Capital Federal (Agencia Paco Urondo) El comunicado dado a conocer por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) ha puesto en negro sobre blanco el pensamiento del sector más concentrado y globalizado de la burguesía argentina.
Además de expresarse a favor de un nuevo endeudamiento con los organismos multilaterales de crédito –FMI, Banco Mundial, et allia-, por la baja de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, por la libertad de precios y el derecho a la propiedad privada, la declaración se refiere de manera sibilina al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Posiblemente no sea materia de Los 100 responder a las exigencias de política económica y social que plantean estos empresarios monopólicos. Su preocupación por la pobreza y el pedido de su “drástica disminución” resulta incongruente con su posición de desfinanciamiento del estado a favor de los "pooles" sojeros y el chantaje de la Mesa de Enlace. La insincera afirmación de que “La atención de las necesidades de los sectores más vulnerables podrá hacerse de la manera más efectiva en base a los recursos generados por una producción exportable de mayor escala” se contradice, de manera flagrante con el alto porcentaje de trabajo en negro y trabajo infantil que caracteriza a las relaciones laborales en el campo, donde sólo un promedio del 33 % están registrados en la seguridad social; sin descontar la desocupación incrementada por la sojización de los campos.
Pero la declaración se mete en un área que sí corresponde a nuestras preocupaciones cuando sostiene: “debe evitarse toda acción o medida que debilite económicamente a las empresas periodísticas independientes. La libertad de elegir entre la amplia oferta de medios periodísticos existente en la Argentina es potestad exclusiva de los ciudadanos, y no debe ser distorsionada por medio de regulaciones o medidas de Gobierno”.
Los empresarios monopólicos argentinos, como se ve, manipulan y tergiversan el sentido y el texto del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En nombre de la “libertad de elegir” a ellos mismos, impiden que otros sectores, sin fines de ganancia empresarial, participen en la comunicación y el periodismo. El eufemismo “empresas periodísticas independientes” oculta la realidad de un sistema mediático formado por un par de grandes empresas cartelizadas, dependientes y tributarias de un inmenso poder económico continental, relacionado con el sistema financiero internacional. Es mentira que exista en la Argentina una “amplia oferta de medios periodísticos”. Solo cuatro monopolios de multimedios absorbe el 84% de la demanda comunicacional en el país. Dos grandes diarios nacionales con intereses y propiedades compartidas, un sistema cuasi monopólico de televisión por cable, la dictadura de los opinadores profesionales pagados por estas empresas y la exclusión de todo pensamiento crítico al sistema mediático son las verdaderas y evidentes características del idílico cuadro que intenta pintar la organización patronal AEA.
La falacia liberal acerca de “los medios de comunicación independientes del poder político” oculta el hecho de que, en nuestros países, el poder político del estado nacional es el único capaz de balancear el apabullante poder económico del capital monopólico. Es imposible una vigencia plena de la democracia comunicacional sin un estado que favorezca con su legislación y accionar a los sectores más débiles de la sociedad, convertidos en consumidores pasivos de una información unilateral y tendenciosa generada por ese mismo sector monopólico y a su servicio. De ahí la necesidad de esta nueva ley –que tanto teme este sector empresarial-, de su amplia discusión en el seno de la sociedad y su sanción parlamentaria.
Si la AEA tiene algo que decir a este respecto que participe en la discusión y debate en foros que se está llevando a cabo en todo el país, sin presiones amenazantes ni falsedades ideológicas. (Agencia Paco Urondo)
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Hace 9 horas
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