Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en prensa.medios.gov.ar) Por medio de un decreto presidencial se decidió la apertura de información ya que su clasificación "resulta contraria a la política que el Estado viene adoptando desde el año 2003". Quedará exceptuada la documentación conflicto bélico del Atlántico Sur y otros conflicto de carácter interestatal. Toda la información y documentación vinculada con las actuaciones de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar será desclasificada y así podría ser revisada por la Justicia.
Por medio del decreto 4/2010 publicado hoy en el Boletín Oficial, la presidenta Cristina Fernández determinó el relevamiento "de la clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley 25.520 y su decreto reglamentario 950/02, a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983". El decreto exceptúa "toda la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal", y también a aquella información de inteligencia estratégica militar a la que se refiere el artículo 2º, inciso 4º, de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520.
En el documento se especifica que la disposición responde también a lo solicitado por el Juzgado Federal número 1 de La Plata, en relación causa caratulada Crous, Félix Pablo (Fiscal Nacional) Sobre Denuncia (Centro de Detención Clandestina "La Cacha" Lisandro Olmos).
"Mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público, respecto de información y documentación relativa al accionar de las Fuerzas Armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado, resulta contraria a la política de memoria, verdad y justicia que el Estado viene adoptando desde el año 2003”, dice. También, se afirma que la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura generaron "el requerimiento de una gran cantidad de información y documentación " y que "dada la gran cantidad de requerimientos judiciales de información con clasificación de seguridad no pública, y a los fines de adoptar una resolución integral que evite que frente a cada caso específico deba dictarse un decreto, es preciso revisar la necesidad de continuar manteniendo información y/o documentación con esa clasificación".
Por lo tanto, el decreto precisa: “Desde el actual Estado democrático y republicano corresponde relevar el secreto y la confidencialidad de la información que pueda favorecer al conocimiento integral de los hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos". (Agencia Paco Urondo)
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