Los jueces sólo hablan a través de… las operaciones de prensa, por Demetrio Iramain

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) La Corte y el diario La Nación contra el Gobierno y el gremio de Empleados Judiciales

Una nota del periodista Adrián Ventura, del diario La Nación, victimiza a la Corte Suprema por el supuesto ataque a la independencia judicial que supondría la sanción de una ley que crea la figura de la discusión paritaria en el ámbito de los Tribunales. Según el matutino, siempre ligado al pensamiento más rancio y conservador, Julio Piumato está detrás de una campaña de pinzas contra el máximo tribunal. ¿Maniobra extorsiva del Poder Judicial, tiro por elevación al Gobierno, búsqueda desesperada de condicionamientos a los demás poderes del Estado, o todo eso junto?

El centenario diario La Nación, que apoyó consecutivamente a todas y cada una de las dictaduras que asolaron la historia argentina, se presta una vez más a las necesidades de los magistrados nacionales y embiste en una nota publicada en el día de hoy, miércoles 18 de noviembre, contra el gremio de trabajadores judiciales. ¿La excusa? La supuesta violación de la independencia judicial que significaría la posible sanción parlamentaria de una ley que permitirá a los empleados tribunalicios contar con convenciones colectivas de trabajo, que los habiliten a discutir con sus empleadores, los jueces, todo lo que hace a su función, desde las condiciones en las que cumplen su tarea hasta los índices salariales.

La nota en cuestión la firma el periodista Adrián Ventura, el encargado de temas judiciales en el diario de la familia Mitre. Entre otros disparates, el cronista asevera que “Julio Piumato, líder del gremio judicial y aliado del jefe de la CGT, Hugo Moyano, comenzó a ejercerse sobre el alto tribunal una estrategia de pinzas”. Se refiere a una serie de proyectos de ley que el sindicato de empleados promueve desde hace largo tiempo, y que en su oportunidad fueron presentados por el diputado Héctor Recalde. Mediante tres proyectos legislativos, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación intenta que se extiendan a todos los trabajadores los beneficios previsionales que ahora gozan en exclusividad los Señorías; se les dé participación en la Obra Social, a la cual aportan por igual desde los cortesanos hasta los ordenanzas; y se cree un ámbito formal de discusión paritaria, hasta hoy inexistente, y que sólo es convocado, con facultades decisorias muy restringidas, si los jueces tienen ganas.

Desde el gremio sostienen que la presentación en las Cámaras legislativas se debe a que durante años la Corte desoyó los reclamos, lo que provocó que deban apelar a otros poderes del Estado para lograr sus justas reivindicaciones. Los proyectos de ley son de vieja data, pero recién ahora parece haberse encendido una luz roja entre los suntuosos cortinados del 4º piso del Palacio de Tribunales. Es que hace quince días una de las tres propuestas parlamentarias logró media sanción en la Cámara de Diputados. También está muy avanzado el proyecto que establece un mismo sistema de jubilación para los tres escalafones que componen la planta de personal judicial: el de los jueces y funcionarios, el de los empleados administrativos, y el de Obrero y Maestranza. Este proyecto de ley, de jubilación igualitaria, ya cuenta con despacho favorable en tres de las cuatro Comisiones por las que debe transitar en la Cámara Baja y hay expectativas entre los judiciales de que sea discutido por el pleno del Legislativo más pronto que nunca.

El de integrar la Obra Social, en cambio, es el de trámite más complicado. El poder de lobby que tiene la Corte impide el progreso en las Comisiones respectivas. Es que el máximo Tribunal maneja en la actualidad un presupuesto varias veces millonario, con absoluta discrecionalidad y casi sin ningún control externo, porque, dicen en la Corte y la Asociación de Magistrados, auditarlos afectaría la “independencia judicial”. Esa verdadera caja negra que es la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, es la última trinchera de los Señorías, que no tolerarían ceder ante la “chusma” del gremio de empleados, cuyos dirigentes expresan que su único propósito es controlar y discutir en igualdad de condiciones con los jueces cuánto y cómo se gasta el dinero de los judiciales, también el de sus representados, los trabajadores. Ventura asegura que su presupuesto asciende a 300 millones de pesos, y califica temerariamente de “eficiente” su manejo. Omite mencionar la sumatoria de causas penales abiertas por presuntos hechos de estafa, sólo conocidos por los empleados de la Corte, y que nunca tuvieron la debida publicidad y cobertura mediática, como sí la tienen los procesos contra administradores de obras sociales sindicales. ¿Casualidad?

Lo cierto es que la nota aparecida en La Nación, diario de cabecera de los magistrados nacionales, se parece más a una operación de prensa, que a un simple comentario periodístico. ¿Estaremos ante una maniobra extorsiva, que busque neutralizar el avance de los proyectos de ley? ¿Un tiro por elevación al Gobierno, para que acuse recibo de una velada amenaza? ¿O todo es un intento desesperado de poner condicionamientos a los demás poderes del Estado, por parte del más conservador y antidemocrático de todos: el Poder Judicial de la Nación? En cualquier caso, el resultado inmediato parecería ser uno solo: que el Gobierno se vea tentado a frenar el avance de los proyectos de ley, manteniendo la violación de los derechos laborales que sufren los empleados judiciales.

Jueces en operaciones

Antes, los jueces sostenían que ellos sólo opinaban a través de sus sentencias. Eran los tiempos en que los trabajadores violentados en sus derechos esenciales, recurrían desesperados a la Justicia, que los atendía por la puerta de servicio y desestimaba todas y cada una de sus demandas. Ahora es diferente. Las estrategias se han modernizado. Los jueces se expresan mediante operaciones de prensa, y el tiempo en el que esto ocurre es exactamente a la inversa de aquellos dorados años de esplendor neoliberal: quienes recurren a la Justicia son los grupos más concentrados del poder económico, en salvaguarda de sus privilegios de clase, severamente amenazados por el “populismo en avance”. Sintomático.

Durante la década de los años 90, que empezó mucho antes del fin del gobierno de Alfonsín y culminó recién en 2003, los jueces sostuvieron que lo suyo no era meterse en política, sino hablar a través de sus sentencias. Se creían jueces con coronita, encerrados en castillos de cristal, que observaban a distancia prudencial el curso de los acontecimientos y luego decidían, en soledad y calma absolutas, sus fallos y dictámenes que tendrían incidencia directa e inmediata sobre millones de personas. Algo parecido a lo que decían los funcionarios políticos del menemato: por más masivas que sean las movilizaciones de protesta, la única verdad es las elecciones. “No critique, vote”, decían para impugnar las luchas obreras y las marchas callejeras. Paradojas de la democracia argentina. Cuando los sectores trabajadores, históricamente despojados de derechos y beneficios, acudían a la Justicia en defensa de sus más esenciales garantías sociales, vulneradas hasta el extremo del desempleo absoluto y la marginación endémica, los jueces argentinos les daban la espalda. Miraban para otro lado. Se expresaban sólo “a través de sus sentencias”.

En cambio, ahora, que la sociedad argentina atraviesa un periodo de crecimiento sostenido de su actividad económica, con índices de empleo e inclusión social en aumento, son los sectores más vigorosos de la estructura material quienes apelan a la Justicia en defensa de sus privilegios de clase, puestos en tensión por las políticas encaradas desde el Gobierno nacional. ¿Y qué les responden los jueces? ¿Con silencio, acaso? ¿Sólo “a través de sus sentencias”? ¿Se encierran en la pulcritud sepulcral de sus cargos vitalicios, tal vez? Pues no. De un tiempo a hoy, los jueces argentinos dan discursos políticos. Son panelistas en publicitados encuentros opositores. Comparten cartel con políticos de conocida rivalidad con el Ejecutivo. Pretenden estructurar la agenda política. Se prestan a burdas operaciones de prensa. Se entrenan en el abordaje mediático de los asuntos en los que deben incumbir. Justo ahora que no es ya el pueblo explotado quien recurre a ellos, sino el segmento más poderoso de la renta nacional, los jueces varían su juego institucional. Cambian sus modos. Se aggiornan a las necesidades de los dueños del mercado. Como siempre. (Agencia Paco Urondo)