Solidaridad desde Argentina para el Juez Baltasar Garzón

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, enviado por la Comisión Provincial - de Buenos Aires - de la Memoria) La humanidad ha sufrido masacres, exterminios masivos, genocidios, y quienes implementaron esas ejecuciones colectivas, por lo general han eludido el juicio y castigo que sus crímenes merecen. En América Latina las dictaduras han horadado las entrañas de nuestros pueblos, torturando, machacando la carne humana, desapareciendo los cuerpos de las víctimas, extendiendo de este modo el suplicio a las familias, amigos, compañeros e instalando una parálisis colectiva por el terror con el fin de impedir el avance y progreso de la sociedad.

En Argentina sufrimos a fines de los años ´80 y principios de los ´90 una etapa de clausura al camino de Verdad y Justicia que se intentaba seguir recorriendo. Para ello se sancionaron leyes de amnistía y se otorgaron indultos presidenciales exculpatorios, como si fueran “medalla al mérito” de los grandes criminales. Cuando esto sucedió, las víctimas, los familiares de los desaparecidos, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos –con desolación ante la justicia denegada- buscaron en el mundo caminos que condujeran a conocer la Verdad y a juzgar a los autores de esos crímenes atroces que agravian a la Humanidad.

Baltasar Garzón fue el Juez que abrió la puerta a la justicia denegada, que supo contener y escuchar a tantas víctimas ultrajadas, que tuvo la valentía de soportar las enormes presiones de los poderosos del mundo, que examinó los textos legales para desentrañar la “ultima ratio” y actuar como en derecho corresponde. El juez Baltasar Garzón no construyó el principio de la Jurisdicción Universal, lo aplicó. Tuvo la inteligencia para ver y la valentía para poner en ejercicio ese principio vigente en la normativa positiva aplicable, y que además resulta del Derecho de Gentes.

Su actuación fue fundacional para la afirmación de los postulados de la Justicia Penal Internacional. Principios que Garzón no sólo proclamó desde la exégesis legal, sino que efectivizó con coraje y convicción desplegando las acciones pertinentes para hacer efectiva la persecución penal contra los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestros países. Los casos de Argentina y Chile son cabal ejemplo del ejercicio leal de su judicatura. La detención del dictador Augusto Pinochet en Londres, con aval del Pleno de la Audiencia Nacional, tuvo una importancia decisiva para abrir los caminos de la justicia en el cono sur de América Latina. Nada fue igual después de ese trascendente acontecimiento del año 1998; se pudo ver que los majestuosos dictadores pueden ser alcanzados por la ley y que la impunidad no está asegurada ni a los senadores vitalicios.

Hoy sabemos que las fronteras de la impunidad ya no pueden detener la acción de la Justicia Universal. Desde la Audiencia Nacional de España el juez Baltasar Garzón ha realizado una contribución a la consolidación de estos postulados, valorada en el mundo entero. Sobrepuestos a la enorme indignación que nos genera los ataques y persecuciones actuales a Garzón, cabe señalar que resulta paradójico e incompresible que el juez que se ha convertido en referencia ética y jurídica internacional al investigar los crímenes de dictaduras extranjeras, en su propio país se pretenda apartarlo de la justicia por impulsar el esclarecimiento de los crímenes del franquismo.

En España esto es posible porque se da una incidencia fuerte de la judicatura cómplice de la impunidad y de las organizaciones franquistas que lo acusan de prevaricación. Invocan la vigencia de la Ley de Amnistía, ignorando de este modo los principios superiores del derecho internacional, los tratados vigentes, el derecho de gentes, y el Derecho a la Verdad que tienen todos las
víctimas, familiares y pueblos, como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las consecuencias de la dictadura franquista son parte de un debate todavía abierto y vigente en España. De un pasado que se empeña en volver sobre la agenda de la sociedad española porque está lejos de ser saldado. Una norma jurídica no puede clausurar un pasado que no pasa. No es posible construir a futuro, negando los hechos del pasado.

Quienes impulsan la destitución del juez Garzón, pretenden, una vez más, ocluirlo con el velo del silencio, el olvido y la impunidad Jurídica. Confiamos en el pueblo español e instamos a los organismos de derechos humanos, instituciones sociales, iglesias, sindicatos e intelectuales a manifestarse y actuar en defensa del Juez Baltasar Garzón en una instancia tan decisiva como la que se juega en estos días ante el Tribunal Supremo de España. La hipótesis de un eventual desplazamiento ofende a la conciencia democrática. Nos sentimos profundamente solidarios con el juez Baltasar Garzón, y así lo dejamos manifestado. Pero, por otro lado, sabemos que lo que está en disputa es mucho más que el destino de un hombre; la gran disputa es por el imperio de la Verdad y la Justicia materializado hoy en la persona de este gran hombre que reivindicamos con vehemencia.

Comisión Provincial por la Memoria (Agencia Paco Urondo)