Recondo: un dinosaurio suelto en la Justicia, por Julio Piumato

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Los 80 años de vida de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) encuentran a la entidad profesional de los jueces en su versión política más rancia: la defensa irrestricta de los intereses oligárquicos, disfrazada de República y de Constitución.

Los 80 años de vida de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) encuentran a la entidad profesional de los jueces en su versión política más rancia: la defensa irrestricta de los intereses oligárquicos, disfrazada de República y de Constitución. En su argumentación, siempre sobresale el ataque a las experiencias políticas populares y democráticas. Su presidente, Ricardo Recondo, se pasea por los medios agrediendo al Gobierno, como si fuera un político de la oposición, al mejor estilo de la Mesa de Enlace rural.

De pronto, el presidente de la Asociación de Magistrados se ha convertido en el ídolo de los comentaristas. Con notorio sentido de oportunismo político, Recondo no deja pasar ni un mes tras las elecciones legislativas y arremete. Olvidado de su función judicial, ajeno a la imparcialidad y el recato que deberían distinguirlo, deambula insolente por los escenarios montados por el gran partido de la oposición: losmedios de información de masas. También el sitio de información de prensa de la Corte Suprema de Justicia difunde en su versión digital un reportaje en la que el secretario general del sindicato de jueces seda el lujo de denostar al Gobierno nacional y atacarlo porque, dice, “el oficialismo trata de dominar, manejar y restarle independencia al Poder Judicial”.

Pero, ¿quién es en verdad el doctor Ricardo Gustavo Recondo? ¿Acaso un libre pensador, un puro y prístino juez de la Nación, que no hace política, como sí hacen los re presentantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué tanto esmero en descalificar la composición del Consejo, en oponerse a la ley que modificó hace dos años su funcionamiento, y ni una sola mención al triste pacto de Olivos que forjó la criatura?.

El independiente Recondo fue subsecretario de Justicia durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín y trabajó bajo las órdenes del secretario de la cartera judicial Ideler Tonelli, ex ministro de Trabajo en el mismo gobierno. ¿Conocía que el jefe de Recondo, y quien lo llevó al cargo en el gobierno radical, fue el mismo que redactó el texto de la ley de Obediencia Debida? ¿Será por eso su obstinación en el ataque exagerado y permanente al Gobierno, incluyendo la defensa incondicional de los jueces que, en el mejor de los casos retrasan los juicios a los represores, y en el peor, ordenan dejarlos libres?.

Un pasado con sombras. En una edición con tapas verde ejército, la entidad gremial de los jueces, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional, celebró el año pasado sus 80 años de existencia.

Allí la publicación propone un recorrido muy particular sobre la historia de la Justicia argentina de los siglos XX y comienzos del XXI, destacando a los dirigentes históricos de la entidad.

Sus notas, comentarios y entrevistas conforman un verdadero editorial sobre el elitismo judicial, la oligarquía que regentó al país en la mayoría de las décadas precedentes y la defensa de los privilegios de clase de los jueces que supimos conseguir, cualidades de una Justicia que tanto se denunció desde la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (Uejn), con eco en cada vez mayores ámbitos de la sociedad argentina.

Las páginas centrales del número corresponden a una entrevista a Recondo, actual presidente del gremio de los Señorías. Su título es elocuente: Hay que rodear de protección a los jueces. Las palabras de Recondo, no obstante, no son el principal aporte de la edición. Las perlas están en otro lado. Y en conjunto, configuran un verdadero collar desopilante y ciertamente trágico, tratándose de la entidad profesional de los jueces argentinos, actores centrales de un poder del Estado fundamental para la convivencia democrática.

La edición contiene reportajes a ex presidentes de la asociación, más un relato bastante parcializado, con olvidos muy sugestivos, sobre las ocho décadas de vida de la institución. También se incluye una nota muy superficial sobre una cuestión que no deja dormir tranquilos a los jueces: su relación con la prensa.

Cualquier lector medianamente sensato respecto de la actuación del Poder Judicial en todos estos años, los del siglo XX y XXI, indagará acerca de los períodos más oscuros de la historia argentina. Seguramente, prestará más atención en aquellas páginas referidas a la Justicia durante los años del genocidio militar, del saqueo económico y cultural de los años ’90, de la sucesión de golpes militares, de la censura y la persecución que siguieron al peronismo. Es precisamente allí donde ocurren las sorpresas, no por lo novedoso de los conceptos que se vierten, sino por lo escandaloso de las explicaciones, justificaciones y negaciones a las que se echa mano.

80 años de historia, tal el título del artículo, es la nota que abre la revista, a modo de presentación general del número. El texto–sin firma– llama revolución al quiebre del orden institucional protagonizado por el general José Félix Uriburu, indultando el carácter de golpe de Estado que tuvo aquel episodio nefasto de la historia argentina, pues inauguró la prepotencia militar en la vida política del país del siglo pasado.

Si bien recuerda “la famosa acordada de la Corte Suprema de ese entonces que legitimó el gobierno de facto”, en el artículo no se cuestiona su contenido, ni se incluye el nombre de los jueces que la firmaron, y hasta arriesga un salvoconducto a aquellos cortesanos, recordando que “todos los miembros de la Cámaras de Apelaciones de la Capital (Criminal y Correccional, Civil y Comercial), visitaron a Uriburu y se fotografiaron junto a él en la Casa Rosada”. El mal de muchos que consuela a los pocos.

Nada informa la revista sobre si la incipiente entidad profesional, por aquel entonces llamada Asociación de Secretarios de la Justicia Ordinaria y Federal de la Capital Federal, tomó alguna posición pública respecto del episodio, en momentos en que el país tenía ya una nada despreciable actividad política y sindical, con luchas sociales muy dinámicas, fruto del ascenso de las clases subalternas, medias y trabajadoras.

También resulta llamativo que en una revista de profesionales del Derecho, habituados a las pulcritudes y precisiones del lenguaje jurídico, se le llame revolución a un golpe de Estado, con la carga positiva que aquel término tiene en la historia política contemporánea. Una revolución siempre debe entenderse como cambio drástico a favor de los intereses de las mayorías de la sociedad, y nunca como lo que ocurrió aquel 6 se septiembre de 1930, mucho menos el alzamiento militar que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955, y que la asociación insiste en llamar revolución. La visión sobre la última dictadura. En la revista nueve ex presidentes de la entidad vierten sus opiniones con total diligencia.

Los editores no reparan en el período histórico en que los respectivos consultados cumplieron su actividad gremial. Todos embarrados en un mismo lodo, lo mismo si fueron dirigentes durante períodos dictatoriales o democráticos, desconociendo que su imperativo constitucional, antes que ningún otro de índole sectorial, debiera haber sido la denuncia del carácter ilegal de una dictadura. Temerariamente se detalla que “en la década de los ’70, especialmente en los últimos años, se fue extendiendo la opinión de que la Amfjn requería un local más adecuado, ya que Lavalle 1312 ya no era funcional para sus extendidas actividades”.

La revista no puntualiza que esos últimos años de la década del ’70 correspondieron a los de mayor represión, y que las extendidas actividades gremiales de los señores jueces se contraponen con la total prohibición que regía sobre los sindicatos de trabajadores, que derivó en la persecución despiadada a las organizaciones más combativas y la suspensión de las garantías individuales de la entera población. Claro, menos para los magistrados, afines al régimen y su dócil asociación profesional.

“En 1980 –continúa, como si nada hubiera acontecido en el país en aquellos años– apareció una coyuntura que facilitó esa aspiración: Argentina había sido elegida para albergar el congreso bianual de la Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam), que se realizaría en 1982, y la asociación no contaba con instalaciones adecuadas para tan importante encuentro. Con ese motivo se intensificaron las gestiones (con la Corte Suprema de la dictadura, que otorgó un comodato a la asociación) y se obtuvo la sede actual de Lavalle 1334, inaugurada en octubre de 1982 (unos meses después de la masacre militar en Malvinas), en coincidencia con el mencionado congreso.”

En el país del terror, mundialmente conocido por el método de desaparición de personas, la muerte clandestina y la miseria planificada, nuestros jueces y su asociación profesional, concretaron negocios inmobiliarios con la Corte Suprema de la dictadura, entrada por la ventana al 4º Piso de Tribunales. Ni ina palabra sobre los secuestrados en las mazmorras militares, varios de ellos trabajadores judiciales, incluso un Defensor Oficial. Ni una sola mención a los miles de hábeas corpus rechazados sistemáticamente y sin la mínima averiguación.

El coraje civil, según jueces argentinos. “A pesar de convivir con la dictadura más execrable de la historia del país, la Asociación de Magistrados no dejó de defender, cada vez que tuvo oportunidad, la independencia del Poder Judicial y su particular rol en momentos de gobierno de facto y Congreso suprimido. Comunicados con esos conceptos fueron emitidos y publicados cuando los medios los aceptaron, especialmente en La Nación, y fueron expuestos verbalmente en cada cena de fin de año, frente mismo al ministro de Justicia de turno, no de uniformados que nunca asistieron”, se lee en la revista.

Qué valientes nuestras Señorías de aquel entonces, y qué memoriosos los de hoy, que los rescatan del sepulcro y los reivindican con total liviandad. ¿Por qué ni una sola línea, ninguna mención, nada, sobre los funcionarios judiciales desaparecidos? ¿No hubiera sido más efectivo y procedente exigir al poder militar el cese de las persecuciones, secuestros y torturas, o usar la tribuna internacional de aquel encuentro de la Flam para denunciar la magnitud del genocidio que se estaba cometiendo en la Argentina?

Las Madres de Plaza de Mayo poniendo el cuerpo en Plaza de Mayo, solas, en los más duros años de la dictadura, con tres de sus más activas integrantes también desaparecidas, y los jueces, 25 años después, haciéndose los campeones en valentía por haber defendido en comunicados que nadie leyó “la independencia judicial”. Qué nulo sentido de la humildad. ¿Por qué no marcharon esos jueces junto a las Madres, en vez de leer declaraciones perfectamente inútiles y cobardes en las cenas de fin año o mandarles escritos críticos al independiente matutino La Nación? ¿Hace falta, aquí y ahora, repasar la complicidad manifiesta que el diario de la familia Mitre prestó, no sólo a la última dictadura, sino a todos los gobiernos de facto y los democráticos que fueron serviles al capital transnacional?¿Por qué los jueces de la Asociación de Magistrados reivindican al matutino más emblemático de todos los que apoyaron el genocidio? ¿Por qué ahora? ¿Qué le deben? ¿Alguna operación de prensa, quizás?.

El regreso de los muertos vivos. Acaso el único mérito de la publicación consista en traer a sus reducidos lectores el nombre y el apellido de sus más conspicuos dirigentes históricos. Y aportar en directo, sin mediaciones, sus propias explicaciones. La asociación no duda en rescatar a personajes siniestros del Poder Judicial, indultándolos con sus semblanzas, como si nada hubiera pasado en el país que ellos mismos protagonizaron desde sus puestos de relevancia institucional. Dice Evaristo Santa María, presidente de la Amfjn entre abril de 1978 y diciembre de 1985: “Cuando llegó la revolución (sic) del 24 de marzo de 1976 cerraron tribunales como quince o veinte días. Me llaman del Ministerio de Justicia y me dicen ‘usted va a ser camarista’, y mencionaron que junto conmigo sería promovido un grupo de colegas. Asumí en la Cámara Laboral donde me desempeñé hasta mi retiro en 1985”. “Recuerdo que había una cuestión fundamental en la Justicia, una especie de ranking de a quiénes les llegaban más hábeas corpus.

Pero a la asociación jamás llegó un tema político”, agrega Santa María. Qué pícaros los jueces y sus juegos perversos: se divertían compitiendo por quién recibía más habeas corpus, y ganaba el que los rechazaba más rápido. Otra: “En nuestra Cámara laboral sacamos un fallo en materia provisional para proteger a los chicos de desaparecidos donde hablábamos de ‘la ola lamentable de secuestros’, y otro cuando Martínez de Hoz modificó un índice de la Ley de Contrato de Trabajo y se lo declaramos inconstitucional; nunca alguien me dijo una palabra”.

La Asociación de Magistrados debió haber presionado para que la Junta militar sea declarada inconstitucional y negarse sus integrantes a jurar por sus estatutos para ejercer el cargo de juez de la Nación, en vez de vanagloriarse ahora, 33 años más tarde, con ese juego de chicos ante semejante destrucción del aparato productivo nacional, enajenación de las riquezas y aniquilación casi total de las organizaciones de la clase trabajadora.

Resulta paradójica la relación entre la asociación profesional de los jueces y la vida política del país, a juzgar por los testimonios que brindan sus dirigentes. Cuando es tiempo de dictaduras militares, o de gobiernos civiles funcionales al interés del poder económico, la asociación mantuvo una posición de neutralidad y se mostró prescindente.

Deja al vulgo el barro de la política, mientras ellos, los magistrados, sólo hablan a través de sus sentencias, protegidos por el cristal de las burbujas donde moran plácidamente y contemplan la vida. Casualidad. Se refugian en el interés corporativo, en la cuestión salarial, en la compra de la sede social, en la gestión de créditos para sus afiliados, pero no se inmiscuyen en el interés general que supondría emitir juicios de valor respecto de la situación política, precisamente en momentos en que la sociedad esperaría de los jueces una actitud más decidida en defensa de los intereses nacionales, las libertades individuales y los derechos sociales de los argentinos. Santa María lo dice con absoluta claridad: “A la asociación jamás llegó un tema político”. Tampoco fueron a buscarlo.

¿Qué modelo de Justicia defiende la asociación de jueces? ¿Cómo se explica sino que haya permanecido en silencio ante la mayoría automática en la Corte, los jueces de la servilleta, la interrupción del orden constitucional, el lockout salvaje de la patronal rural y, ahora, sobreactúe su cólera ante la ley que reformó el funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura? ¿Quiénes quedaron del lado del revés en este querido y sufrido país, al fin dispuesto a situarse al derecho, señores jueces del Poder Judicial? .

La polémica por el Consejo

El camarista civil Ricardo Recondo ganó las elecciones de la Asociación de Magistrados a fines de 2006. En ese momento sostuvo que “la asociación debe ser la voz política del Poder Judicial” y “que es necesario plantear que los jueces no pueden hablar sólo por sus sentencias”. Y eso es lo que hizo él estos últimos días: Recondo advirtió que el Consejo de la Magistratura “necesita cirugía mayor, no cirugía estética”, y denunció que el Gobierno “tiene el poder absoluto de veto, o sea que si quiere proteger a un juez, lo hace”.

Las declaraciones vienen a cuento por las reformas que impulsa el Gobierno en ese órgano judicial: busca que haya un “proceso de selección de jueces más rápido y transparentar al máximo todos los actos”, dijo el flamante ministro de Justicia, Julio Alak. El jefe de Gabinete –y ex titular de Justicia– Aníbal Fernández, fustigó las declaraciones de Recondo. Las calificó de “grandilocuentes y ampulosas” y negó presuntos “bloqueos” del Ejecutivo a jueces no afines dentro del Consejo, el organismo que interviene en la selección de jueces, promueve su remoción y administra el Poder Judicial.

Lo mismo hizo la diputada nacional (FPV) y miembro del Consejo de la Magistratura, Diana Conti: “Que diga a qué jueces protegemos, qué jueces deberían ser acusados en juicio político, queremos saber sus nombres y apellidos para actuar en consecuencia”, le reclamó a Recondo en un comunicado de prensa.

Y agregó que “sería muy bueno que la Corporación judicial, que él encabeza, aporte los datos necesarios para que el Consejo de la Magistratura pueda cumplir su función y acusar a los malos jueces con mayor eficacia”.

“Sólo para esta tarea el oficialismo (cinco consejeros sobre trece) puede incidir, ya que para acusar a un juez hace falta una mayoría especial de dos tercios de los consejeros presentes, para la selección de magistrados y el resto de las actividades sólo se requiere mayoría simple”, sostuvo.

En este marco, Conti señaló: “Que Recondo se saque el antifaz y le diga a la sociedad argentina qué es lo que verdaderamente no le gusta de este Consejo, qué intereses y privilegios está defendiendo”.

El autor es Secretario General de la Unión Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn) (Agencia Paco Urondo)