La asignación Universal por hijo, por Exequiel Cunibertti

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) La pobreza y sus consecuencias vienen dejando una profunda huella en la sociedad argentina desde mediados de los ’70 hasta la fecha. Para combatirla, se están impulsando diversos proyectos desde los partidos políticos, como el Acuerdo Cívico y Social (ACYS), Proyecto Sur y desde el Frente para la Victoria. Todos coinciden en que es necesaria la intervención del Estado para subsanar este grave problema social. El fondo de la cuestión es erradicar la pobreza de la Argentina de una vez y para siempre. Como señaló la Presidenta de la Nación en su discurso de asunción: “Durante la gestión de Néstor Kirchner se han logrado buenos resultados en varias batallas, como la reducción del desempleo y la pobreza; la victoria definitiva no se obtendrá mientras exista un pobre en la patria”, frase en sintonía con lo expresado por María Eva Duarte: “Los únicos privilegiados de la Nueva Argentina son los niños”.

Así llega el debate de la asignación a la niñez, como instrumento para combatir la pobreza. La divergencia en cómo llevarlo adelante pone en peligro su aplicabilidad y de esta manera poder borrar del inconsciente colectivo la palabra pobreza en la República Argentina. Desde la oposición, los proyectos avanzan hacia un ingreso universal a la niñez, es decir, no sólo a los pobres sino a todos los niños del país.

Por ejemplo, el proyecto que propone el ACYS impone una contribución mensual para cada niño residente del país, segmentada en tres grandes grupos etarios: menores de 5 años, $130; de 6 a 15, $214, y de 16-17 años, $244, además de un salario prenatal a mujeres embarazadas de $130, y una bonificación por nacimiento de 650 pesos. Según los cálculos realizados en sobre la base de proyecciones, el importe anual a desembolsar por el Estado para la asignación universal por hijo es de $31.964.486.400, es decir, el 3,38% del PBI 2008 a costo de factores, o también el 30% de la participación del sector primario en la economía nacional. El financiamiento de este proyecto tiene ciertas particularidades, que apuntan directamente sobre la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancia. La reforma del Impuesto a las Ganancias estaría conformada por tres puntos importantes: por un lado, gravar la renta financiera que hoy se encuentra exenta de pagar impuestos. En otras palabras, proponen la anulación de la exención impositiva a los intereses por especulación financiera, como los intereses originados en depósitos en cajas de ahorro, plazos fijos, las ganancias que derivan de títulos y acciones.

En segundo lugar, la eliminación de la exención que protege los derechos de autor de tributar hasta la suma de 10.000. Por último, la aplicación del Impuesto a las Ganancias de magistrados y funcionarios judiciales. Esta reforma del Impuesto a las Ganancias, que aumentaría la presión fiscal, sería compensada por una exención: el incremento de la deducción del impuesto de ganancias de personas físicas de 9.000 a 20.400 pesos anuales. Además, el proyecto del ACYS propone, junto con la modificación del Impuesto a las Ganancias, redireccionar al programa de asignación universal por hijo el 2% de lo recaudado por este impuesto destinado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, reduciendo lo asignado al Sistema de Seguridad Social para atender las obligaciones previsionales de la Nación.

Otro vehículo de financiamiento parte de los empleadores; será el 7,5% del total de las remuneraciones de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia en la actividad privada, es decir, un incremento en los aportes patronales. El punto de análisis refiere al financiamiento para implementar planes que colaboren con la eliminación de la pobreza. Una proyección de los tributos mencionados, de acuerdo con el Presupuesto 2010 aprobado en la Cámara baja, el Estado obtendría $3.730 millones del pago de ganancias de los intereses sobre títulos públicos; $991 millones por intereses de depósitos y obligaciones negociables, y finalmente $224 millones por la aplicación del Impuesto a las Ganancias a las retribuciones de los jueces; con esto el Estado logra cubrir menos de $5.000 millones.

Es decir, a través de gravar la renta financiera y cobrándoles impuestos a los jueces y magistrados, como propone el proyecto del ACYS, se lograría recaudar $4.945 millones de los $32.000 millones que se necesitan, por lo que se estima en este análisis y sin considerar las otras propuestas de financiamiento del proyecto, que la cifra plausible de recaudar se encuentra muy lejana al monto necesario para cubrir la asignación universal por hijo propuesto por el partido de Elisa Carrió.
En cambio, desde el oficialismo, la propuesta es focalizada, pero que termina siendo universal. Es decir, realizando una política gubernamental que se implemente directamente sobre el foco de la problemática, esto es, sobre aquellos sectores que actualmente no reciben una asignación por hijo. Por lo tanto, si se le otorga únicamente la asignación a las personas que hoy no la perciben, automáticamente se transformaría en universal. Esto significa lo siguiente: de los 14.901.000 menores de 18 años, 8,3 millones se encuentran bajo la seguridad social de sus padres asalariados, y 3 millones, incluidos en diferentes planes sociales. Por lo tanto, excluidos absolutos de la protección estatal se encuentran penosamente 2.791.000 jóvenes y niños, un 10,23% de la población (sobre un total de 42 millones de habitantes).

A los padres de estos jóvenes que no son alcanzados en la actualidad por la asignación se les otorgará una suma fija de $180 mensuales por hijo (máximo 5), desde los 0 a los 18 años, donde $144 se percibirán directamente y $36 se depositarán en una cuenta a nombre del titular. Este dinero depositado sólo podrá ser retirado una vez al año, cuando demuestre que el niño concurrió a la escuela durante el ciclo escolar y cumplió con el plan de vacunación. Por hijo con discapacidad el monto de la prestación es de $720 por mes. El monto destinado para su financiamiento es aproximadamente $10. 000 millones anuales. Por lo tanto, el proyecto oficial, que además se financiará en gran parte con plata de la ANSES, es viable desde el punto de vista del financiamiento, a diferencia del proyecto del ACYS.

Pero por otro lado, el proyecto del Gobierno es racional desde el punto de vista económico y social. En efecto: desde el punto de vista económico, los $10. 000 millones inyectados por el programa de asignación por hijo se volcarán en su totalidad al consumo. Pues los sectores más vulnerables tienen mayor propensión al consumo al tener necesidades insatisfechas, por lo cual destinarán gran parte de los recursos al mercado interno. Este fenómeno implicará un aumento de la demanda reactivando de esta forma la producción y la generación de puestos de trabajo.
En cambio, si como propone Elisa Carrió, la asignación también se le otorgara a los sectores medios y altos, gran parte del esfuerzo fiscal se traduciría en ahorro, compra de dólares y fuga al extranjero.

Desde el punto de vista social, mientras que el proyecto del Gobierno permitiría una fuerte distribución progresiva del ingreso a favor de los sectores más humildes, la propuesta del ACYS reproduciría la desigualdad existente en la sociedad argentina.
En definitiva, el proyecto de Elisa Carrió no sólo es impracticable desde el punto de vista del financiamiento sino que además ese esfuerzo fiscal no contribuiría a motorizar la economía nacional ni a distribuir equitativamente los ingresos. En contrapartida, el proyecto oficial es financiable, pero asimismo contribuiría al incremento del consumo y la distribución de la riqueza. Por último es importante destacar que con esta medida se logra mitigar la pobreza; sin embargo, el ingreso a la niñez es sólo un paliativo, una medida coyuntural para combatir una situación de pobreza en un marco de crisis internacional.

La generación de puestos de trabajo tanto en el sector público como en el sector privado debe continuar siendo el eje central de este Gobierno, retomar el crecimiento económico, con desarrollo social, a través de la inclusión y la generación de empleo. El verdadero flagelo social es el desempleo. La Argentina debe continuar incorporando trabajadores al sistema económico, de manera de disminuir el 9,2% de desempleo actual, y llevarlo a una situación laboral de pleno empleo. Por otro lado, al mismo tiempo que se debe buscar reducir la desocupación se debe disminuir el trabajo en negro. Todas estas pequeñas batallas deberán ser libradas, consensuadas, y ganadas en beneficio de todos, para poder reafirmar una verdadera victoria nacional sobre la pobreza, y de esta manera reafirmar que los únicos privilegiados de esta Nueva Argentina son los niños, hijos de trabajadores del país.

El autor es integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)
(Agencia Paco Urondo)