Matrimonio Gay: un derecho necesario, por el Observatorio de Derechos Humanos

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) En nuestra ciudad de Buenos Aires, durante las últimas semanas, se comenzó a debatir sobre la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. La incoherencia del Jefe de Gobierno Mauricio Macri produjo que, después de algunas idas y vueltas, finalmente, la pareja Freyre-Bello contrajera matrimonio lejos de la ciudad, en Tierra del Fuego.

La posibilidad de que se realice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo no plantea un problema jurídico, sino un problema político. Los principios constitucionales que establecen el mandato de trato igualitario para los habitantes del Estado argentino abrazan la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, y de esta manera se habilite entre ellas un trato distintivo, que pondrá en sus cabezas y bajo la protección especial del Estado, la relación entre esas personas.

Esta cuestión de mera igualdad es avasallada por la práctica discriminatoria que sufren quienes realizan una opción sexual diferente que bajo ningún concepto puede ser combatida y maltratada como hoy ocurre en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La opresión de la igualdad se profundiza cuando a los ojos del gobierno de la Ciudad respetar una decisión judicial no es un acto de acatamiento al poder del Estado que debería ser respetado y festejado en la independencia en sus decisiones, si no que se interrumpe un fallo judicial ya no a través de los mecanismos permitidos para cuestionarlo -como serían los recursos judiciales que el GCBA eligió no presentar-, si no como consecuencia del reto proferido al jefe de gobierno por la voz eclesiástica.

De esta manera, si bien El GCBA tenia la libertad de cumplir la sentencia y llevar adelante su obligación, que requirió ser confirmada por una acción judicial, en el uso de esa facultad una de las ilegalidades cometidas por lo terceros que nada pueden decir sobre el ejercicio de los derechos personalismos de quienes pretendían casarse, fue el de haber elegido al juez, y presentarse en una justicia diferente a la que regula las relaciones de los particulares con la autoridad administrativa local. De esa manera, se garantizó una interpretación que defiende los valores de "patria, familia y tradición", arcaico lema de quienes nunca han respetado los derechos de quienes piensan y actúan de forma diferente.

Fue mucha la preocupación que se manifestó durante los últimos días por la seguridad jurídica, y practicamente nulas las voces que se levantaron para criticar el hecho de que se desconozcan las decisiones de los jueces.

Como dijimos, se trata de un problema político. El ejercicio de los derechos fundamentales siempre es una cuestión política, sujetada de manera impropia, muchas veces, por el derecho en sus detractores más conservadores y arcaicos.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) consideramos que sin igualdad es imposible ejercitar la libertad. Creemos que la igualdad se sustenta en la condición humana, y ese, justamente ese, es el único parámetro para limitar su ejercicio.

Cuando se imposibilita el ejercicio de un derecho personalismo con despliegue semejante al despilfarro ocurrido en la ciudad de Buenos Aires en torno al caso "Freyre c/GCBAs/amparo", se cuestiona el sustento mismo del Estado, y su definición constituyente que eligió y dejó plasmado en la Constitución un sistema político abocado a garantizar la igualdad de todos los habitantes de la Nación su elección sexual.

El ODH celebra el primer casamiento gay de la Argentina, y augura que, en breve, dichos acontecimientos se sucedan en nuestra Ciudad de Buenos Aires. (Agencia Paco Urondo)