¿Cuál fue la responsabilidad de Silvana Giúdice en la tragedia de Cromañón?

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Santinelli dejó en evidencia el entramado político y empresario. "Yo remitía los informes a Silvana Giudice. Pero cuando va al Congreso como diputada todo cambió. Ella quiso hacer las inspecciones con todas las áreas presentes a la misma vez". "Carmen Pruzac, encargada de jurídicos fue traída por Marcelo Antuña y además salía a comer con Fabiana Fiszbin". Respecto al coordinador de inspectores, Rodrigo Conzzani, explicó "que era un estudiante de la facultad de derecho y que estaba en una agrupación. Giudice lo envió como inspector pero después me enteré que era muy amigo de Antuña".

La defensa logró demostrar durante este juicio que los secretarios Giudici y López ejercían sus funciones con una alta autonomía. Ibarra los dejaba hacer; no les impartía directivas; no los controlaba; no se enteraba de lo que pasaba, qué rumbo y qué estado tenía cada área, a pesar de ser áreas de alto riesgo. Ése no es el rol de un Jefe de Gobierno. Ibarra, según la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con los artículos 102 y 104, debió haber sido el estratega y planificador de las políticas llevadas adelante por sus secretarios; debió evaluar indicadores de gestión, análisis cualitativo; debió corregirlas; debió controlar y evaluar la gestión de sus funcionarios; impartirles las directivas centrales, etcétera. En un área tan sensible él debió haber tenido una actitud mucho más activa. Que más allá de las buenas intenciones que pudiere haber llevado el dictado de los citados decretos, lo que se desprende de la declaración testimonial de la actual diputada nacional Silvana Giudici, lo cierto es que ha quedado categóricamente acreditado en este juicio que las consecuencias de esos decretos fueron nefastas, a punto tal que puede con certeza decirse que el remedio fue mucho peor que la enfermedad.

Cabe significar que dichos decretos se gestaron durante el desempeño de la actual diputada nacional Silvana Giudici, entonces a cargo de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal, que abandonó al poco tiempo del dictado de las medidas. Por ello, resulta inverosímil lo expresado por el doctor López en el sentido de que no recibió instrucciones por parte del Jefe de Gobierno al asumir las funciones que tenían por objeto la aplicación de esa nueva normativa, siendo que, por otra parte, resultaría totalmente injustificado y habría configurado una gravísima negligencia que se hubiese omitido impartir esas instrucciones.

El trasfondo del drama de República Cromañón - Bs As, 27 de Enero de 2005 - Fuente: Noticias Urbanas

El 30 de diciembre de 2004 no fue un día más. Todo el país fue testigo de una de las tragedias no naturales más graves de nuestra historia. Ese día murieron más de 170 personas en el local bailable República Cromañón, más las que fallecieron después en los hospitales porteños, y las que, lamentablemente, pueden morir por los efectos residuales de la intoxicación que sufrieron producto del incendio que se produjo en el lugar.

La cadena de responsabilidades deberá ser definida por la jueza en la que recayó la causa, María Angélica Crotto, pero hay detalles que no se pueden dejar de mencionar. Algunos aumentan el grado de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y, otros, de funcionarios, empresarios e incluso de los integrantes de Callejeros, el grupo de rock por el que más de 4.000 personas concurrieron a República Cromañón.

Para empezar, si uno analiza el organigrama del Gobierno porteño previamente a la renuncia del secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López (ex cuñado de Aníbal Ibarra) y a los cambios impulsados por el flamante titular del área, Juan José Álvarez, se desprende que el sector del que dependía la habilitación de los locales de Clase C, como era el caso de Cromañón, era el de la subsecretaria de Control Comunal de la Ciudad, Fabiana Fiszbin, quien también renunció a su cargo luego de regresar de sus vacaciones en Brasil, cuatro días después de la tragedia.

El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, decidió crear a fines del 2003 un nuevo organismo de inspectores porque lo calificó como un "focazo de corrupción", además sostenía en los fundamentos esgrimidos para conformar el cuerpo de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH) que resultaba necesario verificar periódicamente el cumplimiento de lo autorizado en las habilitaciones por parte de los establecimientos comerciales, industriales, depósitos y de servicio referidos básicamente a constatar que la actividad que se desarrolla es la efectivamente habilitada, que la configuración física del establecimiento mantenga las características de su habilitación y que cumpla con condiciones de higiene y seguridad aceptables.

En ese sentido, el Gobierno estableció que el Registro -integrado por profesionales universitarios con incumbencia para realizar trámites de habilitación y llevar a cabo las verificaciones que les sean formalmente encomendadas, pero sin poder de policía- debía ser organizado y supervisado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de subsecretaria de Control Comunal de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, Silvana Giudici y así nació la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI). (Agencia Paco Urondo)