Diario BAE: La Carta Orgánica del BCRA, herencia de los ‘90, producto del Consenso de Washington

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) El debate por el destino de las reservas reabrió la discusión sobre la norma del Central

La independencia del poder político, pero no del financiero y la autonomía de la política económica oficial son los ejes más criticados por los economistas heterodoxos que reclaman cambios en la norma que rige los destinos del BCRA. El Banco Central de la República Argentina es independiente del gobierno de turno, puede tomar sus propias decisiones más allá de la política macroeconómica, y, además, su única función es “preservar el valor de la moneda”. Se trata de características incorporadas durante los ‘90 y que marcan claramente el peso que tenían las definiciones técnicas, ilusoriamente desvinculadas de las decisiones políticas. Esos dos puntos, según coincidieron varios economistas, deben ser modificados para pensar en un Banco central que, junto al control de la inflación, tenga como meta el crecimiento económico y el pleno empleo.

La discusión no es nueva. Desde el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner el tema fue evaluado, incluso dos fuentes oficiales insistieron en que eso debería haberse modificado ya, pero la carta Orgánica del Banco Central transitó aquella y esta administración sin desandar las modificaciones introducidas durante la gestión de Carlos Menem. En ese período se produjo el proceso mundial que llevó a que las distintas autoridades monetarias de los distintos países ganaran autarquía respecto de sus gobiernos: Chile (1989), Argentina (1992), Colombia (1991), Venezuela (1992) y México (1994). “Lo primero que hay que revisar es esa supuesta independencia, que es el resultado de las reformas neoliberales que llegaron de la mano del Consenso de Washington. Esa fue la garantía para tener en los bancos centrales a gente que respondía a la banca extranjera y al Fondo Monetario, sin importar el gobierno que tuviera el país. Es una independencia del poder político pero no del poder económico-financiero”, definió Andrés Asiain, economista del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMoP).

La fundamentación de Asiain está de la mano de la imposibilidad de “pensar una política monetaria y cambiaria en forma independiente de la política del Gobierno porque el Banco Central debe estar subordinado a las definiciones que se toman en la Casa Rosada”. Subrayó: “En casi todos los países que hicieron políticas para el desarrollo la política monetaria y cambiaria estuvo subordinada a las definiciones de sus gobiernos”. Tomás Raffo, economista del Instituto de Estudios y Formación (IDEF-CTA), agregó otro elemento a la discusión: “Es inadmisible que en un sistema democrático exista una institución que, arrogándose un perfil tecnocrático, tenga poder absoluto en la definición de instrumentos claves del ordenamiento económico vigente (a través de la política monetaria, cambiaria y financiera) haciendo abstracción de la voluntad popular”.

CRÉDITO

En el mismo sentido que Asiain, se definió Ariadna Somoza Zanuy, socióloga especializada en economía política, al considerar que “la cuestión de la autonomía es un tema muy sensible, porque se plantea como algo absoluto cuando en la realidad la autonomía ante el Estado esconde una fuerte dependencia y ligazón del Banco Central con los agentes financieros privados e internacionales”. “Las modificaciones que hay que hacer son necesarias porque cada ley está formulada en un contexto socio-histórico al que debe ser consecuente. La actual Carta Orgánica responde a las necesidades que requería la implantación del modelo neoliberal en Argentina, al igual que la Ley de Entidades Financieras. Este nuevo modelo económico debe tener sus leyes y regulaciones, ya que es imposible pensar un aparato productivo con un sector bancario y crediticio que privilegie el consumo por sobre la producción, o un Banco Central que no articule con las políticas del Estado central”, agregó. Sobre la “cuestión de la autonomía”, como la definió Somoza Zanuy, existe un paper publicado por el FMI, en 2007. Lleva las firmas de Marco Arnone, Bernard J. Laurens, Jean-François Segalotto y Martin Sommer y su título es “Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends”. Allí se establece un ranking de independencia de los bancos centrales respecto de las decisiones en materia de política económica de sus respectivos gobiernos:el Banco Central argentino tiene mayor grado de “autonomía política” que sus entidades pares de Brasil, Chile, Perú y Venezuela. Es aún más autónomo que las autoridades monetarias de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña.

Además, el trabajo realizó una comparación intertemporal y señaló que el Banco Central argentino era en los ‘80 la mitad de autónomo del gobierno de lo que es ahora. La explicación está en las reformas introducidas durante los 90 (ver De Cámpora a Menem). En sus conclusiones, los economistas promocionados por el FMI señalaron: “Los bancos centrales en la mayoría de los países han obtenido mayores niveles de autonomía a través de las últimas dos décadas, más allá del nivel de ingresos del país. Los bancos centrales en economías avanzadas continúan disfrutando de una mayor autonomía de aquellos en mercados emergentes y países en desarrollo, pero a fines de 2003, todos los grupos de países exhibían índices de autonomía política y económica que era mayor que la que tenían los países desarrollados a finales de los 80”. Destacaron: “Casi todos los bancos centrales tienen mandato para avanzar en estabilidad de precios como uno de los objetivos de la política monetaria (...) y no se requiere de ellos que provean de manera automática crédito al gobierno”.

CAMINOS.

Somoza Zanuy, integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (Genaap), aportó un elemento más, que juega sobre las conclusiones de los economistas del Fondo Monetario y la pulseada del Gobierno con Martín Redrado, y que muestra la profundidad de la modificación impulsada con Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía. Fue otra de sus grandes creaciones: la inmediata anterior había sido la estatización de la deuda externa privada sobre el final de la última dictadura, que llevó la deuda pública de u$s 7.800 millones a u$s 45.0000 millones. “Esta Carta Orgánica tiene una matriz profundamente neoliberal y, como tal, su fundamento es fuertemente monetarista. Desde esta concepción, los ‘males económicos’ tales como la inflación, provienen de una mala regulación de la moneda. Por eso, tendría que quedar explicitado que el Banco Central es fundamental a la hora de poder definir una política monetaria, financiera y productiva para el país, en consonancia con las políticas macroeconómicas adoptadas por el Estado central. Esto es fundamental, ya que lo que se está discutiendo en este momento con la creación del Fondo del Bicentenario es si, ante los vencimientos de la deuda externa del 2010, se recorta el gasto publico o se sigue pidiendo deuda”, indicó Somoza Zanuy.

Pero el Gobierno evitó tomar alguno de esos dos caminos y “optó por utilizar nuestros ‘ahorros’ que residen en el Banco Central para así afrontar menores intereses y preservar los ingresos a los sectores populares que genera el gasto público y la independencia económica que implica no seguir pidiendo deuda a los organismos internacionales. Una medida macroeconómica tan importante como esta debe estar fuertemente acompañada por el organismo que guarda esos recursos”, evaluó Somoza Zanuy.

EL PATRÓN.

Raffo coincidió con Asiain y Somoza Zanuy en que la autonomía del Banco Central debe ser “eliminada” y pero puntualizó en que al criterio de resguardo del valor de la moneda se debería incorporar los de “la creación y justa distribución de riquezas, ya que estos son los fundamento últimos que definen del valor de la moneda local”. “La utilización de reservas, que son la expresión del ahorro del conjunto de la sociedad y por tanto un activo del país, debe ser utilizada para financiar el proceso de desarrollo que la Argentina necesita y merece; y que además es el verdadero resguardo del valor de la moneda doméstica. No se mantiene el valor del peso atesorando reservas y menos inmolándolas en el altar de la deuda”, definió el economista de la CTA. Además, aportó otro elemento para la discusión sobre el tipo de estructura productiva que deba tener la Argentina y señaló que el dólar, la moneda que guarda valor para los agentes económicos, “tiene que ver con la estructura primarizada, extranjerizada y concentrada del aparato productivo doméstico”.

“Estos aspectos estructurales de la economía local son los que definen que el patrón monetario vigente se ordene en función del dólar. Por ello, debe ser prioridad encarar las reformas estructurales que permitan ordenar las relaciones económicas en función de nuestra moneda y no de una extranjera”, definió. Agregó: “Este es el camino, arduo por cierto, que hay que transitar para que podamos recuperar el valor de nuestra moneda y con ella transformar la política monetaria, financiera y cambiaria en un instrumento más de los que necesitamos para avanzar en las modificaciones económicas pendientes. Desde este punto de vista las reservas no son intocables, sino que su utilización debe asociarse a la creación y justa distribución de riquezas”. (Agencia Paco Urondo)