Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Revista Fortuna, por Andrea Catalano,
gentileza Héctor Balzano) En el Ministerio de Planificación quieren aplicar el mismo sistema que se usó para nacionalizar Aguas Argentinas. El peso de FOETRA y los costos de esta medida. Las otras opciones que se manejan y la cuestión Werthein.
El conflicto entre el Gobierno y Telecom Italia por el futuro de Telecom Argentina alcanzó, como en los mejores culebrones latinoamericanos, el clímax cuando, el lunes 18, el ministro de Planificación, Julio de Vido, advirtió que, de resistirse a cumplir con la orden de desinvertir emanada de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD), se podría ir al Congreso “para restituir al Estado la operación”.
Las declaraciones del ministro no hicieron más que confirmar una sospecha que desde hace casi tres años se instaló en el mercado argentino de telecomunicaciones: que con el ingreso de Telefónica en Telecom Italia, producto de un acuerdo en Europa, el Gobierno iría tejiendo la estrategia para avanzar sobre el sector de las telecomunicaciones en la Argentina, tal como lo había hecho con el Correo y con el agua. Y si bien hasta ahora la orden de desinvertir dada a Telecom Italia es clara, también lo es la intención de doblegar la postura de los accionistas italianos prácticamente a cualquier precio.
Si el Gobierno le quita la concesión, la licencia vuelve al Estado. Las sucesivas resoluciones de la CNCD más las de la Secretaría de Comercio Interior y del Ministerio de Economía, sin olvidar las de la Secretaría de Comunicaciones –que según los analistas del mercado podría actuar aún con mayor dureza contra la compañía porque tiene herramientas para hacerlo–, sería la manera de cercar el accionar de los italianos en Telecom Argentina que continuarán resistiendo a través de la Justicia.
Como al Gobierno ciertas decisiones judiciales no le agradan, el camino para resolver el tema será entonces el más extremo, el de la estatización. De Vido lo dijo: “Apelaremos la medida cautelar y si fracasamos en el terreno judicial profundizaremos nuestra acción remitiendo toda la normativa al Congreso con el objetivo de restituir al Estado nacional la operación y la licencia de Telecom”.
El Gobierno ya tiene un plan preparado sobre cómo va a ser la estatización de Telecom Argentina en caso de llegar a esa instancia. La administración quiere aplicar un esquema similar al que se usó cuando se nacionalizó Aguas Argentinas, en el año 2006, donde el sindicato fue una pieza clave. La intención es que FOETRA tome el control operativo de la compañía y se integre como miembro del directorio. Así se definiría un nuevo esquema operativo, integrado por el área de Política y Supervisión, Auditoría y Fiscalización y Control. El Ministerio de Planificación sería la autoridad encargada de dictar las normas complementarias, de la aprobación del plan de negocios y la supervisión del desempeño de la empresa.
La Secretaría de Comunicaciones pasaría a ser la autoridad nexo entre el Gobierno y la nueva empresa, una sociedad anónima donde el Estado tendría el 90% de participación y el 10% estaría en manos de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada (P.P.P.). Se piensa también en establecer una Comisión Fiscalizadora integrada por un representante de la SIGEN y otro de los trabajadores, mientras que la auditoría externa se pondría en manos de la Auditoría General de la Nación.
En FOETRA dicen que están preparados para tomar las riendas de Telecom Argentina cuando la administración K lo decida. “La empresa hace más de un año y medio que está sin conducción desde el punto de vista estratégico”, señala Osvaldo Iadarola, secretario general del sindicato, quien, para echar más leña al fuego, indica que “por los problemas societarios el comité ejecutivo discute entre sí,se pelea y no se reúne. Esto afecta a la propia compañía y a sus usuarios. Quizás no lo vemos hoy porque las inversiones tienen un tiempo de maduración, pero las consecuencias se van a ver a futuro”. Es decir, que a Telecom Argentina no se le podría achacar como causa la falta de inversión para estatizarla (como sucedió con Suez, la operadora de Aguas Argentinas), sino que la acusación se podría basar en que los italianos no cumplen con la orden de vender sus activos por la entrada en TI de Telefónica de España. (Agencia Paco Urondo)
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