Capital Federal (Agencia Paco Urondo, por Mauricio Pérez) En un histórico fallo, la Justicia uruguaya reconoció que los "Escuadrones de la Muerte" actuaban bajo amparo de los gobiernos constitucionales de la epoca. Los integrantes de la organización parapolicial realizaron cursos de inteligencia en Argentina. Nelson Bardesio no negó su participación en los hechos.
Ex policías. Bardesio y Freitas, los dos primeros procesados por el "Escuadrón". Los gobiernos constitucionales de la década del 70 amparaban el accionar de los "Escuadrones de la Muerte", según lo determina el fallo de la jueza penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, por el cual se dispuso el procesamiento con prisión de los ex agentes de policía Nelson Bardesio y Pedro Freitas por el homicidio de Héctor Castagnetto en agosto de 1971.
La abundante prueba documental y testimonial recabada durante el proceso por la desaparición de Castagnetto, determinó la existencia en Uruguay "de grupos parapoliciales y paramilitares (DAN, JUP, CCT) que actuaban clandestinamente y que en forma sistemática efectuaban atentados, secuestros, torturas y homicidios amparados por el gobierno de la época".
"Esos grupos tenían por objeto la represión del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaro (MNL-T) y actuaban sin riesgo alguno para sus integrantes, teniendo a su disposición todos los medios del Estado, entre ellos armas", expresa el fallo de la jueza Eustachio, al cual pudo acceder LA REPUBLICA.
En este sentido, "el grupo regenteado por Bardesio viajó a Buenos Aires con documentación falsa proporcionada por el propio ex fotógrafo policial, a efectos de realizar un curso de inteligencia en el SIDE, al mismo tiempo que actuaba con conocimiento de las autoridades de jefatura y bajo su amparo", señala la sentencia. El amparo estatal lo comprueba, incluso "el hecho de que percibían su sueldo sin cumplir función alguna en dependencias del Ministerio del Interior".
En este sentido, el grupo regenteado por Bardesio estaba conformado por los policías Alberto Sosa, Estanislao Lamenza, Oscar Rodao, Herman Silvera y Nelson Benitez y mantenía enlace con el sub comisario Hugo Campos Hermida y el propio Freitas, según señala la jueza.
La sentencia explica que el testimonio de Freitas ante la sede confirma la existencia de detenciones clandestinas efectuadas por personal policial en coordinación con personal de la Marina, así como la utilización de inmuebles adonde eran llevadas las personas detenidas ilegalmente: un rancho en El Pinar y una finca situada en la calle Araucana. (Agencia Paco Urondo)
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