El desalojo de un sector de la Toma del Barrio Santa Clara en Viedma, podría quedar rápidamente en la anécdota, si a favor de las pretensiones de ignorar y desconocer la problemática habitacional de la ciudad de las autoridades, no se anteponen algunos puntos importantes que han acontecido en los últimos meses.
En primer lugar, cabe recordar algunas cifras de los últimos dos años. En la Provincia de Río Negro, alrededor de 17.500 familias han optado por la toma de tierras para solucionar sus problemas habitacionales y de acceso a la tierra y la vivienda.
Sólo en la ciudad de Viedma, mil familias han elegido esa alternativa en sucesivas tomas desde mediados de 2007 a esta parte. Según estimaciones oficiales, y cruzadas con información de diversas organizaciones sociales, el déficit habitacional para la Capital provincial rondaría en 2.500 viviendas. Traducido en personas, estamos hablando de al menos 10 mil; es decir, casi el 20 % de los habitantes de la ciudad, posee una situación habitacional comprometida.
El Estado ante la problemática
La proyección del anterior porcentaje, es aplicable al resto de la provincia. Cosa que sus autoridades no desconocen. Semanas atrás, el Consejo Asesor de Tierra, Vivienda y Planificación de la Provincia de Río Negro, firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Tierras, donde se prevén una serie de medidas y líneas de acción para abordar la problemática a nivel provincial.
El acuerdo firmado, apunta a que la Provincia y el Estado Nacional promuevan conjuntamente la regularización urbana, social y dominial de las tierras fiscales nacionales, provinciales y municipales. Además, pretende abordar los conflictos en tierras de dominio privado aptas para el desarrollo de programas sociales y en las ocupadas por asentamientos irregulares, otorgando las tenencias dominiales y dándole lugar a las organizaciones sociales participantes.
Por otra parte, el acuerdo pretende trabajar en pos de dotar de servicios básicos a los planes de regularización dominial implementando sistemas cooperativos. De esta manera, se apuntaría a desarrollar programas que faciliten el acceso al hábitat digno en villas, asentamientos y pequeños parajes rurales, dotando a las comunidades de infraestructura, capacitación y políticas que promocionen la temática y apuntando a los emprendimientos de autoconstrucción de viviendas.
Lecciones Judiciales
¿Qué nos enseña el proceder de la Jueza? En primer lugar, un desconocimiento profundo del complejo escenario social que nos atraviesa en la provincia. Segundo, la intención manifiesta del mensaje desparramado en la sociedad: no hay posibilidad de vida digna dentro de este orden de cosas, incluso cuando el mismo Estado de Derecho, contempla la posibilidad de otro tipo de salidas, eficientes, múltiples e inclusivas.
Por último, aferrarse a la letra muerta de la legislación y los códigos de procedimiento, aún incurriendo en contradicciones y violaciones de la Constitución nacional y provincial, como también de la Carta Orgánica municipal.
En fin, un criterio de lectura y aplicación de la Ley -y siempre parcial- que favorece en todos los casos, al mismo sector de la sociedad, en detrimento del mayoritario sector carenciado.
Miedo y Dinero
Ocho millones ochocientos mil pesos, es el valor estimativo de la tierra sobre la que se estableció la Toma del Barrio Santa Clara. Preguntando, un supuesto propietario –que no es el mismo que figura en los registros catastrales- habría comprado esas parcelas unos años atrás por la módica suma de $ 400.000.
Desde hace un año a esta parte, múltiples fueron las versiones de la instalación de la cadena de supermercados “Vea” en esos terrenos. Es decir, una operación inmobiliaria redonda y a espaldas del propietario legal o sus sucesores, y por la cual sectores del gobierno municipal, gastaron en bombos y platillos al hacer los anuncios y desparramar versiones periodísticas. Versiones que nunca difundieron que una conocida inmobiliaria de la ciudad, ofertaba cada terreno de la Toma, al precio de $ 60.000.
Por otro lado, es cierto, la llegada de Vea, Easy y Jumbo, generaría puestos de trabajo para la región. Sin embargo, las estadísticas oficiales marcan que por cada hipermercado que abre sus puertas, cerca de 2.500 pequeños comerciantes se funden en los primeros tres años de su funcionamiento. Asimismo, la demanda laboral que generan estos centros del consumo, no alcanzaría a absorber el hueco social que se desencadena.
Ahora bien: ¿Cuál es el fin de pasar la topadora? ¿Generar temor ante la posibilidad de nuevas e inminentes tomas?¿Será una vendetta por los dólares perdidos?¿Habrá aparecido una billetera más grande?
Amedrentamiento mediante, la toma del Barrio Santa Clara continua avanzando. Ocho son ya las casas de material que se están construyendo; más otras cinco que están en camino. Sin embargo, manos anónimas y cobardes incendian casillas en la oscuridad de la noche. Como ocurriera en el Barrio “30 de Marzo” algo más de un año atrás.
De todas maneras, con o sin topadora, el poder político local dio otra muestra de la firmeza a la que nos tiene acostumbrados. Nuevamente, mostró sus dientes al más débil. Otra vez, cerca de sesenta familias perdieron su vivienda. (Agencia Paco Urondo)
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