A Doña Ramona, ¿le darán la razón en 2039? Por Alexis Oliva

Córdoba (Agencia Paco Urondo, por Alexis Oliva para PrensaRed) El Poder Judicial que por fin juzga y condena a los genocidas es el mismo que tolera el despojo a los campesinos y criminaliza su resistencia, como pasó con el caso de Ramona Bustamente. Mañana se inicia en Cruz del Eje otro juicio, esta vez contra la familia Godoy acusada de “usurpar” tierras que poseen desde siempre.

El 24 de julio de 2008, la justicia federal de Córdoba puso fin a la impunidad, y mandó a la cárcel común a ocho represores encabezados por el ya octogenario Luciano Menéndez. Treinta días antes de esa sentencia, una Cámara Penal de Cruz del Eje también había condenado a ocho personas. Eran campesinos de varias familias de El Chacho, un pueblo situado en el límite entre Córdoba y La Rioja, en la frontera entre la pobreza y la indigencia. Se les aplicó una pena de cinco meses de prisión en suspenso y se les quitó el campo cuya posesión compartieron durante generaciones.

Hoy, el contraste vuelve a repetirse. Mientras avanza otro ejemplar proceso judicial contra Menéndez y cinco integrantes del ala policial del terrorismo de Estado, un tribunal de Deán Funes acaba de absolver a los desalojadores de doña Ramona Bustamante, un emblema de la resistencia campesina que si hoy tiene algo de prensa es por la férrea y coherente militancia del Movimiento Campesino de Córdoba en defensa de los derechos del campesino desplazado. Ahora podría repetirse aquella escena de diciembre de 2003, con el inhumano desalojo policial y el derrumbe del rancho de Ramona en el campo Las Maravillas.

Además, mañana martes se iniciará en Cruz del Eje otro juicio, esta vez contra la familia Godoy, del paraje Represa Morales, acusada de “usurpar” la tierra que poseen desde siempre y defienden desde hace cuarenta años. Otra vez se sentará en el banquillo al “otro campo”, ese que raras veces aparece en televisión. Ese campo del interior profundo, de un norte cordobés en donde el avance de la frontera agropecuaria causado por la fiebre sojera profundiza desigualdades y conflictos históricos por la tenencia de la tierra, donde la resistencia de los pobladores termina invariablemente llevándolos ante la justicia penal.

Luego del desenlace del caso de Ramona, la expectativa no es alentadora. Y menos en un palacio judicial que todavía no digiere aquella histórica absolución de diciembre de 2007 a once campesinos acusados de desalambrar un campo en Cañada Larga frente a la intención despojadora de un comerciante. Desde entonces, parece estar grabado a cincel sobre su lustroso mármol el axioma de que no saldrá de allí otro fallo a favor del campesinado pobre.

Contra ello, como dijo alguna vez el cura Carlos Julio Sánchez -imputado en aquella causa de Cañada Larga- hay sólo un antídoto: la organización. Sí, la misma herramienta que permitió concretar los juicios a los genocidas.

Porque Doña Ramona -que tiene la misma edad que Menéndez- no puede esperar treinta años a que le den la razón.
* Publicado en "Será Justicia", diario del juicio Menéndez II en Córdoba.
(Agencia Paco Urondo)