lunes, 13 de julio de 2009

Denuncian indiferencia estatal frente a los atentados contra Pelota de Trapo

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Política y Medios) A partir de un nuevo secuestro a una trabajadora de esa organización, una de sus referentes, Laura Taffetani, estimó a P&M que estos hechos se van a repetir porque “no hay una actitud fuerte de protección o de profundización de la investigación”, al tiempo que señaló que “estamos volviendo a vivir situaciones como en la dictadura”.



Mientras en el Senado se aprobó en general la creación de un Régimen Penal Juvenil por unanimidad, la Fundación Pelota de Trapo, por donde pasan 4 mil chicos por año de los sectores más pobres de Avellaneda y Florencio Varela, sufrió el noveno atentado relacionado con la campaña "El hambre es un crimen".

El martes por la mañana una mujer que colabora con la limpieza en la Fundación fue secuestrada durante cuatro horas a 200 metros de su casa en la localidad de Rafael Calzada. Si bien fue liberada en las cercanías del Hospital Finochietto de Avellaneda, el grupo fue muy claro en sus amenazas: “Esta vez termina en el hospital; la próxima no sabemos”, fue el mensaje enviado desde el celular de la víctima.

“Estamos realizando todas las gestiones posibles para reclamar con fuerza que se investiguen todos los hechos pero no hemos tenido muchas noticias. El único que se acercó muy preocupado fue el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Daniel Arroyo, porque visualizó que esto puede terminar muy mal, pero después no hubo ningún otro gesto, ni avance en la causa”, explicó en diálogo con Política&Medios Laura Taffetani, coordinadora de la Escuela de Educadores de la Fundación Pelota de Trapo y referente del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo.

El año pasado, a partir de manifestaciones en las que se rechazaba la baja en la edad de imputabilidad bajo la consigan “El hambre es un crimen”, la organización sufrió ocho actos de ese tipo, y en sólo una semana, tres de sus miembros fueron secuestrados y narcotizados por grupos organizados.

“Pensamos que va a seguir porque ya el año pasado fue así, y tiene todos los signos que va a continuar. Mientras no haya una actitud fuerte de protección o de profundizar la investigación judicial no va a pasar nada”, sostuvo Taffetani, al tiempo que explicó que están analizando la posibilidad de retomar las custodias por parte de miembros de la CTA, como se realizó el año pasado, ya que la custodia policial fue retirada.

La referente social, con cierta resignación, no puede atribuirle a nadie estos atentados. “Está claro que es una organización con un aparato muy grande y que se mueve con mucha impunidad, y que algún sector de la seguridad de la provincia permite que esto suceda”, dijo y señaló que “es bastante incomprensible, pero cada vez que hay un hecho nos dicen que nos dejemos de joder con la campaña ‘El hambre es un crimen’. Resulta difícil de entender porque es una reivindicación sumamente legítima que ha ido uniendo a sectores políticos distintos, porque nadie puede decir que es correcto que haya chicos que mueren de hambre en la Argentina”.

La situación genera malestar en toda la Fundación, sin embargo, es más difícil “para los pibes que han vivido situaciones tan difíciles y se han parado sobre su pies, han armado sus proyectos de vida. Los chicos lo viven con enojo, con angustia. Uno de ellos me dijo: ‘Ahora entiendo cuando hablan sobre como se vivía en la dictadura’. Es muy duro que un joven te diga eso, pero estamos volviendo a vivir situaciones como esa”, relató Taffetani.

A pesar de las amenazas y atentados, aclaró que nunca analizaron parar. “Sí se planteó cuidar más a los chicos, cómo nos movemos, o qué tipo de actividad podemos hacer, pero no nos plateamos parar la campaña. La mayoría de la gente que está en nuestras organizaciones ha hecho una opción de vida por los pibes, no es fácil de detener nuestra actividad”, sostuvo.

Taffetani señaló también los casos de los sacerdotes de la villa 21, que luchan contra la problemática de las drogas, o el atentado que sufrió la madre de la legisladora porteña Liliana Parada, quien denunció el accionar de la UCEP. “Nos hace preguntar si no son mensajes de algo que se está armando, por eso es importante que se pueda parar”, analizó.

Por otro lado, Lito Borello, referente del Centro Comunitario Comedor Los Pibes, de Capital, recordó a P&M los casos de Isabel Vázquez, una de las Madres contra el paco, “a quien le mataron al hijo y hace cuatro años cuando un sicario al servicio de la policía nos mató un dirigente, Martín ‘el Oso’ Cisneros”.

“Es moneda corriente en América latina, que muestra que los pueblo que luchan van por delante y están empezando a conquistar países mucho más justos. Hay una nueva derecha que se resiste a esto y evidentemente está dispuesta a cualquier, cosa como sucede en Honduras”, opinó. (Agencia Paco Urondo)

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