Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Crítica Digital) La medida para universalizar el ingreso por hijo tiene un impacto extraordinariamente potente para combatir la pobreza y avanzar hacia la justicia social. Es una medida que actualiza y moderniza la intervención estatal para afrontar los fenómenos que nos legó en cantidad el neoliberalismo: trabajadores pobres, en negro, precarizados y excluidos.
Esta reforma marcará un antes y un después en la vida económica y social de nuestro país. Establece un piso a partir del cual no habrá retorno: serán sus beneficiarios quienes defenderán este logro y la sociedad argentina no podrá volver a hacerse la desentendida, como en los tiempos en que algunos sectores gastaban sus argendólares en Miami mientras las tasas de desempleo superaban el 20% y la pobreza llegaba a afectar a más de la mitad de la población. Gracias a este nuevo esquema se reducirán considerablemente los niveles de indigencia y de pobreza, y se promoverán mejoras en la cobertura sanitaria y educativa de los sectores más vulnerables: 5 millones de niños, nada más y nada menos.
La mediocridad, la mezquindad y, también, la complicidad de una parte de la clase política y de sectores de la intelectualidad y la consultoría servil pretenden ningunear o impugnar este avance. Se dice, por ejemplo, que se está financiando este nuevo régimen con el dinero de los jubilados. Parece que se olvidaron de que hace un año se estatizaron los recursos previsionales. La ANSES no es una gran AFJP: es el brazo ejecutor del sistema de seguridad social argentino. Sus recursos provienen de los aportes de los trabajadores activos, las empresas y los impuestos que pagan todos los argentinos. Y es un sistema solidario de reparto.
Se escucha también que es una bandera arrebatada a la oposición. El mismo resentimiento tan caro al imaginario gorila que se angustia porque en los hogares humildes hay fotos de Perón y Evita, y no de Alfredo Palacios; un divorcio entre el mundo de las ideas y de la acción política: por un lado, una ingenuidad pseudo izquierdista de quienes sólo leyeron a Marx a través de las solapas de sus libros y, por otro, de gente de derecha que cree que armar sociedades offshore y lavar dinero es ser gente de trabajo.
Esta reforma estructural tiene enormes desafíos por delante. Su implementación será compleja, pondrá a prueba los importantes avances que se dieron en los últimos años y desnudará las dificultades que nos legó el supuesto retiro del Estado que promovió el neoliberalismo. Digo supuesto porque se retiró para atender a los pobres y al desarrollo, pero siguió existiendo para garantizar algunos privilegios.
Habrá que estar alerta a la reacción. Administrar un régimen con 5 millones de beneficiarios mostrará errores de gestión, es lógico y hasta inevitable, pero quienes se oponen (por ideología o por pura mediocridad) harán énfasis en el caso equivocado para impugnar a los 4.999.999 de beneficios correctamente otorgados. Ya lo vivimos: la renta sojera moviliza a esos sectores mucho más que la dignidad humana.
* Presidente de AEDA y director del Banco Nación. (Agencia Paco Urondo)
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