de clase con el poder económico que hizo el lobby suficiente para ponerlos en funciones? Martínez de Hoz ha sido puesto en prisión por su participación en la concreción de un delito común –el secuestro extorsivo de dos empresarios forzados en 1976 a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes de Hong Kong-, pero imprescriptible, debido a que fue realizado en el marco del método sistemático de comisión de delitos de todo tipo que fue el Terrorismo de Estado, y que eran condición necesaria para llevar a buen puerto el plan genocida.
Seguramente la detención de Joe -como le decían sus íntimos- certificará la derrotada definitiva de la infamante Teoría de los Dos Demonios, aquella que inventó el primer gobierno de la post dictadura, y que siguió siendo contada en todas las interpretaciones oficiales hasta la breve gestión de Fernando de la Rúa, o la más breve aún de Eduardo Duhalde, y según la cual el drama argentino fue la consecuencia de una “guerra” entre dos bandos similares, uno de izquierda y otro de derecha, sólo enfrentados por sus diferencias ideológicas e igualados en la ferocidad de sus métodos de combate. Un cuento* insultante, cuyo único propósito fue esconder deliberadamente que lo que hubo en nuestro país fue un brutal genocidio, perpetrado por una clase social –la de los poderes económicos–, sobre otra, la de los dirigentes y activistas sindicales principalmente, pero tambien sociales, políticos, intelectuales y curas tercermundistas, alfabetizadotes y promotores comunitarios, estudiantes, que defendían el interés objetivo del pueblo trabajador.
Ya lo decía la Orden de Batalla del Ejército Argentino, firmada en abril de 1977 por quien entonces era Jefe del Estado Mayor de esa fuerza, general Roberto Eduardo Viola, y que luego sucedería a Videla en el mando de la Junta militar: el objetivo de la represión era garantizar el éxito del plan económico dictatorial y abortar la protesta sindical que lo obstaculizaría. No era la muerte porque sí, sino el establecimiento de la “miseria planificada”, como denunció Rodolfo Walsh apenas un año después del golpe de Estado, en su lúcida y valiente Carta Abierta a la Dictadura militar, que le costó la vida.
Tal vez, 27 años después del inicio formal de la civilidad democrática, la democracia argentina se haga cargo de sus facultades legales y recupere la virginidad que perdió un tiempo antes de la asunción de Alfonsín, cuando el banquero David Rockefeller fue invitado al coloquio empresario de IDEA (el mismo en el que varios años después Lavagna, Duhalde y Cobos supieron hacer sus armas en el firmamento opositor), celebrado en Iguazú, Misiones. Allí, sin siquiera pasar por Buenos Aires, el emblemático banquero norteamericano pactó con las autoridades radicales recién electas el juzgamiento de los militares que actuaron en la represión, pero la impunidad total para “sus muchachos”, Martínez de Hoz, Walter Klein, Domingo Cavallo entre ellos. Dejaba a salvo así, a los responsables principales del gran crimen sin castigo que todavía hoy azota a nuestro pueblo: la deuda externa privada, asumida por el Estado como propia meses antes del fin de la dictadura militar, que en su tiempo Bernardo Grinspun auditó y le valió perder el cargo de ministro de Economía de Alfonsín, cuando el radical cedió a las presiones Fondo Monetario Internacional y entregó definitivamente la economía argentina a sus decisiones.
Esa “valiente muchachada” que ocupó los ministerios y encapuchó a los miembros de las tres armas para que las empuñen contra su propio pueblo, así en la dictadura, como en la vigilada “democracia”, es, apenas, moneda de cambio en la transacción política que siempre deja a salvo a los dueños de la pelota: el poder económico más concentrado de la renta nacional. Es recurrente el vicio de las clases poderosas, de hacer aparecer un confuso y ambivalente “que se vayan todos”, manipulado hábilmente por los comunicadores mediáticos, en el que los verdaderos responsables y beneficiarios de las políticas de saqueo económico de la población, consiguen disimular sus culpas.
No obstante, ese dispositivo político, mediático y judicial de dominación, puede empezar a ser revertido. Es deseable que a partir del juzgamiento efectivo del jefe civil de la dictadura militar, del verdadero autor intelectual del genocidio, del ideólogo de la “muerte argentina”, como se conoció en el mundo entero al funesto método de la desaparición de personas y el robo de sus hijos bebés, nuestra sociedad y sus instituciones emprendan seriamente el camino de la civilidad democrática.
Quizás las próximas generaciones de argentinos empiecen a valorarse a sí mismas, a recobrar el reconfortante y vital sentido de la vergüenza ajena, y no se dejen insultar cada vez que asistan a uno de los acontecimientos culturales más importantes del año, la Feria del Libro, que se realiza en el predio de la Sociedad Rural, uno de cuyos pabellones, en donde se presentan libros y se dictan conferencias, lleva ese ilustre apellido, de pasado esclavista y saqueador de tierras indígenas, ahora tipeado en letras de molde en la tapa de todos los diarios: Martínez de Hoz, no precisamente por sus “méritos” económicos, sino por sus cobardías más atroces. Quizo el destino que en ese mismo lugar, el mismo día que detenían a “Joe” , el periodista y compañero Claudio Diaz presentaba su Historia del Movimiento Obrero Argentino, ante una abigarrada concurrencia con hegemonía de jóvenes de la Juventud Sindical que en ese predio emparentado con lo más lúgubre de nuestra historia..demostraba una vez más que ,a pesar de todo, no nos pudieron vencer.
*(Cuento que es bueno recordar volvieron a esgrimir impulsando y propagando entre el estallido popular el anarquizante “que se vayan todos! a fines del 2001 utilizado como cortina de humo para permitir , esta vez la retirada prolija de Domingo Cavallo y Daniel Marx evitando desencadenar sobre los verdaderos y principales responsables la bronca de los saqueados).
El autor es secretario de Derechos Humanos de la CGT (Agencia Paco Urondo)
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