Capital Federal (Agencia Paco Urondo) La Argentina, al igual que otros países de la región y de occidente, está revisando su modelo económico y social y el rol del Estado en los intercambios económicos y en la provisión de bienes y servicios públicos.
Según los enfoques predominantes en décadas anteriores, el Estado sólo debía ocuparse del control y de la privatización de los servicios que hubiera prestado en algún período. Este enfoque abreva en tradiciones liberales y supone una hipótesis muy fuerte acerca de las capacidades estatales. Si la libertad de los individuos genera las actividades productivas, las instituciones públicas sólo deben ocuparse de los derechos y garantías individuales, sin incursionar en temas económicos salvo para garantizar el escenario de los intercambios.
Las concepciones de raíz nacional y popular revisan críticamente las actividades económicas, las que forman parte de la agenda de la política. Cuáles favorecer, cuáles restringir, cómo llevarlas a cabo, cómo preservar el ambiente, cómo lograr equilibrios territoriales y entre los que más y menos tienen, cómo distribuir la renta entre el capital y el trabajo, son preocupaciones políticas de primer orden. Otra preocupación de esta concepción es el acceso a bienes y servicios públicos.
La privatización de empresas estatales prestadoras de servicios obedeció al primer enfoque. Se adujo una ineficiencia crónica de los aparatos públicos a la hora de gestionar, al mismo tiempo que se subrayó que el Estado sólo debe participar cuando las actividades no son rentables. Estas hipótesis se desvanecen observando la gestión del Correo Argentino o de Aerolíneas Argentinas, donde las quejas de los usuarios mermaron a partir de la estatización de ambas empresas. Si además se tiene en cuenta que los problemas de mostrador subsisten en prestadoras privatizadas, resulta evidente que la ineficiencia estatal fue la excusa que permitió contar con aprobación social durante el proceso privatizador. Por otra parte, si el Estado sólo aparece cuando el mercado se desentiende, el poder de los pueblos queda restringido a los márgenes del sistema económico.
Hoy, la era privatizadora sobrevive en el andamiaje jurídico que la sustenta. Los primeros pasos para su desarticulación se dieron en los casos ya mencionados, así como en el caso de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S. A.), ENARSA (Energía Argentina S. A.), TANDANOR (Talleres Navales Dársena Norte), y con la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Resta aún un largo recorrido. Las nuevas orgánicas reconocen la mayoría accionaria, la conducción estratégica y el derecho a veto del Estado, lo que deberá reflejarse en las leyes de fondo. Para este cometido, se deben dejar de lado las regulaciones previstas por la Ley 23.696 de Reforma del Estado y Emergencia Administrativa y aprobar un marco jurídico basado en el resguardo de los intereses nacionales. Para este resguardo, el Estado deberá diseñar modalidades de provisión de bienes y servicios que no privaticen, en ningún caso, las decisiones políticas.
A través de la Cámara de Diputados de la Nación, se ha presentado una Ley de Fortalecimiento del Estado que avanza en este sentido. La presencia de capitales nacionales, de empresas de la economía social y de los trabajadores en la prestación de estos servicios, son algunas de las premisas en las que se funda el proyecto. Un nuevo modelo económico y social supone, necesariamente, un nuevo Estado. (Artículo publicado el domingo 24 de mayo en Miradas al Sur). (Agencia Paco Urondo)
Según los enfoques predominantes en décadas anteriores, el Estado sólo debía ocuparse del control y de la privatización de los servicios que hubiera prestado en algún período. Este enfoque abreva en tradiciones liberales y supone una hipótesis muy fuerte acerca de las capacidades estatales. Si la libertad de los individuos genera las actividades productivas, las instituciones públicas sólo deben ocuparse de los derechos y garantías individuales, sin incursionar en temas económicos salvo para garantizar el escenario de los intercambios.
Las concepciones de raíz nacional y popular revisan críticamente las actividades económicas, las que forman parte de la agenda de la política. Cuáles favorecer, cuáles restringir, cómo llevarlas a cabo, cómo preservar el ambiente, cómo lograr equilibrios territoriales y entre los que más y menos tienen, cómo distribuir la renta entre el capital y el trabajo, son preocupaciones políticas de primer orden. Otra preocupación de esta concepción es el acceso a bienes y servicios públicos.
La privatización de empresas estatales prestadoras de servicios obedeció al primer enfoque. Se adujo una ineficiencia crónica de los aparatos públicos a la hora de gestionar, al mismo tiempo que se subrayó que el Estado sólo debe participar cuando las actividades no son rentables. Estas hipótesis se desvanecen observando la gestión del Correo Argentino o de Aerolíneas Argentinas, donde las quejas de los usuarios mermaron a partir de la estatización de ambas empresas. Si además se tiene en cuenta que los problemas de mostrador subsisten en prestadoras privatizadas, resulta evidente que la ineficiencia estatal fue la excusa que permitió contar con aprobación social durante el proceso privatizador. Por otra parte, si el Estado sólo aparece cuando el mercado se desentiende, el poder de los pueblos queda restringido a los márgenes del sistema económico.
Hoy, la era privatizadora sobrevive en el andamiaje jurídico que la sustenta. Los primeros pasos para su desarticulación se dieron en los casos ya mencionados, así como en el caso de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S. A.), ENARSA (Energía Argentina S. A.), TANDANOR (Talleres Navales Dársena Norte), y con la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Resta aún un largo recorrido. Las nuevas orgánicas reconocen la mayoría accionaria, la conducción estratégica y el derecho a veto del Estado, lo que deberá reflejarse en las leyes de fondo. Para este cometido, se deben dejar de lado las regulaciones previstas por la Ley 23.696 de Reforma del Estado y Emergencia Administrativa y aprobar un marco jurídico basado en el resguardo de los intereses nacionales. Para este resguardo, el Estado deberá diseñar modalidades de provisión de bienes y servicios que no privaticen, en ningún caso, las decisiones políticas.
A través de la Cámara de Diputados de la Nación, se ha presentado una Ley de Fortalecimiento del Estado que avanza en este sentido. La presencia de capitales nacionales, de empresas de la economía social y de los trabajadores en la prestación de estos servicios, son algunas de las premisas en las que se funda el proyecto. Un nuevo modelo económico y social supone, necesariamente, un nuevo Estado. (Artículo publicado el domingo 24 de mayo en Miradas al Sur). (Agencia Paco Urondo)
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