Otra empresa intervenida por el Gobierno: Autopistas del Sol

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en La Nación, por Oliver Galak) La firma incumplió el pago de intereses por US$ 10 millones; nombraron un veedor por 120 días.

Tal como estaba previsto, la empresa Autopistas del Sol (Ausol), concesionaria de la avenida General Paz y del Acceso Norte, entró ayer en default. Y tal como también estaba previsto, el Gobierno reaccionó con la designación de un interventor por 120 días, que deberá realizar una auditoría societaria integral en la firma, que acumula una deuda total de $ 1162,7 millones. "La intervención cumplirá las funciones de coadministración societaria y tendrá a su cargo la fiscalización y control de todos los actos de administración habitual y de disposición que pueden afectar la normal prestación del servicio público de tránsito", anunció la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en un comunicado. La decisión fue informada oficialmente apenas 10 minutos después de las 15, cuando venció formalmente el plazo que tenía la empresa para pagar unos US$ 10 millones en concepto de intereses de un tramo de su deuda.

El Gobierno designó como director interventor a Héctor Juan Molina, que desde hace tres meses se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Técnica de la Universidad de Buenos Aires. "Al haber caído en esa situación financiera, se compromete el funcionamiento de la empresa y el Estado tiene que garantizar la prestación del servicio público y la preservación de las fuentes de trabajo", explicaron voceros del Ministerio de Planificación Federal. Las fuentes aclararon que esta decisión "no implica en este punto una rescisión del contrato o una quita de la concesión", aunque tampoco la descartaron en el futuro.

Diversas fuentes empresarias mostraron su preocupación por lo que consideran un "nuevo e injustificado" avance sobre el sector privado. "Todos estamos mirando con preocupación lo que pasa en Ausol", expresó un directivo de otra empresa concesionaria de rutas. Aunque las condiciones son distintas, la intervención gubernamental replica la actitud tomada frente al anterior default de una empresa de servicios públicos: Transportadora de Gas del Norte (TGN) pasó por esa misma situación a fines del año pasado y también fue intervenida.

Ausol había anunciado hace dos semanas que iniciaba un proceso de reestructuración de su deuda. Desde 2005 ha acumulado balances en rojo y en su último informe a la Bolsa de Comercio reveló un patrimonio neto negativo de casi $ 11 millones. Al justificar ese procedimiento, la empresa mencionó la estrechez de la generación de caja y las demoras en la recomposición tarifaria integral (pendiente desde 2002), aunque a comienzos de año había recibido una autorización para aumentar los peajes en entre el 54 y el 105%.

Personas del Gobierno no comparten esa argumentación. "Entendemos que la situación operativa y económica de la empresa está bien. No se puede cargar a todos los usuarios de las autopistas con el problema financiero de la empresa; no es que mejorando la tarifa se van a resolver mágicamente todos los problemas", explicaron.
Resignación

En Ausol tomaron la noticia de la intervención con una mezcla de calma y resignación. "La compañía respeta la decisión de las autoridades y espera que sea útil para el inicio de una solución de sus problemas financieros", dijeron fuentes ligadas al consorcio integrado por el grupo español Abertis (31,59% del paquete), la italiana Impregilo International Infraestructures (19,82%), Sideco Americana (del grupo Macri, 7%) y las españolas Dycasa (5,83%) y ACS (5,72%). El 30,04% de las acciones cotizan en la Bolsa.

No es la primera vez que Molina es nombrado interventor. Fernando de la Rúa, en su mandato como jefe de gobierno porteño, había recurrido a sus servicios al frente del Teatro San Martín. En el sector privado, Molina pasó por diversas empresas, entre ellas la fábrica textil Brukman (antes de su cierre y posterior recuperación como cooperativa de trabajadores) y el Exxel Group, uno de los fondos más activos en los 90, bajo el mando del inversor uruguayo Juan Navarro.

En Ausol ven la llegada del interventor más bien como un veedor o un auditor, que podrá comprobar la realidad de los problemas que la condujeron a la cesación de pagos. Sus autoridades ya comenzaron a conversar con los acreedores y, aunque es un proceso largo, mantienen alguna esperanza en resolver el tramo que vencía ayer antes de los próximos 30 días, que es cuando técnicamente se declarará el default. Son cerca de 10 millones de dólares correspondientes a obligaciones negociables por 155 millones con vencimiento en 2017. (Agencia Paco Urondo)