Ahora es el momento de implementar estas modificaciones normativas. Los estudiosos de la administración pública en todo el mundo coinciden en que la fase de implementación de las políticas es la más compleja, ya que implica traducir en la práctica los ambiciosos objetivos decididos por los gobiernos o los Congresos. Ejecutar una política requiere la coordinación de múltiples actores, que en este caso, además, pertenecen a distintos poderes y niveles de gobierno. Por ello, desde el gobierno nacional ya nos encontramos abocados a la tarea de hacer realidad la reforma, trabajando en forma previsora y articulada con la justicia electoral y los gobiernos provinciales.
En tal sentido, el Registro Nacional de las Personas del Ministerio del Interior y la Justicia Electoral avanzan en la coordinación de nuevos procedimientos de información sobre el registro de electores, para completar su informatización y agilizar procesos que ya estaban obsoletos. Al interior de la propia Justicia, la Cámara Nacional Electoral y los respectivos juzgados están desarrollando mecanismos de gestión del registro electoral que sean acordes a las nuevas tecnologías a implementar.
A su vez, entre los pasos a seguir, los fiscales federales tendrán a cargo el control del cumplimiento de los requisitos para la obtención y mantenimiento de la personería jurídica de los partidos. Finalmente, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior trabaja en la planificación de los procedimientos de las primarias, en la difusión de las nuevas regulaciones y en la adaptación de las estructuras de gestión electoral a las nuevas funciones. En definitiva, se trata de un complejo proceso que involucra a múltiples áreas del Estado, en una tarea silenciosa, que no suele aparecer en la prensa, pero que es imprescindible para convertir en realidad los objetivos de la reforma.
Los partidos también deberán trabajar para adecuarse a los requisitos, absolutamente lógicos, que establece la nueva ley. Tendrán que alcanzar las cifras mínimas de afiliación que fija la normativa, aunque la mayoría de los partidos que representan una opción definida para la sociedad podrán superar fácilmente ese umbral; sólo los “sellos de goma” sin programa y/o ideología deberán preocuparse por no alcanzar la cantidad suficiente de afiliaciones. A su vez, para esta época del año próximo seguramente veremos la definición de pre-candidaturas al interior de cada partido, y 30 días antes de las primarias comenzará la campaña electoral. Aquí, los partidos, la justicia y distintas áreas del gobierno deberán estar preparados para una normativa que prohíbe la inversión privada en medios audiovisuales, garantizando el Estado espacios de publicidad equitativos y proporcionales para todos los candidatos y fuerzas políticas.
En definitiva, se están dando los pasos necesarios para implementar con éxito la reforma, trabajando con la suficiente antelación y previsibilidad. Sabemos que ninguna reforma, por más profunda e integral que sea (y ésta indudablemente lo es), puede resolver mágicamente déficits de representatividad que se arrastran desde hace largo tiempo. Pero también sabemos que si somos capaces de ejecutar correctamente la nueva ley, podremos remediar muchos de los problemas que fueron generando esa crisis partidaria, dando una poderosa señal de que es posible tener un sistema político más equitativo, transparente y participativo. Así, estaremos dando un salto de calidad institucional notable para la Argentina.
Más info www.sgp.gob.ar. El autor es vicejefe de Gabinete de la Nación. (Agencia Paco Urondo)
Buen pibe Juan Manuel pero su gestión en la SGP deja mucho que desear. Gobierno electrónico, compras, empleo público son áreas en las que poco y nada se ha avanzado
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