Amplio acuerdo político para dar respuesta a las demandas de seguridad desde una perspectiva democrática

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) A lo largo de todo el 2009, como sucede en el resto de los países de América Latina desde la década del ‘90, volvieron a surgir en Argentina fuertes reclamos sociales de seguridad frente a crímenes que tuvieron alta repercusión en la agenda pública. La respuesta a estos sucesos, en el caso de la provincia de Buenos Aires –que concentra la mayor cantidad de habitantes del país-, repitió medidas ya fracasadas: mayor poder a la policía, aumento de las penas y limitación al régimen de excarcelaciones.

En este contexto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró que era necesario impulsar una discusión abierta y pluralista, que permitiera alcanzar consensos básicos sobre políticas democráticas de seguridad destinadas a satisfacer las legítimas demandas de la sociedad. Al mismo tiempo, un punto importante de este acuerdo consistió en rechazar las políticas de “mano dura”, que ya demostraron en el pasado ser ineficientes, generadoras de mayor corrupción al interior de las fuerzas de seguridad y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Estas primeras definiciones funcionaron como un marco a partir del cual se promovió una alianza con especialistas en seguridad que tuvieran, además, una experiencia en la gestión pública. Así se sumaron a la iniciativa el ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Arslanian, el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, y el Secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe, Enrique Font. Con el apoyo de estos expertos se elaboró un documento con principios básicos al que denominamos “Acuerdo para una Seguridad Democrática”.

Una vez desarrollado el documento, se logró la adhesión de importantes referentes políticos tanto del oficialismo como de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, organizaciones de víctimas, académicos, investigadores, los secretarios generales de las dos centrales sindicales del país y funcionarios judiciales. La clave del proyecto consistió en lograr el apoyo de un amplio arco político, social y académico que permitiera trazar una divisoria de aguas entre quienes impulsan reformas democráticas e inclusivas -y pueden dar cuenta de los compromisos que están dispuestos a asumir en ese sentido-, y los sectores que no están de acuerdo con estos principios. Todo ello partiendo de un reconocimiento explícito del problema de la seguridad ciudadana y de la legitimidad de las demandas sociales al respecto.

El documento se presentó el martes 29 de diciembre de 2009 en el Congreso Nacional, en un acto encabezado por Horacio Verbitsky, presidente del CELS; la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; Laura Conte, vicepresidente del CELS y representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el presidente de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Hugo Cañón; Carlos Arslanian; Marcelo Saín y Enrique Font.

Además de la presencia de expertos, representantes de organismos de derechos humanos y de victimas de violencia, la novedad fue la presencia de muchos de los referentes políticos, representantes tanto del oficialismo como de los principales partidos de la oposición, firmantes del Acuerdo. Entre ellos, estuvieron los legisladores nacionales Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra (de la Unión Cívica Radical), Felipe Solá (Peronismo Disidente), Ariel Basteiro (Partido Socialista), Remo Carlotto (Frente para la Victoria, oficialismo), Victoria Donda (Libres del Sur), Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro Popular y Social), Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad), Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro Popular y Social), y Margarita Stolbizer (Generación para un Encuentro Nacional).

En un contexto de aguda polarización política como el que vive actualmente la Argentina, al igual que muchos otros países de la región, lograr reunir a los principales referentes políticos en torno a un acuerdo sobre políticas públicas de seguridad democrática da cuenta de la magnitud de la iniciativa. El hecho de que haya sido una organización de derechos humanos el núcleo convocante para articular e impulsar este tipo de consensos como parte de su trabajo de advocacy también es un dato relevante sobre el rol que el discurso de derechos humanos tiene en la agenda política actual. El acuerdo permitió, además, fortalecer el rol de los organismos de derechos humanos como actores centrales para el abordaje de los principales desafíos que plantea la actual agenda democrática y demostrar su autonomía frente al eventual riesgo de utilización política de las históricas reivindicaciones sostenidas por estas organizaciones. (Agencia Paco Urondo)