Saludó Francia la voluntad política de realizar el juicio por la causa ESMA

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, gentileza Mónica Oporto) El ministro de Justicia explicó la importancia del inicio de la causa ESMA. Entre los imputados se encuentra Alfredo Astiz, responsable por la desaparición de dos monjas francesas. El canciller de ese pas, en un comunicado oficial, saludó el inicio del juicio. El ministro de Justicia, Julio Alak dijo hoy, tras el inicio, a las once de la mañana, del juicio por la Causa Escuela Mecánica de la Armada, que “la condena de los represores de la ESMA será otro ejemplo de sanción a las peores atrocidades de la dictadura”. El Ministro de Relaciones exteriores de Francia, Bernard Kouchner, redactó una declaración oficial en la que "se congratula por la apertura, este 11 de diciembre, en Buenos Aires, del juicio de la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA)".

El motivo por el que el gobierno de Francia hace esta declaración es que entre los imputados se encuentra "el ex capitán Alfredo Astiz, responsable, entre otras cosas, del rapto, la tortura y la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet". En el comunicado se explica que "la Corte de Apelaciones de París ya ha condenado a Alfredo Astiz a cadena perpetua, por contumacia, en 1990". El embajador francés en la Argentina, Jean Pierre Asvazadourian, asistió a la apertura del juicio y realizó una visita a la ex ESMA, hoy espacio dedicado a la memoria.

Alak, por su lado, se manifestó entusiasmado por el inicio del proceso de la denominada Causa ESMA en el Tribunal Oral Federal número 5, en Comodoro Py, y consideró que, “tras la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los responsables de la mayor tragedia de la historia argentina finalmente tendrán la sanción judicial que ellos les privaron a miles de víctimas”. En ese sentido, el documento emitido desde Paris dice que "aprovecha esta ocasión para saludar de nuevo la voluntad política que anima a las autoridades argentinas para seguir adelante con todos los juicios de la dictadura". Y agrega que han "apoyado permanentemente al gobierno argentino desde que decidió, en el año 2003, invalidar las leyes de impunidad, asumiendo así con coraje su deber de la memoria".

Por otro lado, el ministro de Justicia argentino recordó que el mes pasado se iniciaron las actuaciones contra los militares enjuiciados en la megacausa Campo de Mayo y manifestó que “ambos procesos resultan trascendentes, porque reúnen los más atroces casos de represión ilegal y son un verdadero emblema del genocidio que sufrió Argentina en esos años”. Alak explicó que “el desastre histórico de Argentina entre 1976 y 1983 no debe medirse sólo por las ecuaciones críticas de estancamiento, concentración de la riqueza, aumento de la pobreza y exclusión”. Destacó, en ese orden que, “para alcanzar esa meta de destrucción económica, tuvieron que matar y hacer desaparecer a casi toda una generación de argentinos”.

“Los responsables de esos crímenes ya fueron condenados por el pueblo y hoy el Estado argentino continúa avanzando para saldar una vieja deuda”, dijo Alak. En los tribunales federales de Comodoro Py comenzó, a las 11 de la mañana, el proceso oral por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y otros crímenes de lesa humanidad. Los imputados son Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Juan Antonio Azic, el médico Carlos Octavio Capdevilla, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Néstor Savio, Raúl Scheller, Ernesto Weber, Carlos Orlando, Miguel Ángel García Velasco y Ricardo Cavallo.

Además, en el juicio testificarán 280 personas y salen a la luz casos que ya estaban instruidos en 1987, cuando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida detuvieron los procesos a los represores. Finalmente, recordó en un comunicado el Ministerio de Justicia, ambas leyes fueron derogadas por el auspicio del ex presidente Néstor Kirchner y el apoyo de la actual primer mandataria Cristina Fernández. Gracias a ello, causas emblemáticas de la represión como las del asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh, el secuestro de las monjas francesas y de las "madres fundadoras" Azucena Villaflor, Esther Balestrino y María Ponce, ocurridos en la Iglesia de la Santa Cruz, irán camino hacia el esclarecimiento, con sus responsables castigados.

La Secretaría de Derechos Humanos es parte querellante en el juicio. Junto a ella son querellantes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el colectivo Justicia Ya, el Comité de Acción Jurídica (CAJ), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. (Agencia Paco Urondo)