Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en diario BAE, el 28-12-2009) Desde fines del 2003, una de las respuestas claves frente a la crisis socioeconómica experimentada por la Argentina fue el incremento de la inversión social y, particularmente, de aquella dirigida a la infancia. Las conclusiones que surgen del trabajo presentado recientemente por el ministro de Economía y Finanzas Públicas Amado Boudou –conjuntamente con el representante local de Unicef– denominado “Gasto público social dirigido a la niñez en la Argentina, 1995-2007” convalidan ampliamente esta afirmación.
El gasto en protección social ha registrado durante los últimos siete años valores crecientes; lo que da por tierra la visión infundada con la que varios analistas y dirigentes políticos que se consideran progresistas tratan el tema. Los únicos que rescatan los datos oficiales y su evolución desde el 2003 son aquellos consultores y dirigentes políticos que ostentan visiones neoliberales, quienes critican los aumentos del gasto y la inversión pública por su impronta populista, clientelista y todas aquellas connotaciones negativas que se le endilgan a los gobiernos que cultivan un perfil nacional y popular.
El mencionado trabajo registró para el 2007 un gasto público social dirigido a la niñez –que suma datos de Nación y provincias–, de algo más de $54.800 millones, es decir, el 19% del total del gasto público consolidado y el 31% del total del gasto en servicios sociales. Estos recursos representaron el 6,7% del PBI de aquel año y un incremento en términos nominales del 226% entre el 2001 y el 2007. Esta política explícita de atención creciente a los sectores de niñez y adolescencia más vulnerables, conjuntamente con las de cuidado de nuestros adultos mayores en términos de mayor cobertura, mejoras en las asignaciones y automaticidad en sus ajustes, han comenzado a dejar de lado –y todavía falta– la herencia de la catástrofe social que las políticas de los ’90 nos habían legado, cuando los equilibrios fiscales fueron abandonados, no para atender la deuda social –que podría haber sido justo– sino para pagar los intereses de una deuda externa que, aun pagándola, seguía creciendo.
Para el 2008, las estimaciones preliminares alcanzaron los $72.500 millones, lo que siguió representando el 19% del gasto público total y el 31% del gasto público social y determinó un gasto por niño equivalente a casi $6.000 anuales. Por su parte, entre el 2003 y el 2008 la evolución del gasto consolidado reflejó un aumento acumulado de 331% y el monto ejecutado durante el 2008 implicó un crecimiento de 32% en relación con el nivel correspondiente al año anterior. En términos del PBI, la inversión total en niñez alcanzó 7% en el 2008 y el nivel más alto del período 2001-2008.
En lo que respecta al gasto público del Gobierno nacional para el 2009, se espera terminar el año con un incremento interanual de aproximadamente 27% y con expectativas de continuar con esta tendencia creciente en el 2010, a partir de iniciativas como la Asignación Universal por Hijo, la cual implicará una inversión de aproximadamente $10.000 millones, con impactos positivos sobre el descenso de la pobreza e indigencia y en la mejora de la distribución del ingreso. En relación con lo anterior, la Asignación Universal por Hijo extiende el esquema de protección social a un sector de la población que, dadas las transformaciones en el mercado de trabajo, había quedado excluido de los beneficios de la seguridad social. De esta forma, se busca que millones de niños tengan un futuro mejor, con el fin de ir convergiendo hacia los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional en 1994, y los Objetivos del Milenio al 2015.
Para aquellos expertos que comenzaron a analizar las políticas de protección social a la niñez sólo a partir del anuncio de la Presidenta de la Nación de hace unos días, recomendamos la lectura del trabajo que se describe en estas líneas (www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/GPSdN_en_Argentina_1995-2007.pdf), donde podrán constatar datos que difícilmente aparezcan como noticias importantes en los medios y que denotan que la universalidad de la asignación por hijo ha sido una importantísima contribución a la protección social de la niñez, pero que se inscribe en el conjunto de las políticas de Estado iniciadas en el 2003.
El autor es Subsecretario de Coordinación Económica Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación (Agencia Paco Urondo)
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