El proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad hasta 14 años, volvió a la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado para concensuar las modificaciones al texto tras algunas críticas por parte de organizaciones sociales.
El proyecto, creado por la legisladora María Cristina Perceval, avanza casi a escondidas en la Cámara alta, tras haber sido aprobado en general en julio pasado, y pronto sería tratado nuevamente en el recinto.
En contraposición a las posturas de bajar la edad de imputabilidad, organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales se oponen a la medida como solución para la problemática de la niñez.
“No rechazamos el Régimen, sino el proyecto que se debatió a puertas cerradas y que baja la edad de imputabilidad. Nos oponemos al modo en que lo llevan adelante, sin esclarecer las motivaciones y lo que implica, ya que dicen que es para llevar más garantías para los chicos, pero estamos seguros que no va a ser así, porque las garantías ya las tiene a través de los pactos internacionales y no se cumplen”, señaló a Política&Medios Carola Bianco, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez que funciona en La Plata.
“Creemos que hay que hacer un diagnóstico cierto y trabajar sobre las causas de muerte infantil y de delincuencia juvenil, y destinar recursos a un régimen de Promoción y Protección de derechos y no a un régimen penal que de ninguna manera puede garantizar los derechos que ya hoy no se cumplen”, agregó Bianco.
Actualmente, el régimen penal llega hasta los 16 años, a partir de los cuales pueden ser juzgados y encarcelados. Con la nueva legislación la edad de imputabilidad llegará hasta lo 14 años y tendrán un régimen penal diferente al de los adultos.
El argumento para bajar la edad de imputabilidad es que actualmente hay jueces que encarcelan, sin juicio previo, a chicos inimputables como forma de protección y este Régimen les garantizará un proceso judicial.
“Plantean que habría más garantías a la hora de ser enjuiciado, pero con el problema consumado, la política sigue siendo el encierro y de cada vez chicos más chicos. El problema de fondo sigue sin ser abordado, ya que no resuelve la problemática cultural, la falta de acceso a la escuela, a la alimentación”, señaló a P&M Fernando Fernández, delegado de ATE Sur en el Centro de Recepción de Menores de Lomas de Zamora.
En la provincia de Buenos Aires, desde el año 2005 rige la ley de Promoción y protección integral de los derechos de los niños (13.298), que creó políticas y organismos para que se respeten esos derechos. Sin embargo, se acumulan las denuncias de falta de recursos económicos y humanos para llevar adelante las medidas que aborda la ley.
“En ningún momento se implementó, es letra muerta”, señaló Fernández y explicó que “se siguen sosteniendo las mismas políticas de lo que fue la ley de Patronato, incluso intentan seguirlas endureciendo. Tal vez las condiciones de encierro mejoraron en algunos institutos donde hay mayor organización desde los trabajadores. Pero ¿cómo puede depender del reclamo de los trabajadores que los pibes accedan por ejemplo al papel higiénico?”.
El delegado de ATE también cuestionó que no haya políticas serias con respecto a la educación y el trabajo de los chicos encerrados y consideró que hay política de Estado para que eso suceda: “Es un intento de abordar la problemática desde lo punitivo, casi una postura conductista, que piensan que a los golpes te domestican y después no volvés a cometer un error”, denunció.
El tema cultural, planteado por Fernández, también es abordado por la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, que el viernes desde el mediodía realizará en la plaza San Martín de La Plata una jornada cultural bajo el lema “los chicos no somos peligrosos, estamos en peligro”.
Según explicó Carola Bianco, la Asamblea, que nuclea a organizaciones sociales y de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, apunta con esta actividad a “buscar un espacio de encuentro con los vecinos, que quizás no piensan igual que nosotros, y proponer talleres, actividades y juegos para reflexionar sobre cómo pensamos la niñez, la no discriminación y la igualdad”.
“Queremos trabajar dos grandes ejes, la sensibilización social con este cambio de paradigma que se plantea desde lo jurídico y con el trabajo que está implícito con ese cambio, ya que no basta con la norma, sino que hay que trabajar con la comunidad para que exijan el cumplimiento de las normas y que se comprometan con eso”, agregó la abogada.
Condiciones laborales en los institutos. A la falta de personal que tienen estos centros para menores de edad se suman las malas condiciones en las que el personal debe trabajar.
“Los compañeros van sacando carpetas psiquiátricas por el stress que genera el trabajo, también por otras enfermedades producto del hacinamiento. Al poco personal nombrado se suman los problemas de salud de los que están”, señaló Fernández, y agregó que “después de la pandemia de la gripe a quedó al descubierto el abandono que hay del estado en materia de salud en los institutos. No tenemos ni siquiera personal de limpieza, lo hacemos nosotros y los mismos pibes. (Agencia Paco Urondo)
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