Capital Federal (Agencia Paco Urondo) El nuevo modelo económico y social, que recupera un rol protagónico para el Estado, obliga a repensar el marco jurídico que lo organiza.
El derecho administrativo no es neutro. Prevé la organización y el funcionamiento del Estado a partir de una ideología subyacente. De hecho, las ideas dominantes durante los noventa construyeron una acabada ingeniería con las leyes conocidas como de reforma del Estado, las que dieron lugar al proceso de privatizaciones.
Estas leyes continúan vigentes en la Argentina, desde algunas hipótesis que conviene desterrar.
En primer lugar, ya no puede pensarse que el Estado hace todo mal. En todo caso, habría que enfocarse en una gestión más eficaz, porque esta hipótesis abrió las puertas a un proceso de privatizaciones que dejó de lado al Estado en actividades centrales en materia de desarrollo. Además, la prestación de servicios por parte de empresas privadas mostró las mismas falencias de gestión que se atribuían al Estado. Los problemas en los mostradores y reclamos no fueron solucionados, porque, lo aprendimos tarde, dependen de otras variables.
La organización estatal puede pensarse a partir de un abanico enorme de posibilidades, por lo que debe dejarse de lado que la única opción es estatización-privatización. En todo caso, es el Estado el que define cuándo resulta prudente y oportuno hacerse cargo de la provisión de bienes y servicios y cuándo conviene llamar a actores privados para el desarrollo de una actividad, sin perder la conducción del proceso. Esta convocatoria debe hacerse priorizando a capitales nacionales y a organizaciones empresarias basadas en principios solidarios, como pueden ser las cooperativas y las empresas de la economía social.
Estas convicciones deben traducirse en leyes de fondo, que reemplacen gradualmente un sistema jurídico pensado en tiempos en que se auguraba el fin de los Estados nacionales.
La presentación en el Congreso Nacional de una Ley de Fortalecimiento del Estado abre el camino para la discusión de esta agenda. El Estado es el único garante de un desarrollo que incluya a todos, porque es la máxima organización en una Nación. Las organizaciones empresarias pueden colaborar en este desafío, siempre que los intereses sectoriales estén alineados con los intereses nacionales. (Artículo de opinión de la diputada nacional Claudia Bernazza, publicado por el Diario Diagonales el sábado 9 de mayo)
(Agencia Paco Urondo)
El derecho administrativo no es neutro. Prevé la organización y el funcionamiento del Estado a partir de una ideología subyacente. De hecho, las ideas dominantes durante los noventa construyeron una acabada ingeniería con las leyes conocidas como de reforma del Estado, las que dieron lugar al proceso de privatizaciones.
Estas leyes continúan vigentes en la Argentina, desde algunas hipótesis que conviene desterrar.
En primer lugar, ya no puede pensarse que el Estado hace todo mal. En todo caso, habría que enfocarse en una gestión más eficaz, porque esta hipótesis abrió las puertas a un proceso de privatizaciones que dejó de lado al Estado en actividades centrales en materia de desarrollo. Además, la prestación de servicios por parte de empresas privadas mostró las mismas falencias de gestión que se atribuían al Estado. Los problemas en los mostradores y reclamos no fueron solucionados, porque, lo aprendimos tarde, dependen de otras variables.
La organización estatal puede pensarse a partir de un abanico enorme de posibilidades, por lo que debe dejarse de lado que la única opción es estatización-privatización. En todo caso, es el Estado el que define cuándo resulta prudente y oportuno hacerse cargo de la provisión de bienes y servicios y cuándo conviene llamar a actores privados para el desarrollo de una actividad, sin perder la conducción del proceso. Esta convocatoria debe hacerse priorizando a capitales nacionales y a organizaciones empresarias basadas en principios solidarios, como pueden ser las cooperativas y las empresas de la economía social.
Estas convicciones deben traducirse en leyes de fondo, que reemplacen gradualmente un sistema jurídico pensado en tiempos en que se auguraba el fin de los Estados nacionales.
La presentación en el Congreso Nacional de una Ley de Fortalecimiento del Estado abre el camino para la discusión de esta agenda. El Estado es el único garante de un desarrollo que incluya a todos, porque es la máxima organización en una Nación. Las organizaciones empresarias pueden colaborar en este desafío, siempre que los intereses sectoriales estén alineados con los intereses nacionales. (Artículo de opinión de la diputada nacional Claudia Bernazza, publicado por el Diario Diagonales el sábado 9 de mayo)
(Agencia Paco Urondo)
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